Nuevas modificaciones al Trabajo por Cuenta Propia buscarán frenar las ilegalidades existentes
Economía
Miércoles, 10 de Julio de 2019

Lisandra Romeo Matos, Irene Pérez, Karina Rodríguez - Cubadebate.- Un conjunto de modificaciones se añadirán a las existentes regulaciones del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) en el país, a fin de continuar perfeccionando dicha modalidad, informó este martes Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos, de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), reunida previamente al III Período Ordinario de Sesiones de su IX Legislatura, la titular especificó que se evalúan nuevas medidas que, aunque “no son significativas”, propiciarán intencionar mejor el trabajo para frenar las ilegalidades, principal lastre en esta forma de gestión no estatal.

“El problema hoy en los territorios es el tema de la ilegalidad impune, esto provoca descontento en los cuentapropistas que sí cumplen con sus obligaciones y ven que en su entorno hay otros que violan lo establecido”, valoró.

Para ello, se evalúan un conjunto de medidas con los organismos que forman parte del sistema de atención a estos trabajadores, a fin de continuar perfeccionando y prestando especial atención al control, “para que esta forma de gestión no estatal ejerza su función en el marco de la legalidad y de coexistencia con el resto”.

González Fernández puntualizó que en los municipios y barrios se sabe quiénes actúan de manera ilegal, “pero lo que hacemos es mirar a los lados y no enfrentarlo oportunamente”.

Precisamente, para rectificar las deficiencias detectadas en la implementación de la política sobre el TCP y asegurar su desarrollo, en diciembre de 2018 se aprobó un conjunto de normas, entre las cuales sobresale la definición de los organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales rectoras de esa modalidad, y el establecimiento de sus responsabilidades a nivel nacional, provincial y municipal (Decreto Ley 356/2018).

Se determinaron, asimismo, las responsabilidades y facultades de los consejos de la Administración provinciales y municipales del Poder Popular, y del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, en la atención y control a la actividad.

A estas y otras medidas se añadió la concentración, en un solo cuerpo legal, de las contravenciones personales en el ejercicio del TCP.

Según la funcionaria, al concluir los primeros seis meses en la implementación de estas regulaciones, los resultados evidencian aún varias deficiencias en el sistema de organización y control de esta forma de gestión.

Entre ellas, las citadas manifestaciones de ilegalidad, asociadas o no al TCP, así como el incumplimiento de las atribuciones y obligaciones de los responsables en las áreas de comercialización donde operan estos trabajadores, en las cuales continúa la venta de productos importados o procedentes de la red de comercio nacional.

De acuerdo con cifras ofrecidas por la ministra —hasta mayo de 2019— en el país existían 605 mil 908 trabajadores por cuenta propia en las 128 actividades autorizadas. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, agrupan el 65% del total.

En el período señalado se produjeron 185 mil altas, concentradas en las actividades de alimentos, transporte, servicios de belleza, productor o vendedor de artículos varios y trabajador contratado.

Por otra parte, se produjeron 77 mil 522 bajas, con mayor incidencia en las esferas de alimentos, albañilería, servicios de belleza y trabajadores contratados. Las mismas fueron a solicitud propia, o de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), por el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

La ONAT reportó 41 mil 311 cuentapropistas con incumplimientos en sus obligaciones tributarias, la mayoría en la capital del país, Matanzas y Las Tunas.

Fueron abiertas más de 43 mil cuentas bancarias fiscales, con un importe de 84 millones 279 mil 920 pesos; más de la mitad correspondientes a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social añadió que, hasta el cierre de mayo, se habían impuesto 17 mil 43 medidas por incumplimiento de la legislación por las direcciones integrales de supervisión, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, la Policía Nacional Revolucionaria y las autoridades sanitarias.

Del total, más de ocho mil resultaron notificaciones preventivas, y unas cinco mil multas, el 34% ( mil 874), por ejercer sin autorización.

Diputados: “La solución la tienen los territorios”

Como parte del amplio debate que generó el tema, Manuel Guerra, diputado por Santa Clara, manifestó su preocupación con el funcionamiento de los grupos multidisciplinarios, encargados de evaluar y controlar la actividad por cuentapropia.

“En los municipios más grandes, con demandas amplias de solicitudes, no se logra cumplir los plazos de visitas; por otra parte, siempre tiene que estar presente un miembro del Instituto de Planificación Física, lo que provoca un cuello de botella por la falta de personal de esa rama en el territorio”.

También existe poca preparación de dichos equipos, pues se da el caso de la aprobación de solicitudes en el municipio, que luego son denegadas por las instancias provinciales. “No hay correspondencia en todos los niveles con las indicaciones de los organismos para actuar en relación con determinadas actividades”, dijo.

Modesto Mora, del municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, abundó que resulta importante el fortalecimiento de las acciones contra las indisciplinas en los municipios, consejos populares y barrios, donde más se ven esas manifestaciones, y donde, a la vez están a la mano todas las acciones para frenarlas.

De la provincia de Matanzas, el diputado Jorge Crespo mostró preocupación con el grupo de inspección, e interrogó si existe algún tipo de mecanismo de capacitación a los delegados de base para el control y fiscalización de estas actividades, o un documento que viabilice su accionar.

Al intervenir en la sala, la diputada por Guantánamo, Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, llamó la atención sobre el TPC que se realiza en las entidades.

El hecho de que un cuentapropista pueda contratar un número ilimitado de personas propicia que en la práctica funcionan como cooperativas —con menos regulaciones y menos control que esas formas—, es un asunto que se debe seguir observando y analizando; quizá esa realidad nos obligue a adoptar algunas medidas.

Incluso, ejemplificó la funcionaria, están realizando trabajos en varias entidades a la misma vez porque disponen de la fuerza laboral, por lo que se pierde la esencia del TPC que es, en primer lugar, el aporte del trabajo personal.

“No podemos estimular a las personas a que cometan errores”, concluyó.

También hubo criterios relacionados con fortalecer la cultura tributaria, la consciencia tributaria y la disciplina fiscal, lo que coadyuva también a la disciplina social; asimismo, se insistió en que cada institución juegue su responsabilidad.

Valdés Mesa sobre robo de combustible: Para avanzar es necesario control y exigencia

Los diputados de la Comisión Agroalimentaria destacaron los resultados del control y fiscalización al cumplimiento del Plan de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros al Grupo Azucarero, para solucionar las deficiencias detectadas en el Control Integral Estatal realizado por la Contraloría General de la República en el 2018.

Respecto al tema,  Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión dijo que se detectaron 47 deficiencia que se convirtieron 454 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en septiembre del 2018. “Para fortalecer el sistema de control interno del Grupo sobre todo en recursos como el combustible, lubricantes, azúcares, alcoholes, mieles, fertilizantes, neumáticos y baterías”, agregó

“A pesar del control persiste insuficiencias como son, el desvío de los recursos por parte de los directivos, en particular del combustible. Hechos que se hace visible en las irregularidades de las hojas de rutas”, planteó Adys Oliver, diputadas por Las Tunas.  Asismimo habló del análisis diario que amerita este tema y de la importancia de las pruebas de litro a cada equipo. Este último para proporcianar una muestra del consumo real de las maquinarias.

“Debido al complejo momento de la economía del país resulta necesario tomar fuertes medidas de control. En el caso del combustible el Grupo dispone de 1400 puntos que distribuyen 170 pipas y hasta el momentos se han identificado  4 delitos vinculados a ellas. También se detectaron 23 entidades con deficiente control del combustible”, apuntó Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial AZCUBA.

Sobre el tema del robo de combustible, el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa dijo que aunque se ha venido avanzando en el tema, aún queda mucho camino por andar. “El enfretamiento al robo de combustibles y otros recursos debe tener un chequeo sistemático al nivel superior y debe hacerse todos los meses.  Este es un asunto que debe tratarse con sistematicidad y rigor, porque debemos darle solución”, planteó.

Agregó que es necesario un control directo a los choferes, los operadores, los jefes de brigadas y los directivos a todos los niveles “Aunque se detectaron 11 hechos delictivos vinculados al tema, seguramente no son los únicos. Para avanzar es necesario control, disciplina y exigencia”, sentenció.

En este punto del debate Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular aseguró que es un problema que va más allá de números, pues toca directamente a personas inescrupulosas que deciden lucrar con los recursos del pueblo.

Por su parte, el diputado Arnaldo Costa por Cienfuegos comentó que a partir del control han realizado un sistema de trabajo más vinculado con las bases productivas. Revitalizar el proceso productivo es posible y se realiza una revisión interna a todos los niveles.

Atención a la base productiva y fortalecer la comunicación con las cooperativas y los campesinos fue el centro de la intervención del diputa de Ciego de Ávila, José Antonio Pérez, quien también afirmó que la exigencia admistrativa debe regirse por que los cuadros establezcan un mejor control.

La supervisión más eficaz que se puede hacer es directamente en el surco. Vincular a la base y en general a todo la población en la resolución de los problemas debe ser la meta principal de cada uno de los diputas al Parlamento. Nosotros somos los representantes del pueblo y es nuestra obligación mantenerlos informados”, sentenció Esteban Lazo.

El presidente del Grupo Empresarial afirmó que deben de lograr un correcto funcionamiento económico porque son generadores de exportaciones y base para la vinculación con otros organismos. “Fuimos llamados por la Comisión de Implementación para crear un grupo de trabajo que se encargue del perfeccionamiento del sector”, añadió.

 

Economía

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