Justicia y soberanía condicionadas
Manuel E. Yepe
Domingo, 26 de Mayo de 2013

Manuel E. Yepe*/Foto Virgilio Ponce

Por Manuel E. Yepe*/Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación.- Guatemala ha sido la fuente de contradictorias noticias que involucran a dos exmandatarios de esa nación centroamericana y cuestionan aspectos medulares acerca del ejercicio de su soberanía nacional y el funcionamiento de su sistema judicial.

Gran indignación causó en toda América Latina la noticia de que sería suspendida la sanción de ochenta años de prisión por genocidio impuesta al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.

La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, anuló el lunes 20 de mayo la condena a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad impuesta el 10 de mayo, ordenando que el juicio se retrotrajera al estado en que se hallaba el 18 de abril, por supuestas violaciones del debido proceso. Se alegó que la Presidenta del Tribunal reanudó el juicio el 30 de abril sin esperar el fallo de la máxima instancia sobre un recurso presentado por la defensa de Ríos Montt.

En virtud de los poderosos intereses políticos y cuantiosos recursos financieros que respaldan al ex general, es obvio que se está poniendo a prueba la solidez de la justicia en Guatemala.

En solidaridad con las víctimas y repudio a la anulación de la sentencia, se llevaron a cabo manifestaciones en varias naciones latinoaméricanas y en la capital de Guatemala tuvo lugar una protesta que, según declaró  un directivo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que participa en el proceso judicial contra Ríos Montt como querellante, tuvo como propósito hacer "que el mundo conociera del genocidio que padecieron los indígenas ixiles en Guatemala y denunciar los intentos por dejarlo impune".

Cuando se conoció el fallo condenatorio inicial, el júbilo se basó en que sería ésta la primera vez que un tirano -de los tantos que Washington ha utilizado como mayorales en los países que considera su patio trasero- tendría que pagar por sus crímenes, aunque la pena impuesta pareciera leve en comparación con la gravedad de los crímenes imputados.

Si bien el verdadero culpable -el gobierno de los Estados Unidos- no aparecía entre los sometidos a juicio, el mérito mayor de la sorpresiva condena era justamente su carácter inédito.

Capacitado en la Escuela de las Américas, el general Efraín Ríos Montt tiranizó Guatemala durante dos años (1982-83) tras asumir el poder mediante un golpe militar, como estrecho aliado de Washington.

Es considerado responsable de 1.771 muertes, 1.400 violaciones de los derechos humanos y el desalojo de no menos de 29.000 indígenas.

En diciembre de 1982, el presidente Ronald Reagan viajó a Guatemala para colmar de elogios al dictador Ríos Montt “por sus esfuerzos y dedicación a la democracia y la justicia social”. Pocos días después fueron masacrados 251 hombres, mujeres y niños por los militares en la localidad de Las Dos Erres.

Característico de la política de doble rasero en materia de derechos humanos del gobierno de Estados Unidos en sus relaciones externas es el respaldo que brinda a “sus” tiranos, invisibilizando sus desmanes mientras demoniza a los gobernantes indóciles. Todo ello apoyado en su gigantesca maquinaria mediática y su inescrupulosa diplomacia de los dólares.

La condena a Ríos Montt hizo recordar los muchos casos de dictadores genocidas como Duvalier de Haití; Somoza en Nicaragua; Stroessner de Paraguay; Castelo Branco en Brasil; Trujillo en Dominicana; Batista en Cuba; Pinochet en Chile y tantos más que en Latinoamérica han quedado impunes para vergüenza de la humanidad.

El otro proceso que ha conmovido la actualidad guatemalteca tiene características distintas aunque en muchos aspectos existan similitudes. Fue la sorpresiva extradición a Estados Unidos, el viernes 24 de mayo, del también expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, reclamado por la justicia de Estados Unidos por la supuesta utilización de bancos de ese país para el lavado de 70 millones de dólares del erario guatemalteco.

El caso comenzó en mayo del 2011, cuando el Tribunal Penal se pronunció a favor de Portillo, a quien el Ministerio público acusó de peculado por el desvío de fondos del Ministerio de Defensa.

En abril de 2013, una Sala de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria del Tribunal, pero el 15 de mayo la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia  rechazó el recurso de casación presentado por el exmandatario contra la sentencia absolutoria para evitar que quedara firme el fallo de la Sala que confirmó su inocencia por el delito de peculado y así impedir su extradición.

Guatemala se encuentra situada en el vórtice de un conflicto más político que jurídico en el que la intromisión estadounidense en los asuntos internos del país centroamericano parece desempeñar un papel determinante.

*Manuel E. Yepe periodista cubano especializado en política internacional.

Enviado por el autor a: Martianos-Hermes-Cubainformación

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