Ecuador, que amanece hoy en su primer día con descompresión de las movilizaciones, vive un escenario complejo. Foto: AFP.

Marco Teruggi - Cubadebate - Video: Hispan TV.- Hay celebraciones en Ecuador. Comenzaron el domingo por la noche cuando el gobierno nacional y el movimiento indígena centralmente agrupado en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) anunciaron haber llegado a un acuerdo respecto al decreto 883, aquel que quitó los subsidios a la gasolina.


La reacción fue doble. Por un lado, las calles se llenaron de euforia luego de lo que fue considerado como una victoria tras 11 días de protestas enfrentadas a una fuerte represión. El escenario de batalla del centro de Quito fue entonces de aplausos, bocinas, camiones cargados de gente con banderas del Ecuador, taxistas, barrios populares.

Por otro lado, se abrió la pregunta acerca de qué se había logrado exactamente. Se había tratado de una derogación inmediata y efectiva, como anunció y celebró la CONAIE, o de una sustitución sin fecha determinada, como anunció en su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno.

Parte de la respuesta fue aclarada por el comunicado de Naciones Unidas Ecuador, organismo mediador en el diálogo, quien afirmó que “se deja sin efecto el decreto 883” y “se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de personas con mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.

La misma noche del domingo fue instalada la comisión para, informó la CONAIE, la “redacción del decreto que lo reemplaza -al 883- esto no termina hasta que el acuerdo no se concrete a cabalidad”.

De esta manera se logró una victoria parcial dentro del conjunto de medidas acordadas entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, siendo el decreto 883 el de mayor impacto en la economía y en la batalla simbólica. El resultado final de esa parcialidad dependerá del nuevo decreto acordado.

Por fuera del espacio de diálogo estuvo también, hasta ahora, un acuerdo acerca de un procedimiento para investigar las actuaciones y abusos de las fuerzas de seguridad del Estado que costó al menos 7 muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos.

¿Existía la posibilidad de lograr una victoria mayor? Esa pregunta reúne los principales interrogantes. Según quienes protagonizaron las jornadas, es decir la CONAIE, no lo había. Y las movilizaciones, si bien no fueron únicamente del movimiento indígena, recayeron principalmente en su capacidad de acción, tanto en Quito como en los bloqueos de carreteras en el país.

Otro escenario se profundizó en paralelo al debate sobre el decreto: la persecución a dirigentes de la Revolución Ciudadana, el espacio político del ex presidente Rafael Correa. Ese accionar había sido anunciado por Moreno al descargar la responsabilidad de los hechos de violencia acontecidos en las espaldas de Correa. La táctica del gobierno fue reconocer a los indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar al correísmo.

El despliegue persecutorio comenzó durante los días de la movilización: la asambleísta Gabriela Rivadeneira debió refugiarse en la embajada de México y la ex alcaldesa Alexandra Arce fue detenida. En la madrugada del lunes fue detenida en su casa la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y en la mañana fue allanada la casa del ex asambleísta Virgilio Hernández.

Estos arrestos y persecuciones a través del poder judicial articulado a la condena mediática se sumaron a casos anteriores, como el del ex vicepresidente Jorge Glas, el del ex canciller Ricardo Patiño, refugiado en México, y el del mismo Correa.

De esta manera, Ecuador avanza sobre varios tiempos en simultáneo: el de la celebración de la victoria parcial de la CONAIE y la movilización popular que duró once días, el de la persecución al correísmo como parte del ataque político de Moreno a su adversario, y el del mismo gobierno que debió ceder sobre el decreto 883, pero que busca cómo no modificarlo sustancialmente.

Dentro de ese cuadro se destaca un elemento de mayor complejidad: las diferencias entre una parte de la dirección de la CONAIE y el correísmo, que llevan varios años, fueron resaltadas vía Twitter durante los días de protesta, y quedaron en primer plano durante el diálogo cuando el presidente del movimiento indígena Jaime Vargas arremetió contra la Revolución Ciudadana.

Ecuador, que amanece hoy en su primer día con descompresión de las movilizaciones, vive un escenario complejo. El gobierno de Moreno no se detendrá en su intento de neoliberalización de la economía que tiene en el FMI un punto de profundización, así como en su alineamiento con Estados Unidos como epicentro de su política exterior. ¿Cuáles serán los próximos pasos de la CONAIE? ¿Qué hará el correísmo ante la persecución política? Las piezas están en movimiento.

(Tomado de Página 12)

 

Ecuador: ¿Se revirtió el paquetazo?

Bruno Sgarzini - Misión Verdad.- El 13 de octubre, domingo por la noche, el gobierno de Lenín Moreno aceptó derogar el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles en Ecuador. A cambio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal, se comprometió a colaborar en la redacción de un nuevo decreto que reformulase el aumento del precio de los combustibles con posibles medidas compensatorias.

El decreto formaba parte de un paquete de reformas, acordadas con el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un crédito de más de cuatro mil millones de dólares para “sanear las cuentas públicas”, según el gobierno ecuatoriano

En este contexto, el acuerdo leído por Jean Arnault, representante de la ONU en la mesa, logró un efecto inmediato:  que fuera considerado un triunfo por parte del movimiento que se mantenía en las calles en Ecuador, a la espera de que se conociese una decisión sobre el Decreto 883.

Sin embargo, ni bien terminada la reunión se filtraron videos desde adentro de la misma donde los dirigentes indígenas discutían con el Contralor de la República, Pablo Celi, la redacción del nuevo decreto.

Luego de la reunión, el analista político Kintto Lucas escribió: "El acuerdo con el gobierno es una derrota del movimiento indígena porque se acepta la propuesta inicial de Moreno después de 11 días de paros, muertos, presos y procesados". 

El paquetazo del FMI se origina, por otro lado, en la pérdida de ingresos del Estado, producto de la condonación de deuda a privados y liberación de los controles de capitales que llevaron a Moreno a pedir este crédito.

Esas medidas fueron tomadas por el Ministro de Economía, Richard Martínez, ex presidente del Comité Empresarial de Ecuador que nuclea a los principales grupos económicos y financieros del país, responsables de la crisis bancaria del 2000 que derivó en la dolarización del país ordenada por el FMI, durante el gobierno de Jamil Mahuad.

Entre lo exigido por el FMI, además de la suba de los combustibles, se encuentra un recorte salarial de 20% a los empleados públicos, la flexibilización de las condiciones laborales, y la apertura a una privatización del seguro social. Ninguna de esas medidas pretenden ser revertidas por el gobierno de Ecuador. 

¿Cómo Lenín Moreno pretende usar el acuerdo para pasar a la contraofensiva? 

Gracias al acuerdo con los indígenas, Moreno es el primer presidente desde 1992 que no es -destituido por aplicar un paquetazo del FMI. Bajo esta lógica de retoma del control de la situación, su gobierno ordenó este lunes por la mañana levantar el toque de queda y estado de excepción. Mientras se prepara para enviar el resto del paquete de medidas a la Asamblea Nacional para que sean sancionadas.

En este contexto, el gobierno de Ecuador comenzó una persecución contra los dirigentes cercanos a Correa más visibles durante las protestas. . El domingo la primera en ser detenida fue la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, bajo la acusación de financiar grupos violentos, y el lunes por la mañana le siguió la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, señalada de organizar cortes de rutas para desestabilizar al gobierno de Moreno.

En esta línea, se libró una orden de detención contra el exasambleista Virgilio Hernández luego de que su casa fuese allanada por la Fiscalía de Ecuador, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidió asilo político en la embajada de México ante el peligro de ser detenida

Según la tesis sostenida por el gobierno de Moreno, las protestas fueron armadas por el expresidente Rafael Correa, con el apoyo de Venezuela y Cuba, para derribar su presidencia. El mismo sábado 12, en redes sociales se registró una agresiva operación para imponer una matriz favorable al toque de queda y la persecución contra dirigentes del correismo. 

El domingo, el canal Telesur filtró, en esta línea, un audio del político, historiador y mandamás del Partido Socialista de Ecuador, Enrique Ayala Mora, en el que recomendaba a Lenín Moreno que negociara con el “movimiento indígena” con el fin de aislar al correísmo y culparlo de los hechos de violencia .

Un día antes, el sábado se registró una agresiva operación en las redes sociales en función justamente de atribuirle a los seguidores de Correa los ataques a la Contraloría y medios privados, como el canal Teleamazonas y el diario El Comercio. Una de las tesis más posicionadas es que los ataques a la Contraloría se debieron a una intención de destruir pruebas de hechos de corrupción registrados durante la presidencia de Correa.

Esto con el afán de instalar que el correismo aprovechó las protestas para evitar que se inicie en estos días un juicio por corrupción contra el expresidente, que en caso de lograr una condena lo inhabilitaría para presentarse a un cargo político, de acuerdo a la legislación ecuatoriana sancionada luego del referéndum consultivo convocado por Moreno al inicio de su mandato.

A todas luces, el gobierno de Lenín Moreno ha salvado su posición con un acuerdo que no revierte lo fundamental: el paquetazo del FMI. 

Respaldado por la clase política de Guayaquil, centro empresarial del país, Moreno avanza en blindar el status quo vigente al cerrar el paso hacia sus opositores. 

Así, su contraofensiva se basa en haber apagado la calle y deslindado al movimiento indígena del "correismo" en pos de establecer a futuro una alternancia entre partidos políticos que respeten los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, a costa de la persecución de las figuras cercanas al ex presidente. De esta forma, Moreno se convirte en una especie de Michel Temer a la espera que surja un Bolsonaro, y Ecuador  parece entrar en modo Brasil para evitar que surja un Lula. 

Ante esto, existe el peligro de que la rebelión popular contra el FMI derive en una situación similar a lo que sucedió luego de El Caracazo en Venezuela: cuando el establishment cerró por nueve años una salida política a aquella crisis.

Es por demás previsible, además, que este ciclo de conflictividad social difícilmente baje, dado que los ajustes del FMI generan un círculo vicioso de constantes recortes sociales que alimentan este orden de cosas. Más allá de las maniobras, palaciegas de última hora, de Lenín Moreno por atornillar en Ecuador un régimen político alineado, completamente, con Estados Unidos. 

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