Misión Verdad.- Ecuador se encuentra en el ojo del huracán político a nivel regional, las manifestaciones sociales han puesto en crisis un país que rechaza, desde sus capas más vulnerables hasta las clases medias, las medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Lenín Moreno.

El récord de presidentes salientes por crisis de gobernabilidad, auspiciadas por los límites sociales ante las reformas estructurales del Consenso de Washington, es alarmante con relación al resto de naciones en América Latina: 11 presidentes en 10 años hasta que llegó Rafael Correa, que presidió Ecuador durante dos mandatos seguidos, sin interrupciones.

A pesar de semejante historial, casi una tradición implementada por la sociedad ecuatoriana, el presidente Lenín Moreno acusa a Venezuela de promover y financiar las protestas que tomaron Quito y otras ciudades importantes de Ecuador. Sin pruebas ni datos contrastables que den firmeza a la hipótesis.

Para los enemigos del gobierno de Nicolás Maduro, el enunciado de criminalización supone un argumento irrefutable con la cobertura mediática que siempre acompaña la cartelización del discurso antichavista. Moreno, de esta manera, se hace eco de los elementos discursivos del Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos con el propósito que acompañar la campaña regional contra Venezuela.

La cruzada antivenezolana: Ecuador adentro

Según el gobierno ecuatoriano, Nicolás Maduro y Rafael Correa están detrás del "saqueo y vandalismo" en las calles ecuatorianas.

Quito desbordó al gobierno de Moreno, de tal manera que trasladó la capital de esa ciudad a Guayaquil, donde también alberga protestas multitudinarias.

La respuesta a la situación fue la declaración del estado de excepción (con toque de queda incluido) y la militarización de Quito, medidas también rechazadas por la población.

La policía quiteña (y nacional, en general) usa sus dispositivos de represión de manera similar a finales de septiembre de 2010, cuando ese cuerpo intentó secuestrar y asesinar al entonces mandatario Rafael Correa y a miembros destacados de la llamada Revolución Ciudadana.

Esta misma policía arrestó a varios venezolanos, unos 15 (otros medios dicen 17), en el marco de las manifestaciones, que según Moreno y la mediática antichavista serían "colectivos infiltrados". También habría cubanos, muy convenientemente para el relato mitificador del corretaje estadounidense.

Otra vez, sin pruebas, la justicia ecuatoriana tuvo que liberar a los venezolanos presos, sin poder ligar su actuación con alguna orden por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

La presión por parte de sectores ciudadanos, representantes de venezolanos en Ecuador, para pedir un desagravio público por las acusaciones sin fundamento a la ministra María Paula Romo ha llegado hasta las redes sociales y algunos medios ecuatorianos.

Voceros de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador denunciaron en enero de este año que los ataques xenófobos habían aumentado luego de que Moreno anunciara cambios en la política migratoria ecuatoriana, en respuesta a un femicidio cometido por un migrante venezolano.

Tales voceros dijeron que la situación se volvió "muy tensa" en relación a los venezolanos en ese país, ya que criminaliza al gentilicio y alude a que "todos somos asesinos", una afirmación que contrasta con la realidad. Las recientes acusaciones invocan la narrativa de enero, es una continuidad discursiva trasladada a un escenario mucho más templado.

Así, la cruzada antivenezolana continúa. El mensaje que responsabiliza al chavismo de las protestas ecuatorianas sobrepasa los límites fronterizos de ese país para colmar ciertos vacíos narrativos que invocan una mayor presión de intervención en Venezuela, con el Grupo de Lima y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La cruzada antivenezolana en la región

La Cancillería de Perú secundó el discurso de Moreno con el que responsabiliza de la actual coyuntura ecuatoriana al gobierno venezolano. El comunicado también fue suscrito por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay; El Salvador apareció entre los acusadores, sin embargo el presidente salvadoreño Nayib Bukele aclaró que su administración no firmó ninguna declaración de ese tipo.

En dicha misiva diplomática, esos Estados afirman que "rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno a los países democráticos de la región".

De esta manera Moreno, en conjunto con otros países que conforman el Grupo de Lima, transfieren las responsabilidades de la situación interna ecuatoriana a un antagonista político regional; también refuerza la narrativa de que el gobierno de Nicolás Maduro funciona como una Empresa Criminal Conjunta en un momento en el que la "agenda Venezuela" se encuentra ensombrecida por los recientes acontecimientos en algunos de los países que suscribieron el comunicado peruano.

• En Argentina, el macrismo tiene casi perdidas las próximas elecciones presidenciales y zume a la población a la deriva neoliberal.
• El gobierno de Jair Bolsonaro, aliado de los agrointereses corporativos, se vio señalado mundialmente por los incendios de la Amazonía brasileña.
• Colombia experimenta protestas sociales por la crítica situación económica y de derechos humanos, con una reorganización de una facción de las FARC-EP como movimiento guerrillero.
• Perú hasta hace poco vivió una crisis institucional y política con la suspensión del Congreso como medida del presidente Martín Vizcarra, que se vio enfrentado a las demás facciones políticas en pugna.

Las vocerías de la cruzada antivenezolana dan cabida al enunciado criminalizador, que ubica una vez más en el mapa mediático a "Maduro y sus cómplices" a pesar de que no existen pruebas de las acusaciones referidas. La idea es provocar que todos volteemos la mirada hacia la cuenca del Caribe, no hacia Colombia, Ecuador o Perú. O al propio fracaso de Juan Guaidó como operador estrella del cambio de régimen en Venezuela.

De hecho, ya existen instancias de supuesta colaboración entre el gobierno ecuatoriano y el "interinato" de Guaidó, frente a un vacío institucional de la Asamblea Nacional venezolana (aún en desacato) que ha promovido en los últimos años las sanciones de la Casa Blanca (traducidas en bloqueos financieros, comerciales y embargo), la hostilidad regional y las amenazas de intervención militar foránea sobre Venezuela.

Los esfuerzos de los gobiernos regionales ligados a los interes estadounidenses contra Venezuela están usando la carta narrativa de Maduro como exportador de desestabilizaciones y criminal complotado. Aunque no sorprende, el peligro de esta vuelta discursiva conlleva sus peligros.

La OEA y el TIAR ¿en acción?

Ecuador convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar la explosiva situación social que alberga, con las manidas acusaciones antivenezolanas bajo el brazo.

Debemos recordar que fue en el seno de la OEA donde se celebró la activación del TIAR contra Venezuela hace apenas unos meses, una propuesta que provino del gobierno fake de Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato.

La intención de recrudecer el asedio diplomático y financiero va de la mano con las amenazas militares, ahora acompañada del discurso criminalizador de Ecuador. El TIAR puede ser la carta que use el gobierno de Moreno, cuyo país no pertenece a esa institución de la Guerra Fría desde los días de Rafael Correa en el poder.

Ya Guaidó pidió activar al TIAR con las acusaciones de Moreno y el resto de países del Grupo de Lima de condimento, mientras que columnistas y editoriales de los medios corporativos con mayor alcance regional intentan crear "sentido común" en torno a la medida.

La sesión extraordinaria en Washington el próximo martes 15 de octubre tiene como objetivo denunciar "el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y violencia provocados por turbios intereses infiltrados en las manifestaciones", escribió el canciller ecuatoriano José Valencia en su cuenta Twitter.

Lenín Moreno carece de las pruebas y de la credibilidad para poner a Venezuela en el banquillo regional de los acusados, sin embargo sabemos que para los cruzados antivenezolanos eso no es ningún problema. Con la palabra comienza la guerra.

Para el gobierno ecuatoriano y demás intereses regionales, los venezolanos cumplimos una conveniente y artificial función divisoria de las protestas, el chivo expiatorio que cancela las prerrogativas de la población y lo ajusta a la especie de que el problema es otro, y no la deriva casi totalitaria del gobierno de Moreno, pretenden dar legitimidad al paquete neoliberal (y por lo tanto, es una seña de autoridad del FMI sobre el Estado) y traen de vuelta (para no olvidar) el asedio contra Venezuela en el centro de la agenda regional.