Franco Vielma - Misión Verdad.- Recientemente fue publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe titulado "Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia" en referencia a los comicios en la nación sudamericana que tuvieron lugar el 20 de octubre.


Como es sabido, dicha elección con resultado frustrado, desembocaría en un golpe de Estado mediante la dimisión forzada del presidente Evo Morales.

Ahora, a destiempo y luego de un proceso de semanas de dilación, la Secretaría General de la OEA a cargo de Luis Almagro hace público este informe en el cual refieren que sobre las elecciones bolivianas "hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados".

Este informe viene precedido por un "informe preliminar" publicado el 10 de noviembre, que vale decir, fue presentado de manera expedita y adelantada, ajustándose al ritmo de los tiempos del golpe de Estado en marcha en Bolivia, incorporándose como un elemento argumental que aceleró y desencadenó un golpe definitivo contra Morales y las instituciones del país andino.

Luego de semanas en que Evo Morales en su exilio en México fustigara ala OEA por su dilación y la no publicación de un informe definitivo, este al fin es hecho público, pero no dista mucho de lo referido el 10 de noviembre.

Los tiempos "políticos" del informe definitivo

El informe de 95 páginas emanado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD), junto al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), adscritas a la OEA, tiene una clara discordancia con el desarrollo de los eventos y tiempos institucionales en Bolivia.

Es indispensable reconocer este factor como un elemento clave para discernir el golpe en Bolivia, dado que se trata de un informe que había sido prometido para el 12 o 13 de noviembre y que, se supone, serviría para saldar la diatriba interna en ese país.

Por el contrario, el inconsistente informe preliminar sirvió para acelerar y "justificar" el quiebre institucional boliviano, y ahora, el informe definitivo, establece un conjunto de nuevos señalamientos de "fraude" una vez que una nueva autoridad de facto ha asumido las riendas en La Paz y la comunidad internacional ha preferido ignorar el golpe y sus cruentas derivaciones a la fecha.

En el documento reafirman el cuestionamiento a la victoria definitiva de Evo Morales en primera vuelta, sin embargo, el informe infiere que Evo Morales sí tuvo la mayoría de los votos en dicha elección. Pero eso ya es irrelevante en Bolivia a la luz de los eventos. El informe tiene la funcionabilidad política de establecer a modo "post mortem” la una tácita legitimidad del golpe.

Para efectos de un golpe consumado, este informe adquiere relevancia sólo para el proceso de judicialización contra los responsables del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia, actualmente tras las rejas, para la persecución del otrora oficialismo y para la reafirmación del nuevo andamiaje político que justo ahora se construye en Bolivia, a cargo de un régimen de facto, mediante la promulgación de una nueva institucionalidad electoral a medida, para nuevas elecciones en fecha aún sin determinar.

Las debilidades del informe definitivo de la OEA

Al igual que en el informe preliminar publicado por el ente, el informe definitivo desarrolla las mismas líneas y señalamientos contra el resultado electoral que fueron emanadas en el informe del 10 de noviembre.

Elecciones imposibles de auditar: para la propia OEA y tal como lo reseñan en su documento definitivo, la dimensión real del saldo electoral de Bolivia el 20 de octubre será imposible de determinar, dada la destrucción de "un número indeterminado de actas", a consecuencia de los ataques articulados contra las sedes electorales la noche del 20 de octubre y los días siguientes. Acciones que, vale decir, tuvieron un alto nivel de cohesión y que podrían considerarse lejos de la espontaneidad.

El informe de la OEA endosa al gobierno de Morales, y a su ente electoral, las debilidades en la "cadena de custodia"”, que catalogan como "equivocaciones o negligencia sin indicios de intencionalidad pero que pudieron facilitar acciones que potencialmente sí vulneraron al proceso electoral". Las elecciones tuvieron a personal policial y militar como eslabones en la cadena de custodia de los votos, y, como es sabido, amplios sectores de dichas instituciones se plegaron a favor del golpe. Pero ese detalle es omitido por la OEA.

El cuestionamiento a las actas electorales y un muestreo no representativo: el informe pericial definitivo de la OEA afirma que "se analizaron 4.692 actas, de las cuales 226 (4,8%)"presentaban "irregularidades". A diferencia de lo publicado en su informe preliminar, la OEA ha ampliado la muestra de actas analizadas, las cuales habían sido para el 10 de noviembre unas 333.

Sin embargo, el criterio para analizar las actas es en base a actas denunciadas, "sospechosas" de irregularidades. Nuevamente aplicaron un patrón discrecional e intencionado para determinar su muestra, la cual sigue siendo bastante pequeña frente al universo de actas. El total de actas de las elecciones bolivianas es de 34 mil 555, el tamaño de la muestra auditada equivale a 13.58%.

Ello implica que la OEA anuncia un fraude electoral en Bolivia por irregularidades encontradas en 226 actas, es decir, apenas un 0,65% del total de actas de la elección. Algo que evidencia, hasta para la misma OEA aunque no lo declaren, la inexistencia de fraude electoral masivo en Bolivia.

El cuestionamiento a la diferencia de votos favorable a Evo Morales: la OEA establece que las actas con irregularidades son determinantes para decidir la elección y la diferencia favorable a Evo Morales, que en números, se traduce, según la OEA, a 34.718 votos. Señala el documento que "el margen de victoria de Morales en primera vuelta fue de aproximadamente 40 mil votos".

Tal afirmación es matemáticamente falsa y está redactada así en el informe para reseñar un supuesto fraude. Evo Morales obtuvo en la elección unos 2.889.359 votos (47,08% del total), mientras que Carlos Mesa obtuvo 2.240.920 votos (un 36,51% del total). El diferencial real de votos entre ambos candidatos fue de 648.439 votos.

La OEA indica que el diferencial de votos de 40.000, que serían "fraudulentos", sellaría definitivamente la diferencia de 10 puntos para que Morales ganara en primera vuelta. Los 40 mil votos "fraudulentos" representan un 0,65% de los votos totales de la elección.

La diferencia porcentual entre ambos candidatos es de 10,57%, al restar a Morales el 0,65% de votos "fraudulentos" la diferencia entre ambos candidatos sería de 9,92%. Es decir, para la OEA, la diferencia real porcentual, favorable a Morales es de 9,92% y no 10,57%. Dicho en términos políticos, para la OEA, en Bolivia hubo un cruento golpe de Estado y un sector ha asumido el poder de facto, por 0,65% de los votos. Un completo sinsentido.

¿Pero qué indica el alevoso informe? Que por razones matemáticas la afirmación de la OEA sólo sería posible si Evo Morales hubiera obtenido apenas el 10% o menos de votos en las 226 actas con "irregularidades", una posibilidad sumamente remota, más todavía tratándose de dichas actas cuestionadas y sus centros electorales, los cuales son principalmente de áreas rurales e indígenas.

El cuestionamiento concreto de la OEA yace en 34.718 votos favorables a Morales. En su informe sacan del total de votos un porcentaje mínimo, invalidándolos todos, para declarar nula la diferencia electoral. Un claro exabrupto matemático. Tal como lo afirmara en un principio el mandatario depuesto, se desconoció la validez del voto indígena y rural, y ahora la OEA lo ha refrendado en su informe definitivo.

"Fue una decisión política"

Para la propia OEA, aunque no lo declaren así, no existió fraude masivo en Bolivia y sus propios números lo corroboran.

El ente señala que "dada la comprobada fragilidad de la cadena de custodia y las irregularidades detectadas en el análisis pericial, es posible inferir que, de ser posible analizar la totalidad de las actas, se encontraría un número significativamente mayor de alteraciones e inconsistencias".

No hablan de material destruido por opositores, policías y militares golpistas, lo que es una intencionada omisión. Sin embargo, aseguran que hay un "fraude" que es minúsculo, pero que podría ser mayor, aunque admiten que no lo puedan probar.

El informe definitivo reafirma que el rol de la OEA en la conjura golpista en Bolivia, estableció un expediente electoral, que al unísono del quiebre institucional y la destrucción del material electoral, terminó siendo una pieza clave. Tal como lo afirmara Evo Morales antes de su dimisión forzada al referirse al primer informe preliminar de la OEA, los hechos han terminado por refrendar que el rol de la OEA, y su participación institucional en Bolivia, resultó ser un plan político.

El informe del ente está repleto de adjetivos que refieren los eventos de "fraude" en Bolivia como "graves", "irrefutables", "acciones dolosas" y afines, pero por el contrario reafirma la debilidad del argumentario del fraude electoral y el consecuente golpe de Estado por esas razones.

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