RT en Español.- Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto de ese país, Evo Morales Ayma, por los delitos de "terrorismo" y "financiamiento al terrorismo", en el marco del llamado "caso audio". La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque "se evidenció" que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se habría coordinado con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.

Fiscalía de facto de Bolivia imputa a Evo Morales con cargos de "terrorismo"

RT en español

Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto Evo Morales Ayma por los delitos de "terrorismo" y "financiamiento al terrorismo", en el marco del llamado "caso audio".

La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque "se evidenció" que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se coordinó con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.

Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

"Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo", decía una voz que se atribuyó a Morales.

De acuerdo con la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a "cometer actos ilícitos".

La Fiscalía boliviana de facto señaló que, tras la "pericia en audiología" solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se tuvo como resultado que "las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma".

Con estas pruebas preliminares, la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de Morales, quien se encuentra actualmente exiliado en Argentina.

Hasta el momento, Morales no ha respondido a la imputación de la Fiscalía de facto.

"Uso abusivo de la justicia"

No obstante, el domingo 5 de julio, Morales denunció en su cuenta de Twitter el "uso abusivo de la justicia" por parte de la derecha boliviana "con el fin de inhabilitar candidatos y proscribir" a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En los últimos meses, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien es favorito en los sondeos de cara a los comicios del 6 de septiembre, denunció un plan del Gobierno de facto, dirigido por Jeanine Áñez, para impedir su participación en las próximas elecciones generales.

"Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan", señaló en Arce en su cuenta de Twitter, después de que la Gestora Pública, instancia que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó una denuncia contra él por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecio para esta entidad, cuando el también exministro de Economía era presidente de dicho directorio.

Cochabamba: La dictadura envía aviones y helicópteros para reprimir al pueblo de Kara Kara que se rebela por hambre

Resumen Latinoamericano, 5 julio 2020

Una nueva jornada de represión policial se dió este viernes y sábado en K’ara K’ara, Cochabamba, cuando 300 efectivos realizaron una intervención con brutales gasificaciones.

El enorme contigente policial se dirigió a reprimir las protestas de los pobladores de K’ara K’ara que piden la renuncia del alcalde Jose María Leyes, la liberación de sus detenidos ilegalmente, el cumplimiento de la subvención a la luz, acceso a agua potable, rechazan la cuarentena rígida, entre otras exigencias resueltas en una asamblea de emergencia el día miércoles. El gobierno no atendió su pliego ni intentó entablar diálogo alguno, mas al contrario respondió con una nueva represión violenta.

Los vecinos denunciaron que las cámaras de seguridad del pueblo fueron cubiertas previamente a la represión policial, mientras que aviones de guerra de las Fuerzas Armadas sobrevolaron la región.

Pobladores también evidenciaron por redes sociales destrozos en vehículos realizados por personas no identificadas como vecinos en el lugar, denunciando la presencia de infiltrados que los provocaron.

«K’ARA K’ARA NO SE RINDE»

Vecinos de K’ara K’ara desafían a Arturo Murillo a reprimir y detener a lxs 72 mil habitantes de la zona. Mantienen medidas de presión, después de la arremetida policial y militar de esta mañana.

Grupo paramilitar de motoqueros ‘RJC’ acciona en Cochabamba protegido por la policía

El grupo paramilitar ‘Resistencia Juvenil Cochala’ rompió la cuarentena hoy en pleno centro de la ciudad de Cochabamba y tapió las puertas de la alcaldía de Cercado, dañando bienes públicos, todo esto sin ninguna reacción de la policía, que en la mañana reprimió a la población de K’ara K’ara con violencia y abusos de fuerza.

Un importante número de ‘motoqueros’ del grupo RJC, afín a Añez y Mesa, irrumpieron en la plaza 14 de septiembre y vandalizando el bien público tapiaron las puertas de la alcaldía utilizando ladrillos y material de sellado, ante la atenta mirada de la policía, que presenciando el daño a la propiedad pública y el rompimiento colectivo de la cuarentena no hizo otra cosa que permitir todo el hecho,

Posteriormente,y en plenza plaza, el líder grupo irregular amenazó con tomar las tomas de agua potable y anunció que impedirán la circulación de cisternas para evitar que se provea a la zona de K’ara K’ara, atentando contra los derechos humanos y contra la salud pública. También presenciaron las acciones efectivos de las Fuerzas Armadas, que observaron y permitieron estos actos.

Este grupo paramilitar ya accionó de manera delicuencial en las jornadas de octubre y noviembre del año pasado, haciendo fuerzas junto a la policía durante el Golpe De Estado.

Murillo dice que actuará con toda la fuerza contra población de K’ara K’ara

El Ministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, calificó a los vecinos de K’ara K’ara como “grupos delincuenciales” y afirma que “les caerá” con toda la fuerza, mientras permite que el grupo paramilitar de motoqueros accione libremente en Cochabamba.

Esta mañana la policía intervino violentamente el bloqueo de los pobladores de la zona de K’ara K’ara, realizando una brutal represión con gasificaciones y abusos contra los vecinos. Posteriormente, los motoqueros del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala, rompiendo la cuarentena, irrumpieron en la plaza principal de Cochabamba, tapiaron las puertas de la alcaldía y amenazaron con cortar el suministro de agua a K’ara K’ara e impedir el tránsito de cisternas.

En horas de la tarde Murillo declaró ante la prensa calificando de delicuentes a los pobladores de K’ara K’ara, anunciando más represiones y nuevos procesos, acciones rechazadas por la ONU, que instó al gobierno a abstenerse de acciones de violación a derechos humanos como gasificaciones y uso indebido del derecho penal.

El ministro de Añez

Murillo no sólo no hace referencia alguna a los actos delincuenciales del grupo paramilitar RJC, sino que lo permite, instruyendo a la policía a proteger a los motoqueros que rompen la cuarentena, dañan propiedad pública y amenazan con acciones atentatorias contra los derechos humanos, todo ante la mirada e inacción de la policía.

Naciones Unidas insta a gobierno de Añez a parar violencia y rechaza acciones de motoqueros

Nuevamente la Organización de Naciones Unidas se manifiesta expresando su preocupación por la violencia del gobierno de Añez en la violenta represión del día de hoy en K’ara K’ara, Cochabamba.

Mediante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la ONU expresó su preocupación por el uso de gases antidisturbios e instó al régimen de Añez de actos que transgredan los derechos humanos, como el uso indebido del derecho penal y la privación de la libertad, acciones realizadas por la policía y autoridades del gobierno de facto en contra de los pobladores de K’ara K’ara durante las últimas semanas.

Además, rechazó la actuación de motoqueros, que, con permiso de Arturo Murillo, tomaron acciones contra los derechos de las personas y amenazaron con cortar el suministro de agua al sector de K’ara K’ara.

Policía boliviana reprime a recolectores de basura en K´ara K´ara, Cochabamba

En Cochabamba, los pobladores de Kara Kara denunciaron que hay «autoatentados» de parte del Gobierno de facto.

Un contingente policial intentó desbloquear el ingreso al botadero de K´ara K´ara en Cochabamba, en el centro de Bolivia, mientras los llamados bloqueadores “autoconvocados” lanzaron piedras a los uniformados haciéndolos retroceder. 

Denuncian en Cochabamba incapacidad para enfrentar la Covid-19

La policía y elementos del ejército iniciaron una arremetida contra los recolectores de la basura que mantienen un bloqueo en la zona con gases lacrimógenos y balas, además amedrentando a los lugareños que pedían agua gratis para combatir la pandemia.

En Cochabamba, los pobladores de K´ara K´ara denunciaron que hay «autoatentados» de parte del Gobierno de facto. Mientras helicópteros de ejército sobrevolaron la zona para intimidar a la población.

Desde mediados de junio, más de 300 trabajadores de la empresa Colima, encargada de la recolección de basura en la ciudad de Cochabamba, bloquean los accesos al botadero municipal en K´ara K´ara, tras el anuncio de despidos de personal.

El paso de motorizados fue bloqueado desde la noche del jueves con promontorios de tierra, paralizando las actividades de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA).

“Queremos hacer una denuncia en contra del alcalde que está atentando contra nuestro trabajo. Mire a cuantos trabajadores nos quieren dejar en la calle”, dijo uno de los trabajadores que participa del bloqueo.

Hasta la fecha el Gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez no ha instalado ni propiciado una mesa de diálogo, por el contrario, ha priorizado intervenciones policiales y militares en ya más de dos ocasiones.

En un pliego petitorio de 10 puntos, los demandantes exigen liberación de tres dirigentes detenidos y llevados a La Paz; rechazo a la cuarentena rígida; libertad de trabajo para los mototaxis de la zona sur; renuncia del alcalde José María Leyes; reactivación de la construcción del tren metropolitano y Cumplimiento de la subvención a la luz.

Otras demandas son rechazo de las brigadas de rastrillaje (del SEDES en busca de casos de coronavirus) hasta que se socialice la medida; la realización de las elecciones generales hasta el 6 de septiembre; pago a los bancos seis meses después de concluida la cuarentena y  Conformación de brigadas vecinales para repartir medicina natural a los pobladores.

Los habitantes de K´ara K´ara, un barrio en el sur de Cochabamba, conocido por ofrecer resistencia al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, en noviembre pasado, presentaron denuncia por la agresión policial.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó con una intervención y responsabilizó de lo sucedido al Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Quieren prohibir el ingreso de la basura a K´ara K´ara para que haya doble pandemia. Es admisible, no es permisible y vamos a caerles con toda nuestra fuerza a estos grupos delincuenciales”.

Este sábado, la autoridad central con apoyo de la policía intentó romper el bloqueo impuesto por los trabajadores de la basura en K´ara K´ara, pero fracasaron en su intento.

Según las autoridades locales, el operativo militar y policial para despejar la ruta al botadero municipal de K´ara K´ara, en Cochabamba, terminó con uniformados heridos y vehículos destrozados. 

Según la denuncia del Gobierno de facto, un contingente escoltó una caravana de camiones de basura para depositarla en el vertedero, que se encuentra cerrado por seis días, ello derivó en un enfrentamiento con los “autoconvocados”, quienes les lanzaron piedras y otros objetos.

Por otra parte, el gerente de la Empresa Municipal del Aseo (Emsa), Christian Cuéllar, denunció este sábado que al menos 15 trabajadores, técnicos y él fueron secuestrados por más de 300 personas que bloquean el ingreso al botadero de K´ara K´ara, en Cochabamba.

“Sigo retenido, esperando que me rescaten, junto al gerente técnico y personal de la empresa, estamos rodeados por todo lado”, informó Cuellar a la ABI.

El ejecutivo de Emsa, junto a personal de la empresa de aseo arribó al botadero con 60 carros basureros, luego de un operativo policial de desbloqueo, ejecutado la madrugada del sábado. 

No obstante, fueron sorprendidos por otro grupo de pobladores del lugar, quienes armados con piedras y palos, hicieron retirar a los uniformados de la Policía.

“Fuimos atacados a pedradas, estamos siendo amenazados, no podemos ni movernos del lugar porque nos apedrean, no podemos acercarnos a la puerta, estamos vigilados”, relató.

Bolivia: Suben muertes en las calles sospechosas de COVID-19

AP

Las autoridades de una de las ciudades bolivianas más castigadas por el nuevo coronavirus informaron que recogen diariamente entre 14 y 23 cadáveres de domicilios o espacios públicos que se sospecha fueron personas que contrajeron el COVID-19.

Cochabamba, en el centro de Bolivia, se convirtió en el foco de atención debido a que varios difuntos fueron dejados en la calle o velados en la vía pública sin que se conozca de inmediato las causas de la muerte. Las escenas de ataúdes o cuerpos forrados con plástico negro colocados fuera de las casas los últimos días parecían similares a las ocurridas en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil que fue duramente golpeada al inicio de la pandemia.

“No tenemos la capacidad para realizar una prueba de inmediato a los cuerpos debido a la alta demanda”, dijo el lunes Rubén Castillo, funcionario del Servicio de Salud.

El jefe de la policía en esa esa ciudad, coronel Alberto Cárdenas, explicó que si el cuerpo no tiene signos de violencia se informa a los servicios de salud para que hagan una prueba porque los fallecidos por el virus tienen un protocolo especial para el entierro o cremación.

Según Cárdenas, la policía levanta entre 4 o 5 cuerpos por semana de indigentes, personas asesinadas o que fallecieron en accidentes viales. “Esa cifra está subiendo por efecto del COVID-19”, aseguró.

En varios cementerios se están habilitando espacios para más entierros ante el aumento de decesos.

El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, sugirió a las autoridades “comprar o alquilar carros frigoríficos para almacenar cadáveres temporalmente” ante la falta de capacidad de las morgues.

Los laboratorios de diagnósticos están sobrecargados y demoran varios días en divulgar resultados. Los cadáveres deben esperar su turno y antes de eso no pueden ser enterrados o cremados, según Castillo.

Similar situación se registra en la ciudad oriental de Santa Cruz que concentra poco más del 50% de los infectados.

En La Paz, la policía recogió nueve cadáveres entre sábado y domingo con sospechas de haber fallecido con el contagio, incluidos dos reos en la principal cárcel, dijo el jefe de la policía contra el crimen, coronel Juan Luis Cuevas.

Las autoridades informaron que mucha gente no reporta la enfermedad por temor a una censura pública y acuden a los servicios médicos en estado avanzado de la infección. Con frecuencia no hallan espacio en los hospitales saturados.

Hasta el lunes, Bolivia acumulaba 39.297 casos y 1.434 decesos, y las autoridades de salud advierten que la pandemia tocaría su tope máximo en agosto con 130.000 infectados. La víspera se informó que la ministra de Salud, Heydi Roca, dio positivo a la enfermedad.