Informe de la ONU sobre Venezuela: 99% menos de ingresos nacionales debido a las sanciones de EE.UU. y la UE. Efectos dramáticos en el sistema sanitario.


Por Volker Hermsdorf - Cubainformación - Original en alemán en Junge Welt.- Las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos y la Unión Europea, que se han endurecido en varias ocasiones, tienen un "impacto devastador en la población", afectan "el acceso del país a los alimentos y las medicinas", violan "el principio de igualdad soberana de los Estados" y constituyen "una injerencia en los asuntos internos". Esta fue la conclusión a la que llegó la Relatora Especial de las Naciones Unidas y Comisionada para los Derechos Humanos, Alena Douhan, tras una extensa investigación de doce días en el país sudamericano. La representante de la ONU dijo que la crisis humanitaria en Venezuela era un efecto directo de las sanciones. Aseguró que sus investigaciones se basaban en los principios de independencia, imparcialidad y exhaustividad de la ONU. Al presentar su informe preliminar en una conferencia de prensa en Caracas el pasado viernes, Douhan exigió: "Estados Unidos y la Unión Europea deben levantar las sanciones contra Venezuela".

"Es imposible saber el porcentaje real del impacto del bloqueo, pero puedo decir con certeza que la aplicación de las sanciones ha tenido un gigantesco impacto negativo en el acceso al derecho a la vida, a la educación, a los alimentos y a los medicamentos, y en todos los ámbitos de la vida cotidiana", dijo Douhan en respuesta a la pregunta de un periodista. A diferencia del informe presentado en junio de 2019 por la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que presentó 558 entrevistas tras una breve visita de tres días, 460 de las cuales fueron realizadas a migrantes venezolanos en diferentes países, el actual informe es el resultado de amplias conversaciones con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), de los sectores de la salud y la educación, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de los miembros de la Asamblea Nacional y de los partidos de la oposición, de los clérigos, de los empresarios y de los miembros del gobierno, incluido el presidente Nicolás Maduro, señaló el canal de noticias latinoamericano Telesur respecto de la calidad de las investigaciones.

Al presentar su informe, la relatora especial recordó que, desde el año 2000, el gobierno bolivariano ha llevado a cabo un gran número de proyectos sociales en las áreas de salud, educación, vivienda, nutrición, electricidad, agua y servicios públicos, planificación familiar y promoción de las comunidades rurales, "muchos de los cuales han sido implementados sin costo alguno para la población o han sido significativamente subsidiados por el Estado". Douhan señaló que estos programas, así como la compra de maquinaria y piezas de repuesto, alimentos y medicinas, dependen de una economía sustentada en gran medida por las exportaciones de petróleo. "En el sector de la salud, mientras que Venezuela dependía casi por completo de los medicamentos importados del extranjero, la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados gratuitamente por el Estado, a pesar de las sanciones cada vez más estrictas", explicó la diplomática.

Con la caída de los precios del petróleo, se inició un declive económico desde 2014, que se ha visto extremadamente agravado por las medidas de Estados Unidos y la UE, lo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes, según el análisis. Como resultado, dijo, la renta nacional se ha reducido en más del 99% en comparación con lo que era en la primera década del siglo XXI. A pesar de ello, explicó el representante de la ONU, Venezuela gasta el 76% de sus fondos en programas sociales, según las estadísticas actuales. "Pero si sólo cuenta con el uno por ciento de sus ingresos anteriores, eso es en realidad una cantidad ridícula para el país", dijo Douhan.

En esta difícil situación, dijo, las sanciones de Estados Unidos y la UE en 2017 y 2018 provocaron un fuerte aumento de las tasas de mortalidad debido a la falta de pruebas y tratamiento del VIH, entre otras cosas. La incautación de activos de Citgo, filial estadounidense de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha impedido la realización de los necesarios trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos, dijo Douhan presentando algunas conclusiones individuales de su investigación. Las medidas unilaterales de EE.UU. también han provocado interrupciones en el suministro de electricidad, agua y sanitario, ya que no ha sido posible adquirir piezas de repuesto. Esto provocó un deterioro de las infraestructuras porque el bloqueo dificultó la compra de piezas y equipos nuevos en el extranjero.

En resumen, el informe de la ONU afirma que Venezuela sufre actualmente una escasez de maquinaria necesaria, repuestos, combustible, gas, alimentos y medicinas. Añade que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. "La única manera de garantizar el bienestar del pueblo venezolano y la protección de sus derechos humanos" es "el levantamiento de las sanciones y el restablecimiento de las relaciones normales entre las naciones", dijo la Relatora Especial de la ONU Douhan, al resumir las conclusiones de su investigación.

Antecedentes: activos bloqueados

El gobierno de Venezuela lleva meses pidiendo la liberación de las reservas de oro y otros activos bloqueados en el país para mitigar el impacto negativo de las sanciones de Estados Unidos y la UE en el sector sanitario. Se trata, entre otras cosas, de 31 toneladas de oro venezolano por valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses almacenados en el Banco de Inglaterra. El gobierno de Caracas quería transferir los ingresos de la venta de las reservas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que los utilizaría para organizar y supervisar la compra de medicamentos, suministros de ayuda y vacunas para combatir la pandemia del coronavirus.

Pero a petición de Estados Unidos, Londres bloquea los depósitos. Un tribunal británico había dictaminado inicialmente a mediados del año pasado que las reservas de oro del Estado venezolano debían ponerse a disposición del autoproclamado "presidente interino" Juan Guaidó. Aunque un tribunal de apelación anuló esa decisión el 5 de octubre, el gobierno electo de Venezuela sigue teniendo prohibido el acceso a las reservas de oro a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo. Esto sólo sirve para retrasar la aplicación de medidas humanitarias para ayudar a los que sufren de Covid-19 y contener la pandemia, criticó el abogado del Banco Central de Venezuela (BCV), Sarosh Zaiwalla. Por ello, su bufete de abogados está estudiando la posibilidad de solicitar un "requerimiento urgente" para liberar al menos parte del dinero necesario para las vacunas hasta que concluya el procedimiento en curso, según declaró recientemente Zaiwalla a la agencia de noticias española Efe.

Después de que a finales de enero el canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusara al grupo opositor de Guaidó de "crueldad" por impedir la compra de vacunas para el pueblo venezolano al intentar apoderarse de las reservas de oro, Julio Borges, "enviado" de Guaidó en Colombia, se retractó un poco. Los opositores de Guaidó aceptarían que el gobierno del presidente Nicolás Maduro utilice los activos depositados en el Reino Unido exclusivamente para la compra de vacunas contra el coronavirus, según citó Efe a Borges. Hasta ahora, los abogados de Guaidó se habían negado a llegar a un acuerdo con el gobierno sobre el acceso a los activos bloqueados, a pesar de que se indicaba que se utilizarían para comprar medicamentos antivirales a través del programa Covax de las Naciones Unidas. A diferencia de la UE, el Reino Unido sigue reconociendo a Guaidó como "presidente interino".

 

Sanktionen gegen Venezuela

Nur ein Prozent übrig

UN-Bericht zu Venezuela: 99 Prozent weniger Nationaleinkommen durch US- und EU-Sanktionen. Dramatische Auswirkungen auf Gesundheitssystem

Von Volker Hermsdorf

Hintergrund: Blockierte Vermögenswerte

Venezuelas Regierung fordert seit Monaten die Freigabe blockierter Goldreserven und anderer Vermögenswerte des Landes, um die negativen Auswirkungen der US- und EU-Sanktionen auf das Gesundheitswesen abzuschwächen. Dabei geht es unter anderem um 31 Tonnen venezolanischen Goldes im Wert von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar, das bei der Bank of England eingelagert ist. Die Regierung in Caracas hatte den Erlös aus dem Verkauf der Reserven an das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNPD) überweisen wollen, das damit den Erwerb von Medikamenten, Hilfsgütern und Impfstoffen zur Bekämpfung der Coronapandemie organisieren und überwachen sollte.

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Die von den USA und der Europäischen Union gegen Venezuela verhängten und mehrfach verschärften Sanktionen haben »verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung«, beeinträchtigen »den Zugang des Landes zu Nahrungsmitteln und Medikamenten«, verletzen »das Prinzip der souveränen Gleichheit von Staaten« und stellen »einen Eingriff in die inneren Angelegenheiten« dar. Zu diesem Ergebnis kam die Sonderberichterstatterin und Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Alena Douhan, nach umfangreichen zwölftägigen Recherchen in dem südamerikanischen Land. Die UN-Vertreterin sagte, dass die humanitäre Krise in Venezuela eine direkte Auswirkung der Sanktionen sei. Sie versicherte, dass ihre Untersuchungen auf den UN-Standards für Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vollständigkeit beruhten. Bei der Vorstellung ihres vorläufigen Berichtes forderte Douhan am Freitag vergangener Woche auf einer Pressekonferenz in Caracas: »Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union müssen die Sanktionen gegen Venezuela aufheben.«

»Es ist unmöglich, den tatsächlichen Prozentsatz der Blockadeauswirkungen zu kennen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Umsetzung der Sanktionen einen gigantischen negativen Einfluss auf den Zugang zum Recht auf Leben, auf Bildung, auf Nahrung und Medizin und in jedem Bereich des täglichen Lebens hatte«, erklärte Douhan auf die Frage einer Journalistin. Im Gegensatz zu einem im Juni 2019 von der UN-Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, vorgelegten Bericht, in dem diese nach einem dreitägigen Kurzbesuch 558 Interviews präsentiert hatte, von denen 460 mit venezolanischen Migranten in verschiedenen Ländern geführt worden waren, sei der aktuelle Report das Ergebnis ausgiebiger Gespräche mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), des Gesundheits- und Bildungssektors, den lokalen Produktions- und Versorgungskomitees (CLAP), Mitgliedern der Nationalversammlung und der Oppositionsparteien, mit Geistlichen, Geschäftsleuten und Angehörigen der Regierung einschließlich Präsident Nicolás Maduro, lobte der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur die Qualität der Untersuchungen.

Die Sonderberichterstatterin erinnerte bei der Präsentation ihres Berichtes daran, dass die bolivarische Regierung seit dem Jahr 2000 eine Vielzahl sozialer Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wohnungsbau, Ernährung, Elektrizität, Wasser und Versorgungseinrichtungen, Familienplanung und der Förderung ländlicher Gemeinden durchgeführt hat, »von denen viele ohne Kosten für die Bevölkerung umgesetzt oder vom Staat erheblich subventioniert wurden«. Douhan wies darauf hin, dass diese Programme wie auch der Kauf von Maschinen und Ersatzteilen, Lebensmitteln und Medikamenten von einer Wirtschaft abhängen, die weitgehend durch den Ölexport gestützt wird. »Im Gesundheitswesen war Venezuela zwar fast vollständig auf aus dem Ausland importierte Medikamente angewiesen, doch die meisten öffentlichen medizinischen Leistungen wurden trotz ständig verschärfter Sanktionen vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt«, erklärte die Diplomatin.

Mit dem Fall der Ölpreise habe seit 2014 ein wirtschaftlicher Niedergang begonnen, der durch die Maßnahmen der USA und der EU extrem verschärft wurde, was zu einer beispiellosen humanitären Krise geführt habe, heißt es in der Analyse. Das Nationaleinkommen habe sich dadurch im Vergleich zu den Einnahmen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts um mehr als 99 Prozent reduziert. Trotzdem, erklärte die UN-Vertreterin, verwende Venezuela laut aktueller Statistik 76 Prozent seiner Mittel für Sozialprogramme. »Aber wenn es nur über ein Prozent des früheren Einkommens verfügt, ist das in Wirklichkeit eine lächerlich niedrige Summe für das Land«, sagte Douhan.

In dieser schwierigen Situation hätten die Sanktionen der USA und der EU in den Jahren 2017 und 2018 unter anderem zu einem starken Anstieg der Sterblichkeitsrate wegen des Mangels an HIV-Tests und Behandlungen geführt. Die Beschlagnahme der Vermögenswerte von Citgo, einer US-Tochter der staatlichen Erdölgesellschaft Petróleos de Venezuela (PDVSA) habe notwendige Leber- und Knochenmarkstransplantationen an 53 venezolanischen Kindern verhindert, stellte Douhan einige Einzelergebnisse ihrer Untersuchung vor. Die einseitigen US-Maßnahmen hätten zudem zu Unterbrechungen der Strom-, Wasser- und Sanitärversorgung geführt, da es nicht möglich war, Ersatzteile zu beschaffen. Das verursachte eine Verschlechterung der Infrastruktur, weil die Blockade den Kauf von Teilen und neuen Geräten im Ausland erschwert.

Zusammenfassend stellt der UN-Bericht fest, dass Venezuela derzeit unter einem Mangel an notwendigen Maschinen, Ersatzteilen, Kraftstoff, Gas, Lebensmitteln und Medikamenten leidet. Der Kauf von Waren und die Zahlungen öffentlicher Unternehmen werde blockiert oder eingefroren. »Der einzige Weg, um das Wohlergehen des venezolanischen Volkes und den Schutz seiner Menschenrechte zu garantieren«, sei »die Aufhebung der Sanktionen und die Wiederherstellung von normalen Beziehungen zwischen den Nationen«, fasste UN-Sonderberichterstatterin Douhan die Ergebnisse ihrer Untersuchung zusammen.

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