El pasado 1° de noviembre, en el municipio cruceño de La Guardia, hubo enfrentamientos entre pobladores que intentaron intervenir un cerco instalado por organizaciones sociales que pedían que se levantara el paro por el Censo. Foto: Página Siete.


Informe de una escalada

Vuelve el escenario del golpe en Bolivia: censo, paro y contraparo

Misión Verdad

De manera cíclica, regresa un nuevo escenario de cambio de régimen en Bolivia de mano de los mismos actores golpistas en las calles, pero en condiciones distintas a las de 2019, cuando la derecha instrumentó ataques parecidos.

Desde el 22 de octubre, los líderes opositores de la oriental región de Santa Cruz de la Sierra declararon un "paro cívico indefinido" (huelga regional) en contra de lo estipulado en el Decreto Supremo 4760 del Ejecutivo que se promulgó el 13 de julio de este año. Se trata de una modificación de un Decreto anterior, el 4546 del 21 de julio del 2021. Mediante esta promulgación, el Ejecutivo decidió postergar el Censo de Población y Vivienda previsto en principio para iniciarse el 16 de noviembre de este año, aplazándolo para mayo o junio de 2024.

La decisión original se produjo por consenso en el Consejo Nacional de Autonomías con los gobernadores de ocho de las nueve regiones, a excepción de Santa Cruz de la Sierra, lugar donde se han llevado a cabo las acciones desestabilizadoras, bloqueando la circulación en la ciudad en otras zonas departamentales y afectando notablemente la economía local y la rutina diaria.

Exigen que el censo se realice en 2023, la excusa para la escalada de color. Desde su inicio, tanto en la capital como en otras zonas de la región ha habido enfrentamiento, con muertos, heridos y daños a la propiedad pública. En particular en el municipio La Guardia, el 1° de noviembre, con el saldo de varios heridos, seis patrullas policiales vandalizadas, saquearon el comando policial, usaron armas de fuego y fueron aprehendidos nueve activistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), luego de que movimientos sociales "cercaran" la ciudad para "desbloquear" el paro.

En un informe de agosto de 2021, tanto la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como la UJC fueron calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsables de muchos desmanes ocurridos en torno al golpe de Estado contra Evo Morales. UJC es una organización terrorista de derecha, de ideología supremacista y ultrarreligiosa, financiada por la burguesía que controla la gobernación de Santa Cruz.

¿Por qué el Censo de Población y Vivienda?

Bolivia no ha realizado un censo ni un mapa catastral de vivienda desde 2012, lo que permitiría definir nuevos parámetros e indicadores que facilitarían, entre otros, los planes de desarrollo, los presupuestos regionales y, también, la ampliación de escaños de representación política.

Producto de motivos principalmente técnicos (y de inversión), el ejecutivo nacional decidió reprogramar el empadronamiento pensado para este 2022, para así obtener un instrumento más consolidado y sea, en palabras del presidente Arce, "una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal". No obstante, el proceso de toma de decisiones a mitad de año no estuvo exento de asperezas, afirmando primero la oficialización del censo para el propio 2022 entregando resultados en 2023 (Decreto Supremo 4645) para luego, tras la revisión, plantear una nueva fecha.

A pesar de que se ha enfatizado en que los motivos para la reprogramación son estrictamente técnicos, ese primer momento de contradicción ha facilitado, primero en julio por 24 horas, y ahora desde finales de octubre como uno indefinido, la creación de un dispositivo que reactive la movilización desestabilizadora en contra de la decisión.

Los principales promotores del paro no plantearon razones políticas consistentes, dejando relucir más bien el interés de activar nuevas jornadas de desestabilización y violencia política con el censo como excusa.

Actores y estructuras al frente del paro indefinido

Los actores y eventos principales se han dado en el departamento de Santa Cruz de la Sierra repitiendo protagonistas: el actual gobernador Luis Fernando Camacho; Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz; y Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien además preside el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, la entidad que presuntamente promueve y decide las acciones en cuestión.

Sobre el plano de la acción directa opera, también una vez más (como en 2008 y 2019), la UJC. A remolque, y con la falta de fuerza habitual, el expresidente, excandidato presidencial y líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en un tuit se solidarizó el 2 de noviembre con "los habitantes de La Guardia y con los periodistas agredidos por grupos de choque masistas" culpando a Evo Morales de armar un "plan fratricida", conminando al presidente Arce de "abstraerse" del presunto "plan" de Evo, toda vez que este último ha llamado, en múltiples oportunidades, a un "diálogo sincero" entre las partes.

Las declaraciones de Mesa le dan contorno a la matriz habitual y apunta en gran parte a las figuras activas políticamente en el gobierno. Dicho destemple acentúa, sin contundencia, los intentos de unificar el relato del gobierno despótico.

Configuración del cuadro: el conflicto

Ocho de los nueve Comités Cívicos del país (el de Cochabamba dijo encontrarse en consulta) anunciaron un día antes la decisión de ir a un paro nacional indefinido de no revertirse el Decreto 4760, el levantamiento del "cerco" a la ciudad de Santa Cruz (por parte de movimientos sociales de diversa índole) como medida de presión popular, la instalación de una mesa de diálogo y la "pacificación del país".

Por otro lado, el gobierno, representado en este caso por el vocero presidencial y el ministro de Planificación, anunciaron la creación de una mesa técnica para definir una fecha definitiva para el censo, estableciendo como puntos de partida de la negociación: 1) que la determinación de la fecha en sí quedara abierta, 2) que la misma se determinara en el marco de la mesa, y 3) que se instalara la comisión técnica.

El vocero presidencial, Jorge Richter, enfatizó que con estos puntos se podía "avanzar", toda vez que afirmó que estuvieron presentes dirigentes cruceños, en particular del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, afirmando que, producto de la conversación, un cuarto punto sería el levantamiento del paro, algo conversado con la contraparte cruceña.

Mientras la oposición se estuvo autoexcluyendo de los espacios de diálogo con declaraciones cruzadas que mostraban grietas en su aparente unidad "homogénea" en torno a la demanda del censo para 2023, del lado del gobierno también destacó su propio desgajamiento en el discurso a partir de la desautorización de su propio ministro de gobierno, quien un día antes declaró que era técnicamente imposible realizar el censo en 2023. A través del viceministerio de Comunicaciones dijo que eso era una posición personal del ministro y no del gobierno en su conjunto.

Tal retroceso ha podido ocasionar un costo, o bien por desgajamiento o por corrección, en el marco de acciones habituales de los procedimientos ya conocidos de golpes de color. Se le agrega una nueva reivindicación circunstancial del lado del Comité Cívico Pro Santa Cruz: la liberación de los detenidos por los hechos del 1° de noviembre en La Guardia.

La Ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, anunció en su momento que el censo se podía llevar a cabo el pasado 16 de noviembre. Aparentemente, se apresuró sin tener a priori todos los elementos del caso. La pandemia global causó retrasos en las etapas y elementos preparatorios con los que se deben contar en estos censos. No solo en Bolivia sino en 14 países que decidieron posponer la realización del mismo por dos años.

El pasado viernes 11 de noviembre, el presidente Arce en un mensaje a la población comunicó que la fecha del censo será el 23 de marzo de 2024 y la consiguiente distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año. Hizo una cronología de los hitos que marcaron este conflicto desde que inicialmente el estado fijara la fecha del censo para el 16 de noviembre de 2022, para luego convocar el 12 de julio al Consejo Nacional de Autonomías que reúne a todos los niveles del estado, en el que las regiones como Beni y Pando plantearon sus preocupaciones respecto a la temporada de zafra y aspectos climatológicos, y el único ausente fue Camacho.

En ese organismo se decidió en consenso llevar adelante el censo entre mayo y julio de 2024 para asegurar un proceso inclusivo que llegue a todos los hogares bolivianos. El mandatario nacional enumeró el diálogo y socialización del proceso censal con distintos actores representativos desde el 12 de julio hasta el 2 de noviembre de 2022 recorriendo los nueve departamentos, hasta la convocatoria a la Cumbre Plurinacional por un Censo con Consenso realizada en Cochabamba, en la que también los representantes del comité interinstitucional de Santa Cruz abandonaron los espacios.

Finalmente, se conformó la comisión técnica con 41 delegaciones de gobernaciones, alcaldías, autonomías indígenas universidades, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) para analizar y definir la fecha del censo. Algunos equipos técnicos de Santa Cruz, Tarija y La Paz abandonaron estos espacios, en los que se trabajó más de 50 horas durante cuatro jornadas, analizando y escuchando las diferentes propuestas.

Tras meses de tensión, Arce dijo que ya no se podía seguir demorando esta decisión sobre la fecha de realización del censo, y valoró su importancia para el desarrollo de políticas públicas:

"Como Estado y sociedad como gobierno nacional y gobiernos subnacionales tenemos que conocer sin especulaciones, cuál es nuestra realidad demográfica, social, económica e identitaria de las bolivianas y bolivianos que habitamos este territorio, a partir de esa información debemos de trabajar políticas públicas orientadas hacia un desarrollo integral que beneficie a todas y todos los bolivianos", dijo el primer mandatario, quien al día siguiente promulgó el Decreto Supremo 4824 que garantiza lo antedicho.

¿Dejavú de 2019?

Una vez más, el motor del paro indefinido y del desafío al gobierno proviene de Santa Cruz, tanto de sus estructuras formales (gobernación) como paraestatales (Comité Cívico, Comité Interinstitucional), estas últimas donde opera de forma casi irrestricta el verdadero poder en la región. El propio presidente Arce lo patentó el 1° de noviembre afirmando que "ponen en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019"; no obstante, tal vez como atenuante provisional, no se vislumbra un consenso exacto al de la última etapa de 2019.

Alcaldes como el de Cochabamba y Santa Cruz, ambos opositores al gobierno, o bien apoyan la decisión de postergar el censo o bien condenan el paro y sus efectos políticos y económicos.

Por otro lado, algo similar se puede decir del papel que ha desempeñado la jerarquía eclesiástica, bien sea en voz del arzobispo de Santa Cruz oponiéndose al paro indefinido o de la propia Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) al promover el diálogo desde inicios de la escalada del conflicto, que puede rastrearse al cabildo abierto en la capital cruceña el 11 de octubre, por el diálogo y la suspensión del paro. Posición que también, desde temprano, ha asumido la Cámara Nacional de Industrias (CNI), a la que ahora se le agregan los gremios de comerciantes y transportistas de la propia ciudad de Santa Cruz que demandan el levantamiento del paro indefinido.

En el frente del estamento militar, el presidente Arce enfatizó el papel constitucional y del lado del pueblo, cuyo Alto Mando fue cambiado, también, el 1° de noviembre, y cuya falta de detalles pudiera producir una señal ambigua. Los acicates esenciales, siendo los mismos que en 2019 bajo la misma metodología respaldan la posibilidad de ese peligro, no obstante algunas señales (iglesia, grupos industriales y económicos) no están actuando bajo la misma horma que en la jornada golpista de hace tres años.

Solo en esa medida pudiera establecerse una diferencia más clara, puesto que, también, existe la brecha crítica que también facilita las condiciones objetivas para que los factores golpistas consideren que existe una nueva oportunidad para actuar: el propio gobierno y los elementos de dispersión que se reflejan en algunos movimientos sociales como brecha para actuar.

Más recientemente, la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Mujeres Campesinas han exigido al gobierno de Arce y a la Fiscalía General del Estado que conforme una "Comisión Nacional de Fiscales" que investigue los gravísimos hechos de violencia racista ocurridos en Santa Cruz, asumiendo que se trata de delitos de terrorismo y alzamiento armado contra el estado boliviano.

Hacia el afianzamiento de la desestabilización

Han existido algunos atenuantes visibles como la falta de un consenso absolutamente homogéneo y unificado por parte de la oposición; esa variable del equilibrio inestable pudieron volcarlo en la dirección interesada. Sin embargo, es posible que los buenos indicadores económicos en Bolivia hayan forzado a varios gremios a no sumarse a un paro que sería deletéreo para tales cifras en plena post-pandemia.

Las fuerzas sociales que intentó movilizar la oposición en otros lugares del país junto a sus aliados políticos (el exministro del gobierno de facto de Jeanine Añez y alcalde de La Paz, Iván Arias, o el alcalde de Tarija, Johnny Torres) nunca llegaron a ser masivas. En La Paz, los activistas de derecha organizados por Arias fueron neutralizados en las calles por la movilización de sectores sociales autoconvocados bajo la bandera de la defensa del proceso de cambio.

En Cochabamba (tercera ciudad en población de Bolivia, ubicada en el centro del país) fue muy baja la capacidad de convocatoria de Camacho. En la mencionada Tarija, al sur de Bolivia, las refriegas de los cívicos y algunos universitarios de derecha con los grupos de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) mostraron pocas condiciones para que la dirigencia cívica garantizara una huelga departamental.

En la ciudad de Santa Cruz (primera en población y la de mayor actividad económica de Bolivia) los empresarios empiezan a desmarcarse de la huelga regional que ya no es "una inversión" como fue financiar el golpe de estado de 2019 contra el MAS, sino que más bien les está reportando pérdidas económicas.

La definición de un llamado a paro nacional de los Comités Cívicos del resto del país, entre acciones de presión similares, no surtió efecto y ya, a 30 días del paro indefinido, los gremialistas de Santa Cruz piden la suspensión de las medidas de presión para poder aprovechar la alta demanda que se genera a fin de año.

Por otra parte, esta semana comienza el tratamiento en la Asamblea Legislativa de la ley del censo que incluirá la asignación de escaños antes de 2025, una condición para resolver el conflicto. El MAS en la Cámara de Diputados llegará dividido a la sesión; el bloque "radical" (apoyado por Evo Morales) advirtió que votarán en contra del proyecto de ley del censo frente a los "renovadores" (plegados a Arce y el vicepresidente Choquehuanca) que viabilizarán su aprobación. Mientras los opositores acordaron defender que la encuesta se desarrollase en 2023.

Un peligro latente lo representa la propia fragilidad dentro de las pugnas dentro del gobierno, del propio Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), las contradicciones agendarias de los movimientos sociales y, por lo tanto, una síntesis unificadora dentro de todos estos cauces políticos capaz de establecer una contención más eficaz.

El último desmentido/deslegitimación del resto de gobierno contra su propio ministro que lleva la cartera de Interiores (pugna no tan silenciosa que tiene algo de tiempo) es, de suyo, la señal más perniciosa, mas no la única, de los riesgos que pueden ofrecer un desgajamiento o una grieta sustancial del lado del campo de las fuerzas que restituyeron la democracia con movilizaciones políticas, sociales y electorales en 2020.

Otra muestra sensible con movimientos sociales que fueron fundamentales durante las acciones de resistencia ya hablan de peligrosas desavenencias internas con otros frentes sociales y políticos, cuya principal expresión pudiera ser la marcha de los ponchos rojos, quienes inundarán la ciudad de La Paz para reivindicar su pliego de peticiones pendientes con el gobierno.

Se pudiera reafirmar que ni gobierno ni movimientos sociales se encuentran en el estado de languidez que definió al proceso golpista de 2019 de julio a noviembre, pero esto no impide que la ruptura del equilibrio inestable, a partir de las propias diferencias internas, propicien la posibilidad de que más pronto que tarde la línea de defensa del gobierno de Arce se quiebre, y la violencia golpista avance, de no tomarse medidas más concretas en defensa de la gobernabilidad del estado central, y de saber en qué, cómo y cuándo realizar concesiones, y aún más importante, cuándo no hacerlas, al bando alzado.

Por su parte, Morales ha declarado más de una vez que no había peligro de un golpe de estado, contrariando las advertencias de Arce; debatió algunas diferencias políticas a través de los medios de prensa y no en los ámbitos orgánicos como, por ejemplo, la designación del presidente de la cámara de diputados en la Asamblea Legislativa. Así lo hizo con la fecha elegida para llevar a cabo el censo y terminó acusando indirectamente a Arce y Choquehuanca de "traidores" que operan en contra de la unidad del MAS, acciones que aceleran el desgajamiento del bloque que apoya al gobierno.

A estas horas, en Bolivia pocos actores han salido ilesos del conflicto en proceso. Esta semana muy probablemente habrá momentos cumbres y definitorios.

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