Misión Verdad - Video:teleSUR.- La política ecuatoriana ha alcanzado un nuevo nivel de conflictividad, esta vez sobre los hombros de Lenín Moreno. De esta manera Ecuador, que otrora fue una democracia estable, se abre paso en una espiral impredecible.


Es indispensable no simplificar la crisis ecuatoriana a solo una crisis por razones económicas. La explicación profunda yace en las rupturas de los
pactos de gobernabilidad que han tenido lugar en la gestión de Moreno con los liderazgos y formas de cohesión política en el marco de la Revolución Ciudadana.

Contexto y ruptura como punto de partida

En contexto, la progresiva ruptura de Moreno con Rafael Correa tuvo su cúspide en la incorporación de la judicialización como fenómeno regional en la política ecuatoriana, con las acciones judiciales contra el exvicepresidente Jorge Glas e importantes sectores del oficialismo del momento (ahora "correísmo").

El móvil es político: propiciar una ruptura y consumar con ello una modalidad de "golpe de Estado" por la vía del fraude político, posterior a una elección.

Dicho de otra manera, al propiciarse una separación de las tendencias del "correísmo" y con el encarcelamiento de Glas, Moreno tuvo la facultad de
maniobrar a sus anchas, sin obstáculos partidistas en la política ecuatoriana, devolviendo al Ecuador hacia agendas idénticas al ciclo neoliberal que precedió a la Revolución Ciudadana.

La gestión de Moreno puertas adentro de Ecuador se ha caracterizado por importantes reestructuraciones económicas que dieron al traste con la
política de bienestar de años anteriores. En 2018, el gobierno ecuatoriano, a la vieja usanza neoliberal, efectuó aumentos sensibles en los precios de
los combustibles y realizó prácticas de reducción del presupuesto del Estado.

Moreno también fue artífice del reencuentro de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con otros entes multilaterales de endeudamiento, luego de años de distanciamiento de estas instancias durante el ciclo de Correa. Ello pudo apreciarse mediante la presencia de una
misión técnica del FMI en febrero de este año, en la cual el ente analizaba la posibilidad de un "rescate" a la economía ecuatoriana.

Ecuador anunció su endeudamiento por unos 10 mil 200 millones de dólares con los bancos multilaterales. Del monto comprometido, unos 6 mil millones de dólares provendrían de seis organismos multilaterales. Estos son: Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Europeo de Inversiones, Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y Agencia Francesa de Desarrollo.

El resto del financiamiento provendría del FMI, por el orden de unos 4 mil 200 millones de dólares.

Entretanto y puertas afuera, Ecuador volvió a los rediles de la política articulada por Estados Unidos en el continente cuando Moreno se sale del corretaje ALBA-TCP y se encuadra en instancias como el Grupo de Lima para incorporarse al cerco contra Venezuela, colocando al país en la acera de los gobiernos de la derecha regional.

Ecuador entrega a Julian Assange al Reino Unido, fundador de WikiLeaks, quien estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Para muchos, la entrega del periodista y activista australiano estaría pactada con el gobierno estadounidense para que el gobierno de Moreno obtuviera favores del FMI, tal como ha sido hasta ahora.

La caotización transversal que está teniendo lugar en la política ecuatoriana es parte de la sedimentación de las formas de gobernanza de Ecuador, un cuadro de desarticulación institucional interna acompañado de la reedición de pesadillas del pasado.

En efecto, el resultado para Moreno ha sido su proceso acelerado de deslegitimación, característico de una crisis política profunda que está arrastrando a la sociedad ecuatoriana a un nuevo bucle de caos y fragmentación que la sociedad no conocía desde hace años.

Las medidas detonantes

El pasado 2 de octubre Lenín Moreno se dirigió a la nación para anunciar medidas de reacomodo financiero a favor del Estado ecuatoriano, en clara coherencia con las políticas de reducción de gastos del ejecutivo, afectando con ello sensiblemente a la población en dos temas esenciales.

El primero de ellos consiste en la puesta de mano sobre la nómina pública, mediante la reducción del periodo vacacional de los empleados públicos de 30 a 15 días y la determinación de que los trabajadores "deberán aportar" mensualmente con un día de salario. Ello implica una caída evidente del salario nominal de los asalariados públicos, lo que es una forma no tan camuflada de reducción salarial.

El segundo ítem, el más importante, va con la erradicación de las políticas de subsidio al combustible, la liberación de los precios de ellos, medida
que trae consigo los consecuentes aumentos que recaen en toda la cadena de bienes y servicios vinculada al transporte, que van desde alimentos hasta transporte público, generando consigo un impacto inflacionario aún inestimable, pero sin dudas lesivo a la población.

Entretanto el FMI alabó el miércoles las medidas de Lenín Moreno indicando que tenían como objetivo "mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana", señaló el organismo en un comunicado difundido en Washington.

Paradójicamente para el FMI, el anuncio del gobierno ecuatoriano "incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así
como para generar empleo en una economía más competitiva", sin embargo esa no es la percepción palpable en las calles ecuatorianas.

Reacción social y Estado de Excepción

Este jueves 3 de octubre, el estado de las calles ecuatorianas en las principales ciudades y carreteras fue de bloqueo casi absoluto, a causa de un paro
organizado por los sectores transportistas, a saber, taxistas, unidades autobuseras y camioneros. Se generaron trancas por las alzas a los
combustibles.

Sin embargo, han tenido lugar un conjunto de movilizaciones sociales no organizadas, de grupos adversos a Moreno y otros como estudiantes e
indígenas que, sin mayor cohesión política, han reaccionado en las calles como gesto de rechazo. Fueron reportados fuertes disturbios en Quito y Guayaquil, difundiéndose imágenes en redes sociales de saqueos y caos generado por los bloqueos.

En efecto, las expresiones de desorden público se incrementaron en horas de la tarde y se comenzó a reproducir un cuadro de un estallido social
incipiente, que evocó por sus similitudes a los eventos en Caracas en 1989, guardando las debidas particularidades.

El gobierno ecuatoriano, también en coincidencia con Caracas en 1989, decidió aplicar un estado de excepción que entrará en vigor durante 60 días,
según fuentes oficiales.

  • Según la Constitución ecuatoriana en su Sección Cuarta y sobre los estados de excepción, artículo 164, el mandatario ecuatoriano puede disponer de las Fuerzas Armadas en las calles, así como cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
  • También está facultado para trasladar la sede de gobierno a cualquier lugar del territorio, puede disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, y también puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.

Esta medida, que podría considerarse desproporcionada, coloca al gobierno ecuatoriano en el ejercicio de una administración en circunstancias de gran emergencia política, un punto de ebullición y contradicción en la que Moreno ha asumido una conducción "clásica" del problema, por la vía de la discreción presidencial, sin sostenerse en el parlamento u otras instancias institucionales, y sin programar otros mecanismos frente a los
sectores sociales en las calles.

Moreno recalcó la "firmeza" de sus medidas, las cuales van en plena comparecencia con los nuevos acreedores de Ecuador. El FMI, instancia que
lidera el proceso de endeudamiento y ahora arbitraje de facto de la economía ecuatoriana, tendrá que analizar en lo sucesivo el cuadro de
inestabilidad política que ha sobrevenido y sumar al país, nuevamente, a la lista de países donde concurre una estela de caos político a causa de
sus "préstamos".

Con los desencadenantes del estado de excepción aún por definirse, la política ecuatoriana se caldea, alcanzando un nivel de crisis en la que el
gobierno de Moreno luce desarticulado y endeble. Les sobrevienen ahora las reacciones populares aupadas sensiblemente por razones económicas, pero esto va más allá del "paquetazo" en marcha.

El clima de malestar generalizado en Ecuador viene precedido por los factores que han anticipado esta crisis, como el fraude político
post-electoral del viraje de Moreno, el resquebrajamiento político del gobierno y el viraje integral del gobierno de Ecuador.

En ese país campea desde hace un par de años la sensación de que a una gran mayoría política que ganó las presidenciales le fue arrebatada el resultado electoral desde la propia silla presidencial. Ese factor anímico, de pérdida de la credibilidad política y de la dirección, ha sido un acelerador de los desencantos y una sensación generalizada de frustración contra Moreno y contra el gobierno.

El cuadro subjetivo para una reacción solo necesitaba un factor desencadenante que ha llegado justo ahora de la mano del FMI y una elite económica reavivada, que ha aplaudido todos los gestos de desmantelamiento que emprendió el actual mandatario.

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