Misión Verdad - Video: teleSUR.- Muchas cosas han ocurrido en los últimos días en Ecuador.


Este nuevo ciclo de crisis e inestabilidad ha estado marcado por la aplicación de un estado de excepción, la militarización de las calles, la persecución sistemática a medios de comunicación y una fuerte represión policial a las manifestaciones. El gobierno fue trasladado a Guayaquil, luego de que el tambaleante presidente Lenín Moreno perdiera el control de la capital Quito.

El punto de giro, como bien sabemos, fue el anuncio de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaría acompañado por un conjunto de recortes a subsidios y derechos sociales de la población.

Rápidamente después del anuncio, las calles se llenaron de protestas en el marco de un paro de transporte que lanzó contra las cuerdas al Palacio de Carondelet. Sólo quedaría la fuerza bruta para hacer frente a la situación.

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Ecuador es un país secularmente explosivo e inestable, y esta tendencia se vio agudizada tras las terapias de shock neoliberal que vivió la nación a finales del siglo XX en el contexto del Consenso de Washington. Entre 1997 y 2007, Ecuador tuvo un total de nueve presidentes. Ninguno de ellos logró culminar su mandato producto de revueltas sociales, paros generales extenuantes y golpes de Estado.

Resalta el caso de Jamil Mahuad, quien fue destituido en el año 2000 luego de la dolarización de la economía ecuatoriana. Sólo duró dos años en el gobierno.

Una suerte similar corrió Lucio Gutiérrez en el año 2005 cuando fue sacado del poder por la denominada "rebelión de los forajidos". Paradójicamente, Gutiérrez tomó una cucharada de su propia medicina: el coronel fue clave en la destitución de Mahuad cinco años antes.

Esta tendencia fue revertida por Rafael Correa, quien gobernó el país durante 10 años consecutivos. Es el mandatario que ha ocupado la primera magistratura por más tiempo desde principios del siglo XX, siendo el resultado de un pacto social y político que se basó en una impugnación al orden neoliberal existente.

A grandes rasgos, lo que actualmente sucede en Ecuador se corresponde con la histórica fragilidad de su sistema político, pero también a cómo la contestación social al neoliberalismo configuró uno de los principales puntos de polarización de las sociedad ecuatoriana. Lenín Moreno tocó la tecla equivocada, en el momento equivocado.

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Por otro lado, Lenín Moreno no ostenta una base política autónoma ni un liderazgo propio. Su trayecto al Palacio de Carondelet se lo debe a Rafael Correa y a la estructura del partido Alianza País.

La guerra jurídica desplegada contra los cuadros de confianza de Correa (el caso más representativo es el de Jorge Glas) socavó la base partidaria y de masas que lo apoyó durante la elección presidencial.

Quizás en un ejercicio de sobreestimación, dado que sus principales opositores se encontraban virtualmente fuera de juego, Moreno apostó al paquetazo creyendo que cualquier reacción social no podría ser capitalizada por los actores que defenestró.

Las masivas protestas en Ecuador demostraron el error de cálculo de Moreno.

Otro aspecto importante es que el cuadro del conflicto está siendo definido por el campo político de la denominada "Revolución Ciudadana", replegando a sectores políticos representativos del neoliberalismo a una posición secundaria y de escasa influencia.

La ubicación del FMI como el eje central de la disputa política puede socavar electoral y políticamente a los actores políticos que han hecho del austericidio su programa de Estado para Ecuador.

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El papel de la Fuerza Armada en momentos de inestabilidad siempre ha sido definitorio, y ello no puede decirse que se corresponda a una singularidad ecuatoriana.

La situación tiende a que los militares aprieten el botón de emergencia y corten abruptamente el ciclo de protestas, sin que pueda garantizarse un retorno a la estabilidad.

El gobierno de Lenín Moreno se encuentra en una posición de extrema dificultad y tal parece que la posibilidad de aguantar el estallido yace en el cuerpo castrense y en la represión de los cuerpos policiales, siempre y cuando decida avanzar en la línea del paquetazo.

Con Moreno, se ha reactivado la presencia militar estadounidense en el país bajo el programa de la Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), con miras a reanudar las operaciones de la misión gringa en la Base de Manta.

En este sentido, los militares deberán decidir si acompañan a Moreno hasta el final (con los costos políticos evidentes que trae) o si toman una postura de presión institucional que permita destrabar la crisis política abriendo un escenario electoral. Sin embargo, Moreno es el hombre de Estados Unidos para eliminar al "correísmo" y garantizar la subalternización militar del país, eso lo entienden perfectamente las Fuerzas Armadas.

Pero este aspecto no puede entenderse sin el factor de la judicialización. En un probable escenario electoral, instancias del Estado ecuatoriano cooptadas por EEUU pueden prolongar el cuadro de persecución política, en aras de beneficiar a un actor de equilibrio que no impugne los compromisos con el Pentágono y el FMI. Un giro gatopardiano blindado por las armas.

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Con el barco a medio hundir, Lenín Moreno desempolvó el manual que suele usarse en estos casos: acusa a Nicolás Maduro de las consecuencias negativas que traen tus propias acciones. Tranquilo, que los medios corporativos están ahí para forjar el consenso mediático de que efectivamente Maduro tiene la culpa.

Por más risible que pudiera sonar la falsa acusación, es una clara señal de que Moreno necesita del auxilio de Estados Unidos, mientras desvía la atención e intenta volcar su propia crisis al expediente que busca señalar a Venezuela como una "amenaza a la seguridad de la región", a calco y copia de la resolución aprobada por el órgano de consulta del TIAR en el marco del 74° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Moreno es también el hombre de Estados Unidos para sumar a Ecuador a la campaña de "máxima presión" contra Venezuela, luego de separar al país andino de su cuadro de relaciones internacionales en el eje ALBA-CELAC. Ese es un compromiso que no podemos perder de vista, ya que ahí se define mucho del escenario interno ecuatoriano.

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En clave venezolana, lo que ocurre en Ecuador representa un revés, pero también un contratiempo, para los planes de cambio de régimen bajo la figura del diputado Juan Guaidó.

El socavamiento del Estado venezolano, aunque avanza mediante sanciones criminales en el ámbito económico y financiero, requiere de ciertas condiciones internacionales que sostengan el empuje y la venta de titulares.

Estados Unidos jugó con una correlación de fuerzas favorable en la región a principios de 2019 para inyectarle poder a Guaidó, pero con el fracaso electoral de Macri en las PASO, la crisis insitucional en Perú, el cambio de gobierno en Panamá, las protestas en Haití, el descrédito de Juan Orlando Hernández en Honduras y ahora Ecuador incendiado en protestas masivas, el cuadro internacional ha dado un giro que no favorece la hipótesis de una región unida y concentrada exclusivamente en derrocar a Maduro.

Por esa razón Moreno acusa a Maduro de voltearle el país y Juan Guaidó lo acompaña en el planteamiento. Volcar el caldeado contexto regional hacia Venezuela no es solo un recurso apropiado para momentos de inestabilidad, no es solo un arma electoral: es una obligación contraída con la geopolítica de Estados Unidos.

Nuevamente: es Venezuela el eje de gravitación que define el comportamiento de la política exterior en América Latina.

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La operación de cambio de régimen implica un acoplamiento de actores y factores. Por ende, la irrelevancia en la que ha caído Guaidó, ha obligado a Estados Unidos a recalibrar el foco de presión hacia la arena internacional.

Con base a este panorama, EEUU movilizó la activación del TIAR y exige que los países latinoamericanos tomen sanciones punitivas contra Venezuela, siguiendo el ejemplo de Washington.

Mientras la Casa Blanca mueve sus piezas en esta dirección, sus países socios van en otra: protestas masivas (Ecuador, Haití, Honduras), crisis políticas (Perú y también Ecuador) y problemas económicos urgentes (Argentina) que desgastan a sus clases dirigentes.

Visto así, es lógico que estas crisis se transfieran al autodenominado Grupo de Lima provocando su estancamiento y su pérdida de orientación estratégica con respecto a Venezuela, razón y fundamento de su creación en el año 2017.

El plan Guaidó pierde tracción internacional justo cuando más lo requiere.

El cambio relativo en la correlación de fuerzas en la región podría anunciar otras sorpresas: el cambio de gobierno en Argentina, y eventualmente en Ecuador, haría cuesta arriba la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA de cara al año que viene.

De ocurrir, los halcones, y específicamente el senador Marco Rubio, perderían un brazo institucional clave para encaminar el plan hacia una intervención militar.

Sume todo esto y se dará cuenta de que lo que se juega en Ecuador es mucho más que la sobrevivencia de Lenín Moreno o el retorno de Correa. Se juega, en parte, el equilibrio de poder en la región y la viabilidad del cambio de régimen en Venezuela.

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