Sí, hay fugitivos estadounidenses en Cuba, pero incluso según nuestra propia legislación, esto no constituye motivo para declarar que Cuba es un estado terrorista. Y si Cuba no extradita con regularidad a los que huyen de la justicia norteamericana, Estados Unidos en más de 45 años no ha extraditado a un solo cubano, incluyendo a terroristas tristemente célebres, como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles.
En resumen, sencillamente no existe evidencia creíble de que Cuba sea un estado patrocinador del terrorismo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puede favorecer a Estados Unidos el presentar esos alegatos espurios e insistir que es un estado terrorista cuando es evidente que no es cierto, al mismo tiempo que rechaza sus ofertas de cooperación en la lucha contra el terrorismo? ¿No socava esto nuestra propia credibilidad y hace dudar de la seriedad de nuestro propósito?
Seguramente es hora de poner fin a esta política deshonesta y contraproducente. El Congreso debe dar el primer paso por medio de la celebración de audiencias para examinar los argumentos y la evidencia, si es que hay alguna, detrás de esta política y para hacer un llamado en pro de un nuevo enfoque más constructivo.
Supuestas razones para situar a Cuba en la lista
Un memorando del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS) con fecha del 7 de noviembre de 2003, del cual el Centro para la Política Internacional (CIP) obtuvo una copia, indica que no se dio ninguna explicación en 1982 para incluir a Cuba en la lista. Sin embargo, según el memo del CRS, un documento del Departamento de Estado un mes antes de que Cuba fuera incluida en la lista aseguraba que Cuba estaba alentando el terrorismo, con especial actividad en El Salvador y Guatemala.
Claramente esto debe haber sido parte de los argumentos para incluirla en la lista. Y sin embargo, si el apoyo de Cuba a las guerrillas que trataban de derrocar al gobierno establecido en el Salvador y Guatemala era suficiente para clasificarla de “estado terrorista”, entonces Estados Unidos también debía ser considerado un estado terrorista, ya que se encontraba apoyando a los contras en sus esfuerzos por derrocar al gobierno nicaragüense.
Es más, como escribí en mi libro El enemigo más cercano, el 19 de abril, un mes después de que Cuba fuera incluida en la lista, la administración Reagan reactivó las restricciones a los viajes a la isla (por medio de controles de dinero) e impuso otras varias sanciones contra Cuba. Las razones que dio para esas acciones fueron
1) porque “Cuba… está incrementando su apoyo a la violencia en el hemisferio”, y
2) porque Cuba se negaba a negociar nuestros desacuerdos de política exterior.
Pero como señalé en el libro, en diciembre de 1981 un alto funcionario del gobierno cubano me informó que Cuba había suspendido todos los embarques de armas a Centroamérica y que esperaba que esta gran concesión por su parte mejorara la atmósfera para las negociaciones, no sólo en Centroamérica, sino entre nuestros dos países. Esto casi ciertamente significaba una respuesta a una declaración por parte del Secretario de Estado Al Haig, el cual en conversación en México el mes anterior con el Vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez había declarado, en respuesta a los indicios cubanos de un interés en el diálogo, que Estados Unidos no deseaba palabras, sino cambios en las políticas cubanas. Aquí había un cambio importante.
Informé al Departamento de Estado de esta conversación en diciembre, y pregunté si teníamos alguna evidencia segura en contrario, por ejemplo, de que Cuba seguía enviando armas a Centroamérica. Si no lo estaba haciendo, yo recomendaba que Estados Unidos comenzara el diálogo.
Tuve que enviar varios cables, insistiendo en una respuesta. Finalmente obtuve una en marzo, en la que se reconocía que Estados Unidos no poseía ninguna evidencia sólida de que continuaran los embarques cubanos de armas a Centroamérica, pero que no importaba. En otras palabras, Estados Unidos no estaba interesado en el diálogo.
¿Dónde entonces estaba la evidencia de “apoyo creciente a la violencia”? Cuba estaba buscando negociaciones o diálogo y Estados Unidos estaba rechazando esos gestos, no a la inversa, como sugería el Departamento de Estado. Esta abierta distorsión de los hechos ante el pueblo estadounidense fue uno de los factores que provocaron poco después mi salida del Servicio Exterior.
Falsas razones para mantener a Cuba en la lista
Veinticinco años después, por razones que no resisten el más superficial examen, Cuba permanece en la lista anual de estados patrocinadores del terrorismo, emitida por el Departamento de Estado.
Existe, por ejemplo, la acusación muy repetida de que Cuba aprueba el terrorismo como táctica. El ex Subsecretario de Estado John Bolton aseguró en marzo de 2004 que Fidel Castro “continúa considerando el terror como una táctica legítima para alcanzar los objetivos revolucionarios”.
Esa acusación es totalmente incierta y ni Bolton ni nadie ha podido mencionar ninguna declaración de Castro en apoyo al terrorismo. Por el contrario, hay incontables declaraciones cubanas condenándolo. A las pocas horas del ataque del 11/9, por ejemplo, el gobierno cubano emitió una declaración en la que condenaba los ataques y lamentaba la pérdida de vidas. A fines de septiembre, Castro condenó categóricamente toda forma de terrorismo como un “fenómeno éticamente indefendible que debe ser erradicado”. Juró que “el territorio de Cuba nunca será usado para acciones terroristas con el pueblo estadounidense”.
Falsas acusaciones de que Cuba es una amenaza de guerra biológica
En 2004 Bolton dijo que a la Administración Bush le “preocupaba que Cuba estuviera desarrollando un esfuerzo limitado de armas biológicas… y cree que Cuba sigue siendo una amenaza terrorista y de guerra biológica para Estados Unidos”.
Las acusaciones de Bolton provocaron una conmoción. Sin embargo, en los últimos tres años existe la opinión generalizada de que esas acusaciones tenían una motivación política y que eran infundadas.
Ciertamente, ni él ni nadie ha podido presentar ninguna evidencia que demuestre esas acusaciones. El Departamento de Estado ya no lo menciona.
Además, el Centro para Información de la Defensa (CDI) ha enviado varias delegaciones a Cuba a investigar y en un caso fue acompañado por el CIP. Se les permitió ir a todas partes que deseaban y ver todo lo que solicitaron. Sus conclusiones quizás fueron resumidas de la mejor forma por el general retirado Charles Wilhelm, ex jefe de SOUTHCOM, quien acompañó a una de las delegaciones. “Aunque Cuba ciertamente tiene la capacidad de desarrollar y producir armas químicas y biológicas, nada de lo que vimos u oímos nos hace llegar a la conclusión de que estén siguiendo ese camino”.
Las conclusiones de Wilhelm casi encontraron eco en un Estimado Nacional de Inteligencia realizado en el verano de 2004 y reportado en The New York Times del 18 de septiembre de 2004. Decía que “la Comunidad de Inteligencia continúa creyendo que Cuba tiene la capacidad de realizar algunos aspectos de un programa de armas biológicas ofensivas”. (Las cursivas son mías.) Sin embargo, no aseguraba que Cuba estuviera realizando tal programa.
En resumen, a no ser que se presentara nueva evidencia, cualquier acusación de que Cuba significa una amenaza de guerra biológica para Estados Unidos debe considerarse infundada.
Es más, debe señalarse que el envío de delegaciones á Cuba para investigar y discutir el asunto con los cubanos demostró que los intercambios científicos, de manera regular y continuada, claramente son la mejor manera de crear transparencia y de construir una confianza mutua. Necesitamos más de tales intercambios, no menos, y sin embargo, la Administración Bush ha dado pasos contraproducentes para impedirlos.
El caso de los informes anuales
Uno pudiera compadecerse de los analistas que arman la lista de estados promotores del terrorismo. Sus instrucciones son de escribir y publicar un informe cada año que diga que Cuba es un promotor de ese tipo. Pero, ¿qué hay de la evidencia?
En años anteriores, los analistas parecieron manejar tal dilema utilizando informes no verificados y altamente cuestionables. A medida que han aumentado los esfuerzos de monitoreo en los últimos años y se señalaban las conclusiones engañosas, los analistas parecen haber recurrido a una nueva táctica: conclusiones ilógicas que no prueban que Cuba patrocina el terrorismo. El informe de este año, por ejemplo, se queja de que “Cuba no intentó rastrear, bloquear o embargar valores terroristas, a pesar de que la autorización para hacerlo está contenida en la Ley 93 cubana contra actos de terrorismo, así como en la Instrucción 19 del Superintendente del Banco Central de Cuba”.
Pero cualquier abogado decente respondería a eso preguntando: “¿Qué valores?” No existe ninguna evidencia de que Al-Qaeda o cualquier organización terrorista tenga valores en Cuba. Y por tanto, no hay nada que embargar. Lo único que la declaración deja en claro es que Cuba tiene leyes aprobadas contra los actos de terrorismo. Podría uno preguntarse cómo conciliar eso con la aseveración del informe de que Cuba es un estado terrorista.
Y como hace todos los años, el informe del año pasado menciona la presencia en Cuba de miembros de la organización guerrillera vasca ETA, y de las FARC y el ELN, ambas de Colombia. En años anteriores el Departamento de Estado trató de sugerir que estaban en Cuba en contra de los deseos de sus respectivos gobiernos y que tenían objetivos siniestros. Pero la sugerencia fue negada año tras año por representantes de los gobiernos de España y Colombia. Este año no se han hecho tales acusaciones. Se reconoce que están viviendo legalmente en Cuba. Además, el informe declara que “no existe información concerniente a actividades terroristas en territorio cubano por parte de estas u otras organizaciones… Estados Unidos no conoce de ningún enclave terrorista específico en el país”.
Si están legalmente allí y no están involucrados en actividades terroristas, entonces ¿cómo es que su presencia provoca la conclusión de que Cuba patrocina el terrorismo?
El informe de este año repite su queja anual de que Cuba permite que fugitivos norteamericanos vivan en Cuba y que no se responde a las solicitudes de extradición de EEUU.
Es cierto, hay fugitivos estadounidenses en Cuba. La mayoría son secuestradores de aviones que llegaron al país en la década de 1970 y han vivido allí desde entonces. Hay algunos otros, probablemente siete u ocho, que son buscados por delitos cometidos en Estados Unidos.
También es cierto que Cuba no ha respondido positivamente a las solicitudes estadounidenses de extradición. Pero acerca de eso deben señalarse dos cosas.
Primero, desde todo punto de vista, el tratado de extradición de 1904 ya no es operativo, principalmente porque Estados Unidos no ha aceptado una sola solicitud cubana de extradición desde 1959.
Segundo, la mayoría de los “delitos” cometidos en EEUU eran de naturaleza política, y el Artículo 6 del tratado excluye la extradición de aquellos cuyos delitos fueran de “carácter político”.
Además, como señaló en un informe de 2004 el abogado internacional Robert Muse, ninguno de los fugitivos estadounidenses en Cuba brinda una base para declarar a Cuba es un “estado patrocinador del terrorismo”. La autoridad legal para tal designación se encuentra en la Sección g(j) de la Ley de Administración de Exportación de 1979, la cual dice que debe demostrarse que los fugitivos han cometido actos “terroristas” y que esos actos deben tener carácter “internacional”.
Muse declara que él no ha podido identificar a un solo fugitivo estadounidense en Cuba que cumpla esa doble condición. Por tanto, son ajenos a la definición de Cuba como “estado patrocinador del terrorismo”.
En resumen, como ha señalado el CIP en su respuesta durante los últimos años, los informes anuales no presentan ni una pizca de evidencia que confirme que Cuba es realmente un estado terrorista.
Una política que debilita nuestros esfuerzos contra al terrorismo
Y no es sólo que no tenemos pruebas de que Cuba es un estado terrorista. Nuestra política hacia Cuba en realidad obstruye nuestros propios esfuerzos contra el terrorismo. Como ha dicho el Presidente Bush una y otra vez, cualquiera que brinde refugio a un terrorista es un terrorista. Pero el hecho es que nosotros estamos dando refugio a una serie de terroristas declarados en Miami. El arribo más reciente es el del notorio Luis Posada Carriles, acusado de ser uno de los autores intelectuales del sabotaje de un avión comercial de Cubana en 1976, en el que murieron 73 personas inocentes, incluyendo el equipo juvenil cubano de esgrima. Él estaba en una prisión venezolana en espera del juicio por esa acusación cuando escapó en 1985. Marchó a Centroamérica, donde durante un tiempo trabajó para Oliver North en la operación de los contras para derrocar el gobierno de Nicaragua.
Subsiguientemente, en una entrevista en 1988 con The New York Times, alardeó de que había ordenado una serie de sabotajes con bombas en varios hoteles turísticos en La Habana, lo que provocó la muerte de un turista italiano y heridas a varias personas.
Y luego, en 2000, fue arrestado en Panamá y luego condenado por “hacer peligrar la seguridad pública” debido a su participación en un complot para asesinar a Fidel Castro por medio de una bomba en un auditorio público donde Castro iba a hablar ante unas 1.500 personas.
En 2004, la congresista Ileana Ros-Lehtinen (republicana por la Florida) y sus dos colegas de la Cámara de Representantes Lincoln y Mario Díaz Balart (ambos republicanos por la Florida) apelaron a la entonces Presidenta Mireya Moscoso para que lo amnistiara, conjuntamente con otros tres involucrados en la conspiración: Guillermo Novo, condenado por el asesinato del diplomático chileno Orlando Letelier, realizado en Washington en 1976 (aunque la decisión posteriormente fue anulada); Gaspar Jiménez, quien pasó seis años en prisión en México por tratar de secuestrar a un diplomático cubano y matar a su guardaespaldas en el intento,(i) y Pedro Remón, quien se declaró culpable en 1986 de tratar de volar la Misión Cubana a las Naciones Unidas.
En agosto de 2004, en uno de sus últimos actos como Presidenta de Panamá, Moscoso los amnistió a todos. Jiménez, Remón y Novo, todos ciudadanos norteamericanos, regresaron inmediatamente a Miami y recibieron una bienvenida de héroes. Posada, quien es ciudadano venezolano, decidió pasar el tiempo en Honduras durante unos meses, pero luego, como veremos más adelante, en marzo entró calladamente en EEUU.
Y esta no era la primera vez que Ros-Lehtinen actuaba para liberar a terroristas. Orlando Bosch, otro autor intelectual del sabotaje al avión cubano en 1976, fue liberado de una prisión venezolana bajo circunstancias misteriosas en 1987 y regresó a Miami sin visa en 1988.
El Servicio de Inmigración y Naturalización inició el proceso para deportarlo, y como argumentó el vice fiscal general de entonces: “La seguridad de esta nación está afectada por su capacidad de alentar creíblemente a otras naciones para que nieguen la ayuda y la protección a terroristas. No podríamos dar refugio al Dr. Bosch y mantener esa credibilidad”.
Pero le dimos refugio. Alentado por Ros-Lehtinen y Jeb Bush -que por entonces dirigía la campaña electoral de la congresista-, George H. W. Bush amnistió a Bosch, el cual ha vivido en libertad desde entonces en Miami.
Posada regresó a Miami en marzo. Todo el mundo sabía que estaba allí, pero el gobierno federal no hizo esfuerzo alguno por apresarlo ni siquiera por reconocer su presencia, hasta mayo, cuando convocó a una conferencia de prensa y obligó al gobierno a actuar.
Fue arrestado entonces, pero en vez de acusarlo de actos de terrorismo, fue acusado simplemente de entrada ilegal al país y fue enviado a El Paso para una audiencia administrativa de inmigración, una farsa total. Se ordenó su deportación, pero como ya sabían las autoridades norteamericanas, no existían países dispuestos a aceptarlo, excepto Venezuela, que ya había solicitado su extradición por el sabotaje de 1976 al avión cubano. El juez federal, basado solamente en la opinión de un antiguo asociado de Posada, determinó que no podía ser extraditado a Venezuela por temor a que fuera torturado allí. No importó que el gobierno venezolano diera garantías de que sería sometido a las más transparentes circunstancias.
Para sostenerlo más tiempo, pero evitar cualquier acusación de terrorismo, el gobierno ideó una acusación de que había dado falso testimonio en su solicitud de entrada. Otra farsa, que finalmente terminó el 8 de mayo de 2007, cuando la Jueza Kathleen Cardone, al comprender claramente los tejemanejes, acusó al gobierno de mala fe y de “involucrarse en fraude, engaño y artimaña”. (¡Es de la Administración Bush de quien está hablando!). Siendo ese el caso, dilo ella, “a este tribunal no le queda otra opción que sobreseer la acusación”. Posada fue puesto en libertad y regresó a Miami.
Han pasado unos tres meses y la Administración Bush no ha dado ningún indicio de que tenga la intención de realizar acciones adicionales contra Posada. Lo que debe hacer está claro. Venezuela ha pedido su extradición. Tenemos un tratado de extradición con Venezuela. Bajo ese tratado y otros, debemos extraditarlo a Venezuela o debemos procesarlo por actos de terrorismo y juzgarlo en Estados Unidos. Si no lo hacemos, habremos violado ostensiblemente tratados internacionales y se considerará que abiertamente hemos dado refugio a otro terrorista.
Desafortunadamente, en este momento parece que eso es exactamente lo que la Administración Bush tiene intenciones de hacer. Si lo hace socavará seriamente la credibilidad de nuestra propia actitud ante el terrorismo, llevándonos de nuevo a la idea de que “lo que algunos consideran terrorista otros consideran luchador por la libertad”. Esa no es la manera de ganar la guerra contra el terrorismo.
* El autor perteneció al servicio diplomático de EEUU y ha sido durante 25 años un experto en asuntos cubanos. Abandonó el Servicio Exterior en 1982, cuando era Jefe de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana debido a sus desacuerdos por la política hacia Cuba. Smith ha sido profesor asistente de la Universidad Johns Hopkins desde 1984 y Miembro Principal del Centro para la Política Internacional en Washington, DC, desde 1992.
Traducido para Progreso Semanal por Germán Piniella
Nota del traductor: Smith se equivoca, ya que el asesinado, Artañán Díaz, no era guardaespaldas del diplomático, sino un asesor cubano en pesca comercial en ese país.
