Jean Guy Allard - Granma.-  El interrogatorio chapuceado de Posada realizado por la oficial de inmigración Susana Bolaños, que dio pretexto a su liberación, ilustra la estrategia dilatoria de los fiscales "antiterroristas" seleccionados por Bush para hundir el caso de l terrorista más peligroso del continente

Tan grande es la determinación de la Administración Bush de proteger a Luis Posada Carriles, que el interrogatorio del terrorista realizado por la funcionaria  de inmigración Susana Bolaños y luego usado como fundamento en su juicio, ni siquiera tenía como objetivo procesarlo.


 Eso se revela en la solicitud presentada formalmente ante la Corte de Apelación de la Nueva Orleans por la fiscalía "antiterrorista" del Departamento de Justicia norteamericana.

 Para prepararse, en función de lo que consideraba entonces una simple entrevista migratoria, la especialista Susana Bolaños necesitó, sin embargo, "cinco o seis meses" durante los cuales se documentó con artículos de la prensa, conversó con abogados que ni la asesoraron, y nunca pidió acceso alguno a los archivos criminales del terrorista más peligroso del continente.

 Los detalles de esta chapucera entrevista migratoria aparecen en la solicitud presentada formalmente, en los últimos días, ante la Corte de Apelación de la Nueva Orleans, en contra del fallo de la jueza Kathleen Cardone, de El Paso, Texas, que liberó a Luis Posada Carriles, el 5 de junio último. 

 Sin embargo, Bolaños es una oficial de los Servicios federales de inmigración y aduanas, y pertenece nada menos que al Cuartel general del organismo en Washington. Fue designada a finales del 2005, ocho meses después del arresto de Posada, para realizar este interrogatorio por ser especialista para casos donde se sospecha un fraude o una amenaza a la seguridad nacional.

 Según sus propias declaraciones, Bolaños recibió el expediente migratorio (Expediente-A) del caso "cinco o seis meses antes de la entrevista de naturalización" y después de haber realizado, por su cuenta, una búsqueda de información a partir "de fuentes públicamente accesibles".

 Sin embargo, durante ese largo período de tiempo, no juzgó útil tener acceso alguno a los abundantes archivos policíacos federales sobre el detenido, ni siquiera a los documentos que el propio gobierno de Estados Unidos entregó (por obligación) a la justicia panameña en el 2001, cuando se preparaba su causa por terrorismo en el país istmeño.

 Ante la jueza Cardone, Bolaños admitió con candor que su entrevista se realizó esencialmente para valorar si Posada era admisible para la naturalización y NO en vista a su inculpación ante un tribunal.

 Sin embargo, el conjunto de la prueba de los fiscales federales se basó en su trabajo.

 Antes del interrogatorio, en alguna oportunidad no precisada, Bolaños se entrevistó con los fiscales Jo Ellen Ardinger y Nick Perry, del Departamento de la Seguridad de la Patria, y con los letrados de la Oficina de los Litigios Migratorios del Departamento de Justicia y "otro abogado criminal" del mismo departamento cuyos nombres ni recuerda.

 Precisa que ninguno de estos expertos "le pidió hacer alguna pregunta particular o enseñar al defendido algún documento". Bolaños afirmó ante la corte de El Paso que preparó sola las varias preguntas aunque tenía que realizar el interrogatorio con Ardinger y Perry.

 El 22 de marzo de 2006, una carta del Departamento de Seguridad dirigida al terrorista lo describe como un "peligro a la comunidad" y a la "seguridad nacional de los Estados Unidos" por su historia criminal.
 La entrevista de Bolaños con Posada tuvo lugar los días 25 y 26 de abril de 2006, aparentemente sin tener en consideración estas valoraciones.

 De todas formas, Posada había sido arrestado el 15 de mayo de 2005 y Bush y la CIA habían ganado un año de demoras en prórrogas, en el curso de un guión caótico donde aparecen numerosas improvisaciones.

UN CHORRO DE MENTIRAS…QUE LA JUEZA NI CONSIDERO

 Durante el interrogatorio con Bolaños, Posada mintió groseramente al afirmar que había ingresado al país por la frontera con México a través de la ciudad de Brownsville, Texas, con la ayuda de un coyote, y afirmó falsamente que nunca pasó por Cancún o Isla Mujeres, a pesar de los testimonios.

 Juró que nunca vio a la embarcación Santrina, tampoco a Santiago Alvarez, Osvaldo Mitat, Rubén López Castro y José Pujol, sus cómplices que lo acompañaron en la travesía.

 El terrorista declaró que no tenía entonces documento de identificación alguno cuando andaba —afirmó Bolaños— con un pasaporte guatemalteco. Y aseguró que los únicos nombres falsos que había usado anteriormente habían sido Ramón Medina y Franco Ramírez, cuando la lista de sus falsas identidades necesita un índice onomástico.

 Una fracción microscópica de este chorro de mentiras sería más que suficiente para expulsar a patadas a cientos de inmigrantes ilegales de México o de Centroamérica, como ocurre diariamente.

 Por supuesto, Posada se beneficia de los privilegios reservados a los agentes del imperio y, con aún más solicitud, a los cómplices del Clan Bush.

  En otro giro del plan, ante los reclamos de extradición de Posada, un Gran jurado de instrucción fue convocado en mayo del 2007 en Texas y valoró, a partir del interrogatorio realizado por Bolaños, sin tener cuenta el trabajo del intérprete calificado luego de incompetente, que la entrada del terrorista era fraudulenta. Determinó que Posada debía ser inculpado con siete acusaciones criminales ante los tribunales.

 Paradójicamente, el solo trabajo del traductor, seleccionado por el aparato judicial de Bush, fue más que suficiente para proveer argumentos a los abogados mafiosos de Posada y a la jueza Cardone para rechazar todas aquellas declaraciones mentirosas, sumamente incriminatorias, del delincuente.

  El documento de apelación precisa que Posada, en el curso del controvertido interrogatorio, contestó en ingles a varias preguntas. De manera evidente, el terrorista utilizó el intérprete, cuya falta de experiencia profesional podía perfectamente valorar, cuando le convenía, al formular respuestas equivocas.

 En El Paso, la magistrada, complaciendo a los abogados mafiosos, liberó alegremente al "héroe" de la mafia miamense bajo los aplausos de sus cómplices, muchos de ellos con trayectoria terrorista, que llenaban la sala de audiencia.

UNA VIDA ENTERA USANDO FALSAS IDENTIDADES

 Resulta irónico observar cómo, en el curso de este ejercicio dilatorio, Bolaños interrogó beatamente al terrorista sobre su uso de un solo pasaporte falso cuando el asesino, torturador y terrorista tiene un historial kilométrico en materia de falsas identidades.

 Reduciendo el caso a su más sencilla expresión, fija ignorar que durante décadas al servicio de la CIA, "El Bambi" Posada Carriles hizo uso de los más disímiles documentos de identificación y de innumerables alias.

 En una entrevista famosa concedida en 1998, se jactó ante la periodista norteamericana Ann Louise Bardach de que poseía varios pasaportes, todos falsos, y que había realizado varios viajes a Estados Unidos con esas identificaciones.

 El 3 de noviembre del 2000, Posada llegaba a Panamá procedente de Costa Rica para realizar un intento de asesinato contra el Presidente cubano, usando un pasaporte salvadoreño a nombre de Franco Rodríguez Mena.

 El 26 de agosto del 2004, inmediatamente después de su indulto en Panamá, entró a Honduras con un pasaporte estadounidense falso a nombre de Melvin Clyde Thompson.

  A su llegada a Estados Unidos a bordo del Santrina, usaba un pasaporte guatemalteco con su foto y el nombre de Manuel Enrique Castillo López que le había supuestamente conseguido Santiago Álvarez… a menos que fuera el oficial del FBI que, según testigos, facilitó su entrada al país centroamericano. O su socio Rafael Hernández Nodarse, quien lo acogió.

  ¿Frente a tal avalancha de documentos falsificados, qué intentaba demostrar Susana Bolaños si el único objetivo de su interrogatorio, como lo afirmó, era analizar si Posada era o no elegible para la naturalización? ¿Por qué entonces la Fiscalía federal fundamentó el conjunto de la causa migratoria de Posada sobre un interrogatorio mal hecho que ni siquiera fue realizado con tal propósito?

  El Fiscal tejano Michael Mullaney y los fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la sección antiterrorista del Departamento de Justicia, son los autores de esa solicitud dilatoria presentada ante la Corte de Apelación de Nueva Orleans.

 Son los arquitectos de este laberinto judicial que sólo evita declarar terrorista a Posada, enjuiciarlo o extraditarlo, y garantizar al responsable de la muerte de decenas de inocentes que nunca más tendrá que dormir detrás de los barrotes. Pero que sí podrá seguir urdiendo conspiraciones terroristas, con todas sus consecuencias, desde su nuevo escondite de Miami, donde cuenta con una red mafiosa de asesinos y de proveedores de fondos.

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