Los días 14 y 15 de junio, el Tribunal notificó a la Fiscalía cuatro sentencias firmes, en las que 33 sancionados habían establecido recursos, correspondientes a las provincias de La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, fundamentalmente.

Atendiendo a la gravedad de los hechos y grado de participación, 30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y uno por limitación de libertad; que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión.

Mantienen su validez las precisiones realizadas con anterioridad, respecto a que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.

De igual forma, las obligaciones impuestas por los Tribunales Populares, sobre la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades.

Para estos casos da inicio el proceso de ejecución de las sanciones, velando porque durante su cumplimiento se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social.

(Con información de la Fiscalía General de la República)