Mi bandera. Foto: Yusmilys Dubrosky.


Elier Ramírez Cañedo - Cubadebate

Video: Hispan TV

Texto publicado en el libro: ¿Qué ha pasado en Cuba? Jóvenes de la Isla opinan a partir de los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, Ocean Sur, 2021.

No fue una, sino disímiles las causas que provocaron las protestas ocurridas en diferentes localidades de Cuba el domingo 11 de julio: bloqueo reforzado a niveles insospechados e inéditos –243 medidas coercitivas unilaterales contra la Isla fueron aprobadas durante el mandato presidencial de Donald Trump, 55 de ellas en plena pandemia, e inamovibles desde el comienzo de la administración demócrata de Joe Biden–; desabastecimiento y dificultades para el acceso a alimentos y medicinas de la población; pico pandémico con aumento del número de fallecidos por la enfermedad; cortes de luz eléctrica por averías en centrales eléctricas; insatisfacciones legítimas en determinados sectores y comunidades del país; entre otras que pudieran mencionarse, las cuales en su conjunto, fueron añadiendo más presión a la atmósfera social, situación aprovechada y manipulada de forma perversa por los enemigos de la Revolución.

Sin embargo, en el núcleo central de todo lo ocurrido estuvo la implementación de una operación de guerra de cuarta generación –como las enfrentadas por Venezuela y Nicaragua en los años 2017 y 2018 respectivamente– que se venía preparando minuciosamente desde mucho antes, cuyas estructuras y articulaciones heredó el nuevo gobierno estadounidense de su antecesor en la Casa Blanca.

Al paso de los días se ha ido develando todo el plan concebido desde territorio norteamericano y desplegado a través de numerosas acciones de guerra política, cultural, psicológica, mediática, cibernética, utilizando las ventajas que ofrecen hoy las plataformas digitales. Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba denunció el uso de la aplicación Clubhouse[i] para organizar a la contrarrevolución e instruirla por operadores políticos radicados en el norte.

Como se denunció también por la cancillería cubana la etiqueta #SOSCuba había sido lanzada en junio desde Nueva York para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo. Detrás de la campaña se encontraba la compañía ProActivo Miami Incorporations, la cual “coincidentemente” había obtenido el certificado de validez para recibir fondos estaduales por parte del Departamento de Estado de la Florida, el 15 de junio de 2021. Sin embargo, ante el poco efecto de esta maniobra, operadores mediáticos situados en la Florida, intensificaron entonces la campaña de “Intervención Humanitaria en Cuba” en los días en que se alcanzaban las mayores cifras de fallecidos por la covid-19 en la Isla.

Como reveló el investigador español Julián Macías Tovar la primera cuenta que usó el hashtag #SOSCuba relacionado con la situación de la covid-19 en el país fue una localizada en España, pero manejada desde Estados Unidos. La misma puso más de mil tuits tanto el 10 como el 11 de julio, con una automatización de cinco retuits por segundos. Más de 1 500 cuentas de las que participaron en la operación con la etiqueta #SOSCuba fueron creadas entre el 10 y el 11 de julio.[ii]

Los operadores “utilizaron lo que llaman granjas de trolls, que son usuarios coordinados que divulgan de manera automatizada mensajes en Twitter a través de cuentas falsas, o cuentas robotizadas, que utilizan los llamados robots o bots, y que se mueven a una velocidad tremenda que solo puede ocurrir de manera automatizada”.[iii]

Junto con ello se desató de inmediato una intensa campaña mediática, caracterizado por la manipulación artera de imágenes y videos, así como la reproducción a gran escala de fake news tanto por las redes sociales como por los medios tradicionales de comunicación occidentales y de derecha, con el objetivo de multiplicar un solo mensaje en los titulares: “la dictadura cubana reprime cruelmente a manifestantes pacíficos”.[iv]

Los alaridos de los sectores de extrema derecha de origen cubano asentados fundamentalmente en la Florida no se hicieron esperar, clamando incluso por una intervención militar de Estados Unidos. En una conferencia de prensa el Alcalde de Miami, Francis Suárez, pidió una intervención militar internacional liderada por Estados Unidos. Días después haría el mismo reclamo en entrevista ofrecida a la cadena Fox News.

Las presiones sobre la administración Biden, exigiendo pronunciamientos y acciones firmes contra el “régimen castrista” también inundaron el espectro mediático.

¿Cuál fue entonces la reacción oficial de Washington?

Al día siguiente de las protestas, luego de los pronunciamientos hostiles hacia la Revolución Cubana de los congresistas de origen cubano, el presidente de Estados Unidos realizó una declaración en “apoyo” al pueblo cubano, culpando de todos los males al gobierno de la Isla y, desde un profundo cinismo, haciendo un llamado al régimen cubano a que escuchara a su pueblo y atendiera sus necesidades, en vez de enriquecerse.

En los días posteriores hubo pronunciamientos con la misma línea de mensajes de los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos, prácticamente de forma diaria, como los realizados por el secretario de Estado Antony Blinken y el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. El propio presidente Biden, en conferencia de prensa junto a la canciller alemana Angela Merkel el 15 de julio se referiría a Cuba como un “estado fallido”.

Además de la subida del tono en la retórica agresiva, la Casa Blanca anunció el 22 de julio las siguientes medidas injerencistas presentadas como una respuesta a los sucesos del 11 de julio: exigir rendición de cuentas al régimen cubano; involucrar a la comunidad internacional; asegurar que los ciudadanos cubanos tengan acceso a Internet; escuchar a los líderes cubano-americanos; revisión de la política sobre remesas y reasignación de personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

En cumplimiento a ese anuncio la administración Biden impuso sanciones[v] al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, General de Cuerpo Ejército, Álvaro López Miera, a la Brigada Especial Nacional, así como a la Policía Nacional Revolucionaria y sus dos principales dirigentes: Oscar Callejas Valcarce y Eddy Sierra Arias; desplegó una fuerte ofensiva de presión y chantaje hacia terceros países para la firma de una declaración conjunta condenatoria de Cuba, lo cual fue denunciado por el canciller cubano.

A pesar de los esfuerzos realizados por la diplomacia estadounidense a nivel internacional solo lograron que se le sumaran 19 países, todos muy dependientes o subordinados a sus intereses: Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, la República de Corea y Ucrania.

Washington también fracasó en su intento de imponer una reunión del Consejo Permanente de la OEA para condenar a Cuba. Lejos de lo esperado por Estados Unidos, lo que ocurrió fue que se desató una amplia ola de solidaridad con el pueblo y la Revolución cubana de buena parte de la comunidad internacional, que además de las palabras de respaldo, se convirtió en importantes donativos en alimentos, medicamentos y equipos médicos.

Paralelamente la administración Biden sigue mostrando gran desesperación por lograr llevar Internet a los cubanos, sin el control de las autoridades cubanas y con propósitos claramente subversivos. Asimismo, buscando golpe de efecto dentro del electorado de la comunidad cubana radicada en Estados Unidos, el 19 de julio se produjo un encuentro virtual entre representantes del gobierno de Washington y “líderes cubanoamericanos” y, el día 30 del propio mes, en la Casa Blanca tuvo lugar una reunión del presidente Biden con miembros de la comunidad.

De lo menos que se habló en esos encuentros fue de cómo mejorar las relaciones entre ambos países o de regresar al “enfoque del compromiso” implementado por la administración Obama, todo lo contrario, el tema central fue cómo lograr, de una forma más efectiva, presionar aún más a Cuba y lograr quebrar a la Revolución. Biden aprovechó el momento para mostrarse como un líder duro frente al comunismo y el “régimen cubano”. En sus palabras también expresó que había ordenado al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que en un mes debía entregar sus recomendaciones sobre cómo maximizar el flujo de remesas al pueblo cubano sin que “los militares cubanos tomen su parte” y aumentar el personal de la embajada en La Habana, priorizando la seguridad de la representación diplomática –eso en alusión a los supuestos incidentes acústicos ocurridos durante la administración Trump–.

Todo parece indicar ese será el curso de política de Estados Unidos hacia Cuba en el corto y mediano plazo y que, más allá de los sucesos del 11 de julio en la Isla, que funcionaron como detonante para un pronunciamiento más claro de la administración Biden, al parecer la anunciada revisión de la política hacia la Isla, no iba más allá de ligeras flexibilizaciones en torno a las remesas y la ampliación del personal en la embajada en La Habana, acciones muy distantes de las promesas realizadas durante la campaña electoral presidencial.

La razón de fondo estriba en que la prioridad de Biden y sus asesores está enfocada en las elecciones de medio término y en mantener la mayoría en el Congreso, para lo cual la Florida sigue siendo un punto decisivo y temen perder ante la poderosa maquinaria electoral –caracterizada por el odio anticubano– allí existente. Esa maquinaria fue reforzada y organizada como nunca antes en tiempos de Trump. Ello explica entre otras razones el por qué Biden ha mantenido incólume todo el régimen de sanciones y medidas de guerra económica contra Cuba aprobadas por el presidente Trump.

Es así que, nuevamente, Cuba se convierte en un tema de política interna en Estados Unidos, donde los intereses y ambiciones personales chocan con los auténticos intereses nacionales y de seguridad para ese país, con la opinión pública estadounidense y mundial que aspira a un futuro más promisorio en las relaciones bilaterales.

Por otro lado, si antes el presidente Trump buscaba hacer feliz al senador Marco Rubio con el tema Cuba, ahora Biden escucha y complace al senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los más reacios representantes del lobby anticubano en ese país. De ahí que una vez más se demuestra que la política de Estados Unidos hacia Cuba, y en sentido general la política exterior de ese país, no pueda analizarse bajo la lógica de lo que pueda ser más beneficioso para esa nación y el mundo, sino por cómo se mueven los intereses y ambiciones personales, el dinero, los lobbies de interés y la compra-venta en cuestiones políticas; la política se convierte en una mercancía más.

Otro factor que es importante considerar, como una constante histórica, es que nunca, ni durante las administraciones republicanas o demócratas, ha ocurrido que en una etapa vulnerabilidad económica y social para Cuba, Estados Unidos ha buscado un entendimiento o flexibilizado la asfixia económica, la subversión y presión política, todo lo contrario, en esos momentos se ha recrudecido la hostilidad de Washington contra Cuba, para oportunistamente dar la estocada final siempre añorada al socialismo cubano.

Sin embargo, consideramos que el presidente de Estados Unidos se equivoca y está mal asesorado en el rumbo que pretende darle a la política hacia Cuba, al pensar que de esa manera complace y gana a los sectores de extrema derecha de la Florida en sus propósitos electorales en la disputa por mantener la primacía demócrata en ambas cámaras del legislativo para noviembre del 2022.

Siguiendo ese camino no logrará que voten por los demócratas los cubanoamericanos de línea dura contra la Revolución cubana, pues estos le exigirán siempre más, hasta una invasión militar si es posible y, al propio tiempo, perderá los votos más seguros con los que cuenta de la comunidad cubana en ese país –para nada insignificantes–, esos que confiaron en sus promesas de campaña de una mejor relación con Cuba y de facilidad en los vínculos familiares a ambos estrechos de la Florida. No conviene para nada tampoco a la administración demócrata intentar estimular una situación en Cuba de inestabilidad y caos, que pudiera generar un flujo migratorio incontrolable hacia territorio norteamericano. Solo la audacia, el liderazgo efectivo y la valentía política, podría permitir sacar a Biden de tan empantanado y equívoco camino.

Por otro lado, desde un optimismo crítico, no albergo la menor duda de que Cuba superará este momento tan complejo, no es el único momento en la historia en que el pueblo cubano y su Revolución, han sabido convertir los reveses en victorias. De no cambiar su postura, Biden pasará a la historia como otro presidente estadounidense más que se aferra a una política inhumana y fallida, que beneficia solo a un sector que ha convertido el tema Cuba en un negocio lucrativo y corrupto, desprestigiando cada vez más la política exterior de Estados Unidos ante los ojos del mundo y afectándole la vida a millones de personas.

Notas
[i] Clubhouse, que comenzó en Estados se distingue de otras redes sociales por la falta de texto, imágenes y videos: la aplicación es solo de audio, en tiempo real.
[ii] Redacción de Cubadebate, Investigación confirma la perversa operación de redes sociales contra Cuba lanzada desde el exterior, en:http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/12/investigacion-confirma-la-perversa-operacion-de-redes-sociales-contra-cuba-lanzada-desde-el-exterior/, 12 de julio de 2021.
[iii] De la denuncia realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla, en: Granma, 14 de julio de 2021, p.4.
[iv] Ninguna imagen de los disturbios violentos contra tiendas e instalaciones del país, así como agresiones violentas contra agentes del orden y población en general fueron publicados por estos medios.
[v] Las sanciones fueron establecidas bajo el amparo de la ley global Magnitsky, una normativa utilizada en para castigar con la congelación de activos y la prohibición de viajar a Estados Unidos a ciudadanos acusados de cometer actos de violación de los derechos humanos.
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