Marianela Martín González y Dora Pérez Sáez - Juventud Rebelde.- En cada mesa de Cuba se debate sobre cómo devolverle el aliento a la depauperada producción agropecuaria. Son muchas las fórmulas que se proponen, aunque casi todas pasan por darles recursos a los que tienen tierra, darles tierras a los que quieran y merezcan tenerlas, y resolver los problemas de la comercialización.

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de quienes trabajan la tierra hasta lograr «sembrar a la mujer y al hombre en el campo», es el leitmotiv de los agricultores consultados por JR en varias provincias del país, cuando investigábamos las causas que imposibilitan producir alimentos que hoy la nación importa a precios exorbitantes. 
«Antes de echar en el surco la semilla hay que ofrecerle a la gente que habita el campo condiciones para que viva. Solo así se frenará el abandono de las zonas rurales y habrá quienes quieran regresar a las fincas, como hicimos nosotros», asegura María Elena Ramírez, una campesina de Viñales, en Pinar del Río.

Esta joven de 32 años nos contó cómo un pedacito de tierra entregada a su familia para producir tabaco les cambió la vida en todos los sentidos, pues antes sus ingresos dependían únicamente de un salario exiguo ganado por su esposo en una bloquera local.

Ahora, mientras su compañero se dedica a las atenciones culturales de la hoja, ella lo apoya en las hortalizas, por lo que se siente útil como nunca, y dueña de cada fruto cosechado.

Muchas familias como la de María Elena se han beneficiado en la región vueltabajera, donde se entregaron en calidad de usufructo miles de hectáreas para poblarlas de árboles maderables y cultivar tabaco.

En total, el 60 por ciento de este cultivo se cosecha hoy con usufructuarios, en tierras prestadas. Se les hace un contrato y si no lo cumplen —o si se necesitan las tierras para otro fin— el Estado tiene el derecho de rescindirlo.

Pero el tabaco es diferente del resto de las siembras. Su exportación segura permite que aquellos que lo cosechan reciban también una parte del pago en divisas, algo que no sucede con otros cultivos.

Y mientras la hoja aromática florece en Pinar del Río, miles de hectáreas de todo el país están olvidadas. En Cuba, nación agrícola por excelencia, el 50 por ciento de sus tierras están ociosas o deficientemente explotadas, y gran parte de estas, infestadas de marabú.

La agricultura, esa «única fuente constante, cierta y enteramente pura de riquezas», como la definiera José Martí, no ha logrado consolidarse como lo que debiera ser, uno de nuestros principales rubros económicos. Por eso, constituye un reto ineludible la permanencia del hombre en el campo.

Hasta lograrlo, el país destina unos 1 500 millones de dólares para importar alimentos, muchos de los cuales pudieran obtenerse aquí. Las cifras podrían incrementarse, teniendo en cuenta que desde 2006, y sobre todo en los últimos meses, se ha venido manifestando en el mercado internacional una tendencia ascendente en los precios de estos productos.

Contra Molinos de viento

Pablo Fernández, especialista de temas de la agricultura en el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), enfatiza que el trauma interno provocado por la recesión de la economía, del año 89 al 94, hizo retroceder a la agricultura casi un 50 por ciento.
Explicó que desde la primera Ley de Reforma Agraria hasta el año 90, la estructura agrícola de la Isla se basaba en tecnologías intensivas dependientes de importaciones de fertilizantes, pesticidas y maquinarias, la cual sufrió un fuerte impacto al desplomarse el campo socialista y arreciarse el bloqueo.

Como problemas externos que fustigan a la agricultura menciona la falta de políticas macroeconómicas y sectoriales, así como la dualidad monetaria y la reorganización integral del sector en correspondencia con los profundos cambios de los años 90.

«El impacto de la caída del campo socialista provocó un desmantelamiento total de los sistemas productivos vigentes hasta ese momento, sobre todo en empresas estatales, que representaban el 75 por ciento del fondo de tierra.

«Eso generó en 1993 la conversión de una parte del patrimonio de las tierras estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), que tomaron como referencia las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

«Junto a esa transformación patrimonial era necesario readaptar todos los sistemas productivos, lo cual todavía no hemos podido lograr», afirma.

Fernández recuerda que en los años 80 lográbamos aplicar por hectárea 150 kilogramos de fertilizante, el nivel más alto del continente, incluso superior al de Estados Unidos.

«De buenas a primeras, de 1 800 000 toneladas de abono, nos quedamos prácticamente sin ninguno. A partir de ahí se genera el movimiento agroecológico para nutrir los cultivos y controlar sus plagas.

«Esa contracción creó un trauma del cual no hemos podido emerger de manera satisfactoria y sostenible, a pesar del esfuerzo que ha realizado el sistema de ciencia y técnica del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), encaminado a producir tecnología y variedades de semillas, con vistas a adaptar las nuevas condiciones productivas de bajos insumos.

«También los sistemas de riego se descapitalizaron. El que ha ido en aumento es el localizado, que se corresponde con el de organopónicos de la Agricultura Urbana, pero el de la agricultura convencional se desplomó por muchas razones, entre estas la falta de mantenimiento», reconoce.

Dénme: una palanca...

Para conocer cómo se puede garantizar la seguridad alimentaria a partir de lo que sea capaz de producir la tierra cubana, JR consultó a un grupo multidisciplinario de expertos y tuvo en cuenta sus criterios y los de agricultores de provincias como Pinar del Río, La Habana y Villa Clara.
Para el doctor Carlos Lazo, profesor de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, de Pinar del Río, es vital desarrollar palancas económicas que incentiven la productividad para impulsar la agricultura.

«Para ello hay que eliminar muchos desaciertos organizativos. Pero sobre todo, urge comenzar a valorar adecuadamente a la rama agrícola dentro de las cadenas productivas, y entender que no es posible hablar de desarrollo en ningún sector si se escamotea el desarrollo local, que incluye autonomía territorial».

El profesor Ángel Zaldívar, especialista de la rama silvícola en la más occidental provincia cubana, insiste en que se tomen en serio las investigaciones y se generalicen sus resultados para poder paliar limitaciones financieras, amenazas fitosanitarias y factores climáticos adversos.

La prestación de tierras ociosas a quienes cuentan con los aperos de labranza y demás condiciones para trabajarlas es, según Mario Fiandor, un campesino habanero, otra de las medidas que deben tomarse para no importar alimentos que aquí pudieran cosecharse.

Fiandor es asesor del Consejo de Estado en la rama de cultivos varios y asegura que al campesino no le importa si es de él o no el suelo. «Lo importante es que lo dejen producir tranquilo».

Este labriego recibió hace algunos años una caballería en usufructo, la cual está supeditada a un contrato donde se especifica que la pierde si no la usa en beneficio del consumo poblacional.

«Para resolver los problemas de la seguridad alimentaria y sacarle a la tierra de manera bondadosa lo que ella realmente puede dar, hace falta reajustar muchas cosas y eso depende de cada lugar específicamente, porque en Cuba no todos los suelos son iguales, incluso en un municipio hay a veces diferencias marcadas.

«Hace falta crear un traje a la medida en cada territorio, y para eso hay que delegar en los municipios una serie de decisiones que están centralizadas todavía y frenan la producción de alimentos», enfatiza.

Diferentes caras de la moneda

«No me quejo de lo que me da el Estado para producir en las dos caballerías que poseo, una de estas en calidad de usufructo. Claro, soy de los mejor atendidos por la Empresa debido a mis resultados. Pero con un poquito más, seguramente hay que mandarme a parar».

Ese testimonio corresponde a Francisco Díaz Machuá, uno de los mejores productores de malanga y ajo en la Isla, conocido en el sector agrario por su finca-jardín en la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Ubaldo Díaz Fuentes, en Güira de Melena, provincia de La Habana.

Recordó que antes su finca se llenaba de intermediarios para comprar las cosechas, porque los encargados de la comercialización eran insuficientes, pero desde que se acabaron los impagos y Acopio comenzó a reordenarse, «los campesinos no quieren saber del trapicheo».

«Mejoraron también los pagos. El quintal de malanga subió a 180 pesos, el de ajo a 960, y el de boniato oscila entre 30 y 40, dependiendo de la época. Con esos precios, todos ganamos», considera.

Cuando le preguntamos si hacía falta una nueva Reforma Agraria en Cuba, no titubeó: «Ya eso ocurrió y fue muy justa. Lo que hace falta es que nos presten tierras ociosas. Nosotros tenemos los aperos de labranza y demás condiciones para trabajarlas».

Una situación totalmente distinta en relación con la asimilación de tierras encontramos en la CPA Ciro Redondo, de Batabanó, La Habana.

Allí la insuficiencia de insumos y de fuerza de trabajo estable ha hecho pensar a los cooperativistas que les sobran las cinco caballerías que carecen de riego electrificado.

Conocida en el país en otros tiempos como proveedora de semillas de tomate, frijol, maíz y soya altamente resistentes a plagas y enfermedades, la Ciro Redondo —sin participar en el mercado agropecuario regido por la ley de la oferta y la demanda— logró rentabilidad en sus 21 caballerías, y su costo por peso promedió prolongadamente los 0,27 centavos. Ahora este indicador asciende a 0,41.

Según Joel León, presidente de esta CPA, la fórmula para el incremento de la productividad y la eficiencia económica parece haberse extraviado por el impacto de las carencias y la poca retención de los trabajadores, quienes en su mayoría proceden de las provincias orientales y aquí no disponen de condiciones básicas, como la vivienda.

«Tenemos muchos problemas internos que tienen que ver con la organización, la aplicación de técnicas de cultivo y tecnología, manejo inapropiado y las amenazas fitosanitarias, pero son innegables los problemas externos, como la dualidad monetaria, las tendencias de los mercados internacionales y la contracción de las inversiones en nuestro sector, propiciada por la crisis económica».

De los más de 30 campesinos entrevistados en La Habana y cerca de una decena en Pinar del Río y Villa Clara, la tendencia a aceptar tierras en usufructo es denominador común entre los asociados a las CCS, no así entre aquellos que integran las CPA.

«Una caballería de malanga nos reporta cerca de un millón de pesos y las ganancias son para la familia. Esa misma área en una CPA casi seguro rinde menos y hay que repartir el dinero entre muchos», nos dijo Lázaro González, un pequeño agricultor villaclareño, quien insiste en que el sentido de pertenencia es imprescindible para todo, mucho más para atender la tierra.

El peor rostro de las entidades visitadas lo mostraron las UBPC. La falta de recursos, principalmente para recuperar los sistemas de riego, ha espantado la fuerza de trabajo en muchas de estas entidades.

No pocas incluso han decidido devolverle al Estado las tierras que explotan deficientemente. No es de extrañar tal decisión, si se conoce que las UBPC, junto con las granjas estatales, son dueñas del 65 por ciento de las tierras, y solo son capaces de obtener un 35 por ciento de los productos agrícolas que se cosechan en el país.

«Nacimos signados por el endeudamiento», reflexiona Omar Lastra León, administrador de la Héroes de Yaguajay, en Güira de Melena. Cuando se crearon las UBPC, en 1993, vivíamos uno de los momentos más tensos de la economía. Coincidió con los niveles de pérdida más elevados de la agricultura y heredamos una situación compleja.

«El reconocimiento de la UBPC como empresa productora de propiedad cooperativa es algo que no se acaba de entender. Tenemos limitaciones financieras. A veces contamos con el dinero, pero no se nos permite utilizarlo.

«Nos frenan las ataduras para poder hacer con nuestras ganancias lo que necesitamos. No puedo comprar lo imprescindible para subsistir; esa facultad la tiene la Empresa de Cultivos Varios. Nosotros, a diferencia de las CPA, solo tenemos libertad de gestión, pero no de compra», afirma Lastra.

Conocedores del tema agrícola explican el fenómeno de la ineficiencia de las UBPC asegurando que toda aplicación integral constituye un proceso, en el cual hay medidas y soluciones que van unas primero, otras después, y otras al mismo tiempo. Lo esencial, aseguran, es la coherencia entre la estrategia, las políticas y la dirección.

«Las UBPC han sido ejemplo de incoherencia; las circunstancias en que fueron creadas fueron el mejor caldo de cultivo para eso. En cualquier estrategia habría que considerar desde los factores limitantes, como la calidad de las tierras, pasando por los recursos laborales, capital tecnológico, insumos, condiciones sociales y laborales, hasta problemas de gestión», asegura Rafael Alhama, investigador auxiliar del Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo.

El hecho de que los campesinos independientes tengan avidez por la tierra y otros sientan que lo que tienen les queda demasiado grande se sustenta, a decir de los expertos, en que al venir el desplome en el sector quienes estaban mejor preparados para asimilar los cambios tecnológicos fueron los pequeños productores, que hacían uso limitado de la mecanización, fertilización química y riego.

«El campesino siempre tuvo su tecnología basada en sistemas productivos menos intensivos desde el punto de vista material», explica el especialista Pablo Fernández, quien remarca que encontraron en el Mercado Agropecuario, que se reabrió, un espacio muy redituable que les permite, con una oferta limitada, obtener altos ingresos.

«Estas posibilidades comerciales, con precios caros, también son un arma de doble filo para la productividad. La diferencia de precios entre la llamada canasta básica, que se vende a precios subsidiados, y los de los mercados, son abismales.

«Entonces, ¿para qué los productores se van a esforzar para producir más, si con poco obtienen ingresos? Pero además existe otro elemento que no completa el sistema: ¿Dónde y cómo van a gastar el dinero esas personas, que debido a lo explicado han acumulado grandes sumas?», reflexiona el especialista.

La respuesta a esta interrogante la encontramos a manera de solicitud en todos los sitios visitados: «Necesitamos un mercado para obtener insumos y bienes de consumo al cual podamos asistir los productores en correspondencia con nuestras necesidades», manifestó el villaclareño Alberto Bonachea, quien asegura que eso pondrá coto a la venta ilegal que tanto desprestigia al sector.

Tierra al que la merezca

El sector cooperativo y campesino posee hoy el 35 por ciento de la tierra cultivable. De ellos, 225 000 son propietarios. El resto, hasta llegar a 350 000, son usufructuarios. Todos son responsables de más del 60 por ciento de la producción agrícola del país.
Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), reveló a estas reporteras que el proceso de adjudicación de tierras ha estado marcado por miles de ilegalidades de todo tipo.

«En años anteriores, todo el mundo daba tierras y las quitaba como quería. No había control de la tierra en Cuba; ahora es que se constituyeron y se están fortaleciendo las Oficinas Municipales del Registro de la Tierra. Aquí hay registros de todo: del ganado, de la maquinaria, del agua que cae... lo único que no había era control sobre los suelos.

«No eran los particulares los que se metían a coger la tierra, sino que se las daban —aclara—. En cualquier provincia dictaban una resolución y empezaba la delegación de la Agricultura a dar posesiones.

«Hubo hasta quienes, sin papeles ni expedientes, daban tierras. Se nos crearon muchos problemas, porque una empresa le decía a una persona: “Cógete esa caballería y límpiala para que la trabajes”. Y ese hombre permanecía hasta seis meses con su familia desbrozándola de marabú y la ocupaba con ganado. Luego cambiaban al director de la empresa, y el nuevo no se responsabilizaba con la violación del anterior funcionario y los sacaban».

—¿Qué soluciones se han dado a esos casos?

—En la mayoría se les ha buscado una solución que beneficia al productor. No hemos lanzado a nadie para la calle. Ha habido casos de indisciplina de la gente, que ha habido que retirarle la tierra, pero a la mayoría se ha tratado de buscarle una alternativa.

«Cualquiera de esas personas está viviendo de esas fincas desde hace diez años. Por tanto, es injusto decirles: “Vete de ahí; busca otra fuente de trabajo”. Ellos no son culpables de la infracción.

«Se han ido resolviendo muchos problemas e incluso se les han firmado sus contratos. Ahora las ilegalidades son mínimas. En mi opinión, estamos en condiciones de comenzar a dar más tierras, pero debe ser un proceso lento e inteligente, encaminado a ir resolviendo los problemas.

«Es un asunto muy delicado. Las indisciplinas que se han cometido con la tierra deben enseñarnos que no es posible hacer nada sin una disciplina férrea y sin cuerpos legales que mantengan el control, porque eso es tan peligroso como tener las tierras ociosas», afirma.

Lugo considera que de tomarse la decisión de prestar áreas, debe empezarse por campesinos que ya son poseedores. Para eso es preciso, insiste, evitar los excesos, porque si no algunos empiezan a sobreemplear fuerza de trabajo y se caería en la explotación del hombre por el hombre.

«Muchos poseen de dos a cinco hectáreas solamente y se han apropiado de experiencia productiva, fuerza de trabajo, medios e implementos necesarios. Antes de buscar a un desconocido, prestaría esos suelos a ese hombre que ya está ahí, que tiene su asentamiento en esa finca y que posee una cultura productiva.

«Sería provechoso tener en cuenta el siguiente orden: CPA, UBPC, granjas con posibilidades de trabajar más terrenos, y campesinos que tienen tierra y quieran. Tenemos 2 500 CCS fortalecidas y cada una puede tener varias caballerías para trabajarlas de forma colectiva; así pueden producir para buscar el financiamiento que esa cooperativa necesita para mantener a los cuadros de dirección y los trabajadores que prestan servicio al campesino.

«También pensaríamos en esas personas que, después de un riguroso análisis, les podamos prestar determinada cantidad de tierras, sin excedernos en enormes cantidades para no convertirlos en pequeños terratenientes. Incluso les daríamos la oportunidad de tener trabajadores contratados».

Pero Lugo Fonte considera que además de los problemas de la tierra, es preciso resolver otros que abren la brecha que nos aleja de la seguridad alimentaria a la que aspiramos.

«Hay que acabar de solucionar la comercialización de los productos agropecuarios. Les aseguro que a nosotros se nos pierde el 30 por ciento de la producción porque no hay envases, camiones, neumáticos... o porque cuando llegas al mercado a vender, el del mercado tiene intereses y dice: “Déjame 10 quintales nada más, no un camión de yuca, porque si se me pierde, pierdo yo”. Y como son intereses más intereses, el pueblo está carente de un alimento cuando nosotros lo tenemos en el campo.

«La clave de la alimentación del pueblo está en darles recursos a los que tienen tierra; darles tierras a los que quieran y merezcan tenerla, y resolver los problemas de la comercialización».