Cubadebate.- Cuatro meses de ordenamiento monetario han bastado para que la complejidad de este proceso se exprese en números y realidades. La economía y el presupuesto —del país, de empresas, instituciones y población—, en apenas 120 días han debido enfrentar el impacto de la devaluación del peso cubano frente al dólar. La rápida subida de los costos y su traspaso a los precios, han sido inevitables en una nación sumamente importadora y en medio de la crisis generada por la pandemia y el arreciamiento del  bloqueo.

Y es lógico que ante transformaciones de tanta profundidad, con una incidencia transversal en todos los ámbitos de la economía y la vida del país, surjan dificultades.

En el reciente Congreso del Partido, Miguel Díaz-Canel reconoció que “el Ordenamiento presentó problemas de instrumentación, por insuficiente preparación de algunos directivos e inadecuada interpretación de las normas, pero existen incomprensiones derivadas del error de asociarlo a problemas que estaban presentes antes de su implementación. A ello se suman las insatisfacciones generadas por una argumentación no siempre oportuna y precisa y algunos reclamos inadmisibles, que se alejan de los principios de la Tarea”.

Desde el inicio la voluntad del Gobierno fue corregir y, sobre todo, atender las quejas de la población, lo que se ha traducido en medidas concretas, incluso antes del “día cero”.

Hay quienes consideran paradójico que se haya tenido que cambiar unas cuantas cosas, después de tantos años de estudios. No obstante, y sin quitarle responsabilidad a las “cosas de diseño e implantación”, es preciso recordar —reflexionó en la Mesa Redonda Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos— “que en un mismo día se hicieron muchos cambios (se quitó el CUC, se cambió el tipo de cambio, se hizo la reforma salarial y se eliminaron subsidios excesivos y gratuidades indebidas) y todavía hay un grupo de cosas en la economía que hay que seguir precisando a largo plazo”.

Cubadebate ofrece un resumen de los ajustes y nuevas decisiones tomadas en estos cuatro meses, fundamentalmente en términos de tarifas, precios y salarios.

Tarifas:

1. Modificación de las tarifas eléctricas en el sector residencial, con un presupuesto subsidiado previsto de 17 800 000 000 que pudieran ser superiores si crecen los precios del petróleo en el mercado mundial.
2. Establecimiento de tarifas eléctricas para las formas de gestión no estatal. “Aquellas personas que tenían su actividad económica en su vivienda también pagaban la tarifa residencial y junto con la reducción de la tarifa, se les cambió la facturación. Incluso se les dio la opción de los primeros 250 pesos por la tarifa residencial con subsidio y de ahí en adelante por la tarifa no residencial que es más cara, pero no progresiva”.
3. Se actualizaron las tarifas para aquellos que generan fuera del sistema energético nacional.
4. Tarifas máximas para el alquiler de ómnibus, minibuses y microbuses para el transporte a trabajadores y autorización a que las entidades asuman parte del costo. “Había lugares en que la transportación obrera casi le costaba a las personas 600 pesos al mes”.
5. Transformación de la forma en que el Ministerio de Salud Pública paga las tarifas de transporte a los pacientes de hemodiálisis y el cobro de la tarifa de la empresa de transporte escolar.
6. Tarifas de agua al sector productivo, que bajaron en un 20% aproximadamente.
7. Se estableció la tarifa fija para el cobro de agua en edificios multifamiliares.
8. Se revisaron las tarifas de los servicios jurídicos prestados por los bufetes colectivos.
9. Establecimiento de tarifas máximas de los servicios productivos en CUP para el cobro de los servicios que presta la Aduana General de la República.
10. Bonificación de la tasa de peaje a personas jurídicas y naturales que lo requieren por sus funciones y lugar de residencia. Estos son los casos de los conductores de vehículos de Santa Marta y Varadero, así como a los transportistas profesionales del sector estatal y no estatal, residentes en Cárdenas y Matanzas, los cuales solo pagan el 70 % de lo establecido.
11. Respecto a la transportación de cargas, teniendo en cuenta el aumento de costos en todos los sectores de la economía por la aplicación de las tarifas de transportación de carga, se modifica la Resolución 311 del 2020 del MFP. Esta decisión implica una rebaja del 30 % a las tarifas establecidas para la transportación de cargas, tanto por ferrocarril, carretera, o la forma multimodal.

Precios:

12. Reducción del precio del GLP, en principio en 213 CUP y bajado a 180.

13. Disminución del precio del keroseno en 50% en zonas no electrificadas (implica un subsidio de 90 MMP del presupuesto del Estado).

14. Se amplió la nomenclatura de medicamentos con precios subsidiados ( implica el crecimiento del subsidio del presupuesto a más de 3 000 000 000 de pesos).

15. Establecimiento de subsidios a precios minoristas para productos de entrega específica al Plan Turquino - Manatí, Caimanera y zonas de difícil acceso.

16. Se acotaron los precios de los comedores obreros. “Por encima de 18 pesos lo tiene que pagar el centro de trabajo o una parte, pero los problemas dados inicialmente de una ración en 100 y 200 pesos ya se resolvieron”.

17. Se le dio un tratamiento al procedimiento para el cobro del servicio de limpieza de fosas reiterativas y casos vulnerables “que a partir de una formulación lo más que te puede costar en el año es 280 pesos”.

18. Aplicación de precios mayoristas de combustible a las cooperativas no agropecuarias, dedicadas a la transportación de pasajeros. El litro de diésel mayorista es 14 pesos y el minorista 30, con el objetivo de evitar precios abusivos y especulativos.

19. Aprobación de los precios mayoristas de combustible para TaxiCuba.

20. Modificación de los precios en materiales de la construcción.

Salariales:

21. Un nuevo anticipo salarial de 1 000 pesos (en adición al realizado en diciembre como parte de las medidas) a quien lo necesitara con posibilidades de pagarse en cuatro meses.

22. Incremento de las escalas salariales superiores para los operarios de alta clasificación en el sistema empresarial (60 cargos y más de 12 000 trabajadores).

23. La aprobación de sistemas de pago por resultados (el diseño de la tarea previó que no iba a haber pagos por resultado) para cuatro sectores de la economía: agencia de taxis (TaxisCuba), empresa de transporte de La Habana (choferes y cobradores) y comercio minorista del turismo.

24. Descentralización de la facultad al ICRT y al Ministerio de Cultura para la aprobación de las formas de pago a los trabajadores que participan en la producción y realización de los programas de radio y televisión, estudios de animación y obras audiovisuales.

25. Se estableció un sistema de pagos para los gestores cobradores de multas.

26. Se pasaron a escalas salariales superiores a los maestros graduados de técnico superior (ciclo corto) en la enseñanza general y media.

27. Otra medida aprobada fue la aplicación de una nueva norma jurídica que establece sanciones a quienes ponen precios abusivos y especulativos. Conductas que merecen ser siempre condenadas y más cuando existen condiciones objetivas para que se produzca un incremento de precios: déficit de oferta; subida del ingreso de la población y por tanto, de la demanda solvente, e incremento de los costos a las formas de gestión no estatal.

Producción agropecuaria

Para estimular la producción de alimentos, se dio luz verde a un paquete de 63 medidas. Algunas son ajustes a tarifas y precios fijados por la Tarea Ordenamiento y otras plantean novedades en este sector, en términos de facilidades de comercialización y financieras.

27. Rebaja del servicio eléctrico: Se aplican tarifas M3A (cuando tenemos un registro y metro independiente de la vivienda) se produce una rebaja de la tarifa de los servicios eléctricos y que prácticamente será de un 28,5%.

Asimismo, se aplicará una disminución para aquellos productores que se les factura por el servicio M3B, que es de media tensión para productores agropecuarios con metro de tres registros. En el caso de la madrugada, se rebaja de 1,91 a 1,32 kWh; y en el día de 2,34 a 1,85 kWh.

28. Novedades en el servicio del cobro del agua: En el caso del servicio de agua para la producción de arroz, se establece las resoluciones 65 y 83 del MFP, una rebaja de un 32% y de un 22% para las restantes actividades.

Otro planteamiento revisado a partir de muchas de las opiniones de los productores está relacionado con el cobro del agua subterránea. En ese caso, se aprobó una rebaja de 17.50 pesos a 7.50 pesos por cada 1000 m3. De igual modo, se aprobó que la contratación de este servicio se realizará directamente con el productor agropecuario.

En el caso de los servicios de agua, también se elimina el cobro automático contra el saldo de las cuentas de la base productiva agropecuaria.

29. Se reducen los precios de varios insumos y servicios: Reducción de los precios de los piensos nacionales para la producción porcina en un 60%.

Se aprobó además una rebaja de los insumos necesarios para la producción porcina, con un impacto importante en el Presupuesto Estatal. Esta medida quedó dispuesta en la Resolución 58/21 del MFP publicada este 13 de abril.

Otra de las disminuciones importantes ocurre, a partir de la revisión de las fichas de costo, desde las empresas productoras de bioproductos, entre ellas LaBioFam.

En el caso de los precios de acopio del arroz cáscara húmeda, se aprobó aplicar un precio de acopio de 6 922 pesos por tonelada, (318 pesos por quintal) por la compra del arroz cáscara húmedo. Esto aplica si recibe el paquete tecnológico, con rendimiento mínimo de 4.2 toneladas/hectárea.

Sin embargo, de no garantizarse al productor la entrega de insumos importados, se incrementa el precio de acopio a 7 414.26 pesos por tonelada (341 pesos por quintal).

30. Flexibilizar la comercialización de determinados productos: Cuando el productor termine de cumplir con lo contratado para el consumo social y para el destino que el acopiador pactó con él, puede ir al mercado y vender sus producciones, previa concertación de los precios con gobiernos y clientes.

Habrá precios centralizados para los destinos fijados que incluyen de entrega a la industria, así como el consumo social, dietas médicas y sistema de alimentación a la familia; y descentralizados en la venta a los gobiernos locales y grupos empresariales para otros destinos”.

Así sucederá con productos como la malanga (xanthosoma y colocasia), el plátano (vianda, burro y fruta), boniato, mango, guayaba, fruta bomba y el tomate para la industria, lo cual quedó recogido en la Resolución 84/21 del MFP.

El Gobierno ha repetido a la largo de estos cuatro meses su compromiso de buscar solución inmediata a las quejas de la población, siempre que sea posible. Y esta condición, que significa —en palabras de Murillo— “tomar medidas con lupa”, no puede interpretarse sin mirar el déficit del presupuesto estatal este año. Muchos más gastos que ingresos se planificaron, y a eso hay que añadirle ahora los dineros para respaldar los nuevos ajustes. El sentido común (y nuestra propia experiencia en nuestra familia) nos dice que, si los gastos superan a los ingresos tenemos un problema. Aumentar la deuda pública no puede ser la solución.

Antes del “día cero” se supo que la unificación monetaria y cambiaria no era la “varita mágica” y que su aplicación sería compleja. Pero, aun en medio de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, resultaba inaplazable. No podíamos, resumió Díaz-Canel, seguir postergando esa transformación orientada a estimular el desarrollo y la participación articulada de todos los actores económicos.