La pupila asombrada.- Ciento veinte años después, el espíritu de los que aplaudieron el advenimiento de la República, el 20 de mayo de 1902, maniatada por una potencia extranjera, asoma, unas veces desembozadamente, otras de una manera insidiosa, en actos y actitudes que no deben pasar inadvertidos.

No hay lugar para desvaríos neoplattistas

Pedro de la Hoz

Granma

Ciento veinte años después, el espíritu de los que aplaudieron el advenimiento de la República, el 20 de mayo de 1902, maniatada por una potencia extranjera, asoma, unas veces desembozadamente, otras de una manera insidiosa, en actos y actitudes que no deben pasar inadvertidos.

La Enmienda Platt mutiló la República de Cuba desde su misma partida de nacimiento. Casi un año antes, el 12 de junio de 1901, el Congreso de Estados Unidos sancionaba un engendro legal, adosado a la Constitución de la naciente entidad, que otorgaba al vecino del norte la potestad de intervenir en los asuntos internos de la Isla. Adiós a los sueños de Martí, de Maceo y de los mambises del Ejército Libertador. De la colonia al protectorado. El gobernador yanqui instalado en La Habana por las fuerzas de ocupación, Leonardo Wood, escribió sin el más mínimo pudor en carta a Theodore Roosevelt: «a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt, y lo único indicado ahora es buscar la anexión».

Ya se sabe que esta última no pudo ser. También se sabe que el apéndice constitucional quedó desactivado en 1934, claro está, cuando para la sujeción de Cuba a la órbita de la Casa Blanca existían otros mecanismos. Mas no es casual que en la propia misiva de Wood, el procónsul deslizara una idea que viene a cuento a estas alturas: «La isla se americanizará gradualmente y, a su debido tiempo, contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo».

Los círculos de poder de Washington, ahora con el concurso del núcleo duro de la industria anticubana alojado en ese país, no han renunciado ni a «enmendar» nuestra soberanía ni a «americanizar» la Isla.

¿Qué implica la Ley Torricelli (1992), o la Ley Helms-Burton (1997) –eufemísticamente bautizadas una como Acta para la Democracia en Cuba, y la otra como Acta para la libertad y la solidaridad democrática cubana–, sino versiones recicladas de las ínfulas plattistas? Ninguna ha sido derogada. Como tampoco el programa netamente intervencionista que George W. Bush quiso poner en marcha en 2004 dizque para «asistir a una Cuba libre», o sea, para recolonizarnos.

Ante el menor resquicio de la actual administración de la Casa Blanca por moderar la escalada anticubana sin precedentes, adoptada por el gobierno anterior –como las recientes decisiones, de muy limitado alcance, pero positivas–, los neoplattistas agitan odios y rencores. No olvidemos que el año pasado, tras los sucesos del 11 de julio, hubo pedidos de intervención, de fuego por los cuatro costados, desde allá, con ecos entre cipayos domésticos. Estos ni siquiera quieren un 20 de mayo de 1902, sino el estatus prevaleciente durante la ocupación.

Hay otra manera de ser neoplattista, también desde allá con ciertos ecos aquí: darnos a entender que sin Estados Unidos, es decir, sin capitalismo, Cuba no es posible; que la prosperidad y el éxito dependen del seguimiento de fórmulas neoliberales; que la «americanización» del modo de vida, de la que hablaba Wood, es lo mejor que nos puede pasar.

Completar la República martiana en una sociedad socialista, participativa, plenamente democrática, absolutamente independiente y soberana, justa, auténtica, insobornable, creativa y digna es la mejor respuesta a tales desvaríos.

A 120 AÑOS DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Entre mitos y realidades

Para los exponentes de las posiciones más radicales del independentismo, empero, el problema debía trascender el ideal republicano alcanzado y se remitían a José Martí; al pensamiento del hombre que sobresalió por su alcance, las barreras de su siglo. La república, sí, pero «con todos y para el bien de todos». La república independiente y soberana

Yoel Cordoví Núñez*

Granma

Era el 20 de mayo de 1902 cuando, en el Palacio de los Capitanes Generales de la otrora capital colonial cubana, los sargentos E. J. Kelly y Frank Vondrak, junto con el teniente Mc Koy, arriaron la bandera estadounidense, símbolo de la ocupación militar que sobrevino como resultado del Tratado de París entre EE. UU. y España. El Himno de Bayamo, 21 cañonazos y el repicar de las campanas de las iglesias acompañaron aquel acto fundacional.

Mientras tanto, el público aglomerado en el Malecón, cuyas obras estaban por comenzar, contemplaba jubiloso otro de los espectáculos más excelsos, de la jornada: el momento en que «la bandera del cubano», según testimonio de Diego Vicente Tejera, comenzaba a ondear en la fortaleza del Morro: «Fue un minuto sublime –advertía el escritor y líder obrero– la súbita aparición de un pueblo sobre el escenario de la Historia, el nacimiento de una nación entre las naciones soberanas».

Esa súbita «aparición», desfasada en más de medio siglo con respecto a las del resto de las colonias hispanas del continente, arrastraba irremisiblemente las señales de los tiempos.

Un proceso independentista, anticolonial, reiniciado en el último lustro del siglo XIX, se entroncaba con el desborde imperial de los círculos de poder en EE. UU., abanderados del Destino Manifiesto y de la hegemonía marítima. Es decir, la república emergía en Cuba como resultado de las ansias independentistas de un pueblo, demostradas luego de tres intensas décadas de lucha y de proyectos revolucionarios, pero también del ejercicio de dominación, control y articulación de estrategias geopolíticas imperialistas, pensadas a corto, mediano y largo plazo, en los apenas tres años que duró el régimen de la ocupación militar.

Los ideales republicanos de los independentistas cubanos quedaron refrendados en las diferentes cartas magnas mambisas y en los innumerables documentos generados en la manigua. Por la república se luchó, legisló, y en nombre de sus sagrados principios discurrieron no pocos conflictos e incomprensiones entre los propios insurgentes.

Importantes protagonistas de los festejos del 20 de mayo habían participado del cónclave constituyente de Guáimaro en 1869, y allí estaban rubricados los sagrados ideales, que habían signado las revoluciones en Europa, EE. UU. y en la propia América Latina desde finales del siglo XVIII. En particular, el artículo 24, cuyo texto fijaba: «Todos los ciudadanos de la República son enteramente libres», y el siguiente: «Todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador».

Sin embargo, el temor reinante en determinados grupos de legisladores por el componente «soldado» y el liderazgo del ejército, asociado a las dictaduras, conllevó a que se reforzaran las normativas que prescribían los derechos del «ciudadano» por encima de cualquier ordenanza militar.

En ese contrapunteo ideológico trascurrieron las tensiones entre los órganos representativos del proceso independentista en 1868 y en 1895. Ciertamente, algunas de las posiciones más intransigentes fueron limadas o consensuadas en busca de la unidad posible, que evitara la reproducción del Zanjón de 1878, pero no desaparecieron.

La candidatura Tomás Estrada Palma-Bartolomé Masó, defendida por el Generalísimo Máximo Gómez durante la ocupación estadounidense, buscaba precisamente contemporizar posiciones, logrando acercar a algunos de los exponentes del pensamiento revolucionario con posiciones encontradas desde el conflicto armado. De ahí que prevaleciera, más allá de algunas posturas adversas, la aceptación de Estrada Palma como primer presidente de la República.

UNA REPÚBLICA QUE FUE UN MITO DE INDEPENDENCIA

Para los exponentes de las posiciones más radicales del independentismo, empero, el problema debía trascender el ideal republicano alcanzado y se remitían a José Martí; al pensamiento del hombre que sobresalió por su alcance, las barreras de su siglo. La república, sí, pero «con todos y para el bien de todos». La república independiente y soberana.

El General Máximo Gómez, poco después de izar una segunda bandera cubana, en compañía del gobernador militar Leonardo Wood, explicaba la trascendencia del acontecimiento: «Con la intervención armada de los EE. UU. en la guerra de independencia es indiscutible que Cuba, al inaugurar la República, ha quedado tan íntimamente ligada así en lo político, como en lo mercantil a la Gran República Americana, que casi y sin casi vienen a constituir tan fatal o fortuita intimidad, un cúmulo de obligaciones, que han hecho de su independencia un mito. Y como si el hecho histórico no valiera nada en sí mismo, para probar este acierto, ahí tenemos la Ley Platt, eterna licencia convertida en obligación para inmiscuirse los americanos en nuestros asuntos, derecho reconocido, no importa como, por la Representación Nacional Cubana».

Por su parte, al invocar al mártir de Dos Ríos, Juan Gualberto Gómez expuso: «(…) hay que persistir en la reclamación de nuestra soberanía mutilada; y para alcanzarla, es fuerza adoptar de nuevo en las evoluciones de nuestra vida pública las ideas directrices y los métodos que preconizara Martí».

Las invocaciones a la «soberanía mutilada» y al «mito» de la independencia abrirían un debate en el que se enfrentaban los partidarios de la reafirmación de la personalidad política de la naciente república, con los que abogaban por el fortalecimiento de los vínculos comerciales con EE. UU. Así, mientras Manuel Sanguily confesaba que nunca pudo suponer que se llegaría a un periodo en que «creyeran los cubanos más patriótico, más digno y más honrado reducir a su menor expresión nuestra personalidad nacional enfrente de la absorbente personalidad de nuestro poderoso vecino», un periodista de La Lucha, contrario a los enfoques de aquel «retardado Robespierre», apuntaba: «La política moderna se hace sobre los números. Los pueblos no comen con los sentimientos (...) El que no posee oro no come ni viste, y para adquirir oro o plata hay que enterrar los sentimientos».

Desde luego que los círculos de poder estadounidenses aupaban como tendencia a los partidarios de esta última corriente, y desafiaban cualquier variante «jacobina» que tendiera a la radicalización del proceso revolucionario finisecular.

Sustentaban ese apoyo en una serie de doctrinas y teorías racistas legitimadoras de la expansión a expensas de las independencias de los pueblos, sobre todo los de raza latina. A finales del siglo XIX, Josiah Strong, misionero protestante, publicó Our country, en el cual proclamaba la raza anglosajona como «la raza elegida por Cristo» para civilizar al mundo; Brooks Adams aplicó las leyes físicas a la historia e introdujo la noción de «energía acumulada», que no podía liberarse por otro medio que no fuera la expansión; Frederick Jackson Turner, teórico de la «frontera», haría valer la doctrina expansionista como necesidad geopolítica; mientras el gran ideólogo, Alfred T. Mahan, publicaba en 1890 el ensayo The U.S. looking out ward, y su obra capital, The influence of Sea power upon history, trabajos recogidos en una edición francesa con el prefacio del profesor del Colegio de Francia, Jean Izoulet, conocido por sus concepciones sobre la función prominente de las élites.

La difusión de estas teorías al constituirse la República de Cuba, en un contexto marcado, justamente, por la «invasión» de enormes sumas de capitales, dirigidas tanto a la compra de tierras, minas, bancos, comercios y transportes, como destinadas también a préstamos o empréstitos, hacía que la noción de «interdependencia» a la que aludió el intelectual Enrique José Varona, al referirse al «concepto movedizo» de independencia en los enclaves coloniales y semicoloniales en los albores del siglo XX, se expresara con más rigor en términos de «dependencia». Esta se ajustaba en sus formas a los intereses hegemónicos de los emergentes modelos imperialistas en Europa y EE. UU., con la consecuente acentuación de las atávicas deformaciones estructurales de los enclaves periféricos.

En ese complejo escenario internacional y de enfrentamientos ideológicos surgió, hace 120 años, la República de Cuba, acto que no debe reducirse a la hegemonía imperial, que entronizó el apéndice intervencionista a la Constitución de 1901. La convocatoria a la Asamblea Constituyente por el Gobierno militar fue resultado también del convencimiento por parte de los estadistas estadounidenses de que la anexión, el protectorado o cuantas fórmulas o rejuegos políticos obstaran la independencia, no estaban entre las opciones defendidas por la mayoría de los cubanos, no solo por su liderazgo revolucionario, sino por los más amplios sectores y grupos del pueblo.

De hecho, la ocupación militar (1899-1902) devino espacio de entendimiento y de reafirmación de esa tesis, refrendada en múltiples manifestaciones políticas, artísticas y literarias.

El 20 de mayo de 1902, los destinos de Cuba y Puerto Rico, antiguos territorios coloniales ocupados por EE. UU., serían diferentes. ¿Por qué el deslinde imperial en los modos de asumir sus relaciones con estos enclaves antillanos? Cuando Máximo Gómez llamaba a defender lo mucho que aún quedaba de la gesta independentista, «su historia y su bandera», apuntaba las claves necesarias para entender el hecho fundacional republicano, pero también sus desafíos.

De olvidar esa historia: «(...) llegará un día en que perdido hasta el idioma, nuestros hijos, sin que se les pueda culpar, apenas leerán algún viejo pergamino que les caiga a la mano, en el que se relaten las proezas de las pasadas generaciones, y esas, de seguro les han de inspirar poco interés, sugestionados como han de sentirse por el espíritu yankee».