Ariel Terrero - Cubaperiodistas.- El debate del Proyecto de Ley de Comunicación Social se ha reavivado en Cuba, tras ser pospuesto su parto en el Parlamento por dos o tres meses. El aplazamiento, temido por unos como amenaza a los filos de esta norma o a su emisión misma, pudiera interpretarse también como clásica jugada de promoción para alentar de nuevo miradas, diálogo, controversias e ideas en la sociedad. La comunicación entraría así, con mejor pie, en la vida política cubana.


Especulaciones en una y otra dirección han aflorado en las redes. Pero no me convencen. La impugnación de la norma, de concretarse, cuestionaría la palabra de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tanto como la solidez del modelo político y legislativo que se ha propuesto Cuba. La segunda opción suena mejor, pero es más frecuente en otros lares. Como jugada indicaría una malicia comunicológica poco común en nuestro país.

A mi juicio, la postergación expresa, más que nada, el espíritu de una ley que es audaz y polémica por naturaleza, alcance y contexto. Los riesgos y temores son lógicos por constituir una legislación pionera en Cuba, en una disciplina, la comunicación, también joven desde la perspectiva científica, política y jurídica internacional. Un torbellino de transformaciones tecnológicas renueva constantemente canales, medios y lenguajes y hace más compleja la materia objeto de Ley.

Cuando Cuba la apruebe, que lo hará, se enganchará a un carro que echó a andar en América Latina hace apenas dos décadas. Tras la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela en 2004, se sumaron Ecuador, Argentina, Uruguay, México y Bolivia en años sucesivos, con alcances y enfoques reguladores muy diversos, pero con una coincidencia: la capacidad de estas legislaciones para recalentar el escenario político en cada país.

Con tales antecedentes, no me sorprende que los diputados cubanos quieran masticar y entender mejor la norma, antes de llevarla a sesión plenaria en febrero o marzo. La versión cubana, además, adopta una mirada más compleja y abarcadora que otras legislaciones de igual perfil. Postula regulaciones para todos los ámbitos de la comunicación -mediática, organizacional y comunitaria-, las espinosas relaciones del ciberespacio, la comunicación de crisis y la economía de los medios, entre otros múltiples campos.

El desafío que aguarda a esta Ley trasciende el mero ordenamiento de esta actividad. Bien entendida y aplicada, puede enfrentar una deuda de la sociedad cubana: transformar un modelo de comunicación que muchas veces ha aplicado, erróneamente, patrones similares para la comunicación, sea política, mediática u organizacional. El hecho de compartir las tres un fin estratégico, la defensa de la Revolución, ha extraviado los recursos técnicos que le son propios a cada una.

La convergencia tecnológica actual y las redes sociales han acentuado la ineficacia de estos esquemas, en momentos en que vuela la información por las redes, desafiando la negación de la instantaneidad de Aristóteles y los conceptos filosóficos de la verdad. El capítulo reciente de la Western Union lo confirma. Algunos medios nacionales retiraron el anuncio, como si el elemental deber de informar el inicio de pruebas pilotos de esta compañía en Cuba implicara un aplauso oficial.

¿Será la Ley la oportunidad para comenzar a enmendar tales distorsiones? ¿Será un recurso para entender que la prensa tiene lenguajes y claves de comunicación diferentes a los de un gobierno o una empresa, aunque coincidan en objetivos estratégicos? ¿Será por esto que algunos gurúes ortodoxos cruzan los dedos?

Aunque sueño, como tantos profesionales de la comunicación, con esta Ley desde hace años, entiendo la prudencia parlamentaria. El proyecto legislativo propone un giro de 180 grados al enfoque estrecho y gris, que ha dominado la praxis social sobre la prensa, la comunicación política y la comunicación empresarial. Regula derechos esenciales, eternamente polémicos, como la libertad de expresión y el derecho de información, sujetos a reinterpretaciones en el escenario contemporáneo de la comunicación y la política.

Otra razón hace más tensa cualquier maniobra en este campo. Junto con la persecución financiera, las campañas de información o desinformación han constituido uno de los terrenos preferidos por Estados Unidos en su guerra política contra la Revolución Cubana.

Bienvenida la pausa y el debate que merece la Ley, siempre que no se extravíe en las visiones polarizadas y los fundamentalismos que he visto en las redes sociales. La derecha se asombra por la propuesta de un sistema de comunicación social que guarda fidelidad “a los fines de la sociedad y el Estado socialista de derecho y justicia social”. Voceros pseudomarxistas, entretanto, se espantan por la decisión legislativa de regular e impulsar la actividad económica de los medios de prensa.

Dedicados a cazar fantasmas del capitalismo a cualquier costo, distorsionan lenguaje y conceptos del texto legislativo, con críticas a un capítulo dedicado a “capitalizar los medios”. Tengo la sospecha de que muchos de estos presuntos polemistas no se han leído ni el Proyecto de Ley de Comunicación Social, ni El Capital de Marx, ni los aportes de Bourdieu con su capital simbólico.

El proyecto nunca habla de capitalizar, verbo que por demás no implica un pecado, si nos atenemos a la situación públicamente admitida de descapitalización que afecta a muchos órganos de prensa. El Artículo 37.1 del Proyecto de Ley establece que “los medios fundamentales de comunicación social se financian esencialmente por el presupuesto del Estado o por el de las organizaciones políticas, sociales y de masas correspondientes”.

La publicidad y el patrocinio quedan como alternativas, pero algunos sesudos cuestionan estas opciones, aunque están previstas explícitamente en los documentos programáticos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2017, y en la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno de Cuba. ¿Con qué socialismo sueñan? El proyecto legislativo llega para regular sabiamente la actividad publicitaria que se ejercita en Cuba desde hace décadas por no pocas empresas y limitadamente por algunos medios de prensa.

Ya no recuerdo cuál texto, si era de derecha o de izquierda, dio las gracias a Dios al ser detenida la Ley de Comunicación Social. El diablo los junta.

Como toda obra humana el proyecto normativo que entrará a la sesión parlamentaria se puede pulir, en estilo y contenido, pero parto de reconocerle dos méritos esenciales, menos visibles en legislaciones foráneas similares: regula de conjunto varios ámbitos comunicacionales complejos y rompe con el enfoque de la comunicación como mero instrumento de difusión.

El desafío real vendrá luego: implementarla, articular la comunicación social como eje transversal y estratégico de desarrollo y de participación social, rehuir del pecado instrumentalista, de mirada estrecha, que criticaron Jesús Martín Barbero y Julio García Luis, por citar dos pensadores.

Para la prensa en particular, la propuesta legislativa llegaría como pieza clave para sostener e impulsar el reordenamiento soñado del sistema de medios, enredado entretanto en una convergencia tecnológica con transformación de rutinas, actores, reglas, dimensiones, estructuras, símbolos. Será un paso para avanzar en la búsqueda de un modelo de comunicación social revolucionario. Y este será, a su vez, esencial para el modelo de desarrollo económico y social que se ha propuesto construir Cuba, y que constituiría de facto un modelo de socialismo.

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