Foto: Marcelino Vázquez Hernández / ACN.

Sobre la nueva Ley: Una visión más integral de qué es la comunicación

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

(Versión no oficial)

La Ley representa un primer paso en el proceso de regulación y organización del Sistema de Comunicación Social en Cuba, y así debe ser entendida, aun cuando sea fruto de un largo proceso de debate y revisión.

No está escrita en piedra, como no puede estarlo nada relacionado con la Comunicación Social en la veloz época que vivimos, justamente como consecuencia del desarrollo de la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Aunque los objetivos declarados y la redacción de los artículos de esta Ley, tienen un enfoque necesariamente regulatorio, su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación para el desarrollo del país.

El largo periodo de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del Gobierno estadounidense, impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional, pero no es ni de lejos la razón de esta Ley.

Lo que estamos convocados a aprobar hoy es, fundamentalmente, el diseño de un marco de posibilidades que apunten al desarrollo del Sistema de Comunicación Social en Cuba que, además, hemos concebido como uno de los pilares de la gestión de Gobierno.

Si la norma tiene límites, y los tiene, es porque reconoce y expresa el estado actual en las áreas del conocimiento y la práctica profesional asociada a la comunicación en Cuba. Eso significa que necesariamente deberá seguir articulándose y desarrollándose.

Incluir aspectos relacionados con la comunicación institucional y comunitaria, y no solo mediática o asociada específicamente a la prensa, aporta una visión más integral de lo que es la comunicación.

Uno de los grandes desafíos que nos impone ahora mismo la nueva Ley, se deriva de las concepciones, visiones e interpretación de la comunicación en el ámbito digital y su integración con el resto del Sistema, por la complejidad de un escenario que evoluciona a una velocidad sin precedentes, tal como habíamos comentado antes.

Quisiera resaltar la importancia de reconocer e incluir el papel y lugar de las personas en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, pues todos los que participan en los procesos comunicacionales, inciden, interactúan, se relacionan, tienen niveles de influencia y en suma actúan de forma directa o indirecta en sus lógicas de funcionamiento, deciden en algún grado la eficacia de la Comunicación.

Por otra parte, estos ámbitos sólo cobran sentido en su interrelación con las personas, desde las acciones que se diseñan para ellas, con ellas o teniendo en cuenta sus características y/o necesidades.

Es fundamental y necesario, que junto con esta Ley y a favor de su implementación más efectiva, se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática e informacional en las personas.

Hablo de la necesidad imperiosa de dotar a la población de conocimientos, capacidades y herramientas para una comprensión y valoración crítica de las lógicas de funcionamiento de los medios, además de potenciar y facilitar el acceso a ellos y a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Reconocer y ponderar la educación para la comunicación es crucial para asumir los nuevos procesos comunicacionales, que hoy se manifiestan sobre todo en el espacio digital, incluyendo los que existen y los que deseamos crear o fortalecer como sociedad socialista.

Es imprescindible comprender cuánto ha impactado el desarrollo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el rol de los sujetos que intervienen en esos procesos.

Ya no se trata de la simple fórmula emisor-mensaje-receptor. Hoy puede tener más impacto un solo usuario en cualquier plataforma digital, que los tradicionales “medios de comunicación”, incluso aquellos con presencia en las redes. Presencia no garantiza visibilidad.

Más de dos tercios de la población global accede hoy con cierta regularidad a Internet, pero este espacio está cada vez más dominado por un grupo reducido de trasnacionales que, a través de plataformas, servicios, sistemas, han logrado captar el tráfico y la atención de prácticamente todos los usuarios.

Este nivel de concentración del consumo en plataformas que no son de propiedad pública, y que establecen restricciones a las prácticas de los usuarios en función de sus intereses (aunque en el discurso digan todo lo contrario), así como los mecanismos de filtrado de la información a partir de algoritmos, hacen que el acceso a la información y las posibilidades de comunicación sean, en apretada síntesis, cada vez menos de dominio y uso público. Cada vez menos democráticos.

Como la ley es una norma de alto impacto estratégico, por regular uno de los ámbitos de mayor ataque contra Cuba, algunos de los debates principales en sectores intelectuales y profesionales se han centrado en aspectos puntuales de la norma que pudieran favorecer o legitimar determinadas manifestaciones de subversión e impacto para la seguridad nacional, en un contexto de intensa guerra mediática.

Los principales elementos de debate han tenido un enfoque preventivo ante la subversión y apuntan principalmente hacia el carácter de los medios y su propiedad; la regulación en torno a la figura del patrocinio y dentro de esta el mecenazgo.

En función de esas preocupaciones se hicieron ajustes en su articulado y enunciados, buscando eliminar ambigüedades y evitar futuras interpretaciones que pudieran contradecir el espíritu y la letra de la Constitución.

De hecho, la Ley se refiere a la Constitución al menos 20 veces y se recuerda en 14 menciones expresas que debe regirse "conforme a las leyes y otras disposiciones normativas vigentes”.

La ley reconoce que la información que soporta los procesos comunicacionales ha de ser veraz, objetiva, oportuna, actualizada, verificada y comprensible. Estos son principios básicos.

En cuanto a la comunicación en el ámbito organizacional, la Ley que hoy terminamos de discutir, debe convertirse en un instrumento de trabajo permanente, en función de terminar de entender que el fin no es el mensaje que trasladen, sino la utilidad imprescindible de la gestión comunicacional en función de los objetivos estratégicos de la entidad.

Esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales. Ante una situación determinada que esté impactando negativamente en la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato, desde todos los espacios posibles. Por su parte, toca a la prensa contar primero y responsablemente, cada información sensible para el pueblo.

Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social para favorecer la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, para poner en común, es decir unir todos nuestros conocimientos en función de extraer las mejores ideas, articularnos, generar consenso.

Vivimos en un país estructurado y organizado, donde se trabaja mucho para resistir el embate de un acoso hostil y asfixiante, siempre empeñados en seguir adelante hacia un mayor bienestar social.

Compete fundamentalmente a la Comunicación Social, contribuir a la construcción de la imagen país en correspondencia con los atributos que identifican a la nación y la realidad que vivimos. Ese proyecto estratégico podrá ser diseñado por expertos, pero lo construímos todos, cada día.

Esa verdad, de la que el pueblo es protagonista fundamental, hay que hacerla notar todos los días.

Hagámoslo sin altisonancias, ni alardes, desde la responsabilidad, la ética y la virtud, desde la firmeza y la coherencia, desde la elegancia y la mesura, sin retóricas que provoquen agobio y rechazo, con argumentos y sentimientos, desde la sensibilidad.

La Revolución es diálogo verdadero que antepone la verdad y la ética a la indecencia y la perversidad, que no negocia su existencia, no legitima a mercenarios y actúa con seguridad y firmeza.

Enfrente tenemos más de un espacio tomado por extremistas, fundamentalistas, donde las fuerzas anticubanas, generadoras de odio, actúan en permanente disposición para el linchamiento a base de mentiras, manipulación, tergiversaciones, incitación a la violencia e incluso a la agresión militar.

Una de las agrupaciones musicales más populares dentro y fuera de Cuba, está sufriendo ahora mismo, el ataque de odiadores profesionales, alentados desde plataformas tóxicas con un solo objetivo: provocar el fin de la Revolución.

Cualquiera que hoy defiende la verdad está expuesto no sólo a pagar el precio por sus ideas, sino a sufrir la descalificación personal, la censura y el odio.

No nos asusta el desafío. Lo asumimos con orgullo y dignidad.

Pero esa defensa es sólo una parte de nuestro sentido de nación, que se ha conformado con la suma de las individualidades que somos, unidas esencialmente en los esfuerzos por superar nuestras insuficiencias y en la comunión de sueños por alcanzar.

Una de las expertas que más ha contribuido al texto legal, la Dra Hilda Saladrigas, ha resumido una esencia fundamental de esta ley en un frase con la que quisiera concluir: “Cuba, …en su particularidad, puede y debe hacer las prácticas todas y las comunicativas sociales, de modo diferente, de modo revolucionario”.

Quiero expresar mi admiración profunda por los jóvenes diputados que han hablado hoy aquí y han  ofrecido argumentos cultos y comprometidos a favor de la Ley.

Díaz-Canel destacó el apego de la nueva Ley a la Constitución de la República de Cuba y comentó que debe permitir superar los vacíos y vencer las inercias institucionales.

Asimismo, expresó la admiración profunda por los jóvenes diputados que han ofrecido argumentos cultos y comprometidos a favor de la Ley, un instrumento que “representa el primer paso en el proceso de organización del sistema de comunicación social en Cuba”.

El mandatario señaló que la Ley no está “escrita en piedra: aunque sus objetivos y redacción tienen un enfoque regulatorio, su mayor valor radica en las potencialidades y beneficios de la comunicación para el país”.

El instrumento deberá seguir articulándose y desarrollándose. En su criterio, uno de los grandes desafíos se deriva de las concepciones de la comunicación en el ámbito digital y su integración con el resto del sistema.

“Quiero resaltar -continuó- la importancia de reconocer el papel igual de las personas en los ámbitos mediáticos, comunitarios y organizacionales, los cuales solo cobran sentido en su interrelación con las personas. Es fundamental que, junto con esta Ley, se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática de las personas”.

El jefe de Estado se detuvo en la necesidad de dotar de conocimientos, capacidades y experiencias en todos los escenarios, en tiempos en que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones tienen un alto impacto en los procesos que involucra la Ley. “Internet -precisó- está cada vez más dominada por un grupo reducido de trasnacionales” y a escala global el acceso a la información es cada vez menos democrático.

De igual modo, el diputado Díaz-Canel destacó el rol de la comunicación social en la construcción de la imagen país. Tras señalar que la Revolución es un diálogo verdadero que antepone la verdad y la ética y acotar que cualquiera que defienda la verdad estará expuesto no solo a la descalificación de sus ideas, sino también a sufrir la censura y el odio, el presidente suscribió la idea de la académica Hilda Saladrigas de que Cuba, en su particularidad, puede ejecutar las prácticas todas y las comunicativas, de modo diferente: de modo revolucionario.

Antes, el presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, presentó a Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, explicó el proceso de gestación del proyecto de Ley más debatido y consultado -con excepción del Código de las familias y de la Constitución de la República- antes de una sesión de la Asamblea Nacional.

En su explicación a los diputados, Noya Martínez relató que, cuando en 2018 el Buró Político aprobó la política de comunicación social se trazaron los fundamentos de este instrumento que supuso construir consensos entre la visión académica, la práctica profesional y la experiencia social.

El alcance de la Ley implicó un camino más democrático por su creación colectiva, pues más de 7000 personas participaron en los intercambios, entre ellos profesionales, expertos, empresarios, al cabo del aporte de dos legislaturas parlamentarias, uno de los rasgos inéditos que distinguen la nueva herramienta jurídica.

José Luis Toledo Santander dio lectura al dictamen de la comisión temporal presidida por él para analizar el entonces proyecto de Ley.

Durante su presentación, destacó el trabajo de académicos, expertos y comunicadores por más de seis años, lo cual condujo a un documento mejor perfilado en conceptos y contenidos.

La comisión temporal consideró que el instrumento propuesto es coherente con la Constitución de la República y el ordenamiento legal del país.

Debates al pie de la Ley

El diputado Nelson Valdés condenó los ataques fascistas que ha recibido en España el dúo Buena Fe. “Esta ley servirá también para que aprendamos a convivir con la diferencia, con la diversidad de pensamiento y visiones que hay dentro de la Cuba que queremos todos. Ayudará a alejarnos mucho más de ese fascismo”, dijo, y se preguntó por qué una mayor cantidad de los revolucionarios presentes en las redes sociales no salen a defender en ellas lo que somos.

Para la diputada Ailyn Febles Estrada, la Ley de Comunicación Social es necesaria, aunque no sea suficiente, “perfectible, pero útil, oportuna y pertinente. Hoy es también una ley de seguridad nacional y tan importante como ella serán los instrumentos que nos permitan implementarla”.

Febles Estrada insistió en su idea, expuesta en un debate anterior, de la importancia de la educación general -además de la superior, explícita en el instrumento- en función de que los niños aprendan métodos para ejercer la cultura del diálogo y comunicarse adecuadamente entre ellos, sus familias y compañeros, así como conectarse en un escenario virtual. “Ellos serán -dijo- quienes, en pocos años, tendrán que implementar la letra de esta Ley”.

La joven periodista Leydis María Labrador, diputada tunera, señaló que todos tendremos que entendernos como actores dentro de un sistema integrado de comunicación social. “No podemos creer que las cosas van a fluir de manera espontánea porque tengamos una Ley. Se necesita conducción, organización y saber que, indistintamente, podemos ser emisores y receptores. Así como queremos información de calidad, tenemos que tener la valentía de darla cuando nos corresponda ofrecerla a los demás”, señaló.

Sobre la misión en las comunidades, Leydis María apuntó que incluye convertir los espacios digitales en lugares de retroalimentación.

El diputado por Bayamo Gabriel Fornaris Cruzata consideró que esta es una norma de vital importancia en el ejercicio del Gobierno, el perfeccionamiento del Poder Popular y su gestión estratégica. El parlamentario destacó la democracia participativa que se hizo evidente desde su discusión, plena en diálogo, consulta, respeto al criterio ajeno, revisión de las propuestas y consenso para aportar. “Refuerza el mandato de brindar información veraz y oportuna a la ciudadanía y por ello nos corresponde multiplicar su contenido en el devenir diario con nuestros electores”, afirmó.

Reina Torres Pérez, diputada por Ciego de Ávila señaló que la Ley recoge las diversas realidades comunicacionales del país. “Es un proyecto -señaló- construido desde la colectividad más robusta, llama a la unidad en todos los espacios y plantea la necesidad de que nos preparemos, sin excepción. En su espíritu está la visión revolucionaria de Fidel, un gran comunicador que nunca rehuía la prensa”.

En tanto, la parlamentaria granmense Susel Domínguez Serrano comentó que esta Ley cumple un anhelo de los profesionales de la comunicación y tiene la virtud de llevar en sí la defensa de la Revolución y el socialismo en un escenario mediático muy hostil.

A su juicio, la instauración de ella representa un aporte del pensamiento y la vanguardia intelectual cubana, pero “el gran mérito estará en su aplicación, en cómo todos seamos capaces de apropiarnos de lo que nos plantea como servidores públicos”.

La diputada llamó a rescatar las corresponsalías de televisión por su potencial cultural en las comunidades y concluyó con la idea de que la Ley es “otra oportunidad de demostrar que los comunicadores somos, como definió Fidel Castro, la artillería pesada de la Revolución”.

Según el diputado mayabequense Elvis Gil Domínguez, la Ley de Comunicación Social fortalecerá el afán de materializar las estrategias de desarrollo del país. “Corresponde entonces -precisó- defenderla desde la legalidad. Ella debe poner su mira en las necesidades del pueblo con la finalidad de bien público y, para comunicar en pos de la satisfacción social hay que respetar la fundamentación teórica”.

Yoerky Sánchez Cuellar, director de Juventud Rebelde, destacó el importante suceso de transparencia comunicacional que cuenta con los aportes de diputados de la IX y la X legislaturas de la Asamblea, a partir de la participación de analistas, líderes de opinión y representantes de instituciones.

El diputado y miembro del Consejo de Estado destacó que no se trata de una norma gremial, sino de “una ley de todos y para el bien de todos” que transversaliza distintos procesos sociales y coloca en su centro a la ciudadanía.

Si bien – precisó – no constituye una ley de prensa o de medios, “la prensa y los medios tienen un gran respaldo”, pues impulsará su trasformación editorial y económica y abrirá otras posibilidades para sostener su desarrollo.

De acuerdo con Sánchez Cuellar, los principios, deberes y derechos refrendados confirman el mayor alcance de la actual versión que permitirá a periodistas y comunicadores, entre otras garantías “denunciar actos o personas que obstaculicen los procesos de comunicación”.

Asimismo, dijo que, al intervenir en la comunicación política, en el ciberespacio, la comunicación de crisis, la publicidad y el patrocinio, brinda sustento jurídico al único pilar de la gestión gubernamental, cuyos fundamentos no están en contradicción con los valores socialistas del Estado cubano.

En tanto, la Doctora en Comunicación y diputada Rosa Miriam Elizalde, expuso los argumentos que avalan el carácter histórico de un proyecto de Ley que desborda la geografía cubana.

Desde esta perspectiva, se trata de la primera Ley de Comunicación en Cuba derivada de una Constitución socialista desde la época colonial, cuando en 1886 se dictó la Ley de imprenta que regulaba la producción periodística para Cuba y Puerto Rico.

La también vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, dijo que es la primera norma de América Latina que trasciende lo sectorial, lo cual favorece la respuesta sistémica y estructural a los desafíos cotidianos y a los problemas acumulados por el sistema de comunicación pública nacional.

Es una ley sombrilla -añadió– que transversaliza todos los ambientes de la sociedad y permitirá cumplir con sus mandatos y fortalecer la innovación, al colocar al Estado como mediador y garante de los derechos de los cubanos y cubanas.

Sin regulaciones en este ámbito –acotó- es imposible revertir los procesos altamente nocivos y violatorios de las soberanías nacionales que genera una red transnacional, bajo el control monopolio de un puñado de compañías privadas, la mayoría estadounidenses.

No podemos mudarnos a otro planeta, hay que aceptar los retos que supone una sociedad conectada. Como dice un viejo axioma en Internet –continuó– los valores en red se fortalecen, y si esos son contrahegemónicos, esos valores serán los dominantes. El ordenamiento jurídico es clave, por eso estamos viendo ahora mismo una fiebre regulatoria, añadió. “El poder económico, militar y cultural que tiene el imperio gracias a estas plataformas es asfixiante e intolerable para los propios aliados de Estados Unidos. Tener una norma de este tipo es una fortaleza para la soberanía nacional.”

La ley, añadió la Vicepresidenta Primera, concibe a la comunicación como gestión de la participación y como herramienta de control popular. “No es un hecho menor: aquí es donde se concreta la democracia”.

Aseguró que esta Ley nos muestra que hay otras posibilidades de uso de las tecnologías con otro signo que no sea la desigualdad, la depredación y la alienación. “Demuestra que no renunciamos a las posibilidades que el escenario digital brinda para el acceso al conocimiento, la cultura, la realización personal, la plenitud de cubanas y cubanos, pero tampoco permitiremos la injerencia extranjera sin que haya límites y discusiones de ese poder.”

Finalmente, la especialista agradeció el trabajo de la comisión redactora, a los profesionales de la comunicación, a la ciudadanía, a los amigos y enemigos, que permitieron explorar las posibilidad y los límites de esta histórica regulación,  y reafirmó que la Ley acepta el reto de mejorar la comunicación en el país y de responder a los enormes desafíos presentes y futuros “que tenemos como pueblo y como humanidad”.

Por su parte, los diputados Yovannys Manzanet y Carlos Antonio Leyva destacaron la necesidad de capacitar a la población con el propósito de entender el contenido de la norma y fortalecer su cultura jurídica; mientras, José Carlos Cruz Sandoval llamó a hacer un uso responsable y ético de la comunicación tanto en los espacios físicos como virtuales.

Daicar Saladrigas González, periodista y diputada por el municipio de Camagüey, se refirió a la preocupante situación material en las cuales trabajan los profesionales de la prensa, la cual limitará el cumplimiento inmediato de algunas de las misiones de la Ley.

Sin embargo, apostó por el cambio de ese panorama de escasos recursos tecnológicos en función de una Ley con más derechos para la ciudadanía cubana que refuerza la responsabilidad del Estado y convoca a aportar al diálogo, al respeto y al derecho de expresión.

Tendremos una normativa jurídica – expresó – que sentará bases para mejorar los procesos comunicacionales en todos los ámbitos, que protegerá la imagen de las mujeres y el bienestar de la niñez y la adolescencia, para que comunicar bien también sea ley en Cuba.