Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, informa sobre resultados de juicio contra Cuba en Londres . Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.


Randy Alonso Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Thalía Fuentes Puebla, Lisandra Fariñas Acosta - Cubadebate / Mesa Redonda

El ministro de Justicia Oscar Silvera Martínez compareció este martes en la Mesa Redonda para intercambiar sobre la implementación del Código de las Familias, el Cronograma Legislativo del parlamento cubano, la prestación de servicios notariales y registrales, la legalización de documentos y otros temas de interés.

Al iniciar su intervención en el programa radiotelevisivo Silvera Martínez, dijo que el proceso de elaboración del Código de las Familias fue complejo pero acertado, y que se llevó a cabo con una profunda consulta popular que involucró a más de 79,000 reuniones en comunidades y centros de trabajo, y recibió más de 400,000 opiniones.

Silvera Martínez también señaló que el Código ha sido implementado "de manera general bien", aunque reconoció que ha existido algunas falencias por parte de las personas encargadas de su aplicación. Para asegurar que el código se cumpla de manera efectiva, el ministro destacó la importancia de la capacitación permanente de los actores involucrados y de un monitoreo e inspectoría sistemática continua.

“El Código de la Familias ha tenido un significado altísimo en la anterior legislatura por su alcance, complejidad y los cambios culturales que implica. Desde su aprobación en julio del 2022 por la Asamblea Nacional, ha habido un número importante de casos en tramitación en el sistema del Ministerio de Justicia, incluyendo 34,438 matrimonios constituidos hasta el cierre de mayo de 2023. Además, 1003 de estos matrimonios fueron entre personas del mismo género, lo que acredita la importancia de la aprobación del código en materia de uniones de hecho y afectivas” subrayó.

El ministro destacó también otras variables que establece el Código, como los pactos matrimoniales (135 constituidos en esta etapa), la escucha del menor en seis casos de divorcio, los pactos de convivencia, la revocación de donaciones, los contratos de alimento, las delegaciones de responsabilidad y el consentimiento para técnicas de reproducción asistida.

Silvera Martínez destacó que para asegurar que el código se cumpla de manera efectiva, es necesario que los actores involucrados se capaciten permanentemente y que haya un monitoreo e inspectoría sistemática continua.

“Solamente desde el control y desde la atención a las quejas y los planteamientos que de diversas maneras nos hace llegar nuestro pueblo, nosotros estaremos más claros de los errores que cometemos y de las insuficiencias que tenemos. Pero el Código se viene implementando de manera general bien, lo que no quiere decir que haya casos donde exista alguna incomprensión o se dé una mala respuesta por parte de un funcionario porque no se dominaba sus contenidos por sus falencias en el autoestudio”.

En relación a las dificultades que se han presentado en la implementación del Código de las Familias, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, ha reconocido que ha habido algunos casos en los que se ha presentado una mala actuación por parte de los encargados de aplicar el código. En particular, ha mencionado dos casos en la Matanza en los que se presentaron contradicciones en la inscripción de los niños y que no se informó a tiempo a los superiores.

El ministro ha señalado que estas dificultades se han debido principalmente a la falta de capacitación y supervisión de los encargados de aplicar el código. Para resolver estos problemas, se han tomado medidas para dar una mejor capacitación a los encargados de aplicar el Código y para establecer un mejor control y seguimiento de los casos.

En cuanto a los casos de certificación de matrimonios entre personas del mismo género, el ministro ha señalado que también se presentaron algunas dificultades. En algunos municipios, prevalecía todavía el modelo de certificación antiguo lo que causó demoras en la certificación de estos matrimonios. Sin embargo, el ministro ha asegurado que estos problemas se han corregido y que se ha dado una solución a los mismos.

El directivo destacó que, a pesar de las dificultades, el Código de la Familia ha tenido un impacto significativo en las familias y en las personas en Cuba. En particular, ha señalado que más de 1000 matrimonios entre personas del mismo género se han constituido desde la aprobación del código, lo que demuestra la importancia de esta reforma en la protección de los derechos familiares y de género en el país.

“En conclusión, la implementación del Código de la Familia de Cuba ha sido un proceso complejo y que ha presentado algunas dificultades. Sin embargo, se han tomado medidas para solucionar los problemas y para mejorar la capacitación y supervisión de los encargados de aplicar el código. El impacto del código en las familias y en las personas en Cuba ha sido significativo, lo que demuestra la importancia de esta reforma en la protección de los derechos familiares y de género en el país”.

Se han aprobado 36 leyes y 87 decretos ley

En otro momento del programa el ministro de Justicia se refirió al amplio proceso legislativo que se ha llevado a cabo en los últimos años en Cuba.

En este sentido, destacó el trabajo intenso y profundo de los diputados en la legislatura de la Asamblea, que han reforzado la capacidad legislativa del país para afrontar el intenso ejercicio legislativo.

“A pesar de que las leyes por sí solas no garantizan los objetivos que se plantean, es importante tener un marco de actuación necesario para la institucionalidad del país y para el cumplimiento de los derechos, deberes y garantías de las personas”.

Silvera Martínez destacó que la novena legislatura inició su trabajo en una fecha significativa porque fue refrendada la Constitución, a partir de la cual ya se han aprobado un sinnúmero de leyes y decretos ley, haciendo un total de 121 normas jurídicas en ese periodo de tiempo.

“El Ministerio de Justicia ha conducido el desempeño y debemos subrayar la actuación de la Gaceta Oficial en este empeño. Agradecemos a todo su equipo joven y no tan joven que tanto trabajo hacen desde un anonimato enaltecedor”.

Hasta la fecha ya se han aprobado 36 leyes y 87 decretos ley, incluyendo la ley de comunicación.

El ministro destacó que este proceso legislativo no tiene paralelo en la historia legislativa de la nación y que se ha hecho muchas leyes necesarias en un periodo de tiempo así de unos 4 años.

“El país no renuncia a hacer todas esas leyes porque son necesarias y que se seguirá trabajando para mejorar la capacidad legislativa del país y para afrontar los retos que reclama el público y exige el presidente y el primer ministro”.

Oscar Silvera Martínez, destacó que dentro de ese gran grupo de normas jurídicas aprobadas en los últimos años en Cuba, se pueden identificar varios bloques importantes. En primer lugar, se encuentran todas las normas jurídicas de rango superior que definen la organización y funcionamiento del Estado y del gobierno, lo que implicó una actualización de la ley electoral y de las estructuras de poder, como la figura del presidente, vicepresidente, primer ministro, gobernadores y consejos de gobierno provinciales.

En segundo lugar, se encuentra la actualización del modelo económico y todas las políticas económicas en función de los postulados constitucionales, que incluye la tarea de ordenamiento y la incorporación de nuevos actores económicos como las pymes y cooperativas agropecuarias.

En tercer lugar, se encuentran las leyes de desarrollo que mandata la Constitución en materia de derechos, garantías y deberes de las personas, como la ley de protección de datos personales y el Código de Familias.

Un cuarto grupo importante es la necesaria y profunda reforma procesal y judicial, que va más allá de una simple reforma y que implica transformaciones revolucionarias en todo el andamiaje judicial y procesal, incluyendo la mediación en la solución de conflictos.

Además, se destaca la importancia del cumplimiento riguroso de todas las normas jurídicas aprobadas, estableciendo claramente los responsables de su cumplimiento, las instituciones responsables y los mecanismos de control para garantizar ese cumplimiento. “La participación popular también es esencial para exigir el cumplimiento de las leyes y para impulsar la transformación esperada de las normas jurídicas”.

Un cronograma para el presente y el futuro del país

Por otro lado, destacó que el cronograma legislativo aprobado por la décima legislatura incluye la aprobación de 52 leyes y 29 decretos ley, y representa un esfuerzo importante de planificación de las normas jurídicas. El ministro de Justicia invita al pueblo a participar en la revisión y aportar criterios a estas normativas, y a controlar la actuación de los responsables del cumplimiento de las leyes.

“Cabe destacar la ley de empresa buscan actualizar el marco jurídico para el desarrollo de la economía cubana, estableciendo las bases para una gestión empresarial más eficiente y transparente”.

Por su parte, la ley de atención de quejas y peticiones tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana en el control y fiscalización de los organismos, entidades y empresas estatales, a través de la presentación de quejas y peticiones.

El derecho constitucional, por su parte, es una rama del derecho público que se encarga del estudio de la Constitución y de los derechos fundamentales y libertades públicas que esta reconoce y garantiza a los ciudadanos.

La ley de sociedades mercantiles, entre tanto, regula la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles, estableciendo las normas que rigen las relaciones entre los socios y entre estos y la sociedad.

La actualización de la ley tributaria, por su parte, busca modernizar el sistema tributario cubano, estableciendo un régimen fiscal más justo y equitativo para todos los contribuyentes.

La ley del patrimonio estatal, a su vez, tiene como objetivo proteger y conservar el patrimonio cultural, histórico y artístico del Estado, así como regular su uso y gestión.

La ley de la Administración financiera del Estado, por su parte, establece las normas y principios que rigen la gestión de los recursos financieros del Estado, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y transparente.

La ley de extranjería y la ley de ciudadanía, por otro lado, regulan los derechos y deberes de los extranjeros y de los ciudadanos cubanos, estableciendo las normas para el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia en el país.

La ley de identidad, por su parte, establece las normas para la identificación y registro de las personas, garantizando el derecho a la identidad y la protección de los datos personales.

“Todas estas leyes y normas jurídicas forman parte del proceso de actualización y modernización del marco jurídico cubano, con el objetivo de garantizar una gestión más eficiente y transparente de la economía y el Estado, así como la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, concluyó.

Trámites y legalización de documentos: Prioridad del Minjus

En un segundo momento del espacio televisivo el ministro de Justicia, Oscar Martínez Silveira, aseguró que garantizar los servicios en las notarías, el Registro Civil y a legalización de documentos es una prioridad para el Ministerio de Justicia.

“Procuramos ser consecuentes, por ejemplo, en los temas legislativos. Sabemos y estamos conscientes que en nuestra responsabilidad también está darles solución a esos temas”.

Ningún caso justifica que lo hagamos mal, añadió el titular. “Esto no lo decimos como una repetición de un concepto. No es tan fácil la solución de estos temas como venir a esta Mesa Redonda a plantearlo, pero les aseguro que tampoco es tan difícil la solución si estamos concentrados, si somos consecuentes, si somos claros de las múltiples dificultades y cuáles son las responsabilidades de cada cual para brindar servicios de calidad”.

Según Martínez Silveira, buena parte de las soluciones que se ha encontrado al crecimiento exponencial de los servicios de actividad notarial, del registro civil y del registro central del sancionado, están en la transformación digital.

“Otra variable en donde se tiene que apoyar la solución de estos problemas es en la gestión, en el desempeño de nuestra gente, en la en la postura de nuestros dirigentes que tiene que ser de control, crítica y autocrítica. Hay que concentrarnos más en la solución de los problemas, sin tanta justificación. Eso nunca nos va a llevar por buen camino”, alertó.

Sobre este tema, señaló como aspectos positivos la comunicación que establecen a través de sus redes sociales, su página web y los intercambios y visitas de control que hacen a los territorios. “Tenemos que conversar con las personas. Hay mucho de acierto en que los turnos valen dinero, casos de amiguitos, favoritismo. Son fenómenos que tenemos presentes ¿Cómo los vamos a eliminar? Primero, combatiendo en todo terreno porque no podemos convivir con ellos. Son las violaciones más graves que se pueden cometer en el sistema del Ministerio de Justicia, porque eso es esencialmente faltarle el respeto al pueblo. Es inadmisible”.

Otras de las estrategias que llevan a la práctica es la reducción en la cantidad de trámites. “En la actividad notarial y registral en los últimos tiempos hemos dictado más de 50 disposiciones que están en el marco de nuestras competencias, porque los reglamentos tanto de la Ley de Notaría, como de la Ley de Registro del Estado Civil que se actualizarán en la nueva legislatura son facultades del Ministerio de Justicia”.

El ministro reconoció en el espacio televisivo que la inmensa mayoría de su gremio son trabajadores de altísima preparación, con valores éticos y morales.

Sobre la actividad notarial, dijo que en el año 2022 se emitieron 793 413 documentos y 2 843 947 certificaciones en el Registro del Estado Civil. Hasta mayo del 2023, se han procesado 340 855 solicitudes de documentos y 1 733 942 certificaciones.

En el pasado año se inscribieron en el Registro de la Propiedad 225 328 inmuebles y hasta mayo de este año 96 872. Además, se inscribieron 5 005 mipymes en el 2022 y este año 1 558.

“El país nos dotó de un decreto ley que reconoce el documento electrónico con un grupo de requisitos que brindan total validez en el tráfico jurídico del país, en el ámbito documental. Estamos también avanzando en ese proceso de reconocimiento para que haya más competencia del Ministerio de Justicia”.

Asimismo, refirió que también esta estrategia se trabaja en los trámites con finalidades migratorias para que las autoridades de otros países acepten los documentos cubanos digitales y por eso la inmensa mayoría de las certificaciones que hoy se emiten tienen un código QR.

“Hay un nivel alto de demanda de nuestros servicios, pero también hay un nivel alto de respuesta. El reto es que a través de la informatización y de nuestra gestión se eliminen fenómenos tan negativos como lo son las colas”.

En ese sentido, Martínez Silveira explicó que se implementa la plataforma Ticket en ocho provincias del país: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Guantánamo en 32 notarías, 33 Registros Civiles, cuatro Registros de la Propiedad y dos Palacios de los Matrimonios.

“No es excluyente ninguna fórmula informatizada de organización de los servicios. Los ancianos, personas que viajan muchísimo para llegar a un lugar, padres con niños chiquitos, otros que tienen urgencia. Este es un sistema que ahorra tiempo, optimiza el trabajo de los notarios y los registradores”.

Por otro lado, ya están concluidos los proyectos de informatización en el Registro de la Propiedad, el Registro Civil y el Registro de Juristas, y en desarrollo en las notarías, el Registro Central de Sancionados, el Registro de Actos de Ultima Voluntad y Declaratoria de Herederos y en el Registro Mercantil.

“Estamos buscando colaboración internacional y estudiamos los procesos de transformación digital en países asiáticos como Vietnam y China. La solución de los problemas que nos quedan por delante tiene que ser mediante la informatización.”

Informatización, asesoramiento jurídico y caja de resarcimiento

Al referirse a otros registros que también se están modernizando, el ministro de Justicia mencionó el Registro de la Propiedad. “Es hasta ahora el más revolucionario y moderno de nuestros proyectos de informatización. El cambio ha sido sustancial”, sostuvo Martínez Silveira.

Ya está  la plataforma en 155 oficinas registrales, de unas 170 oficinas registrales de la propiedad que tenemos en el país, dijo.

Ello nos da celeridad, es una red amplia muy importante en la dinámica de la seguridad jurídica de las personas y del país, agregó.

Por otra parte, señaló que se encuentran en ese proceso de modernización también, el Registro de Juristas, el Registro de Estado Civil, que está en una segunda etapa para acoger en él toda la actualización del decreto ley 335 y que permita llegar a “ese sueño querido” de un folio único, y dejar atrás otro grupo de elementos que dificultan los trámites.

“Se trata de tener un lugar, una especie de reservorio donde podamos tener el registro y las personas toda su demanda registral (certificación de nacimiento, de matrimonio, de divorcio)  y ello debe agilizar mucho el proceso”, apuntó.

“Estamos en desarrollo con las notarías”, mencionó el ministro, quien refirió que en el mes de julio se empezó el pilotaje de los primeros módulos de la informatización de las notarías, lo cual viene a resolver también toda la interoperabilidad con los registros y va a agilizar mucho la tramitación.

“Va a humanizar mucho el trabajo de los de los notarios”, afirmó.

A los anteriores se suma el Registro central de Sancionado, acotó Martínez Silveira, quien informó que el pasado año se emitieron 591 000 certificaciones y este año esa cifra asciende a 526 000 en los cinco meses transcurridos.

Respecto a la instancia de las personas se han emitido —dijo— más de 400 000 certificaciones. “Tenemos problemas en el Registro central de Sancionados, nos demoramos en la inscripción de la sentencia. Hay ahí una deuda importante que debemos saldar definitivamente con el sistema de tribunales, un tema que nos reclama y nos exige con razón la dirección del Tribunal Supremo Popular”, comentó el titular del sector.

Precisó que tanto el Registro de actos de última voluntad y declaratoria de Herederos como el Registro mercantil también se están modernizando.

De acuerdo con el ministro, “desde el punto de vista del asesoramiento jurídico, una de las prioridades y misiones insustituibles del Ministerio de Justicia”, existen “4 769 juristas vinculados al asesoramiento jurídico, 1 077 vinculados a las consultorías jurídicas provinciales (despachos especializados en la atención a personas jurídicas); 2 840 son asesores jurídicos propios de los Organismos de la Administración Central del Estado (un mecanismo de trabajo que hemos ido perfeccionando todos los meses, con un plan de temas aprobado por el primer ministro y rendiciones de cuentas sistemáticas al primer ministro de los temas que abordamos en esos espacios con los directores jurídicos) y 852 pertenecen a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Todos ellos brindan servicio de asesoramiento jurídico”, dijo.

Sobre este tema y su relación con la base productiva del país y la cada vez mayor presencia de nuevos actores económicos como pequeñas y medianas empresas y cooperativas, Martínez Silveira mencionó que incluso hay sectores donde es insuficiente la presencia del asesor jurídico y ello “nos trae problemas, le trae problemas al diseño económico del país, sobre todo en un grupo de prioridades”, subrayó.

“Es prioridad para el asesoramiento jurídico la contratación en el país, especialmente en la materia de la producción de alimentos. Es uno de los retos que tenemos: que ese contrato entre el productor, la empresa sea efectivo, sea la conducción del negocio no un papel más ahí para que después alguien revise si tenemos o no tenemos contrato. Asimismo, en materia del derecho del trabajo, de la disciplina laboral, del asesoramiento a los órganos de dirección; que nuestros asesores jurídicos se conviertan en solucionador del problema, en buscar alternativas para hacer las cosas bien”, apuntó.

“Esto nos lo pide el primer ministro: no para hacer las cosas mal pero tampoco para para inmovilizar las entidades. Es decir, buscar alternativas dentro de la ley, dentro del derecho para hacer las cosas bien. Son los grandes retos que tenemos en el asesoramiento jurídico”, refirió el ministro.

Insistió en el rol esencial del asesoramiento jurídico para la adopción de medidas justas, adecuadas legales, oportunas, racionales,  un papel que tiene el asesoramiento jurídico y que no debemos descuidar y sí reforzar. El ministerio de Justicia cuenta con una Dirección general de legislación, asesoramiento jurídico y asistencia legal, que tiene esos actos cometidos y que redunda mucho en el papel de ese asesor jurídico y en el control también del patrimonio inmobiliario estatal”, señaló.

En ese sentido Martínez Silveira se refirió al mencionado acuerdo 34 del 2009 del Consejo de Ministros, relacionado con la inscripción oportuna y el papel del Registro mercantil en la inscripción, en el control, en el desempeño de nuestra entidades económicas.

“Tiene también que ver con la fortaleza desde el ordenamiento jurídico a los nuevos actores económicos y que de verdad podamos desde el derecho al asesoramiento jurídico que comparezcan al escenario económico del país, en similitud de condiciones junto con la empresa estatal. También en materia de litigio, de la disciplina procesal y de argumentos ante los tribunales, ante los órganos de solución de conflictos…”, dijo.

De ahí la urgencia en su informatización—sostuvo—porque sus dimensiones crecen y redundan en una mayor trascendencia en el orden socioeconómico del país. “Es decir, desde la estructura de los actores económicos tiene que prevalecer el orden, la seguridad jurídica, el respeto a la legalidad. Esta es una de las vías más necesarias y más urgentes que tenemos, desde el país, de fortalecer en ese contexto el concepto que refrendamos en el artículo uno de la Constitución, de que somos y defendemos un estado socialista de derecho y de justicia social. El asesoramiento jurídico tiene mucho que ver en ese sentido”, enfatizó.

Sobre la Caja de resarcimiento, Martínez Silveira señaló que es una de las estructuras que más avanzado.

Los datos así lo reflejan, dijo.

“En el año 2022, la caja cobró a los sancionados que tienen obligaciones más de 68 millones 353 000 pesos. Esos son los cobros que se hicieron a más de 80 000 sancionados. Cuando logramos cobrar el dinero al obligado ahí hay cero impunidad, y además la garantía de pagar a las víctimas; y que las víctimas por falta de pago no vuelvan a estar revictimizadas. Pero la caja no tiene presupuesto para eso, sí paga cuando cobra. Entonces cobrar el año pasado más de 68 millones de pesos fue una cifra histórica, nunca antes lograda. Hicimos pagos por más de 60 millones 841 000 pesos a 11 407 víctimas”, detalló el ministro.

Puso como ejemplo que hubo años en que en la Caja—en un año entero— se cobraban 2.4 millones de pesos, 3 millones de pesos... “Ahora, este año, ya le hemos cobrado a 34 108 sancionados 66 millones de pesos, y hemos pagado más de  42 millones de pesos a 5 284 víctimas y eso es un resultado. No todo está concluido, el gran reto que tenemos es que el tiempo que demora entre la condición de firme de la sentencia que dictan nuestros tribunales, al pago o al inicio del pago a la víctima, sea el menos posible”, enfatizó.

Se trata de lograr cumplir este propósito, que viene a garantizar una de las aristas importantes de la seguridad jurídica y “de la respetabilidad de la sentencia dictada por los tribunales ante el pueblo y eso a nosotros también nos obliga, nos compromete y ratificamos también que seguirá siendo una primera prioridad el funcionamiento de la caja de resarcimiento”, apuntó el ministro.

Agregó que “está previsto en el nuevo cronograma legislativo la actualización de un decreto ley sobre el funcionamiento de la caja, porque como parte de la reforma judicial que mencionamos, el código penal habilitó nuevas fuentes de financiamiento de la Caja, que debe multiplicar esos montos y por supuesto darnos mayor protección a las víctimas de los delitos”.

“El desafío fundamental es que trabajemos juntos y con claridad en las prioridades: brindar un servicio de calidad a nuestro pueblo. Si eso lo tenemos claro, tienen que necesariamente aparecer las soluciones, la unidad como fundamento angular de nuestra Revolución para la solución de los problemas de la gente. Por tanto, nosotros desde el ministerio, asumimos que nuestra labor metodológica y de control, no nos aparta ni un milímetro de la responsabilidad social que tenemos para que funcionen bien en Cuba todos los registros, todas las notarías, y más allá de la subordinación administrativa…”, enfatizó.

Reconoció “el apoyo, la constancia, el seguimiento que dan al sistema jurídico los gobernadores, las estructuras de gobierno provinciales, los intendentes, las asambleas, la dirección del país, el presidente y el primer ministro en hacer las cosas mejor”.

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