Reiteran en provincia de Cuba severidad contra la corrupción

La Habana, 20 may (Prensa Latina) Las autoridades de Santiago de Cuba reiteraron hoy que mantendrán una actitud intolerante contra la corrupción, al denunciar un contrabando de productos básicos descubierto en el puerto Guillermón Moncada.

Tenemos como política de trabajo mantener tolerancia cero ante delitos contra la canasta básica o productos destinados para la población, aseguró un funcionario de la oriental provincia cubana en un reportaje de la televisión nacional.

Publicado en el Noticiero Nacional de Televisión, dio cuenta de que funcionarios y trabajadores de diversas empresas organizaron y protagonizaron un entramado de manipulación y desvío de varias producciones importadas de primera necesidad.

Las entidades de carga para camiones, aseguramiento para el comercio mayorista de productos alimentarios y otros bienes de consumo, además de la dedicada a la supervisión y pesaje de cargas, son las involucradas en la cadena delictiva, señaló.

Según la información, los implicados acordaban precios altísimos para las toneladas de dispares mercancías, cuyos pesos eran adulterados, para luego venderlas en el mercado informal a cifras aún más altas.

Para intentar cubrir la fechoría, agrega, falsificaban o no entregaban las facturas exigidas, con el objetivo de obstruir auditorias o el posible seguimiento de la distribución programada de esos productos.

Durante la investigación, en la cadena de violaciones fueron identificados hasta cinco hechos punibles y la cifra de personas imputadas asciende a 78, siempre de acuerdo con la denuncia televisiva.

Asimismo, asegura que fueron incautadas más de 23 toneladas de arroz importado, dos toneladas de frijoles negros, alrededor de 23 toneladas de azúcar refino y aproximadamente 33 toneladas de harina de sorgo, además de ocuparse una vivienda, vehículos, neumáticos y otros artículos.

Las averiguaciones fueron realizadas por los órganos del Ministerio del Interior y la Fiscalía, y quienes resulten responsables pueden sufrir condenas desde ocho hasta 20 años de privación de libertad.

Además de llamar a elevar el control y la vigilancia popular, las autoridades provinciales, junto a las fuerzas policiales, acompañan la recepción y distribución de productos de primera necesidad, con el objetivo de evitar violaciones similares, precisa el reporte televisivo.

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