Jesús Arboleya - Progreso Semanal.- Acostumbrados a ser tratados entre los más privilegiados de la historia de Estados Unidos, como resultado de la política de Donald Trump, en 2019 los actuales migrantes cubanos vieron retroceder esta condición, hasta convertirse en uno de los grupos más perjudicados.

En contradicción con una práctica que había sobrevivido desde su firma en 1994, la administración Trump volvió a incumplir con la cifra de 20 000 visas anuales establecida en los acuerdos migratorios con Cuba, por lo que alrededor de dos tercios de los aspirantes a emigrar quedaron varados en el país, a la espera del permiso correspondiente de Estados Unidos.

También los migrantes indocumentados, antes favorecidos por una práctica que les permitía el ingreso casi indiscriminado a ese país, vieron restringidas sus oportunidades a partir de la eliminación  de la política de pie seco/pie mojado, en enero de 2017.

Se trató de la única medida de Barack Obama respecto a la emigración cubana, que fue adoptada sin reseras y aplicada con creciente rigor por la administración de Donald Trump. Según datos recopilados por el abogado miamense Ira J. Kurzban, ya en 2018 recibieron orden de deportación 412 inmigrantes indocumentados cubanos y en 2019 la cifra alcanzó a 2662 personas. En septiembre pasado se encontraban retenidos en México 5864 cubanos, alrededor del 40 % de los que se presentaron en los puestos fronterizos. Tal volumen constituía el cuarto lugar de los retenidos, después de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.     

A pesar de que declaraciones oficiales supuestamente los eximen de medidas restrictivas aplicadas al resto de los inmigrantes y que la ley de Ajuste Cubano aún les garantiza ventajas para acelerar el acceso a la residencia y la ciudadanía en Estados Unidos, resulta evidente que el gobierno de Donald Trump ha hecho todo lo posible por complicar y ralentizar estos procesos, en perjuicio de la plena legalización del estatus de los nuevos inmigrantes cubanos en ese país.  

En el caso de las visitas temporales de cubanos a Estados Unidos, fue suspendido el otorgamiento de visas múltiples por cinco años y ahora solo se conceden por una vez, para un período de estancia no mayor a tres meses. A esto se suma los inconvenientes y gastos que entraña que deben ser tramitadas en un tercer país, debido a la suspensión de las actividades consulares en Cuba. Una medida adoptada bajo la excusa de misteriosos “ataques sónicos”, cuya naturaleza nadie ha logrado descifrar.

Tales limitaciones han tenido el efecto, seguramente indeseado para el gobierno norteamericano, de aumentar las visitas a Cuba de los emigrados cubanos residentes en ese país, las cuales abarcaron a casi medio millón de personas en 2019, un incremento de 5,2 % respecto a 2018. Aunque hasta ahora no se han decidido a tomar medidas drásticas para detener estas visitas, tal posibilidad no parece descartada y se aprecian intentos para perjudicarlas, como fue la prohibición de que las líneas aéreas estadounidenses viajen a otros destinos que no sea La Habana.

Pudiera pensarse que los actuales migrantes cubanos son solo una víctima más del racismo y la xenofobia presentes en la política migratoria de la actual administración estadounidense  y en parte es verdad, pero el factor determinante han sido las presiones ejercidas en este sentido por la extrema derecha cubanoamericana, devenida el principal enemigo de la gente que dice representar.

Los anima el fanatismo contra el proceso revolucionario y la intención de hacer cualquier cosa que suponga “incrementar la presión a la caldera cubana”. Sin embargo, más allá de la intransigencia política e ideológica contra Cuba, existen factores prácticos, de naturaleza política doméstica, que explican mejor su rechazo a los llamados “nuevos emigrados”, dígase aquellos que arribaron a ese país después de 1980.

Se puede afirmar que el flujo migratorio de estas personas ya no resulta funcional a la extrema derecha, toda vez que responden a un origen social, una cultura adquirida y vínculos con la sociedad cubana que los diferencian del llamado “exilio histórico”, base social de estos grupos.

Ello no los convierte en defensores del sistema político cubano. El acto de emigrar siempre entraña un grado de insatisfacción, que tiende a reflejarse en las actitudes políticas. Máxime en el caso de Cuba, donde la emigración ha estado mezclada con profundos conflictos políticos, cuyas secuelas y prejuicios han limitado la articulación de una política que, desde su nueva condición, integre orgánicamente a estas personas al proyecto nacional.

Sin embargo, también es un hecho que los nuevos inmigrantes han contribuido a debilitar el monolitismo político conservador y republicano que caracterizaba a la comunidad cubanoamericana y, sobre todo, que la gran mayoría de ellos apoya las relaciones con Cuba, por razones sentimentales y culturales que trascienden cualquier diferencia política con el gobierno cubano.   

Bajo las actuales condiciones, los nuevos inmigrantes constituyen el factor más dinámico en el crecimiento demográfico de la comunidad, lo que implica cambios significativos en el balance político de la comunidad cubanoamericana, que la extrema derecha trata de contrarrestar, mediante el establecimiento de limitaciones a su ingreso al país o evitando la adopción prematura de la ciudadanía norteamericana.

A esto se suma que no son un buen ejemplo para el resto de la comunidad y trastocan las bases del discurso contrarrevolucionario. La derecha tiene razón cuando dice que no pueden ser considerados enemigos del régimen cubano aquellos que aprovechan la primera oportunidad para visitar Cuba, donde son recibidos con naturalidad por el resto de la sociedad. Para evitarlo, los que fueron los grandes beneficiados de la ley de Ajuste Cubano, ahora proponen revisarla e impedir la posibilidad de estos viajes.

Con vista a sostener el clima de hostilidad en que se asienta el control sobre el resto de la comunidad, así como justificar su protagonismo político a escala nacional, para la extrema derecha resulta indispensable impedir la convivencia entre los dos países y el contacto de los emigrados con su patria de origen.  

El conflicto que esto implica no se percibe con claridad en la arena política miamense, porque los nuevos inmigrantes arriban con todo tipo de desventajas a un microclima social donde imperan los códigos de la extrema derecha. Además, apenas alcanzan a una cuarta parte del electorado cubanoamericano, son los menos favorecidos económicamente y no han sido capaces de desarrollar organizaciones políticas que los distingan.

Aún así, la derecha está clara que los contactos con la sociedad cubana son, a la larga, subversivos para el orden imperante. Detrás de actos tan inocentes como celebrar la Nochebuena en Cuba o la presentación de un artista cubano en Miami, es real que se ocultan implicaciones políticas insoportables para el discurso y la agenda de la extrema derecha cubanoamericana y por ello reaccionan con violencia contra los mismos.

De aquí lo atinado que puede ser una política cubana cada vez más atenta a los  intereses de los emigrados en sus relaciones con Cuba, no solo por su importancia estratégica para el futuro de la nación, cualquiera sea el estado de las relaciones con Estados Unidos, sino porque puede estimular un activismo político más decidido contra la agenda que preconiza la hostilidad entre ambos países y, de esta manera, tener un impacto específico en la articulación de la política norteamericana hacia la Isla.