Cuando se acerca el proceso de referendo de un nuevo Código de Familias en Cuba, la posible aprobación del matrimonio igualitario sigue al centro de los debates ciudadanos.

IPS / Foto: Jorge Luis Baños.- Como parte de la XIV edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, tuvo lugar la víspera el forodebate “Constitución y derechos sexuales en Cuba: Avances y principales desafíos”.

El intercambio virtual generó en el portal Cubadebate más de 600 comentarios, en su mayoría enfocados en la posible aprobación del matrimonio igualitario como parte del proceso de reforma del Código de Familias cubano, cuyo anteproyecto debe presentarse en junio y será sometido a discusión y referendo popular.

Como especialistas invitadas para moderar el debate en línea estuvieron Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, e Ivón Calaña, jefa del departamento asesor jurídico y de Relaciones Internacionales del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Matrimonio igualitario: una cuestión de derechos

Ante la alusión recurrente de preceptos religiosos o la defensa de la familia tradicional entre foristas que se oponen al reconocimiento del matrimonio igualitario en la isla, las especialistas y parte de la ciudadanía afirmaron que la perspectiva que debe primar es la del derecho.

En este sentido, Calaña señaló: “La norma jurídica debe modificarse como reflejo de la sociedad y determinar derroteros legales que redunden en una mayor igualdad efectiva. Garantizar la dignidad plena de las personas no se supedita a las creencias religiosas, es una cuestión de derechos humanos”.

Asimismo refirió que hoy “las parejas del mismo género, que llevan un tiempo estable de relación y tienen un proyecto de vida en común, se encuentran en estado de desprotección jurídica. Es un tema de justicia social y equidad”, acotó.
González Ferrer, quien forma parte de la comisión redactora del anteproyecto del Código de Familias, refirió el carácter laico del Estado cubano y de sus leyes “como fórmula amplia de protección para todas sus ciudadanas y ciudadanos”.

Las juristas también confrontaron el argumento de que es mayoritaria la población cubana que se opone al reconocimiento de este derecho, que así fue establecido durante la discusión del anteproyecto constitucional en 2018. Este incluía un artículo referente al matrimonio entre dos personas, que fue eliminado.

Al respecto, González Ferrer apuntó que el texto constitucional aprobado por la mayoría de la población refrenda el principio de igualdad y no discriminación, así como su artículo 81 expresa el derecho de toda persona a formar una familia y el reconocimiento y garantía a todos los tipos de familias.

“La única forma que tiene de garantizarlo es desarrollando en el Código de las Familias todas las instituciones jurídicas familiares”, afirmó. “Es una cuestión de derechos. Las leyes que se elaboren tienen que ser coherentes con el texto constitucional que la inmensa mayoría de este pueblo aprobó”.

Calaña, por su parte, aludió que las estadísticas oficiales indicaron que, en el proceso de consulta popular del proyecto de Constitución, “solo el 24 por ciento se pronunció sobre el artículo del matrimonio y no todos los pronunciamientos rechazaron la unión entre dos personas”.

No obstante, constituye un reclamo de la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers) que este no sea llevado a referendo, sobre la base de que los derechos no se plebiscitan.

Calaña advirtió que, si bien en la consulta popular y el referendo los criterios de todas y todos deben ser tenidos en cuenta, “la Constitución es la norma superior de toda nación y la nuestra es muy clara cuando regula que uno de los fines del Estado es garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos”.

Y afirmó que “el principio de igualdad y no discriminación, que explícitamente incorpora las categorías de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, deben permear todo proceso de construcción de leyes”.

Sobre este proceso González Ferrer consideró importante aclarar que no se está llevando a consulta y a referendo un tema o derecho específico, sino “el Código de las Familias en su totalidad, todas sus instituciones”, algo que debe considerar la ciudadanía cuando vote.

Otros temas a debate

La posibilidad de la adopción homoafectiva y de acceso a la reproducción asistida de parejas del mismo género es otro de los derechos que deben reconocerse en el nuevo código, a pesar de manifestaciones en contra de los grupos antiderechos.

Sobre este punto Calañas argumentó: “una educación y crianza adecuadas de niños/as no guarda relación con la orientación sexual de quienes tengan tales responsabilidades, sino con el compromiso, afectividad y diligencias que manifiesten”.

“No se trata de privilegiar a las personas LGBTI por encima de otras personas que también están en situación de vulnerabilidad, sino de arribar a políticas públicas inclusivas, para alcanzar una sociedad con mayores niveles de bienestar e igualdad”, subrayó.

Otro asunto de polémica gira en torno a la educación integral de la sexualidad en las escuelas, lo cual la especialista del Cenesex considera como un deber de estas instituciones, aunque no exclusivo de las mismas.

A juicio de la jurista este tipo de educación “fomentará el respeto hacia todas las expresiones de las sexualidades, contribuirá a una igualdad sin discriminación, permitirá una mirada crítica a las relaciones sociales desde un enfoque de género y, por tanto, a deconstruir estereotipos y prejuicios que naturalizan inequidades entre los géneros”. (2021)