Se trató de un cargo que incluso la fiscalía no pudo probar y por razones que sólo se explican políticamente prevaleció sobre la veracidad de los hechos.
La única persona que conocía que los aviones serían derribados en una próxima incursión, es José Basulto, jefe de aquella operación provocadora. Es el único que hubiese podido impedir la muerte de esas cuatro personas.
Desde la víspera del fatídico vuelo los periodistas conocían de la incursión, así como la Directora de la Agencia Nacional de Aviación, Cecilia Capestany y también Richard Nuccio, quien fungía en ese momento como asesor presidencial.
Por otra parte, el gobierno cubano le había expresado a diferentes personalidades del gobierno estadounidense que visitaron la Isla en las semanas previas al incidente, que de existir una próxima incursión sobre el territorio nacional, los aviones serían derribados.
Incluso en una oportunidad, el Presidente Fidel Castro le comentó al periodista Max Lesnik, Director de Radio Miami, y cito: “en una próxima incursión, la licencia de Basulto tendrán que buscarla en el fondo del mar”.
Durante semanas el gobierno cubano había estado advirtiendo lo que ocurriría si volvían a penetrar en territorio nacional a lanzar panfletos incitando a la violencia. Basulto lo sabía. No creo que sea necesario recordarle a quienes conocen del diferendo entre los dos países, que una advertencia de este tipo pudiera interpretarse como mera intimidación. Para nadie es secreto que el gobierno cubano en estos asuntos nunca ha intimidado y que promesas semejantes nunca son incumplidas. Por consiguiente si Basulto interpretó el mensaje de este modo, existirían más razones para llamarlo a dar cuentas por su irresponsable conducta.
Por supuesto, difícilmente podríamos achacarlo como una irresponsabilidad si tenemos en cuenta que esta persona se había caracterizado en varias oportunidades por su afán de fabricar incidentes, con el malévolo propósito de provocar una intervención armada de Estados Unidos a Cuba.
Otro aspecto que desmiente que Gerardo haya comunicado a Cuba sobre el vuelo, además de haber sido del conocimiento público, es que desde días anteriores éste estaba involucrado en las faenas de trasladar a otro agente cubano, Juan Pablo Roque, quien trabajaba con Basulto en su organización, para que abandonase el territorio estadounidense, vía Cancún.
Además todo indica que quien comunicó a Roque que no volase el día 24 de febrero de 1996, fue el agente cubano Oscar Montoto.
Despejar la inocencia de Gerardo del cargo, aunque sea sólo a nivel del convencimiento personal del Presidente Barack Obama, es importante, pues se trata de un caso de conspiración para cometer asesinato contra ciudadanos estadounidenses, por un extranjero. No es necesario recalcar mucho que en el pensamiento popular estadounidense y de cualquier pueblo, en la fábula política y en el trajín electoral de las facciones que compiten por la Casa Blanca, no es difícil trocar dicho cargo por el de asesinato, asesino y sus derivados.
Aspirar a un perdón presidencial, al menos en el caso de Gerardo, sin que Obama haya despejado estas dudas, es difícil y probablemente no hay antecedente histórico.
No es igual la conmutación de la pena de muerte, que el Presidente Truman otorgó a uno de los nacionalistas puertorriqueños que participó en el atentado en su contra en 1948 y que ocasionó la muerte de uno de los policías que lo custodiaban.
Se trataba entonces de Puerto Rico, un país que llevaba ocupado tan solo cincuenta años por Estados Unidos y donde aún estaban frescas las heridas de la ocupación. Conmutar aquella pena de muerte fue un modo de ayudar a calmar los ánimos de sus residentes.
Este caso es diferente. Se trata de una persona infiltrada en Estados Unidos por el gobierno de un país declarado enemigo por el Departamento del Tesoro, acusado de conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses.
Nuestro punto de vista, recalcando la necesidad de interesar al Ejecutivo en el caso de los Cinco y especialmente en el de Gerardo, surge ahora con mucha fuerza a raíz de dos incidentes.
El primero la huelga de hambre iniciada por Allan Gross el 4 de abril y ya finalizada el 10 y el segundo, la repercusión de la denuncia de la AP referente a las labores clandestinas de USAID, dirigidas a desestabilizar al gobierno cubano.
Esto ha creado un escenario propicio para que el Secretario de Estado Kerry se interese en el caso, con lo cual es obvio pensar que el Presidente también deberá estar al tanto de la situación.
Un asunto de esta naturaleza, no se resuelve en esencia con movilizaciones solidarias como el caso de Alfred Dreyfus en Francia, donde dos fuerzas nacionales chocaron una vez que el caso fue denunciado.
Para que los cubanos que permanecen presos reciban una decisión favorable, es fundamental que el asunto llegue al Ejecutivo a través un gran escándalo de la prensa nacional, como ocurre con los movimientos de inmigrantes o las protestas raciales.
Debe llegar además como un referente especial y no como una petición más, a la mesa del Presidente, destacando las contradicciones, la poca transparencia del juicio y la improcedencia de Washington en sus relaciones con La Habana.
La reclamación de Gross, exigiendo a su Estado que se involucre y la denuncia de AP, coloca a Estados Unidos en el banquillo de los acusados, no sólo por su injerencia, sino por dirigir actos de subversión en contra del gobierno cubano. Esto pudiera desencadenar el escándalo que la prensa necesita para fundamentar una sólida denuncia de la injusticia del caso.
Es bueno destacar el apoyo que el Estado cubano ha dado a los familiares de los agentes presos en Estados Unidos, contrastando con el abandono y pálido apoyo que la señora Gross y familia han recibido de las agencia responsables de su encarcelamiento.
Así lo veo y así lo digo.
*Lorenzo Gonzalo, periodista cubano residente en EE.UU., Subdirector de Radio Miami.
Enviado por el autor a: Martianos-Hermes-Cubainformación
