Javier Francisco Domínguez - La Otra Versión / Cubainformación.- La derecha internacional observa con preocupación el resurgir de la izquierda en Latinoamérica y no se ha quedado de brazos cruzados. Ya han echado a andar su maquinaria golpista y en la mira tienen a Nicaragua.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye, Luis Almagro que después de sus más reciente fracaso en Bolivia donde dio legitimidad y apoyo a un golpe de Estado que dejó enlutadas a no pocas familias ahora ofrece declaraciones casi diarias en contra de Daniel Ortega llamando “dictadura” a la nación centroamericana a la vez que solicita apoyo internacional para presionar al país que mejores cifras de supervivencia ha mantenido frente a la actual pandemia.

El parlamento Europeo se hace eco de la OEA y en su tradición injerencista ahora amenaza con aplicar sanciones  a Nicaragua en franco apoyo a una oposición financiada desde el exterior a través de organizaciones como la USAID. Vale recordar que recibir financiamiento de otras naciones para sufragar campañas políticas es un delito en varias naciones europeas e incluso en los Estados Unidos. Recordemos el escándalo en el que se vio involucrado el mismo ex presidente Trump por supuestos vínculos de su campaña con Rusia.

El parlamento europeo en las últimas semanas ha emitido declaraciones injerencistas contra Cuba y Nicaragua. Ambas al estilo colonial del pasado y con basamentos alejados de la verdad.

Recientemente fue aprobada en el mencionado parlamento una resolución que amenaza con aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua, lo cual fue celebrado por la oposición pese a reconocer que dicha medida “traerá consecuencias muy graves para la economía de Nicaragua y sobre todo en el bienestar de miles de nicaragüenses” según el comunicado textual de la opositora Alianza Cívica y declaraciones de Tamara Dávila Rivas, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco a The Associated Press.

¿Cuál es la nueva justificación para presionar a Nicaragua?

En diciembre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación, que impide postularse a un cargo de elección a cualquier golpista o traidor de la patria, identificando como Traidores a la Patria a todos aquellos que insten o fomenten actos terroristas, así como los que financien o encabecen un Golpe de Estado.  

También se incluyen en esta categoría los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.

Familias nicaragüenses felices al recibir su nueva vivienda con bajo el programa Bismarck Martínez. Villa Jerusalén. Managua. Septiembre 2020.

Analizado lo anterior, entran dentro de esta categoría algunos líderes opositores que deberán responder ante la justicia y que han sido detenidos a tal efecto cuando restan 5 meses para las elecciones en las que Daniel Ortega vuelve a salir como favorito en la totalidad de las encuestas.

La ley le da un duro golpe a los intereses injerencistas de Washington en Managua y como era de suponer  su respuesta no se hizo esperar. De inmediato el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que aseguraba que estaleyamenazaba la democracia en el país centroamericano al “prohibir que figuras de la oposición se postulen a elecciones”, aunque a cualquier persona que estudie la misma le queda claro que solo excluye a personas que trabajen demostradamente para intereses extranjeros.

Entre los opositores que hoy se encuentran detenidos está Cristiana Chamorro, exdirectora de la fundación que lleva el nombre de su madre “Violeta Barrios de Chamorro”. La misma fue señalada de lavado de dinero en una investigación que lidera el Ministerio de Gobernación (Migob) y la Fiscalía del Gobierno de Nicaragua.

La fundación se investiga por haber recibido más de 6 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desde el 2015. Más de la mitad de esos fondos se destinaban a influir en las elecciones presidenciales de este año. Basta señalar que con este dinero se financiaban 25 medios de comunicación involucrados en su mayoría en la desestabilización del país hace 3 años. Dos de estos,  “Confidencial” y “Semana” pertenecen a la familia Chamorro y recibieron 2 millones de dólares.

Así va quedando el ambiente con un guión ya varias veces puesto en escena. Desde hoy ya sabemos que las próximas elecciones no serán reconocidas ni por la OEA ni por las otras herramientas golpistas que tiene en su poder la derecha internacional. Los grandes medios, como hasta ahora seguirán evitando hablar de las masacres del estado colombiano contra su pueblo mientras se encuentran muy ocupados desacreditando la imagen de Ortega.

Javier Francisco Domínguez. Psicólogo, actor y locutor nacido en Cuba y comprometido con la verdad de los pueblos. Con aquellos que no tienen voz y cuyos intereses y necesidades rara vez se ven reflejados en los grandes medios de comunicación.