Laura Serguera Lio - Armando Franco Senén - ( Diseño de portada: Alejandro Sosa ) Alma Mater.- «Cuba no es un estado fallido, ni estamos al borde de una guerra civil. Es decir, la crisis no debe confundirse con un cisma que divida a la sociedad, y cuya solución esté en una salida violenta».

Limitada a los estudios de posgrados, revestida de cierto desconocimiento acerca de su alcance, más escurridiza en nuestro contexto que otras ciencias sociales, la Política, punto de convergencia de los conflictos que desde diferentes disciplinas analizamos en Desafíos del consenso, ocupa ahora el foco de atención.

Con el objetivo de adentrarnos en los vericuetos de este campo de estudio, para entender desde su óptica los recientes sucesos de descontento popular, evitando simplificaciones y apostando a hallar antecedentes, causas, consecuencias y posibles salidas, Alma Mater entrevistó a dos destacados politólogos cubanos.

El doctor en Ciencias Históricas Carlos Alzugaray Treto, quien fuera miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y cuenta con una prolífica carrera como diplomático, profesor universitario, investigador y ensayista, así como el máster en Ciencias Políticas y doctor en Estudios Latinoamericanos Rafael Hernández Rodríguez, profesor, filósofo y escritor, fundador y director de la revista Temas, compartieron sus perspectivas sobre algunas aristas de la realidad nacional.

Con mirada retrospectiva

Para Rafael Hernández, hacer políticamente inteligible el momento que vivimos requiere dar un paso atrás e intentar comprender las huellas permanentes dejadas por la crisis del Periodo Especial. A partir de entonces — afirma — se desencadenó una transición socialista* cuya cifra, en términos políticos, «consiste en la transformación de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, y de manera muy especial de la cultura política».

«La crisis del Periodo Especial no produjo un impacto tan marcado en la vida económica como en las relaciones sociales, las actitudes y las ideas sobre el socialismo. La economía cotidiana experimentaba entonces una situación muchísimo peor que la actual, con escasez generalizada — alimentos, energía, transporte — , caída abrupta del poder adquisitivo, multiplicación del mercado negro, reducción drástica del empleo. Cuba había entrado en una especie de gran apagón inesperado, caracterizado por incertidumbre cotidiana y falta de luz al final del túnel. Sin embargo, el desgaste político no había tenido tiempo entonces de acumularse, ni la sociedad había llegado al punto de fatiga que tiene ahora.

«Como se reveló en los debates de la Rectificación, desde mediados de los 80' el consenso había dejado de ser homogéneo; aunque sí prevalecía una cultura política heredada y un alto grado de confianza en el liderazgo. Estaba Fidel, el hombre de las adversidades, que conservaba un crédito descomunal. Cuando el gobierno comprobó, en 1991–93, que no se podía salir del hoyo echando mano a los mecanismos que antes funcionaron, se pusieron en acción otros muy novedosos. Sin llegar a formularse como paquete de reformas, aquellas medidas de emergencia pararon la caída, y abrieron el camino a una recuperación, aunque gradual y limitada. Como ocurre en cualquier parte, el sentido del movimiento y del tiempo resultan variables primordiales para la política», expone.

Respecto a la manifestación ocurrida el 5 de agosto de 1994, el politólogo aclara que, en tanto fue una expresión de ruptura de normas y valores establecidos, no resultó una señal de ingobernabilidad, pues la alteración del orden público estuvo motivada y orientada desde el inicio hacia la migración.

Hernández abunda en que, a partir de entonces, inició un nuevo ciclo de salidas, que contribuyó a descompresionar tensiones y a darle un significado inédito a las remesas en la economía familiar. Ello concretado en una metamorfosis de las percepciones sobre la salida del país, que llevaría a despenalizarla de manera permanente y a ponerla en camino de hacerse normal. La reconciliación con los emigrados se volvió cada vez más real, en su significado esencial: las relaciones intrafamiliares.

«Pero los espejuelos del 5 de agosto de 1994 no sirven para observar el 11J. La circunstancia política de 2021 es otra, muchísimo más compleja. No hay apagones de 16 horas, como en 1993–94; pero su impacto es muy superior.

A partir del Periodo Especial, hubo más familias con parientes en el extranjero y dependientes de sus dólares; más emigrados de visita; una cantidad creciente de trabajadores al margen del Estado, incluso un número de productores agrícolas privados muy superior a los estatales. La industria nacional ya no fue el azúcar, sino el turismo extranjero, que dejó pronto de estar encerrado en cayos y hoteles exclusivos, y entró en contacto hasta el fondo con la sociedad cubana. Antes de que el primer Papa se lo preconizara, la Isla no había tenido otra opción que abrirse al mundo, y el Estado había dejado de ser el único proveedor».

«Es decir, aun antes de que Fidel dejara el gobierno, y de que Raúl iniciara las reformas** hacia un nuevo modelo socialista y una nueva Constitución, ya el Estado cubano había empezado a operar en circunstancias nuevas para el ejercicio del poder político. Estas incluían el consenso más heterogéneo de los últimos 60 años; una mayor diferenciación de grupos sociales, desigualdad, pobreza; una sociedad vasocomunicante con el mundo, que entra y sale como nunca antes; y una conciencia más aguda y compartida acerca de todo esto».

El germen de la anomia***

Carlos Alzugaray parte de la premisa de que la información sobre lo sucedido el 11 de julio todavía es fragmentaria, y vindica la responsabilidad del Estado y el Partido de comunicar, de la forma más completa y veraz posible, sobre la cantidad de lugares en que hubo manifestaciones, cuáles fueron pacíficas y cuáles violentas, el número estimado de participantes, de personas detenidas y sus estatus.

«Son muchos los factores que las pudieron provocar, pero se puede inferir que, como en otras latitudes, las mayores causales residen en un factor subjetivo pero de contenido material, por ejemplo, la creciente percepción de que las autoridades han sido incapaces de resolver los problemas principales que enfrentamos los cubanos para vivir, o hasta para sobrevivir: alimentación, adquisición de productos para la vida cotidiana, inflación, salarios y pensiones no adecuados para sustentarse, estancamiento de la economía. Las tiendas en MLC, y en el telón de fondo, el martirio de las interminables colas y el desabastecimiento, figuran en cualquier pliego de demandas».

También refiere que a los elementos relacionados con la vida material de las personas se unen otros más vinculados a la vida espiritual y a un concepto que ha ido ganando terreno en el imaginario popular, sobre todo de los más jóvenes: la realización personal necesita autonomía que el Estado es renuente a aceptar, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de individuos.

El exdiplomático asevera que los ciudadanos no desconocen que el Bloqueo estadounidense juega un papel muy importante en las dificultades económicas, ni que la pandemia ha afectado uno de los rubros principales de sustento de nuestro país, el turismo, pero tampoco creen que estos, por sí solos, expliquen lo que está pasando y están cansados de que, por lo general, los dirigentes se escuden en el impacto de las sanciones para encubrir ineficiencias y errores.

«En realidad, las dificultades de todo tipo han erosionado el enorme capital político y margen de maniobra que tenía este gobierno que apenas lleva par de años en el poder, que no sólo había heredado del liderazgo histórico sino de su temprana ejecutoria ante varios desastres naturales. El resultado del referendo constitucional puede haberle dado también la impresión de que tenía un apoyo sólido de la ciudadanía», añade.

Hernández, por otra parte, considera que las expectativas de los gobernados ya no son que el gobierno se comporte como el gran proveedor de antes de la crisis, pero sí que muestre su eficacia para gobernar. Asimismo, difiere sobre las bazas con que contaba el actual ejecutivo al iniciar su gestión.

«Actitudes y conductas hacia las instituciones y el funcionamiento del sistema se vuelven más exigentes e impacientes, a medida que las políticas anunciadas no despegan del papel. El programa de gobierno acordado hace diez años y las resoluciones de dos congresos del Partido se quedaron trabados en procesos legislativos inconclusos, o que producen regulaciones en muchas ocasiones contrahechas, nacidas de enfoques incompatibles y tomas de decisiones incompletas. La descentralización, premisa de la eficiencia económica y de la participación ciudadana dentro del sistema político del nuevo modelo, ha seguido siendo una meta.

«Todo este cuadro de problemas ya estaba ahí cuando el nuevo gobierno se instaló hace apenas tres años. Autodefinirse como continuidad no le transfería un capital político histórico que, en términos de consenso, no es heredable. Proponerse la unidad en la Cuba que le ha tocado gobernar ha implicado construir consenso propio, con un crédito de entrada mucho más limitado. Generar ese consenso alude a todos los ciudadanos, no solo a los revolucionarios. Pero incluso suponer que el ideario circulante en las venas de los revolucionarios se mantiene intacto, al tiempo que se formula otro socialismo distinto al defendido hasta ahora, subestima el efecto de estos cambios sobre la conciencia política heredada», sentencia el director de la revista Temas.

En este sentido, recalca que el 11 de julio «no fue un relámpago en un cielo despejado». Mientras como causa eficiente encontramos la demanda de alimentos, medicinas, falta de electricidad y asfixia por el apogeo de la COVID; las manifestaciones y reacciones suscitadas en la sociedad resultan inseparables de los factores antes expuestos.

«Aunque esta agenda no contiene todo el malestar que la transición provoca, interpretar las protestas como una crisis de gobernabilidad ignora la capacidad de las instituciones estatales y políticas para hacerse cargo de la situación. Cuba no es un estado fallido, ni estamos al borde de una guerra civil. Es decir, la crisis descrita antes no debe confundirse con un cisma que divida a la sociedad, y cuya solución esté en una salida violenta o pactada entre fuerzas políticas que se disputan el poder, ni reclaman una intervención humanitaria».

Manifestantes en contexto

Junto al reciente rebrote de la COVID-19 en Matanzas, que minó la percepción de que el gobierno había sabido manejar con eficacia la pandemia, Carlos Alzugaray considera como factores desencadenantes de lo acaecido el 11 de julio, los incidentes ocurridos a fines del año pasado con el Movimiento San Isidro y la ruptura del diálogo iniciado la noche del 27 de noviembre con un grupo de jóvenes intelectuales que desde el 2018 arrastra un diferendo creciente con el Ministerio de Cultura a causa de la aprobación del Decreto Ley 349.

Sin embargo, Hernández alerta que articular la manifestación del 27N y la del 11J en una secuencia lineal, como si una anunciara o causara la otra, emborrona factores como la índole de las demandas, la composición social, el factor violencia, la localización y la repercusión política.

«Esta visión mete en el mismo saco a una sentada de jóvenes teatristas, artistas audiovisuales, escritores e intelectuales de la capital, que piden reunirse con el Ministro de Cultura, preocupados por arrestos y actos de censura que les atañen como gremio, y canalizada mediante diálogo, de un lado; y del otro, una protesta iniciada en inicio pacífica, desplegada en numerosas calles de pequeños pueblos de otras provincias, que con rapidez se hacen violentas en determinados puntos, llegan a saquear 41 tiendas en todo el país, más de la mitad en Matanzas, la provincia más castigada por la COVID, en medio de una gran escasez y un auge de apagones, y que incorporan violencia directa contra la policía, disolución por la fuerza, y arresto de varios cientos de manifestantes. Se trata de dinámicas muy distintas, que involucran acciones y representan sectores sociales muy diferentes».

Además, advierte que se han analizado las protestas acudiendo a una radiografía generacional.

«Si la presencia mayoritaria de jóvenes en las manifestaciones, en los asaltos a tiendas, las redes, los enfrentamientos en barrios pobres, fuera la clave para entender su significado, el problema estaría muy localizado. El total de la población cubana en edad laboral con menos de 35 años es el 25 por ciento. Este segmento, integrado por dos generaciones cuya primera visión del socialismo fue el Periodo Especial, creció y se socializó en una Cuba distinta a la de sus padres. Pero derivar de su presencia en las manifestaciones y en las redes que ellos son el núcleo del malestar y el disentimiento, es una generalización reduccionista. Esta visión tiende a estigmatizarlos, y también contribuye a sesgar la política. Razonar que los jóvenes son parte integral de la solución no equivale a identificarlos con “el problema”».

El politólogo encuentra que mirar a esas dos generaciones — compuestas por grupos sociales, ocupaciones, niveles educacionales, color de piel, regiones diferentes; con casi una cuarta parte viviendo en zonas rurales — como un conjunto homogéneo, desdibuja los factores de la crisis y de la política que la acompaña.

«En edad de estudios secundarios y universitarios hay un 9.7 por ciento. Considerar que la voz de un dramaturgo de Holguín es la de un cooperativista de Consolación del Sur, un deportista de La Herradura, un maestro de Colón o un emprendedor de Camagüey, borra esas diferencias», sentencia.

«Si las redes, las manifestaciones y la sociedad civil fueran lo mismo, casi no existiría otra Cuba — por ejemplo, la de los mayores de 60 años. Esos mayores, 21.34 por ciento de todos los cubanos, también son un conjunto heterogéneo, social y políticamente. Muchos han sido golpeados no solo por la letalidad de la pandemia, sino por la caída del ingreso, la imagen social depreciada, la pérdida de autonomía y poder de decisión en los núcleos familiares.

«Suponer que no significan como consenso político porque no inundan las redes o salen en manifestación, subestima su lugar en la sociedad, su aptitud para disentir y enjuiciar por su cuenta lo que les rodea, su experiencia y conocimiento acumulados, la capacidad de muchos para mantenerse activos, no solo en el plano laboral, sino como ciudadanos que participan.

«En rigor, ver como islas separadas a los jóvenes y a los viejos, a los pobres negros y a los blancos, a las mujeres de todos los colores y edades, a la población rural, olvida que la inmensa mayoría no vive en ningún barrio de La Habana o Matanzas, y que todos y todas conviven en familias, comunidades y redes sociales reales, donde interactúan, cooperan, y también disienten entre sí. Estas redes sociales reales, no menos importantes por menos visibles en las pantallas de las redes digitales, resultan clave para interpretar la demografía política viva de la sociedad».

A su vez, ante la pregunta de si los hechos podrían interpretarse como una muestra de empoderamiento popular, Alzugaray afirma que no existe una respuesta simple.

«En tanto una parte de la ciudadanía salió a la calle a manifestarse pacíficamente, hubo otra parte que usó la situación para participar en actos vandálicos, saqueos o disturbios. Hay que diferenciar ambos grupos. Pero también hay que tomar en cuenta que hay otros dos grupos que pueden ser más numerosos: los partidarios del gobierno que salieron a defenderlo respondiendo al llamado del presidente y la aplastante mayoría que no salió a la calle ni se expresó en una dirección u otra.

«Y este último, para mí, es el grupo clave. ¿Qué piensan? Hace unos años me atreví a proponer dos iniciativas: fomentar la existencia de una esfera pública con espacios de deliberación, diálogo y debate autónomos del gobierno, con plena libertad de exponer las ideas; y socializar y publicitar los resultados de las encuestas de opinión pública, hoy controladas por las instancias partidistas.

«De hecho, sería conveniente que, con fondos estatales, pero con total independencia y autonomía, se creara un centro de estudios políticos que utilizara las técnicas más modernas de encuestas para que pulsara la opinión pública con regularidad e hiciera públicos sus resultados. Ese es un instrumento insustituible para el ejercicio de la democracia real».

De leyes y demandas

Alzugaray estima que los reclamos principales vinculados a las manifestaciones del 11 de julio se encuentran en el ámbito de la economía y del bienestar de los ciudadanos.

«La cuestión es que la solución de los problemas económicos pasa por la aplicación de los Lineamientos y requieren tiempo. Además, tienen que aplicarse en medio de un recrudecimiento de la pandemia, que impide el turismo, y del mantenimiento de unas medidas coercitivas unilaterales norteamericanas muy duras».

Aun así, recalca que las demandas políticas no deben ser soslayadas y menos cuando a todos los exigencias anteriores, se añaden ahora dos nuevas.

«Primero, la de la transparencia y rendición de cuentas por las acciones del 11 de julio. Hay numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, de maltratos y de supuestas desapariciones. A mi criterio muchas de estas denuncias pueden ser exageradas, pero no ayuda la opacidad de los órganos policiales, fiscales y judiciales, al no dar una información amplia y oportuna.

«Segundo, urge que se legisle sobre la protesta pacífica. En una conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, afirmó que en Cuba no era delito sostener una opinión política distinta y manifestarla en público. Añadió: “No somos trogloditas”. Es una aclaración importante. Como también es importante que se insista en el cumplimiento de las normas de debido proceso y de un Estado Socialista de Derecho».

En criterio del doctor en Ciencias Históricas, se debe aplicar todo lo establecido en las leyes que impiden las detenciones arbitrarias y otras prácticas comunes; legislar sobre el modo en que los ciudadanos pueden protestar de forma pacífica; rendir un informe de lo acaecido con total transparencia; amnistiar o indultar, según corresponda, a quienes se manifestaron sin violencia; instaurar una suerte de tregua y fomentar espacios de diálogo.

Rafael Hernández, por su parte, prefiere no mezclar el análisis del sistema político y del orden jurídico.

«Si la ley y la política tuvieran identidad coincidente, bastaría que el Partido Comunista de Cuba se definiera como el Partido de la Nación (art. 5) para que estuviera en condiciones de ejercer ese rol de representación, políticamente hablando. Bastaría que una Ley de Prensa reconociera a los medios no estatales, según deja abierta la Constitución (art. 55), para que los medios digitales antigobierno se dedicaran a cumplir un papel informativo balanceado, en lugar de uno muy beligerante, como el que ejercen.

«El hecho de que la Ley no sea en ninguna parte el espejo de la política no significa que las normas acordadas en la Constitución cubana recién aprobada carezcan de significado. Al contrario, esa Constitución, aun con sus limitaciones, representa un marco jurídico nuevo para hacer política. Digamos, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de manifestación pública, reunión y asociación (art. 56). Que el Estado se gire hacia ahí no ocurre de modo automático, requiere un proceso que lo haga efectivo, mediante una práctica que lo ajuste, no nada más en una norma escrita que lo estipule, y que podrá tener más de una aplicación».

Actores políticos internos y externos

«Ha habido una estrategia de comunicación muy deficiente por parte de las esferas correspondientes en el Partido y en el Estado. Se ha pretendido mantener el monopolio de los medios de comunicación — cosa imposible en las condiciones actuales — y se criminaliza mediante linchamientos mediáticos a todo grupo que pretenda abrir un espacio crítico. Este es un grave error, porque los medios estatales, que se mueven más como instrumentos de propaganda y relaciones públicas, no han podido romper el esquema autoritario verticalista y no han ganado autonomía para ejercer su papel de crítica, a pesar de llamados que han hecho el propio Raúl Castro y el presidente Díaz Canel», declara Alzugaray.

«En resumen, si no era difícil pronosticar que, dadas las dificultades, en cualquier momento podrían estallar protestas ciudadanas, resulta asombroso que no haya estado preparada la respuesta o, mejor, que no se hubieran dado los pasos para evitarlo. Después de todo, los medios oficiales vienen denunciando desde hace meses la existencia de una conspiración adversaria para producir un “golpe blando” o una “revolución de colores”. El gobierno cubano no se percató de que el tiempo apremiaba y que había que dar respuestas efectivas a los reclamos de la ciudadanía.

«Pero, quizás, el error más importante en el plano político es la tendencia a enfocar los problemas del país desde una óptica ideológica y política rígida. En este terreno no se debe confundir la firmeza necesaria con la rigidez. La firmeza admite que haya discrepancias y debates, la rigidez deslegitima estos últimos, le atribuye a toda disidencia el carácter de “mercenaria”, “anexionista”.

No se ha percatado de que con esa estrategia de que “se es o no se es” revolucionario lo que está pasando es que está empujando a las filas “enemigas” a importantes sectores intelectuales que critican pero que están de acuerdo en esencia con un proyecto socialista para el país. En momentos como este hay que sumar a todo el que no esté claramente en contra, como el propio Fidel enunció en Palabras a los Intelectuales hace 60 años. Para resumirlo, hay que operar con un importante principio político: el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y vamos a escucharlo con respeto».

Alzugaray añade que, si el gobierno cubano fue tomado por sorpresa, también fueron sorprendidos todos los «grupos de oposición», pues ninguno pudo capitalizar estas protestas.

Sobre este particular, Rafael Hernández coincide al aseverar que «la presencia de grupos contrarrevolucionarios en el contexto político cubano, lo mismo que el apoyo abierto de Estados Unidos (EE.UU.), y el propio Bloqueo, han sido constantes en seis décadas y lo siguen siendo. Pero, como saben las agencias del gobierno de ese y otros países que la conocen bien, la oposición ha carecido históricamente de unidad orgánica, liderazgo político, arrastre y capacidad de movilización popular».

El también sociólogo y ensayista sostiene que, si las agencias del país norteño creyeran que está en curso una crisis de gobernabilidad y quisieran propiciarla, no habrían desautorizado los llamados del exilio duro de Miami a un puente de solidaridad para recibir a los que «escapan del comunismo» en aguas internacionales, ni expresado de manera categórica su determinación de impedirlo mediante acciones de deportación efectivas.

«Si vaticinaran que un estallido social en gran escala estaba en ciernes, habrían situado una línea de guardacostas y buques de guerra en el estrecho de la Florida para anticiparse a una crisis de balseros como la de 1994, y preposicionarse para una posible intervención humanitaria en un escenario de guerra civil. En lugar de eso, han empezado a revisar la política de remesas y de un mecanismo que permita reactivar el acuerdo para una migración ordenada, congelado por Trump desde el verano de 2017.

Mas, no son dichos factores externos poco considerables.

Carlos Alzugaray reconoce que a la par del complejo contexto interno antes detallado, se desarrolló con mucha fuerza una campaña contra el gobierno cubano en las redes sociales en las que existen llamados de confrontación dirigidos a empujar a la ciudadanía a enfrentamientos radicales contra «la dictadura», y en las que se han utilizado noticias falsas.

El profesor ilustra que, con fondos federales del gobierno norteamericano destinados a la política de subversión que Estados Unidos ha mantenido contra Cuba, se ha creado en la ciudad de Miami una suerte de «industria local anticastrista» que el expresidente Trump supo utilizar a su favor para buscar el apoyo de un sector significativo del voto cubano-americano.

«Como una paradoja, la táctica de Donald Trump y del Partido Republicano de acusar a los demócratas de ser “socialistas” y hasta “castristas” caldeó el ambiente en Miami contra el gobierno cubano. La victoria de Trump y de dos candidatos cubano-americanos del Partido Republicano en las elecciones de la Florida, en medio de su clara derrota a nivel nacional, lo agudizaron aún más».

Por otra parte, afirma que tampoco el gobierno norteamericano, el cual llevaba meses afirmando que revisaba la política hacia Cuba sin considerarla una prioridad, intuyó los sucesos.

«La reacción del presidente Joe Biden y su equipo ante el 11 de julio fue errática e inconsistente. De hecho, la administración norteamericana ha quedado encajonada en la política de Trump sin muchas posibilidades de moverse ante reclamos de tirios y troyanos que van tan lejos como demandar una invasión militar de un lado, o el levantamiento incondicional del Bloqueo del otro. El resultado está a la vista. Si Biden fue posponiendo cumplir sus promesas de campaña — revertir las sanciones y medidas punitivas de Trump — , quizás chantajeado por el Senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, ahora se le hace muy difícil, y es probable que le cueste de nuevo el estado de la Florida a los demócratas en el 2022 y en el 2024».

Cuba en el mundo

Interrogados acerca de las consecuencias políticas, tanto internas como externas de los recientes eventos, ambos académicos ofrecieron sus puntos de vista.

«En el escenario internacional Cuba tiene un amplio capital político acumulado a lo largo de muchísimos años de acciones de solidaridad y de una efectiva diplomacia bilateral y multilateral. Sin duda, ese capital político está avalado por la figura de Fidel Castro, considerado en muchos rincones de la tierra como uno de los más importantes estadistas del siglo pasado.

«Por otra parte, el cruel e inhumano Bloqueo de Estados Unidos engendra un rechazo muy fuerte, incluso entre sus aliados. El fracaso de EE.UU. en lograr apoyo a su declaración contra Cuba es demostrativo del clima que existe. Por otra parte, la sociedad civil internacional se ha estado movilizando bajo la consigna “Let Cuba Live” para apoyar una campaña por el levantamiento de las sanciones unilaterales norteamericanas», apunta Alzugaray, quien resalta que la Mayor de las Antillas cuenta con importantes aliados estratégicos como Rusia, China, y Vietnam, que están dispuestos a darle todo el apoyo necesario.

«En la región, los gobiernos y fuerzas políticas de izquierda encabezados por la ejemplar actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Estado mexicano también han plantado cara y se han negado a sumarse al carro de la condena. Por el contrario, están tendiendo una mano amiga. Hay otro factor que ayuda: el proceso de negociación iniciado en México entre el gobierno y la oposición venezolanos».

Hernández se muestra menos esperanzado en este sentido al considerar que el gobierno cubano se encuentra emplazado por los enemigos habituales, EE.UU. y sus aliados; así como por «fuerzas vivas» tipo The New York Times o El País, donde todo lo que se publica sobre el tema — redactado por sus editorialistas, y también por disidentes cubanos invitados — , tiene el signo común de atacarlo sin límites.

De igual modo, manifiesta que es cuestionado en el extranjero por una parte de la izquierda, sector que antes se abstenía, por lo general, de hacerle críticas en público. Esto a partir, entre otras fuentes, del testimonio de testigos en los que se cuenta un segmento de la izquierda de la Isla.

«La novedad en el mapa de esta izquierda cubana no radica tanto en sus varios marxismos y endosos ideológicos, cuya diversidad ha estado presente en el abanico de ideas desde los 60'. Tampoco en diferenciar el Estado y la Revolución, noción elemental desde el marxismo clásico. Lo que distingue a una corriente de esa izquierda ahora es postular que ambos, el Estado y la Revolución, se excluyen, y en adoptar una posición de directa oposición al gobierno y el Partido Comunista. Al tiempo que descalifican e incluso niegan legitimidad al gobierno, los partidarios de esa corriente abogan por el diálogo y la reconciliación de todos los cubanos, no importan sus ideas políticas, en pro del interés superior de la Nación.

«La parte de la izquierda cubana que critica al gobierno sin quitarle su apoyo; y la que lo apoya, sin criticarlo, resulta una cantidad X, dentro y fuera del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas. Aunque en términos cuantitativos esa X fuera mayor que ninguna otra, no compensa el encogimiento del consenso aportado por la crisis y la confusión ideológica reinante.

A pesar de los avances registrados en comparación con los años anteriores, y de su manejo relativamente efectivo de la COVID en términos de minimizar muertes, la percepción de ineficacia del nuevo gobierno ha aumentado, por el agravamiento de la pandemia en 2021, los costos colaterales del Ordenamiento y la demora acumulada en la aplicación de medidas anunciadas. En esa coyuntura crítica, la imagen del vaso medio vacío tiende a prevalecer, en especial entre los que, sin oponerse al sistema, no tienen el compromiso político de preservarlo».

Respecto a la emigración, no cabe duda de que había ya un deterioro perceptible sobre todo entre los emigrantes cubanos más jóvenes en Estados Unidos que, sin explicación, se pasaron a las filas del trumpismo en los cuatro años de 2017 a 2021, a pesar de que en el 2012 y en el 2016 votaron a favor de los candidatos demócratas, explica Alzugaray, quien halla muy difícil entender ese giro.

«Parte del problema puede estar en el trabajo de influencia que los republicanos desarrollaron para buscar incrementar ese voto en las elecciones del 2020. Pero hay que reconocer que también en este terreno el gobierno cubano se ha demorado en llevar adelante la continuación de las reformas migratorias del 2013.

«Para abril del 2020 estaba señalada la celebración de una nueva conferencia sobre “La Nación y la Emigración” durante la cual es probable que se hubieran anunciado nuevas medidas. Ya se informó una importante, la posibilidad de invertir en Cuba. Pero diríamos que esta es una asignatura pendiente y convendría acelerar el proceso en ese terreno. Hay que decir que algunas demandas de la emigración son poco viables por el momento, pero otras tienen que ver con la vigencia del pasaporte y los derechos de los emigrados en Cuba sobre las cuales se puede avanzar. Hace poco, el director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, confirmó la intención de seguir desarrollando el diálogo».

A pesar de todo — enfatiza el consultor político — , y aunque hay mucho trabajo por hacer para acercar la emigración a los problemas del país, numerosos emigrantes están contribuyendo de forma sustancial con sus donaciones en ayuda humanitaria a que el país supere la COVID.

Caminos que andar

«Desde la academia hace años se viene advirtiendo la necesidad del cambio político mediante el cual se adapte el régimen estatal a las diferencias que existen dentro de la sociedad y a los cambios externos que impactan. Ya apunté uno: desarrollar y fomentar una esfera pública autónoma en la que se enfatice lo que Jürgen Habermas alguna vez llamó “política deliberativa”, que consiste en procesos de argumentación tanto por parte de los dirigentes políticos como por parte de los ciudadanos, antes de tomar cada decisión política principal del país», plantea Alzugaray.

También llama a educar mejor a los ciudadanos en lo que significa la democracia y la necesidad de reconocer y aceptar los argumentos de otros, considerando una buena idea reabrir los estudios de pregrado de Ciencias Políticas, bajo la premisa de que se está subestimando todo lo que se ha avanzado en este campo.

«En general, yo diría que desde el Partido y el Estado debe comenzarse un proceso de cambio en la forma de hacer política en el cual estén presentes la transparencia, la tolerancia a opiniones distintas, la autocrítica, el rechazo al triunfalismo, la búsqueda de instrumentos y contenidos modernos de comunicación. Nuestro sistema político está anquilosado. Todavía se usan métodos viejos de promoción y de elección. En Venezuela, también sancionada y acosada, el Partido Socialista Unido de Venezuela acaba de hacer elecciones primarias para nominar los candidatos a los próximos comicios. ¿Es que los cubanos no tenemos la suficiente madurez política para hacer un proceso similar, por ejemplo, para elegir la próxima Asamblea Nacional?», propone en otro momento de la entrevista.

Como reflexión final, Rafael Hernández se reconoce preocupado porque la polarización, «muy visible desde antes del 11J en la esfera pública, se agudizó por las protestas y la reacción frente a ellas. Esa polarización resulta tanto más contraproducente para la unidad, el consenso y el diálogo que convoca el nuevo liderazgo».

Esgrime que activar respuestas de seguridad nacional ante los disturbios, como hubiera hecho cualquier gobierno, resultó eficaz para preservar la estabilidad y el orden públicos, pero sus costos y efectos secundarios, en términos políticos, no son despreciables.

«Si el gobierno se hubiera limitado a responder a las manifestaciones como obra de la contrarrevolución, habría bastado con arrestarlos a todos, y someterlos a debido proceso. De hecho, más de 60 casos han sido presentados ante tribunales, 45 de los cuales han apelado a instancia superior. Ninguno de esos procesados hasta ahora tiene cargos por actos contra la seguridad del Estado, el decreto 360, u otro parecido, sino por desorden público, desacato, instigación a delinquir y daño a la propiedad.

«Si alguien argumentara que estos cargos encubren motivos políticos, el hecho es que no están siendo reconocidos como tales por los tribunales, en cuyo caso estarían expuestos a largas penas, como ha ocurrido en el pasado. Según voceros de la Fiscalía, por estos cargos menores pueden ser condenados hasta un año de privación de libertad o a 300 pesos de multa.

«Sin embargo, el gobierno ha reaccionado ante el 11J como a una señal de malestar y crisis, que requiere un especial tratamiento político. Aunque ha denunciado la agencia de la contrarrevolución en las protestas, y su instrumentalización política, el presidente y el primer ministro han reconocido errores en la aplicación del Ordenamiento e incluso de algunas políticas antipandemia en las provincias más afectadas. En los 30 días posteriores a las protestas, han acelerado decisiones políticas para enfrentar la situación: no solo minimizar apagones; facilitar importaciones de alimentos, medicinas, donaciones; sino liberar los precios de los mercados agrícolas; legalizar al fin las pequeñas y medianas empresas, y entablar un diálogo con diversos sectores sociales, entre ellos, jóvenes, comunidades barriales, científicos sociales, iglesias, productores agrícolas».

Para el reconocido intelectual, el conocimiento basado en testimonios e impresiones, tanto extraídas del «murmullo incesante de las redes», como de las visiones recogidas en barrios y comunidades, en las bases de las organizaciones, los medios de difusión, las iglesias, los centros de trabajo, las escuelas, son útiles para alimentar la investigación y propiciar el diálogo, pero no rebasan el nivel de un cúmulo de opiniones.

En este sentido, es partidario de que solo la investigación puede proveer un dominio sobre los problemas que subyacen la crisis, por lo que para su análisis profundo debe recurrirse a ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología social, la economía, los estudios culturales y de comunicación social, el urbanismo, la salud pública.

«Juzgar por anticipado el efecto del 11J como parteaguas de la historia es más el resultado de un estado mental propiciado por el dramatismo y la carga humana de las manifestaciones y por una expectativa de cambio deseado que por el conocimiento basado en estas ciencias sociales.

Hasta hoy, ese acontecimiento y otros posteriores son parte orgánica de un acumulado, que ha conducido a un momento de cambio político, a la desembocadura de un ciclo de crisis, donde el nuevo gobierno, armado con una nueva Constitución, intenta avanzar por un territorio inexplorado, mediante una hoja de ruta sujeta a ensayo y error, y cada paso genera efectos secundarios y nuevas complicaciones.

«Comprenderlo como los dolores de una transición* hacia un nuevo orden, en lugar de la trompeta de un armagedón ideológico y político, contribuiría a su más útil asimilación por el gobierno, el Partido y la sociedad toda. Entenderlo como los dolores de parto de ese proceso exige mirarlo con sentido del momento histórico», sentencia.

Notas

* Transición es una categoría del marxismo clásico. Se refiere al periodo de cambio de una formación social a otra. En sus orígenes, el socialismo fue concebido como eso. Según la experiencia histórica posterior, el socialismo tiende a verse como un orden social en sí mismo. Algunos lo definen apenas como un orden anticapitalista, que no permite al mercado, la propiedad privada y el espíritu de lucro prevalecer. Igualmente, existen más modelos posibles de socialismo anticapitalista que los pensados al principio, así que adoptar uno u otro puede dar lugar a cambios de fondo. Cuba pasó por una transición cuando se instauró el socialismo en la década de 1960 y cuando se pasó a otro modelo en los 70’. Ahora mismo se está moviendo hacia otro. Usar el concepto de transición como el camino al capitalismo es darle un significado restringido a la experiencia de Europa del Este.

** Aunque no ha sido incorporado por el discurso oficial, los acontecimientos de las últimas tres décadas validan el empleo del término reformas, para caracterizar los procesos de transformación acaecidos en Cuba. Lecturas conservadoras le endilgan contenidos peyorativos, ajenos a la noción que se maneja al interior de las ciencias sociales, en buena medida debido a la identificación entre el concepto reforma y la corriente política llamada reformismo, muy denostada por parte de la tradición marxista.

***Anomia: Estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales.

**** Este material forma parte de una serie de textos producidos por la revista Alma Mater con el concurso de investigadores y especialistas en diversas ciencias sociales, que busca discernir las causas de los acontecimientos del pasado 11 de julio, así como analizar las demandas realizadas y sus posibles resoluciones.

***** Para la elaboración del dossier “Desafíos del consenso” se convocó a investigadores sociales de diferentes edades, géneros, colores de piel y procedencias geográficas, bajo la premisa de que las características sociodemográficas individuales también median la interpretación de la realidad. Lamentablemente, por disímiles causas, no todas las personas contactadas accedieron a participar.