Rosa María Voghon Hernández - El País.- Durante la última mitad del siglo XX, la narrativa sobre la medición de la pobreza alcanzó su auge en toda la región latinoamericana.


Las agendas académicas y políticas interesadas en la atención e intervención de este fenómeno se nutrieron del arsenal promovido por las instituciones y organismos internacionales que (hasta hoy) actúan como voces autorizadas, fuentes de financiación y de cooperación institucional. Así se generaron discursos y propuestas de acción para lidiar con la pobreza a nivel global, que tuvieron amplio desarrollo práctico en los programas focalizados y universales de transferencias monetarias y no-monetarias.

Las críticas más importantes a la mirada cuantitativa y a los programas que de ella se derivaron para la región latinoamericana se centraron en el carácter residual de la protección social que esa focopolítica suponía y sus efectos: la familiarización de los regímenes de bienestar, la biologización del mínimo vital, la individualización y moralización de las situaciones de privación.

La medición de la pobreza aún adolece de estas brechas metodológicas, aunque hay intentos destacables de producir análisis cuantitativos más complejos. Es el caso del índice multidimensional de la pobreza, que tuvo un desarrollo posterior importante en México con el método de medición integrada, que consideraba como elemento fundamental la dimensión de tiempo.

Cuba no ha sido ajena a estas narrativas en disputa y los primeros esfuerzos para medir la pobreza en el país tras la década de los 90, así como los efectos desigualadores generados por la crisis que afrontó con la caída de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, se organizaron a partir del trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (Inie), institución adscrita al Ministerio de Economía y Planificación. Los estudios elaborados por este Instituto contribuyeron a devolver al espacio de la comunidad científica el interés por las problemáticas asociadas al empobrecimiento para el ámbito cubano, basados en una medición cuantitativa que realizaron para el entorno urbano (el 20% de la población) y en el esclarecimiento de los perfiles de la población en situación de vulnerabilidad.

Las categorías para identificar a estos sectores pasaron en el Inie de la de población en riesgo hasta el de pobreza con protección y garantías, para actualizar el análisis de este fenómeno para un caso como el cubano considerado excepcional en el contexto latinoamericano y caribeño.

Otras instituciones y equipos de investigación que destacaron por desarrollar estudios en este ámbito fueron el grupo de Estructura Social del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el programa Flacso-Cuba y el Centro de Estudios de la Juventud. La diferencia más significativa respecto al Inie estuvo marcada por el desarrollo de estudios más cualitativos y con muestras más pequeñas, debido al acceso restringido o deficiente a fuentes censales que permitieran delinear maneras diversas de cuantificar el fenómeno.

El impulso de estos estudios en la primera década del siglo XXI se debió a fuentes de financiación externas como el programa (ya desaparecido) de Clacso-Crop, que incorporó las miradas de jóvenes investigadoras (ésta ha sido primordialmente una agenda de investigación femenina en el país) e investigadores que persistieron en el enfoque cualitativo y trascendieron, por tanto, la perspectiva economicista que tradicionalmente caracteriza la narrativa sobre la pobreza. Un importante avance de estos financiamientos fue la articulación con los estudios latinoamericanos, lo que permitió contextualizar los resultados aportados en Cuba y disputar la idea de excepcionalidad atribuida a la isla en el ámbito continental. De esta etapa fecunda para los análisis sobre la pobreza en Cuba habría que señalar, no obstante, que las investigaciones (mayoritariamente producidas desde la Habana) han dedicado una menor atención a la pobreza en entornos rurales y semi-rurales; así como reclamar una reflexión más profunda sobre los procesos subjetivos asociados al empobrecimiento y la vulnerabilidad.

Los análisis sobre la pobreza en los últimos 20 años se han visto desplazados en el ámbito académico por los de desigualdad; y, para el caso cubano, no se han hecho públicos nuevos pronunciamientos oficiales sobre cómo se han movido las cifras; especialmente a partir de los impactos de la pandemia. Sin embargo, habría que destacar dos datos muy polémicos que salieron a la luz el año pasado.

El primero lo generaron instituciones académicas cubanas con el apoyo de la iniciativa Pobreza y Desarrollo Humano del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Para Cuba, el índice señala un 0,003 de incidencia de la pobreza a nivel nacional, uno de los más bajos a nivel mundial. Aunque se puede argüir que este índice mide el acceso a bienes esenciales para el desarrollo humano como la salud y la educación, esta cuantificación puede ser adaptable a las condiciones o variables más importantes dentro de un país para medir pobreza. Habría que analizar con mayor profundidad cómo se cotejó el índice con las brechas nacionales. El otro dato altamente criticado, en este caso desde la institucionalidad cubana, fue el índice anual de miseria, que colocaba al país como el más miserable a nivel global.

En el momento de escribir estas notas y después de las protestas del 11-J, la institucionalidad cubana se propone relanzar la reforma propuesta hace más de 10 años, con el plus de una agenda social focalizada en los sectores empobrecidos. Prueba de ello son las visitas de altos cargos gubernamentales y del presidente a las comunidades vulnerables; la creación de la figura de técnico superior en Trabajo Social (que se suma a la capacitación en este ámbito ya existente en Salud); la elaboración, por parte del Observatorio Social y Laboral (adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), de un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional y la reaparición de atisbos de una reflexión sobre estos temas en los medios, de alcance nacional.

Queda por evaluar si este impulso reciente está vinculado a la necesidad de estabilizar los niveles de descontento expresados en el espacio público, a una recurrencia a la agenda política del neoliberalismo para extender el proceso (ya en curso) de focalizar y segmentar la protección social o si, por el contrario, estamos ante un cambio de época hacia el reconocimiento de la pobreza como un problema social serio en la sociedad cubana actual.

 

Rosa María Voghon Hernández es Sociológa e Investigadora. Fue profesora de Sociología en la Universidad de la Habana (2005-2018). Miembro del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) 'Pobreza y Políticas Sociales'. Investiga los temas de política social, pobreza, migración y desigualdades sociales. Su último libro se titula 'Reproducción familiar de la pobreza desde una perspectiva generacional' (Editorial de Ciencias Sociales, Cuba).

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