Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, 'Timochenko', se dan la mano en La Habana junto a Raúl Castro, en septiembre de 2019.ALEJANDRO ERNESTO (EFE).


Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo reprochan al Gobierno de Iván Duque plegarse al programa ideológico de la Administración Trump, que designó a la isla como patrocinador del terrorismo

Santiago Torrado - EL PAÍS

Bogotá

La designación de Cuba como un “Estado patrocinador del terrorismo”, una de las últimas movidas de la Administración de Donald Trump, ha tenido repercusión en la política de Colombia. Washington ha justificado los pasos previos a su decisión en un reiterativo reclamo del Gobierno de Iván Duque, que resiente que La Habana se haya negado a extraditar a un grupo de comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país andino. Lo que está en juego no es solamente un eventual acercamiento con el ELN o las relaciones de Estados Unidos con Cuba, “sino la posibilidad misma de llevar a cabo negociaciones de paz”, han advertido este viernes Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los arquitectos del histórico acuerdo con las FARC, al defender el papel de la isla como garante.

El deterioro de las relaciones entre Colombia y Cuba se remonta al fin del diálogo con el ELN luego del atentado contra una escuela de cadetes en Bogotá que causó 22 muertos, en enero de 2019, cuando Duque cumplía su primer semestre en el poder. La isla albergó el proceso, como ya lo había hecho con las FARC, y amparada por los protocolos de ruptura ha negado la extradición de la cúpula negociadora del ELN. Como reclamo por lo que califica como “actos hostiles” de La Habana, Colombia incluso fue uno de los poquísimos países que se abstuvo de votar en la ONU a favor de levantar el bloqueo económico a la isla, pero la inclusión en la lista de negra de Estados Unidos es el momento más crítico de la creciente tensión entre las dos capitales latinoamericanas.

De la Calle y Jaramillo, los máximos representantes del Ejecutivo de Juan Manuel Santos en la mesa de negociaciones con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy convertidas en un partido político con representación en el Congreso por cuenta del acuerdo sellado a finales de 2016, reconocen y agradecen la generosidad y el profesionalismo que desplegó el Gobierno cubano a favor de la paz de Colombia. Su papel fue tan determinante que al proceso se le conoce simplemente como los diálogos de La Habana. Como ya lo había señalado Noruega, el otro garante del proceso con las FARC, argumentan que, si los países que facilitan esfuerzos de paz corren el riesgo de terminar designados como patrocinadores del terrorismo, lo van a pensar dos veces antes de respaldarlos.

“Es entonces un despropósito y un acto de ingratitud estatal sin par con la República de Cuba que, en el marco de negociaciones similares con el ELN, el Gobierno de Iván Duque haya exigido la entrega a las autoridades colombianas de los miembros de esa delegación, en contra de los protocolos firmados por el Gobierno de Colombia y los garantes internacionales, que exigen regresar a los negociadores del ELN a sus lugares de origen en caso de rompimiento de las conversaciones”, señalan. “El hecho de que el ELN hubiera cometido un acto de terrorismo atroz en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá –que condenamos con la mayor vehemencia– y de que el Gobierno, como es su derecho, hubiera abandonado la negociación, no cambia los términos de lo acordado formalmente por Colombia en el marco del proceso de paz”.

También le reprochan al Gobierno de Duque, quien fue un férreo opositor a los diálogos de La Habana, “privilegiar la ideología y los intereses partidistas sobre el sentido común y los compromisos internacionales”, así como “enmarcarse en el programa ideológico de la administración Trump y dejar las relaciones internacionales de Colombia en su punto más bajo”. Duque se jugaba su condición de íntimo aliado de Trump en América Latina en las elecciones de noviembre, y el Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, apoyó indisimuladamente la reelección del republicano bajo la consigna de poner freno al “castrochavismo”. La victoria de Joe Biden dejó a contrapié a la diplomacia colombiana, y el asalto al Congreso de los seguidores de Trump exacerba las dificultades de cara al inminente reacomodo de las relaciones con la naciente Administración demócrata.

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo respondían una carta de la bancada del Centro Democrático en la que le solicitaba al presidente Duque, tras la designación de los países patrocinadores del terrorismo, “una revisión cuidadosa, y decisiones de fondo, respecto a las relaciones con el régimen cubano”. Entre sus firmantes se destacaban el representante Juan David Vélez y la senadora María Fernanda Cabal, dos de los políticos colombianos más involucrados en la campaña de reelección de Trump en la Florida, salpicada por campañas de desinformación y miedo al “socialismo”.

En la dirección contraria, una veintena de congresistas de distintas fuerzas políticas, que incluía a los representantes del partido FARC, le recordaron al mandatario que “Cuba ha contribuido en forma significativa a los procesos de paz de Colombia” en las últimas cuatro décadas, y lo exhortan a retomar el diálogo con el ELN. “De esta forma, Colombia avanzaría en el logro de la paz total y, al mismo tiempo, lanzaría un claro mensaje a la comunidad internacional sobre el significado de la valiosa contribución que ha hecho Cuba para poner fin al conflicto armado interno”.

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