Telesur.- Tras protagonizar un violento paro, que sólo se cumplió de manera parcial en cinco regiones, los prefectos opositores comenzaron este miércoles un bloqueo de carreteras de 24 horas.

El bloqueo de las vías se llevó a cabo en los departamentos de Santa Cruz (este), Pando (norte) y Beni (noreste), todas provincias gobernadas por la oposición, que anteriormente habían atentado contra la democracia boliviana con la realización de consultas ilegales para tratar de aprobar estatutos separatistas.

En Santa Cruz (este), el grupo de jóvenes de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, que el martes se encargó de agredir a aquellas personas que no acataron el paro, bloqueó las carreteras que unen esta región con el occidente y sureste del país.

Temprano, las televisoras locales mostraron que en Beni y Pando se iniciaba el bloqueo de sus principales carreteras.

Tarija (sur) y Chuquisaca (sureste), departamentos que participaron en el paro político, no llevaron adelante el bloqueo de carreteras.

Los pretextos convocaron la nueva medida también con el pretexto de reclamar la devolución de los ingresos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), que les fue reducido por el Ejecutivo nacional para el pago de un bono vitalicio a los mayores de 60 años, denominado "Renta dignidad".

El martes, habían protagonizado un violento paro que sólo se cumplió de manera parcial en cinco regiones del país.

Luego del fracaso, el gobierno boliviano reiteró el llamado a diálogo.

"Nosotros consideramos que el diálogo está abierto y que la mejor solución, en vez de asumir ese tipo acciones irracionales, es sentarnos en una mesa y negociar", declaró el portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, tras calificar como un "rotundo fracaso" a la medida de los opositores.

Por su parte, el viceministro del régimen interior, José Gamarra, en entrevista exclusiva para TeleSUR, se pronunció sobre las acciones golpistas de los prefectos opositores, afirmando que el paro no ha obedecido a una conciencia cívica y más bien ha sido logrado a fuerza de amenazas y violencia.

"Este paro ha impedido que la ciudadanía trabaje normalmente, más no ha tenido repercusión en las provincias. Fue  perjudicial más que todo para las comunidades, afectando a los sectores populares del país", dijo.

Con respecto al reclamo de los prefectos opositores por la devolución del Impuesto de los Hidrocarburos, explicó que este impuesto le pertenece al pueblo boliviano.

"Ellos (los prefectos) aparecen como dueños de ese dinero oponiéndose a medidas sociales, como el bono Juancito Pinto, implementado para evitar la reseción escolar y la renta dignidad, para dar sustento a nuestros abuelos", acusó.

Gobierno no intervendrá bloqueos

Entre tanto, el Ejecutivo anunció este miércoles que, para evitar enfrentamientos, no intervendrá en los bloqueos de carreteras que se iniciaron en algunas de las regiones de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz.

"Es clara la provocación de ese tipo de medida impulsada por prefectos como el cruceño Rubén Costas o el acaudalado empresario Branko Marinkovic, que sólo buscan sembrar más violencia", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana

El dignatario denunció que hay indicios del empleo de francotiradores y de grupos armados, de gente pagada dispuesta a matar, que preparan emboscadas a las fuerzas públicas si deciden intervenir.

Quintana recordó los hechos violentos registrados el martes en Santa Cruz, donde grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista recorrían armados la ciudad y comunidades periféricas para obligar el paro por la fuerza.

Acerca de la demanda de los prefectos opositores sobre la devolución del IDH para dedicarlo a obras en sus regiones, afirmó que el problema de fondo, es político.

"Los bolivianos rechazan la violencia y como expresaron más de dos tercios en el referendo revocatorio del pasado 10 de agosto, además del contundente respaldo a la gestión de Evo Morales, también quieren tranquilidad", apuntó.

Señaló que los paros y bloqueos solo traerán pérdidas para las regiones y sus pobladores.

Quintana aplaudió la decisión de las autoridades de Chuquisaca (centro), que integran el llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde), de no sumarse a las medidas que apuntan a afectar las regiones del occidente del país.