Jean Guy Allard - Granma Internacional.- Mientras en Washington, un Subcomité del Congreso intenta descubrir cómo Luis Posada Carriles sigue beneficiándose de la protección del Gobierno Bush cuando todo evidencia que es el terrorista más peligroso del continente, dos de sus cómplices con amplia trayectoria terrorista han registrado una admisión de culpabilidad ante el juez tejano David Briones tras negociar con los mismos fiscales complacientes que Bush encargó de salvar a Posada.


 Los miamenses Santiago Álvarez Fernández-Magriña, de 66 años de edad, y su empleado Osvaldo Mitat, de 65, han reconocido ser culpables de desacato (obstrucción a la justicia) por haberse negado a testificar, el 18 de diciembre del 2006, ante un Gran Jurado que investigaba sobre las falsas declaraciones de Posada acerca de su entrada ilegal a Estados Unidos en marzo del 2005.

 Según la ley,  pueden ser condenados como máximo a 10 años de cárcel y a una multa de 250 000 dólares. En la realidad, recibirán otra vez una condena simbólica, beneficiándose de la justicia paralela que rige en Estados Unidos los casos de terrorismo contra Cuba.

El juez Briones anunciará su decisión el 1 de febrero del 2008.

 En septiembre de 2006, Mitat admitió su culpabilidad en un cargo de conspiración por posesión de armas de fuego prohibidas mientras Álvarez se reconocía culpable de tal crimen y de posesión de falsos documentos migratorios. El negociante era quien entregó a Posada un falso pasaporte guatemalteco cuya procedencia nunca se investigó.

 Mitat recibió una sentencia de 24 meses y Alvarez de 30, una farsa negociada con la Fiscalía, cuando el propio Alvarez entregó a la justicia otro lote de armas ilegales además de las capturadas en el momento de su arresto.

 Es importante precisar, para valorar correctamente la sentencia, que el primer arsenal ocupado al socio de Posada y que justificó la acusación, se componía de más de 20 armas no declaradas, ametralladoras automáticas AK-47 y AR-15s cuyos números de identificación estaban borrados; silenciadores no registrados; granadas y lanzagranadas; miles de peines de municiones; máscaras anti-gas y explosivos.

 Detalle interesante, el comunicado que anuncia  los últimos hechos en el dossier Alvarez-Mitat precisa que el caso está manejado por el Fiscal federal para el Distrito Oeste de Tejas, Michael J. Mullaney, y los Fiscales John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la Sección del Antiterrorismo del Departamento de Justicia, encargados por Bush del caso Posada… mientras el nombre de otro Fiscal, John F. De Pue, hasta ahora del mismo equipo, se esfumó.

 Otros tres cómplices del terrorista internacional, inculpados del mismo delito, siguen negociando con la misma Fiscalía bushista mientras esperan sus juicios,  Ernesto Abreu, José Hilario Pujol y Rubén López Castro.

 Todos tienen un largo historial de terrorismo y nunca fueron perseguidos como terroristas. Todos han colaborado con la CIA.

 ALVAREZ PARTICIPÓ EN UN SALVAJE ATAQUE A BOCA DE SAMA

  Mientras se investiga a Posada en el Congreso, hace falta recordar que Santiago Alvarez Fernández-Magriñá ha sido miembro de grupos terroristas tales como Comandos L y Alpha 66, y participó del ataque al buque soviético Bakú; en agresiones contra poblados cercanos a Cienfuegos y Trinidad, y a un salvaje ataque en Boca de Samá, cercano a la playa de Guardalavaca, el 12 de octubre de 1971.

 Aquella noche, sobre las 10, catorce terroristas navegando en dos lanchas piratas de Alpha 66 comandadas por Álvarez, atacaron a ese pequeño pueblo de pescadores, perteneciente al municipio de Banes. Con los pocos medios de que disponían, los vecinos del lugar rechazaron a los mercenarios que al huir en sus embarcaciones, abandonando la bandera de Alpha 66, siguieron ametrallando a las casas.

 El salvaje asalto dejó un saldo de dos fallecidos, los combatientes del Ministerio del Interior Lidio Rivaflecha Galano y Ramón Siam Portelles, y cuatro heridos graves, Carlos Escalante Gómez, entonces jefe de la Unidad de Tropas Guardafronteras de la zona, el obrero agrícola Jesús Igarza Osorio y las hermanas Aracelis y Nancy Pavón, con 13 y 15 años de edad, respectivamente. A la joven Nancy, luego de múltiples operaciones, los cirujanos tuvieron que amputarle un pie.

 El 17 de noviembre del 2000, después de que el Presidente Fidel Castro denunciara públicamente en Panamá el complot para atentar contra su vida, las autoridades cubanas entregaron a las panameñas un documento de información acerca de los conspiradores implicados, en el cual Santiago Álvarez Fernández-Magriñá como uno de los participantes.

PREPARABAN UNA MASACRE DE ESTUDIANTES EN PANAMA

  Por orientación de la Fundación Nacional Cubano Americana que patrocinaba el intento de asesinato, Alvarez era uno de los que debían acompañar a Luis Posada Carriles y a los otros tres terroristas de Miami en la ejecución del atentado. Los terroristas intentaron volar el Paraninfo universitario de la capital donde iba a hablar el Presidente cubano, durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana.

 Aunque la justicia de Bush finge ignorarlo y el FBI de Miami destruyó el dossier, está comprobado que los dirigentes del Comité paramilitar de la FNCA y socios de Santiago Alvarez, "Pepe" Hernández y Alberto Hernández Sarduy viajaron a El Salvador, en la primera quincena de agosto, para convenir con Posada cada detalle del magnicidio.

 Si finalmente no participó en el intento, Alvarez estuvo directamente vinculado con la preparación de la frustrada acción, en territorio norteamericano.

 Alvarez visitó repetidamente a Posada en su cárcel de Panamá hasta que Interpol se interesó en sus viajes.

 Padrino de la campaña que recogió dinero en Miami para comprar el indulto con las autoridades del corrupto Gobierno de Mireya Moscoso, envió los dos aviones ejecutivos al aeropuerto de Tucumén, en la madrugada del 26 de agosto de 2004, que se llevaron a Posada, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón. El miércoles 20 de abril del 2005, en un programa del Canal 41de Miami, Alvarez, a quien la prensa mafiosa describía como el "Benefactor" del asesino Posada, confirmaba públicamente que éste estaba radicado en Miami.

 Mientras Abreu prestó su nombre a fines de su registro, Alvarez es el dueño real de la nave camaronera Santrina. Contratista y dueño de una compañía de construcción en Miami, Alvarez fue retratado en Isla Mujeres, por la prensa local, al lado del capitán de la embarcación, el agente de la CIA José Pujol, mientras Posada era observado caminando en el vecindario. Luego viajó a EE.UU. con los demás cómplices de la operación.

 Es elocuente el hecho de que el Santrina nunca fue ocupado y vendido en subasta por los servicios de inmigración como lo exige la ley en el caso de una entrada ilegal al territorio de Estados Unidos.

  Hace unos meses, Gilberto Abascal, el principal testigo de la fiscalía en el caso de Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat, fue baleado por desconocidos en una carretera al noroeste de Miami-Dade.

 Mientras Alvarez se ríe de la justicia, con el apoyo de Bush y de su familia mafiosa, cinco valientes cubanos que arriesgaron sus vidas penetrando este nido de víboras, siguen secuestrados en cinco cárceles estadounidenses, dos de ellos sin poder recibir visitas de sus esposas, en violación de todas las normas internacionales.

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