Rodolfo Romero Reyes - Alma Mater.- Una ley que «entrecruza y articula las múltiples dimensiones y procesos de la comunicación social»; así la calificó Yamile Haber Guerra, profesora titular de la Universidad de Oriente, quien integró el equipo multidisciplinar de profesionales que participó en la redacción del Proyecto de Ley
En unas horas se someterá a aprobación del Parlamento cubano el proyecto de Ley de la Comunicación Social. Con ideas y pautas generales previstas en la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, el grupo redactor ha llegado a una propuesta final, después de reuniones, debates y continuos intercambios con periodistas, comunicadores, sociólogos, juristas, delegados municipales, diputados e integrantes de organizaciones de masas y sociales en distintos territorios del país.
Alma Mater conversó con Yamile Haber Guerra, profesora titular de la Universidad de Oriente, periodista y doctora en Ciencias Filológicas, quien participó en la conformación del proyecto de Ley.
«Es una ley gestada y sometida a consulta en un contexto de hiperideologización y polarización política, no solo en el escenario comunicacional cubano, sino a escala global», explicó, y recalcó el apego del texto a la Ley Primera de la República, al tener en cuenta para su elaboración los presupuestos de las normas aprobadas que le precedieron en el cronograma legislativo.
Era una necesidad que aquellas disposiciones que regulasen derechos o cuyos contenidos articularan el ejercicio de un conjunto de derechos y deberes de las personas en la sociedad cubana, fuese plasmado en una ley. Por eso, aunque el grupo redactor tuvo gran responsabilidad en el resultado final, se tomaron en cuenta los arduos debates en torno a la prensa y los medios de comunicación, así como la ampliación y el perfeccionamiento de las acciones comunicativas a todos los niveles y en todas las circunstancias.
«No estamos aprobando una ley de medios o una ley de comunicación, sino una Ley de Comunicación Social, con lo cual estamos aprobando un proyecto que no divide, que no parcela, que no sesga, que no deslinda, sino que entrecruza y articula las múltiples dimensiones y procesos de la comunicación social, inscribiéndose así en lo mejor de la tradición comunicológica latinoamericana. Es un proyecto que ha escuchado, ha dado participación y ha permitido la acción en cuanto a la formulación y reformulación de sus principales postulados; ha tenido en cuenta cada criterio emitido por los conciudadanos y los especialistas de diferentes áreas del conocimiento, en diferentes espacios físicos y virtuales de nuestro entramado social», aseguró.
Quienes aportaron a este esfuerzo, como la profe Yamile y tantos otros especialistas, han entendido que la comunicación resulta la vía para articular el ejercicio de un grupo de derechos como: el acceso a la información veraz e imparcial, la libertad de opinión, la libertad de expresión y prensa, al conocimiento, la cultura, la ciencia y la técnica. Los medios, instituciones y organizaciones que se implican en la comunicación tendrán, entonces, el deber de contribuir a materializar estos derechos.
Para Yamile, estamos en presencia de un proyecto de Ley «heredero de la tradición humanista y de la tradición filosófica cubana y su pensamiento electivo “todas las escuelas y ninguna escuela, he ahí la escuela”. Es un proyecto que se asienta en los principales megaconconceptos actuales de las ciencias sociales: ciudadanía, legitimidad, sujeto, soberanía, texto, lenguajes, tecnología», consideró.
Interrogada por la polémica que en distintos ámbitos ha desatado la ley, comentó: «Toda esa polémica no es otra cosa que la expresión del casi encarnizado debate que, tanto en el campo teórico como en el práctico, suscita el “minado” campo de la comunicación social donde, precisamente, si algo ha prevalecido, es la falta de consenso, la falta de conceptos y de leyes, y la lenta reactividad ante los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales».
Ilustración: Osval
Como los aspectos más ampliamente debatidos figuran: el correlato entre medios fundamentales de comunicación y los no fundamentales, el reconocimiento explícito a la comunicación política, el papel de la comunicación comunitaria, los usos de la publicidad y las regulaciones al ciberespacio.
Respecto a los criterios que aún se siguen manifestando, sobre todo, por algunas personas en redes sociales, la docente considera que «vísperas de la aprobación de la norma, después de muchas y muy plurales lecturas y apropiaciones, los actores de la comunicación social en Cuba están demostrando una mirada superficial e insuficiente a la ley».
En su opinión, estamos ante una gran paradoja: «por un lado, el reconocimiento general, tácito, de la urgencia de una comunicación efectiva en todos los ámbitos y, por el otro, el prejuicio positivista y la reticencia a normar y regular sobre sus múltiples objetos y sujetos».
El Parlamento tendrá en sus manos una ley que regulará el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales. De aprobarse, no significará una meta final, sino un nuevo punto de partida.
Yamile argumenta que, «habrá que volver sobre la Ley de Comunicación Social muchas veces; sobre ella y sobre el aparato regulatorio que garantizará su implementación. El propio espíritu de la ley no dará descanso. Habrá que ponerse a punto».
