Las poblaciones trans son usualmente discriminadas en el espacio laboral
Helen Hernández Hormilla - SEMlac.- La omisión de la identidad de género entre las causas por las que se prohíbe la discriminación en el nuevo Código del Trabajo de Cuba provoca enérgicas denuncias de colectivos y activistas a favor de los derechos de personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) en la isla caribeñaPese a que resulta la primera ley cubana en condenar la discriminación por orientación sexual y sustituir los añejos términos "sexo" y "raza" por "género" y "color de la piel", aún queda pendiente la mención a grupos tradicionalmente vulnerados en el ámbito laboral.
El inciso b del Artículo 2 de esta norma jurídica consigna que el derecho al empleo es igual para toda la ciudadanía, "sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana".
Con esto, una persona discriminada por su orientación sexual en el trabajo cuenta con un instrumento para defenderse ante el órgano administrativo que corresponda o la Fiscalía General, aseguró a SEMlac el jefe de los servicios de atención jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Manuel Vázquez Seijido.
Pero, como otros expertos y activistas, Vázquez Seijido considera un error haber soslayado poblaciones históricamente discriminadas, especialmente las personas que se identifican con un género distinto al normado por su sexo biológico y aquellas que viven con VIH/sida.
Trayectos de una denuncia
El activista gay y periodista Francisco Rodríguez Cruz (a la derecha) fue el primero en llamar la atención sobre las carencias del Código de Trabajo. Foto: SEMlac
El Código de Trabajo fue aprobado por mayoría en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) en diciembre de 2013, bajo intensos debates antecedidos por un amplio proceso de consulta popular y reclamos de activistas LGBTI, desde que se hiciera público el anteproyecto hace un año.
La propia cita parlamentaria fue escenario de una polémica tras la propuesta de la diputada Mariela Castro Espín de incluir en el citado artículo 2 la identidad de género, la discapacidad y el estado positivo al VIH como causas de discriminación laboral, además de integrar un lenguaje inclusivo en materia de género para toda la norma y condenar la violencia dentro de este ámbito.
Como resultado de las discusiones, algunas de ellas televisadas, se aprobó por mayoría que una comisión revisara el texto e incluyera las sugerencias de la directora del Cenesex y las referidas por otros parlamentarios. El presidente Raúl Castro aclaró que la comisión se encargaría de aspectos "de estilo y contenido".
Sin embargo, la nueva ley, vigente desde su publicación en junio por la Gaceta Oficial, dejó fuera algunas propuestas emanadas en las discusiones y motivó la denuncia inmediata del periodista Francisco Rodríguez Cruz en su blog Paquito el de Cuba.
Para el reportero del periódico Trabajadores, la versión final de esta norma "pone en entredicho los métodos y formas de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cumplimiento de los procedimientos legislativos por parte de la dirección del máximo órgano del Estado y la transparencia en la toma de decisiones a partir de la voluntad de los diputados y las diputadas".
En un hecho de pocos precedentes para el activismo cubano, rápidamente desde redes sociales, blogs y medios de prensa digitales se integraron diversas voces para exigir explicaciones oficiales sobre el tema.
Mariela Castro condenó en su blog "que la discriminación por identidad de género queda pendiente en nuestra legislación" y aplaudió al "periodismo crítico revolucionario que está haciendo sus mejores contribuciones" a este tema.
Por su parte, el autónomo proyecto Arcoíris, que defiende derechos LGBTI en Cuba, dirigió una carta pública al presidente de la Asamblea Nacional el pasado 23 de junio para solicitar respuestas sobre el tema.
Los 12 firmantes de la misiva mostraron preocupación por "la trascendencia humana y política de estas adiciones, que fueron ignoradas sin explicación aparente".
Al reclamo se sumaron también redes sociales de activismo comunitario por la diversidad sexual de Cienfuegos y el promotor cultural Ramón Silverio, uno de los más destacados activistas LGBTI del país.
Quienes integraron la comisión revisora de la ley adujeron que no tenían potestad para adicionar nuevos elementos de contenido, que no competía a este tipo de norma incluir el término por ser ajeno a su objeto social, que la Asamblea finalmente no había votado la propuesta y que esta contravenía la Constitución de la República.
Así trascendió en la reunión entre José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, y otros integrantes del órgano legislativo con representantes de Arcoíris y Cenesex, versionada en Paquito el de Cuba.
Para la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, no era pertinente incluir la identidad de género porque otorga un derecho imposible de cumplir, cuando no existe una definición jurídica previa sobre ese tema en la legislación cubana, declaró en entrevista reciente con Rodríguez Cruz.
En el diálogo, la titular mostró resistencia a reconocer los derechos de estos grupos y opinó que "aunque pueden existir trogloditas que las discriminen, no creo que en muchos casos las dificultades que presentan estas personas sean por su identidad de género, sino que están asociadas la mayoría de las veces a otros problemas de conducta y disciplina".
Sus comentarios hicieron reaccionar al activista Alberto Roque, quien desde su bitácora HOMOsapiens@CUBA calificó como "oscurantistas, conservadoras y discriminatorias" las creencias de algunos legisladores y decisores políticos del país.
"No se trata solamente de la promulgación de una Ley de Identidad de Género, la cual es necesaria y perentoria, sino también de hacer respetar la propia Ley laboral vigente que condena la discriminación por género y eliminó la categoría sexo a contrapelo de la Constitución", apuntó el médico especializado en temas de sexualidad.
¿Por qué identidad de género?
Muchas personas trans no pueden terminar estudios por el rechazo social. Foto. SEMlac
Si bien la discriminación por género, nombrada en el Código, abarca en teoría todo tipo de comportamientos asociados con las construcciones culturales, sociales e históricas que se establecen a partir del sexo, especialistas sostienen que en derecho no es suficiente para hacer visibles conflictos específicos de personas trans (travestis, transgéneros y transexuales).
"La inclusión de términos explícitos en legislaciones tiene un carácter político y permite visibilizar la prioridad que le dan los Estados a determinados asuntos que son problemas sociales", afirmó a SEMlac Francisco Rodríguez Cruz.
Cuba implementa desde 2001 una estrategia de atención a personas transexuales que coordina el Cenesex, gracias a la cual, por ejemplo, se realizan operaciones de reasignación sexual acompañadas de atención psicológica y mecanismos de integración social.
Pero investigaciones realizadas en la isla concluyen que las poblaciones trans se encuentran entre las de mayor desventaja para acceder al empleo, debido a los prejuicios que genera considerarse parte de un género distinto al sexo asignado.
Las personas trans suelen tener bajo nivel escolar porque, habitualmente, son expulsadas de sus casas o de la escuela en edades tempranas y se sienten rechazadas cuando se les obliga a llevar una imagen corporal contraria a la identidad de género con la que se identifican.
"Al tener que abandonar los estudios y sin apoyo familiar, muchas tienen que dedicarse a la prostitución", señala el activista gay.
En su criterio, estas personas encuentran dificultades para ser admitidas en otros trabajos o solo les ofertan puestos de menor calificación, casi siempre poco remunerados.
Cuando se visualiza una población en este tipo de legislaciones se está insistiendo en discriminaciones históricas, señaló por su parte Manuel Vázquez Seijido.
En los últimos tres años, juristas del Cenesex han tramitado más de 30 casos de discriminación laboral de personas transexuales, travestis o transgéneros, aunque pudieran ser muchos más los que no llegan a solicitar ayuda, refirió el especialista.
Usualmente se les niega el empleo con comportamientos de transfobia manifiesta y otras objetando que su imagen física no se corresponde con el sexo y nombre del carné de identidad.
No obstante, Vázquez Seijido sostiene que ninguna norma jurídica determina que, para trabajar o realizar cualquier trámite, deba coincidir la imagen física con la descripción del documento legal.
También hay trans que manipulan su imagen para lograr el empleo pero, una vez en el puesto laboral, aparecen cuestionamientos a su forma de vestir y gestualidad, entre otras manifestaciones de acoso.
Causas pendientes
Para el activismo LGBTI del país sigue siendo prioritario el avance legislativo, por lo que el Cenesex continuará impulsando modificaciones al Código de Trabajo, significó Vázquez Seijido.
También promoverán la redacción de una Ley de Identidad de Género que abarque distintos ámbitos del derecho para personas trans, incluyendo el cambio legal de identidad, el acceso a la educación y al trabajo remunerado.
Siguen pendientes asuntos como la violencia de género, sin ninguna mención en la ley aprobada, o la necesaria regulación de los derechos de las mujeres en empleos no estatales, advertida a SEMlac por la economista Teresa Lara en un reporte anterior.
Igual sucede con la propuesta de un nuevo Código de Familia que sustituya al vigente desde 1975, en espera de que sea discutido en el Parlamento y que incluye normativas para asegurar el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género y el reconocimiento legal a parejas de igual sexo.
"No es lo mismo cuando hay una norma que te respalda, a cuando todo queda a la interpretación de tu jefe", valoró a SEMlac Sandra Álvarez, integrante de Arcoíris.
De lograrse una modificación a favor de estas reivindicaciones, la activista piensa que se daría "un paso más en la justicia social que promulga la Revolución Cubana, pero que aún no alcanza".
Ante las insuficientes explicaciones oficiales, Arcoíris realizó una segunda denuncia el pasado 26 de julio, en la cual exigió a la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República investigar a fondo el incumplimiento del mandato recibido por la Comisión de Estilo y Contenido que revisó el Código de Trabajo.
También requirió agotar los procedimientos jurídicos existentes para someter a votación del Parlamento una enmienda a esta ley, en la que se contemplen sus demandas, e instó a la diputada Mariela Castro a utilizar su derecho a la iniciativa legislativa individual para presentar ante el parlamento un proyecto de Ley de Identidad de Género y el nuevo Código de Familia.
