“Un aspecto favorable, ha sido la articulación de actores para el despliegue de las actividades que se realizan; así como el aprovechamiento de las alianzas con proyectos que se despliegan encaminados al desarrollo socio - productivo local”, suscriben las autoras

Sara Más - Red Semlac.- La violencia contra las mujeres, en especial la que ocurre en las relaciones de pareja, es un problema social que afecta a localidades rurales y urbanas en todo el país, alertan especialistas.

Así lo hacen constar las profesoras Clotilde Proveyer Cervantes y Magela Romero Almodóvar, reconocidas investigadoras del tema y autoras del folleto “Sistematización sobre la incidencia y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en contextos rurales, con énfasis en los municipios de Jesús Menéndez (Las Tunas) y Pinar del Río”, presentado el pasado mes de mayo en la capital cubana.

Ambas experiencias en Las Tunas y Pinar del Río, a 660 y 160 kilómetros de la capital, respectivamente, cuentan con el apoyo de sus sedes universitarias, el acompañamiento de Oxfam y evidencian que el maltrato machista “se manifiesta en todas sus variantes, con mayor frecuencia y visibilidad de la violencia psicológica y económica”, apuntan las estudiosas.

Aunque alejados geográficamente, ambos equipos de trabajo tienen en común el compromiso colectivo de un grupo considerable de instituciones, organizaciones y actores sociales que apuestan por la transformación de las milenarias relaciones de poder patriarcal que allí perduran, destacan las profesoras.

Ente otras fortalezas, las autoras identifican la labor de gestión del conocimiento que llevan a cabo en torno a las problemáticas relacionadas con la equidad de género y en contra de la violencia hacia las mujeres.

También la creación de nuevas capacidades en las instituciones universitarias donde radican los dos colectivos, así como el fortalecimiento de las ya instaladas para investigar, formar, capacitar y sensibilizar a profesionales, actores sociales, decisores de los territorios, líderes comunitarios y de distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Sin embargo, agregan que la continuidad del trabajo necesita de un sistema articulado e integral de atención a la violencia de género, de modo que los actores locales no solo sean capaces de identificar las manifestaciones de violencia, sino que puedan encauzar a las víctimas hacia instituciones, organizaciones o grupos de trabajo que garanticen una atención acertada y el acompañamiento que precisan para salir del ciclo de la violencia.

A juicio de las autoras, en las dos localidades se cuenta con los recursos necesarios para potenciar la creación de dicho sistema; sin embargo, precisan de entrenamientos más especializados para tener una actuación consciente, acertada y comprometida desde la necesaria perspectiva de género y para lograr la coordinación interinstitucional necesaria a favor de un sistema integral de atención a los casos que se presentan.

Proveyer y Romero instan, además, a darle una mayor prioridad a la violencia contra las mujeres, ya que los estudios realizados son escasos y se caracterizan por ser diagnósticos microsociales, desarrollados a partir del análisis de muestras pequeñas y muy fragmentadas.

Destacan, igualmente, que en las zonas rurales de las dos provincias estudiadas la violencia adquiere características particulares en comparación con el ámbito urbano.

En esas áreas rurales perviven un fuerte arraigo a la cultura machista patriarcal de forma naturalizada, una marcada división sexual del trabajo y una fuerte incidencia del alcoholismo como factor catalizador explicativo del aumento de los casos en algunas comunidades.

Aunque en ambas localidades son más visibles la violencia psicológica y la económica, también adquiere relevancia la física.

“Las y los especialistas interpelados perciben un incremento en el número de hechos que dejan huellas en el cuerpo de la mujer o terminan acabando con sus vidas”, suscribe la sistematización.

Como en la mayoría de las regiones del país, en ninguno de los dos contextos analizados existe un sistema de detección y atención temprana de los casos, las redes formales de apoyo son insuficientes y limitadas para ofrecer a las víctimas una atención de calidad, que les garantice información, orientación, protección y seguridad para la vida, agregan las expertas.

Entre los factores que condicionan esta realidad, identifican la falta de una institución que coordine los esfuerzos que se despliegan en cada territorio con este fin, la poca articulación entre actores locales que garanticen un adecuado seguimiento a los casos, la insuficiente preparación de profesionales que tienen a su cargo ofrecer este servicio y la permanencia de mitos y prejuicios machistas.