Red Semlac.- Fortalecer el activismo y la participación social en el ejercicio de la ciudadanía y los derechos sexuales como derechos humanos es una necesidad para la construcción de una nación más plural, consideran activistas y expertos en Cuba.


Para Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), esta es una herramienta que permite actuar además contra la violencia de género. Así lo refirió en el V Taller Internacional Violencias, Sexualidades y Derechos Humanos, organizado por el Cenesex entre el 5 y el 7 de diciembre, el cual acogió además el V Taller de las Redes Sociales Comunitarias.

A juicio del jurista, “los debates teóricos y políticos acerca de la violencia de género no son nuevos, aunque sí es bastante reciente el reclamo de los movimientos sociales de considerar que la violencia hacia las poblaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) también se inscribe en las llamadas violencias basadas en género, igual que otros problemas sociales como la trata de personas, la prostitución y el acoso en los escenarios laborales”.

De ahí la importancia de ampliar la mirada colectiva acerca de la relevancia de la prevención de las violencias y la construcción de agendas políticas para la respuesta integral e integrada a este fenómeno, comentó.

Ello es sustancial en la coyuntura política que vive Cuba ante un proceso de reforma constitucional, que tuvo un momento clímax en el proceso de consulta popular ya finalizado, pero que continúa en los próximos días en el debate del órgano legislativo, para presentar las propuestas derivadas de la consulta y el posterior referéndum popular, en febrero de 2019.

“Hay una voluntad política importante a reconocer derechos”, sostuvo la profesora de Derecho Constitucional Marta Prieto Valdés, al intervenir en el Panel “Constitución y Derechos”.

“Este proceso nos ha permitido ejercer el derecho de aprender a respetar al otro, a que somos diversos y tenemos el derecho a serlo… El momento del voto es importante, pero después viene algo todavía más trascendente para nosotros como ciudadanía: lograr participación consciente, asegurar que eso por lo que votamos sea”, argumentó la profesora.

“No puede ser una variante el retroceso en la Reforma Constitucional ", dijo Vázquez Seijido, respecto a la polémica que ha desatado, fundamentalmente, el artículo 68 del anteproyecto constitucional, que abre la puerta al matrimonio igualitario, y el artículo 40 que amplía el principio de igualdad e incluye no solo sexo y género, sino también orientación sexual e identidad de género.

Para Yuri Pérez Martínez, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, del proceso de consulta popular emerge como saldo positivo el tener cubanos más preparados para reclamar derechos.

El profesor llamó la atención sobre la función educativa del derecho, “de compulsar a la sociedad y decirle ven conmigo, porque no se trata de negar derechos, sino de reconocerlos”.

No obstante, aclaró que una sociedad organizada y ordenada jurídicamente impone límites al ejercicio de estos.

“Hay unos límites que todos admitimos, la lógica de que el ejercicio de mi derecho no debe sobrepasar el derecho del otro, o en el orden público la integridad de la Patria, la nación… Otra cosa es cuando le empezamos a poner tantas regulaciones al ejercicio del derecho, que lo dejamos casi vacío”, precisó la doctora Prieto.

Activistas como Teresa de Jesús Fernández, coordinadora de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales del Cenesex, abogaron por una corresponsabilidad de parte de la ciudadanía en todos estos procesos.

“En la medida que ejerzamos nuestros derechos, no solo el de votar por una constitución; que se discuta y aprueben, sabremos que tenemos una responsabilidad en hacerlos cumplir, en exigir normativas que garanticen se respeten y poder denunciar cuando se violen”, apuntó.

Integrantes de las redes comunitarias de activismo expresaron preocupaciones en torno a los derechos vulnerados de la comunidad LGBTI por parte de grupos neofundamentalistas religiosos que se oponen al matrimonio igualitario, bajo el argumento de “la familia original como Dios la creó”.

“A veces no ejercemos los derechos y nos quedamos en la redes sociales. Era quizá el momento de ponerle coto: usted puede expresarse religiosamente sin vulnerar mis derechos, porque los límites son para todos, y entonces buscar mecanismos legales en las instituciones”, consideró al respecto Pérez Martínez.

“El conflicto no es la opción y la confrontación no generará nada positivo. Tenemos que ubicarnos en aquellos grupos donde la posibilidad de incidencia puede generar frutos positivos en relación con lo que queremos, construir una sociedad cada vez más plural, más inclusiva… porque después que me case, qué sigue. Hay muchas más cuestiones que el matrimonio igualitario, como el reconocimiento de las identidades trans”, ejemplificó Vázquez Seijido.

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