Especialistas alertan acerca de la necesidad de reconocer como trabajo no solo el que produce bienes y servicios, sino también las tareas domésticas no remuneradas, desempeñadas mayoritariamente por mujeres

Dixie Edith - Red Semlac / Foto: SEMlac Cuba.- El reconocimiento público de los cuidados como  necesidad y derecho, pero también como trabajo, se cuenta entre las ganancias del nuevo sistema de cuidado integral para la vida, cuya aprobación fue anunciada en Cuba en diciembre de 2023.


Para la socióloga Magela Romero Almodóvar, se trata “en primer lugar de la consolidación de un proceso de trabajo que busca la colocación del cuidado de la vida en el centro de los modelos de desarrollo”.

La también coordinadora de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados asegura a SEMlac que este sistema se ha gestado desde el movimiento feminista y los espacios que apuestan por la justicia y la equidad social.

La información de la aprobación del sistema, que aún no está publicado, fue dada a conocer a través de la red X, el 13 de diciembre de 2023, por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.

Los cuidados emergieron como un gran desafío para la sociedad cubana en medio de su acelerado envejecimiento demográfico.

Para la socióloga Magela Romero Almodóvar, se trata de la consolidación de un proceso de trabajo que fue gestado desde el movimiento feminista y los espacios que apuestan por la justicia y la equidad social. Foto: Clacso

A fines de 2023, alrededor de 22,7 por ciento de las personas tenía 60 años y más en la nación caribeña, según trascendió en el taller “Dinámicas demográficas y sus interrelaciones”, organizado por el Centro de Estudios Demográficos (Cedem) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).

Datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento, realizada en 2017 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, indican que cerca del 24 por ciento de quienes superaban los 60 años vivían en una familia nuclear pareja sin hijos, mientras que en 17 por ciento de los hogares residían personas mayores solas.

“El sistema se aprueba en medio de una realidad compleja del país, donde urge entender el cuidado como actividad que sostiene la vida e incluye aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, entre otros”, reflexiona la también socióloga Lucrines Azcuy Aguilera, profesora del Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de Las Villas, a unos 300 kilómetros de La Habana.

Investigadores de diferentes instituciones del país hemos podido poner estudios previos, saberes y experiencias a disposición de la construcción del sistema, lo que aportó una visión multidisciplinar, pero también de nuestros contextos específicos, asegura la socióloga Lucrines Azcuy Aguilera. Tomada del Facebook del Instituto Internacional de Periodismo José Martí

Especialistas de diversos perfiles han alertado sobre la necesidad de reconocer y valorizar como trabajo no solo el que produce bienes y servicios, sino también las tareas domésticas no renumeradas, desempeñadas mayoritariamente por las mujeres en un país de profunda tradición patriarcal.

En opinión de la socióloga Dayma Echevarría, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, considerar todo el cuidado como trabajo puede “contribuir a garantizar que quienes cuidan y tienen que abandonar su vida laboral remunerada para realizar esta actividad reciban un salario por su ejercicio, acumulen años para la jubilación y sean valoradas socialmente”, comentó a SEMlac a inicios de 2023.

El estudio “Género, cuidado de la vida y política social en Cuba: estrategias, actores y recomendaciones para una mayor corresponsabilidad”, publicado en 2019 por la Fundación Friedrich Ebert (Fes) en alianza con la Universidad de La Habana, identificaba también la necesidad de superar visiones fragmentadas y enfocar la política de cuidados articuladamente, más allá de visiones salubristas y asistencialistas.

“La aprobación del sistema constituye un salto cualitativo en la organización social de los cuidados en Cuba, pues va dirigido a fortalecer la corresponsabilidad entre los diversos actores que deben intervenir en este proceso y además permite articular varios programas y políticas”, asevera Azcuy Aguilera a SEMlac.

Romero Almodóvar y Azcuy Aguilera coinciden en que es muy importante que la política recién aprobada reconozca “al Estado como garante” del derecho de todas las personas a cuidar y a ser cuidadas.

Un modelo corresponsable de cuidados requerirá, igualmente, de la implicación de distintos actores de la sociedad, apuntan las expertas.

Abriendo caminos

El proceso de construcción, renovación, rediseño y consolidación del sistema nacional para el cuidado integral de la vida no ocurrió de un día para otro, advierte Romero Almodóvar.

“Se viene gestando desde 2019 de manera consciente, pero tiene antecedentes importantes en todos los marcos normativos, programas, planes nacionales; en el trabajo que han realizado muchas instituciones en el país para liberar a las mujeres de la sobrecarga del trabajo doméstico y favorecer la conciliación como concepto”, detalla la socióloga.

Sin embargo, a su juicio se ha avanzado desde una primera visión más enfocada en la conciliación y en atender los desafíos derivados de la dinámica demográfica del país, hasta llegar a una perspectiva más amplia.

Entre los antecedentes normativos, se cuenta con la actualización en 2022 de la Política de atención a la dinámica demográfica y la aprobación y puesta en vigor, ese mismo año, del Código de las Familias, que cambió el escenario jurídico en torno a los cuidados y los puso en la agenda pública y mediática del país.

La primera contempla estructurar un sistema nacional de cuidados que abarque de manera priorizada a infantes, población envejecida y en situación de vulnerabilidad, a partir de diferentes formas de financiamiento, gestión y propiedad.

Considerar el cuidado como trabajo puede garantizar que quienes cuidan reciban un salario, acumulen años para la jubilación y sean valoradas socialmente. Foto: SEMlac Cuba

En tanto, el artículo 430 del Código de las Familias establece que los familiares “tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas y de cuidado, y al sostenimiento de las personas adultas mayores, aunque no residan juntas, así como a preservar sus bienes”.

Esta normativa del derecho familiar también fija los deberes y arreglos relativos al cuidado de menores y personas dependientes o con capacidades diferentes y visibiliza a las personas cuidadoras.

Asimismo, refuerza el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados, lo cual abre una puerta a que los derechos de quienes cuidan sean exigibles con mayor precisión.

El artículo 418 de la norma incluye el derecho de las personas cuidadoras a ser reembolsadas o restituidas, “conforme a las normas del Código Civil, por los gastos o erogaciones que asuman con su propio patrimonio en el cuidado del familiar”. También a contar con redes de apoyo para el cuidado familiar a nivel comunitario e institucional.

Además, les reconoce formalmente el derecho a cuidar de sí y descansar, dedicar tiempo para actividades personales que no incluyan al familiar a su cargo y realizar esta función de forma que pueda conciliarla con su proyecto de vida personal, familiar y social.

A la par, la creación de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, en 2020, permitió “un diálogo enriquecedor entre la academia y la política”, sostiene Romero Almodóvar, su coordinadora general.

“Investigadores de diferentes instituciones del país hemos podido poner estudios previos, saberes y experiencias a disposición de la construcción del sistema, lo que aportó una visión multidisciplinar, pero también de nuestros contextos específicos”, coincide Azcuy Aguilera, igualmente integrante de esa red académica.

El proyecto gubernamental de Trabajo no Remunerado, aprobado el primero de diciembre de 2021, significó un punto de giro hacia la aprobación del sistema que debe comenzar a implementarse próximamente.

Para Romero Almodóvar, el momento actual es esencial, pues “se está construyendo el marco normativo” para esa implementación, algo que requerirá esfuerzos conscientes de capacitación, sobre todo a nivel territorial y comunitario. “También de articulación de diferentes actores económicos y de cambios de paradigmas culturales”, sostiene.

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