Geraldina Colotti - Resumen Latinoamericano / Cubainformación.- En una sesión densa, la Asamblea Nacional recordó el 23 de febrero de 2019, cuando Venezuela rechazó una incursión armada, disfrazada de ayuda humanitaria, proveniente tanto de la frontera con Colombia como de la de Brasil. Por ello, el Parlamento ha establecido que el 23 de febrero será otra fecha a celebrar como fiesta nacional, el Día de la Victoria Popular.


Un día que pasó a la historia como la Batalla de los Puentes, ya que se desarrolló principalmente entre el Puente Internacional Simón Bolívar, el Puente Paula Santander, el Puente Tienditas y el Puente Unión, que unen a Venezuela con Colombia. Un ataque polifacético, recordó el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, organizado por Washington y sus vasallos para derrocar al gobierno de Maduro tras la autoproclamación de Juan Guaidó.

Un ataque preparado en Colombia con la «supervisión» directa de los ex presidentes de Chile y Paraguay, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una forma «moderna» de guerra asimétrica, organizada con el pretexto de un concierto internacional multimillonario.

 Los escenarios bélicos previstos -recordó Jesús Farías- eran distintos: no solo el de Táchira, sino también en Falcón, Zulia, Bolívar y en la frontera con Brasil. Se prepararon al menos cuatro frentes de guerra para la defensa y el contraataque, y al final se llevó a cabo el teatro principal en Táchira, donde el pueblo bolivariano también festejó la victoria junto al protector del estado Freddy Bernal, uno de los principales protagonistas de esa resistencia. La resistencia de un pueblo capaz de plantar cara al imperialismo más poderoso y «defender el sueño del socialismo bolivariano del siglo XXI», volvió a decir Farías.

Un proyecto cuyo eje central es la unión cívico-militar construida por Chávez y al que ahora Maduro también ha sumado la «policial». Fuerzas militares bolivarianas al servicio del pueblo, cuyos dirigentes se han pronunciado para reiterar el orgullo de rechazar cualquier tipo de injerencia externa contra la soberanía del país: comenzando por el ministro de Defensa, Padrino López, quien denunció la detención de un militar retirado, comprado con «$ 1.000 a la semana para brindar información sobre instalaciones estratégicas venezolanas» a la inteligencia colombiana, y por ende a la CIA. Iván Duque – dijo a su vez Jorge Rodríguez – ha transformado a Colombia en un «gran campo paramilitar, lleno de terroristas desde los que planean los crímenes más horrendos contra Venezuela».

Ataques amparados y avalados por aliados de Estados Unidos que, como la Unión Europea, en lugar de sancionar las violaciones cotidianas de derechos humanos que comete el Estado colombiano, se dedican a perseguir a la Venezuela bolivariana. «Estamos ante una agresión económica multidimensional, que ha ignorado los llamamientos de Naciones Unidas y del pueblo venezolano para detener las sanciones en tiempos de pandemia», dijo el presidente Maduro en una sesión de alto nivel de la 46 sesión del Consejo de seguridad de la ONU.  

De ahí, el mandatario ha rechazado las más de 450 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que han provocado un sufrimiento espantoso y premeditado al pueblo venezolano, privando al país de al menos 30.000 millones de dólares, que podrían haber sido utilizados para proyectos sociales, a la que el gobierno bolivariano sigue dedicando más del 70% de sus ingresos. A continuación, el presidente reiteró que no aceptará ninguna injerencia y ningún mecanismo inquisitivo contra Venezuela.

Declaraciones repetidas tras el anuncio de nuevas «sanciones» decididas por la Unión Europea también contra los diputados de la oposición moderada, elegidos en las parlamentarias del 6 de diciembre que la UE no «reconoció». En uno de los cuatro puntos en discusión -los otros dos se referían a la soberanía sobre el Esequibo y el rechazo de ataques xenófobos contra ciudadanos venezolanos y cargos diplomáticos en Perú- el Parlamento rechazó en bloque las sanciones de la UE y pidió al gobierno que expulsara a la embajadora de la UE. a Caracas, Isabel Brilhante.

«La decisión de la UE en este momento refleja una visión filosófica monárquica e irrespetuosa de las naciones libres del mundo», dijo la diputada Ilenia Medina, quien presentó la propuesta al presidente del parlamento. Por su parte, en representación de toda la AN, Jorge Rodríguez presentó la lista de 277 diputados, pidiendo que todos sean sancionados.

El gobierno bolivariano dio seguimiento a la solicitud del parlamento. El canciller, Jorge Arreaza, presentó personalmente la carta de expulsión, dentro de las 72 horas, al representante de Bruselas. Y antes había entregado notas de protesta a representantes de Francia, España, Holanda y Alemania. Ya el pasado mes de julio, tras la otra ronda de sanciones impuesta por la UE, Brilhante tenía un ultimátum de 72 horas para salir del país, pero luego la medida fue devuelta tras una llamada telefónica entre Arreaza y el jefe de diplomacia de la UE, Josep Borrell.

La UE espera que esto vuelva a suceder esta vez. Maduro respondió que «a menos que la Unión Europea corrija las sanciones impuestas a los funcionarios venezolanos, nunca se reanudará el diálogo bilateral». Un diálogo que el gobierno bolivariano siempre ha tratado de relanzar, partiendo también de las posiciones que, como Italia, dentro del llamado Grupo de Contacto, asumieron inicialmente una postura «neutral» (ni con Maduro, ni con Guaidó), especialmente apoyada por el Movimiento 5 Estrellas.

Pero ahora, como ha argumentado el diario El País, se espera la posición de Biden. “A través de una nación europea intentamos permitir un diálogo entre todos los sectores de la oposición y el chavismo. Pero, después de esto, no se puede hacer nada más «, dijo Maduro, y agregó:»La UE cree que es la nueva potencia imperial del mundo, y que tiene derecho a tratar a los países latinoamericanos como sus colonias, pero Venezuela tiene su dignidad y sabe responder ante cualquier agresión venga de donde venga ”.

El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, también instó a la Unión Europea y los países aliados de Estados Unidos a no levantarse en defensa de la extrema derecha venezolana, acusada de gran corrupción. Muchos de ellos -anunció Amoroso a la prensa- no podrán ejercer cargos públicos por negarse a cumplir con la obligación de jurar su patrimonio ante la máxima autoridad de control fiscal. Entre estos 28, el exdiputado Guaidó, incapacitado durante 15 años. El autoproclamado, envalentonado por las nuevas sanciones de la UE, respondió con arrogancia.

Durante días, de hecho, la extrema derecha había anticipado, exultante, la llegada de las sanciones de la UE, bien apoyada por los lobbies presentes en el Parlamento Europeo, y liderados por Leopoldo López Gil, padre del golpista venezolano de Voluntad Popular. E incluso ahora, los prófugos de la justicia venezonalos en los países europeos han protestado por la expulsión de la representante de Bruselas y han vuelto a amenazar al gobierno de Maduro.

Ante el abismo de corrupción y robo creado por la extrema derecha venezolana, las palabras del Subsecretario adjunto del Estado norteamericano para la Oficina del Hemisferio Occidental, Jon Piechowski, parecíeron aún más grotescas: «La corrupción es un flagelo para el mundo. Sabemos que envenena a los gobiernos y pudre a toda la sociedad ”, dijo Piechowski celebrando las sanciones impuestas a los funcionarios del gobierno venezolano, a quienes -reiteró- se les debe impedir comprar casas en Florida.

Sin embargo, sucede que los miembros de la oposición golpista venezolana viven en lujosas residencias, tanto en Florida como en Europa. Los mismos que respondieron al llamado de Iván Duque para ir a una reunión en Bogotá y preparar nuevos asaltos a la Venezuela bolivariana, como el del 23 de febrero de 2019. Ataques políticos y mediáticos, destinados a demoler la credibilidad del gobierno bolivariano y apoyar la política de «sanciones», con base en acusaciones de corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación de los derechos humanos.

Este es el contexto en el que se desató la vergonzosa campaña de descrédito contra expertos independientes de la ONU, primero el abogado Alfred de Zayas, luego la profesora Alena Douhan, que ya denunciamos en Resumen Latinoamericano. Los expertos explicaron en detalle el daño infligido al pueblo venezolano por las «sanciones». «Venezuela se ve obligada a vivir con solo el 1% de sus propios recursos», escribió Douhan, cuestionando a los países que mantienen bloqueados los fondos venezolanos, e instando a los órganos competentes a garantizar la movilidad de los funcionarios bolivarianos para que puedan representar el Estado en organizaciones internacionales. Evidentemente, el llamamiento cayó en oídos sordos.

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