El cambio ganó en Ecuador
María Victoria Romero - APM.- Una jornada de vigorosidad democrática se ha vivido en Ecuador este domingo. El mandato del pueblo ha sido depositado en las urnas y solo resta que los caminos nuevos para este país empiecen a ser transitados.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa días previos a las elecciones había advertido que renunciaría si el No ganaba, seguro de la poca probabilidad de que ese prefacio se cumpliera. En un referéndum monitoreado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras organizaciones internacionales, el “Sí” por la nueva constitución logró imponerse con más del 60 por ciento, sobre el 20 del “No”.
En efecto, semanas antes del triunfo del Sí, Rafael Correa había expresado que de no aprobarse la Constitución "tendría que regresar el Congreso", actualmente en receso, que pidió su destitución. Para el mandatario una eventual victoria del No habría significado que Ecuador se torne "ingobernable" y hubiera generado una inestabilidad "con consecuencias impredecibles". Asimismo, regresaría el Superintendente de Bancos y se tendrían que devolver los bienes incautados por la AGD (Agencia de Garantías de Depósitos)".
El triunfo de este domingo, coloca a Ecuador en la lista histórica de países pioneros en la desarticulación del modelo de desarrollo neoliberal. (Ver: “El fantasma boliviano toma vuelo en Ecuador”. APM 27/9/2008) Ahora, los ecuatorianos serán convocados nuevamente a las urnas para elecciones legislativas y presidenciales.
La necesidad de instituir una nueva Carta Magna cobró fuerza con la llegada de Correa a la presidencia por el movimiento Alianza País, luego de que ganara en segunda vuelta frente al candidato y magnate bananero Álvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN).
Tras asumir su mandato el 15 de enero de 2007, una de las primeras medidas de Correa fue convocar a consulta popular para la creación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. El referendo se llevó adelante el 15 de abril de ese año y un 81,72 por ciento de votantes dijo "Sí" a la Asamblea. El 30 de septiembre se eligieron los 130 integrantes de la Asamblea Constituyente que redactaron el proyecto de Constitución. En julio, esa Asamblea Constituyente creó el texto fundamental con el cual el Gobierno busca refundar el país bajo la consigna del "Socialismo del siglo XXI".
Para Correa, la aprobación de la nueva Constitución significaba “la última oportunidad de un cambio pacífico en el Ecuador”. “Hay que decir sí al futuro, sin miedo, sin los miedos ancestrales a la sotana o a la venganza final de Lucifer", había manifestado en alusión a los pronunciamiento de la Conferencia Episcopal que en temas como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la educación recogidos en el texto constitucional “existían elementos irreconciliables con la fe católica”. (Ver: “Votos por aquí, conflictos por allá”. APM 15/8/2008)
La campaña opositora estuvo orquestada por el alcalde socialcristiano de Guayaquil, James Nebot, promotor de la escisión en Ecuador y de esquemas neoliberales y no centralistas. Nebot había acusado a Correa de “dividir al país enfrentando a cristianos entre sí, ricos contra pobres, ciudades chicas con ciudades grandes” y de “desdolarizar la nación”.
Ahora habrá que esperar si se cumplen las amenazas de Nebot. Durante la campaña el alcalde había afirmado que de ganar el Si no volvería a candidatearse a la Alcaldía. Además, cargó sobre el presidente la responsabilidad si Guayaquil sigue los pasos de Santa Cruz de la Sierra, la provincia de Bolivia que encabeza los procesos separatistas de cinco departamentos orientales del país.
“La autonomía es unidad en la diversidad, y el separatismo es soberanía”, había dicho Nebot en su cierre de campaña en Guayaquil. En ese contexto, el sábado, Correa alertó sobre las intenciones maliciosas de la oligarquía que confunde el fortalecimiento del Estado con un supuesto "hiper-presidencialismo". Y en ese sentido, aseguró que la oposición no conforme con la derrota, buscaría desestabilizar el país, por eso solicitó a la OEA que legitimara su triunfo.
La Carta Magna contiene unas 30 disposiciones transitorias y 444 artículos, entre los que se encuentran aquellos vinculados con la soberanía territorial, los principios y derechos fundamentales de la función electoral, la propiedad, soberanía popular, alimentaria y económica.
Asimismo, el texto constitucional pone fin a la polémica presencia de fuerzas militares estadounidenses en suelo nacional, aceptada en 1999 por el entonces presidente ecuatoriano Hamid Mahuad. En ese orden, destierra el modelo neoliberal, abre las puertas al modelo social y solidario e invalida la presencia o instalación de bases extranjeras en el país. Correa ya había dado un primer paso al no renovar el convenio para que la base militar de Manta continúe operando en Ecuador. (Ver: “Ecuador rechazó la vigilancia militar de Estados Unidos”. APM 5/3/2007)
Por otro lado, el documento incluye artículos relacionados con la defensa de la naturaleza, la seguridad alimentaria, el reconocimiento de la interculturalidad y plurinacionalidad; y se incorporan como idiomas oficiales al quichua (variedad del quechua que se habla en Ecuador) y al shuar.
En torno a los recursos naturales, se prohíbe su privatización, incluido el agua. Se promueve además la eliminación del latifundio y declara al Estado como dueño exclusivo de los recursos naturales.
En las elecciones de hoy, los ciudadanos ecuatorianos eligieron entre dos mundos, dos modelos de desarrollo económicos, social, político y ambiental diferentes. América Latina espera que con la institucionalidad que marcó la nueva carta magna, se establezca el comienzo de un posible cambio en las estructuras neoliberales y como señalara Rafael Correa se genere una "revolución ciudadana: un proceso radical, profundo y rápido de cambio”.
Los autonomistas de Guayaquil
El “fantasma boliviano” toma vuelo en Ecuador
Por Sebastián Pellegrino | Desde la Redacción de APM
A días del referéndum constitucional, la oposición separatista de la pujante ciudad prevé un “proceso cívico” similar al de Santa Cruz en Bolivia. Aumentan los roces entre Correa y la Iglesia.
Mientras el complejo escenario interno de Bolivia parece encaminarse a buen puerto (por lo menos hasta el momento), la tesis autonomista comienza a cobrar protagonismo en Ecuador. Casualmente en el país que -según las últimas encuestas- el próximo 28 de septiembre se convertirá en el primer caso sudamericano de recuperación de la función social del Estado de derecho y desarticulación del modelo de desarrollo neoliberal por la vía constitucional.
Quien lidera el proceso secesionista es el alcalde de la ciudad costera de Guayaquil, Jaime Nebot, principal opositor al Gobierno de Acuerdo País y a las resoluciones de la Asamblea Constituyente que hace pocas semanas terminó la redacción de la nueva Carta Magna.
El pasado 18 de septiembre el Presidente de Ecuador, Rafael Correa señaló las consecuencias que traerían para el país una eventual derrota del referendo constitucional en el distrito separatista: “Si gana el No en Guayaquil (...) tendríamos un permanente foco de desestabilización como está ocurriendo en la Media Luna boliviana", declaró Correa, quien sostuvo que "las élites guayaquileñas tienen un proyecto Singapur para ser otra República”.
Por su parte, Nebot declaró que de ser aprobado el texto legal tras el referendo, será responsabilidad de Correa si Guayaquil sigue los pasos del departamento de Santa Cruz de la Sierra (región de Bolivia que encabeza los procesos autonomistas de cinco departamentos orientales del país). Y acusó al primer mandatario de ser quien “realmente divide al país enfrentando a cristianos entre sí, ricos contra pobres, ciudades chicas con ciudades grandes”.
El Alcalde funda su postura contra la Asamblea mediante la tesis de presunta centralización política propiciada por el proyecto constitucional. Según Nebot, el artículo 261 -correspondiente a la Organización territorial del Estado- otorgaría excesivas competencias de carácter exclusivo al Estado Central.
El precepto cuestionado otorga al máximo órgano político las funciones de defensa nacional, protección interna y orden público; el registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio; las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento; Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda; el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; entre otras.
Evidentemente tales atribuciones para el Estado Central resultarían excesivas, y perjudiciales para los procesos de desarrollo regionales, a no ser que un atento lector del proyecto constitucional repare en la disposición que antecede al precepto comentado.
En efecto, el artículo 260 establece que “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.
Cabe mencionar, que respecto a la descentralización política que plantea la nueva Carta Magna, se contemplan seis niveles de Gobierno. Cada uno con sus facultades exclusivas y sin dejar de recibir el sustento económico que reciben del estado Central. Actualmente, esos recursos alcanzan el 15 por ciento del Presupuesto nacional y se prevé elevarlos al 20 por ciento.
Por lo tanto, las causas del descontento de los seguidores de Nebot deben buscarse por otro lado: Guayaquil es considerada la capital económica de Ecuador. De su conocido puerto (que lleva el nombre de la ciudad) ingresan y salen las mercaderías del país. Además, en dicha jurisdicción tienen su asiento las principales casas financieras y banqueras de Ecuador.
El comercio, la agricultura y la exportación conforman el ambicioso escenario de Guayaquil, territorio de grandes grupos económicos. Sin caer en la tentación de paralelismos fundamentalistas, puede decirse que con Santa Cruz de la Sierra existen algunas semejanzas que van más allá de los reclamos por demandas de potestades políticas.
Lo que en realidad está en juego es el proceso de transformación del Estado de derecho ecuatoriano que se inició formalmente a fines del 2007 con los constituyentes reunidos en ciudad Alfaro, Montecristi.
Las restricciones a la matriz económica determinada por las fuerzas del mercado y el capital, la inclusión de la ciudadanía en las instancias gubernamentales y en la toma de decisiones políticas, y la fuerte impronta social y activa de la institución Estatal (principalmente en torno a las políticas de Soberanía Alimentaria), representan un desafío único e inminente para la sociedad ecuatoriana. (Ver: “La recta final de la nueva Carta Magna”. APM 27/06/2008).
La postura intransigente de los autonomistas de Guayaquil evidenciada en las últimas semanas no es un fenómeno reciente.
En enero de 2008, el alcalde de la ciudad convocó no solo una marcha sino también a la irracionalidad e imprudencia política: “¿cuál es el apellido del enemigo de Guayaquil?” Interpeló Nebot a sus fieles, los que respondieron con facilidad: “¡Correa!”. Claro que el libreto era imposible de olvidar para los marchantes. Sin embargo, sorprendido, el alcalde concluyó: “No lo he dicho yo, lo han dicho ustedes”.
No es este el estilo político que es dable esperar de un mandatario municipal que pretenda desligarse de las identificaciones partidarias del pasado y de los tradicionales sectores de poder de Guayaquil. La arenga transcripta refleja los vicios de intolerancia de las viejas prácticas políticas.
Además de los episodios de confrontación entre el Gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, otros episodios agitaron el ambiente político en la antesala de la consulta popular. Las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas entre el Presidente y la Iglesia Católica no cesan de profundizarse. Incluso dicha confrontación ha tomado carácter político.
Desde hace algunos meses la cúpula eclesiástica se opone al producto final de la Asamblea Constituyente, por considerar que fomenta y abre la posibilidad de legalizar el matrimonio entre homosexuales y el aborto.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Antonio Arregui se ha convertido en el principal orador de la institución eclesiástica en Ecuador.
Ante un grupo de fieles en la llamada convocatoria “por la vida y la familia”, el domingo 14 de septiembre (en Guayaquil, bastión de la oposición) Arregui dijo: “Pedimos que siempre se reconozca el designio de Dios nuestro creador cuando hizo al varón y a la mujer igualmente dignos y exactamente complementarios para que se convirtieran en fuentes de nuevas familias”, en relación a lo que -según la cúpula eclesiástica supone una legalización del matrimonio homosexual y el aborto-, sería una amenaza a la moral cristiana y a los valores de la familia.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Nicolás Dousdebés dirigió una carta al presidente Correa en la cual le solicita “que respete, aunque no comparta, las opiniones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia a la que usted pertenece”.
Más allá de las variadas interpretaciones que pueden surgir del análisis de las disposiciones de Familia en el texto constitucional, lo cierto es que resulta extraña, o por lo menos excesiva la posición de la Institución religiosa que apela a votar por el NO en el referendo del próximo 28 de septiembre.
En la actual situación histórica la mayoría de los países, aun los más conservadores, admiten los cambios que en materia legislativa se presentan como inevitables, teniendo en cuenta que el Derecho y la Religión (cualquiera sea ésta) se transforman de la misma forma que lo hacen las costumbres, hábitos, valores morales, y hasta las instituciones más arraigadas en un amplio período histórico.
En doctrina jurídica, se acepta que el Derecho va por detrás de la realidad, ajustándose a las necesidades humanas y elaborando las normas que otorgan los medios aptos para la consecución de los fines también humanos.
En este orden de ideas, es dable considerar la aceptación de la unión de hecho de personas del mismo sexo en la gran mayoría de las sociedades.
De ahí que, por lo menos, sea necesario un amplio debate en torno al matrimonio de homosexuales. De ahí el carácter excesivo y extrañamente absoluto de la postura de la cúpula eclesiástica de Ecuador. Aun más: el texto legal no dice nada sobre ese tipo peculiar de vínculo civil.
Resta hacer mención de las raras expresiones que utilizan los partidos políticos de oposición (Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Sociedad Patriótica -SP- y otros) para la campaña por el NO: “No al negociado de sus ñaños” y “No a la mariconada” se lee en las pancartas del SP, ciertamente opositor a la nueva constitución y al Gobierno de Correa pero sin arrojar ni siquiera una pista de tales consignas.
Autonomía, ideología y rechazo (sin demasiados fundamentos) de la Carta Magna sintetizan los puntos de tensión entre la coalición oficial Acuerdo País y los sectores e instituciones que se oponen al cambio en Ecuador, el que fue propiciado e impulsado por la mayoría necesaria en las urnas presidenciales de 2006.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de varias consultoras de opinión pública que señalaban el triunfo del NO y por consiguiente el rechazo de la obra legislativa, los últimos sondeos que fueron publicados antes del 8 de septiembre (último día para la realización de encuestas), señalan que el SI será quien domine la jornada popular y soberana.
Según la empresa SP Investigaciones y Estudios, El 57 por ciento de los consultados votaría a favor de la propuesta de Constitución de Ecuador, el 23 en contra y el 20 lo haría nulo o en blanco. El director de la firma, Santiago Pérez, explicó en el canal Ecuavisa las razones de tal resultado previsto: “Hay un clarísimo anhelo de cambio de la población”.
Anhelo, cambio y ciudadanía. Conceptos que engloban el proceso político por el que atraviesa Ecuador. Claro que no son los únicos: Soberanía Alimentaria y Territorial, Derechos Humanos y cívicos, Equidad en la distribución de la riqueza nacional, Democracia real (y no formal o de baja intensidad), y Justicia social, son los principios claves de la voluntad pionera de la nación ecuatoriana.
Mientras tanto, el fantasma boliviano intenta aunar fuerzas para una nueva expedición. Los separatistas de Guayaquil pretenden copiar el modelo de Santa Cruz de la Sierra, que por poco hace caer a la nación boliviana en una crisis sin salida.
Claro que, por ahora, el fantasma sólo toma vuelo en Ecuador. Resta esperar algunos días para saber hasta dónde llegará.
“Hoy el Ecuador ha decidido un nuevo país”
Prensa Presidencial.- Tras entonar el himno Patria y la canción Guayaquileño, al ritmo de la banda de la Armada Nacional, el Presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que “hoy el Ecuador ha decidido un nuevo país” e hizo “un llamado a la unidad para avanzar en esta nueva dirección que el pueblo ecuatoriano acaba de decidir”. Esto, tras conocer que el Sí obtuvo el 70 por ciento frente al no, que se ubicó en el 25 por ciento a nivel nacional; y el 50 por ciento de aprobación en Guayaquil.
“Ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera de la patria, un abrazo fraternal a esos tres millones de migrantes exiliados de la pobreza, de sistema perversos; ecuatorianos alrededor del planeta donde también ha triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Hoy es un momento histórico que trasciende con mucho a las personas que por accidente, por fortuna hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo, no de un Gobierno, no de un Presidente, no de un movimiento político. No hablemos de reelección, yo estaré donde ustedes me necesiten”, expresó el Primer Mandatario ante cientos de asistentes al pasaje Illingworth, junto a la Gobernación del Guayas.
Asimismo, indicó que con este triunfo “las viejas estructuras han sido derrotadas. Esta es la confirmación de esa Revolución Ciudadana que ofrecimos al pueblo ecuatoriano en 2006 y que este mismo pueblo nos ordenó en la urnas aquel histórico 26 de noviembre de ese año. Con esto cumplimos el mandato, la orden que nos dieran el 26 de noviembre de 2006 de tener esta nueva Constitución que siembra las bases para este nuevo país”.
“Hoy mis palabras solo son de gratitud, a Dios que siempre nos acompaña, siempre acompaña a los hombres de recta intención y nos protegió de muchas mentiras de muchas distorsiones. Al pueblo ecuatoriano que no se dejó convencer por la desinformación, por la manipulación, por la amargura, y que ha dado un sí contundente, lleno de alegría, de ilusión, de sueños, de esperanza. A esas decenas de miles de soldados de la Revolución Ciudadana, que han dado mucho de su tiempo en forma absolutamente gratuita, con total desprendimiento, de ellos es gran parte de nuestra victoria”, aseguró el Presidente, al tiempo de agradecer al equipo de Gobierno y a los Ministros de Estado.
Correa hizo un llamado a la unidad, “a los que de buena fe estuvieron por el no, por cuestiones ideológicas, no por intereses protervos, que utilizaron métodos democráticos, argumentos, a seguir construyendo juntos esta patria nueva con su oposición decente, crítica, argumentada. Hoy a unir hombros para sacar adelante la patria, ni un paso atrás, nunca más retroceder, solo mirar hacia el futuro”.
De igual manera, el Jefe del Estado exhortó a que “juntos avancemos, pero por la senda del cambio, del futuro, esto es lo que tanto soñamos, esto es por lo que tanto luchamos, esto es lo que tanto buscamos y democráticamente lo hemos logrado. Todos los ecuatorianos de buena voluntad, hayan votado por el sí o por el no, a juntar nuestros brazos, nuestros corazones, a juntar nuestra mentes para lograr esa patria altiva, soberana, digna, equitativa, justa, sin miseria, con producción, con empleo, sin discriminación; esa patria de todos, que tanto tiempo hemos buscado y luchado y que hoy, gracias al pueblo ecuatoriano, comienza a hacerse realidad”.
El futuro está en juego
Guillermo Almeyra - La Jornada.- Tiene plena razón el presidente Rafael Correa cuando considera que en el referendo de este domingo sobre la Constitución está en juego el futuro ecuatoriano. En efecto, todas las conquistas democráticas y de civilización conseguidas desde mediados de los noventa, sobre todo por la iniciativa de los pueblos indígenas (con su Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y su instrumento político, Pachakutik) y plasmadas en buena parte en el proyecto constitucional, podrían ser anuladas de no aprobarse éste, de no vencer el Sí, y la derecha llevaría a cabo una revancha reaccionaria, unida al separatismo de Guayaquil. Ya el alcalde de esta ciudad, sede del sector más agresivo y más ligado al capital financiero internacional del capitalismo ecuatoriano, acaba de declarar que si en su zona triunfase el No, la Constitución, aunque fuese aprobada en el resto del país, sería para él nula. Como se ve, con la ayuda de Estados Unidos, la derecha intenta dar vida en la costa ecuatoriana al libreto del separatismo de la media luna oriental boliviana.
El gobierno, por su parte, acaba de conceder un aumento general de salarios, de estatizar 200 empresas del grupo financiero fraudulento Isaías, de impugnar los créditos internacionales contraídos ilegalmente por el país, y de enjuiciar a quienes los firmaron, depositando, mientras tanto, en un banco estadunidense, los pagos por los bonos Brady impugnados hasta que se resuelva el juicio y recurriendo a la Corte Internacional de Justicia para que falle al respecto. Ha resuelto, igualmente, el desmantelamiento de la gigantesca base militar estadunidense de Manta, y en su proyecto constitucional figura la prohibición de instalar bases extranjeras en Ecuador. Ha obligado a las compañías extranjeras a someterse a las leyes ecuatorianas y en algunos casos ha cancelado sus actividades dañinas. En el proyecto de Constitución sometido a referendo popular figura también la posibilidad de revocar el mandato a todos los representantes, incluido el presidente, por voto popular. Además, se establece que el país es plurinacional y que son derechos humanos elementales el agua, la tierra, la educación pública y gratuita (Correa proponía un sistema de pagos diferencial que favoreciese a los más pobres, pero su proyecto no fue aprobado). El texto constitucional fija, por último, que antes de aprobar proyectos petroleros en zonas indígenas se debe consultar a sus habitantes.
Igualmente, a propuesta del entonces presidente de la Asamblea Constituyente, el economista de izquierda Alberto Acosta, presidente y dirigente nacional de la Alianza País, que había sido también líder del movimiento popular de los “forajidos” que expulsó al presidente derechista, se eliminó la explotación petrolera de ITT (Ishipungo-Tambocoche-Tibutini) en el Parque Nacional Yanuni a cambio del pago internacional a Ecuador por la conservación ambiental.
El proyecto de Constitución contiene también artículos favorables a las mujeres y los indígenas (considerados, sin embargo, insuficientes por ambos sectores) que la Iglesia católica, sector fundamental de la derecha, condena y combate por considerarlos “abortistas” y contrarios a sus intereses. Por eso detrás del Sí a la nueva Constitución está la mayoría de la Alianza País, el movimiento ad hoc que apoyó a Correa en las elecciones para la Constituyente, basado en el repudio a los viejos partidos tradicionales y al parlamento corrupto, a la dolarización de la economía y la sumisión a Estados Unidos. La derecha de esta alianza y los sectores no progresistas de las iglesias han abandonado la defensa del proyecto constitucional y algunos sectores indígenas y ambientalistas de izquierda lo apoyan, pero críticamente, pues piensan que el proyecto da un protagonismo excesivo al presidente Correa. Pero siguen militando en la Alianza País sectores sindicales, de mujeres, ONG, sectores eclesiásticos progresistas –el mismo Correa es católico militante–, grupos provenientes de los viejos partido de izquierda y, en particular, los socialistas.
La derecha, por su parte, concentra su llamado a votar No y su ataque político en lo que llama la “dictadura de Correa”. Esa derecha tiene su fuerza en el aparato de la jerarquía eclesiástica católica y en el Partido Social Cristiano, fuerte en Guayaquil, tras el cual se agrupan los intereses financieros, bananeros y de todos los sectores capitalistas importantes, respaldados por Estados Unidos. Ella se juega hoy la subsistencia de su sistema de partidos y de su poder oligárquico (jueces corruptos, medios de comunicación, bancos).
De ese modo, como en Bolivia, se entrelazan las oposiciones regionales (Guayaquil contra la Sierra), las de clase ( la gran burguesía ligada al capital internacional contra las clases medias trabajadoras) y las raciales (el Ecuador indio y mestizo contra el Ecuador racista antindio y antinegro). El destino de Ecuador –hoy en juego– está estrechamente ligado al de Bolivia y tendrá un papel decisivo en los cambios políticos en Perú, el otro gran país indígena de la región, que todavía está sometido a Washington.
La Alianza País es muy heterogénea, como lo es también la izquierda social y política ecuatoriana. La misma Constitución tiene, por tanto, artículos ambiguos y contradictorios. Pero la derecha y Washington no se equivocan: Correa es un enemigo histórico aunque sea católico, la Constitución es “abortista” y “blasfema”, el gobierno actual debe ser derribado por cualquier medio. Por eso hoy sólo es posible apoyarlo con todas las fuerzas y mantener y reforzar a Correa en el gobierno, desde el cual enfrenta valientemente al imperialismo y al gran capital. Tras la victoria del Sí se podrá discutir cómo mejorar el texto constitucional.
Ecuador concede un amplio respaldo a la Constitución socialista del presidente Correa
Maggy Ayala Samaniego - Agencias/El Mundo.- Los ecuatorianos aprobaron, este domingo, una nueva Constitución de tinte socialista, impulsada por el presidente Rafael Correa. Los primeros resultados oficiales preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador, confirman la tendencia anunciada por las encuestas a pie de urna, que dieron un holgado triunfo al voto por el 'sí' a la nueva Constitución.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, formuló un llamamiento a la "unidad" una vez que se conocieron los primeros resultados del referendo en el que aseguró que se ha logrado un triunfo "aplastante"·
"Ha triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Es un momento histórico que trasciende por mucho a las personas que hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo", dijo Correa al asegurar que estará donde "el pueblo" lo necesite.
Desde Guayaquil, su ciudad natal, donde viajó para esperar los resultados, aseguró que quienes "mintieron y trataron de engañar" en la campaña "tendrán que rendir cuentas".
"Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras fueron derrotadas; ésta es la confirmación de esa revolución ciudadana que ofrecimos al pueblo en el año 2006", dijo Correa en su discurso al referirse al año en que ganó las elecciones.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cabeza visible de la oposición en Ecuador, dijo que respeta el "triunfo" del 'sí' que defiende el jefe de Estado, Rafael Correa, en el referendo y se declaró abierto al diálogo al asegurar que él es un "hombre civilizado".
"Él (Correa) ha hecho una propuesta, su partido ha hecho una propuesta, que es la que acaba de triunfar, y yo respeto ese triunfo", dijo Nebot a la televisión local Teleamazonas.
Nebot aseguró que ha "atacado" la Constitución y la seguirá "atacando" porque "democracia no es sumisión". Añadió que no pretende convertir a Guayaquil en una trinchera contra el Gobierno y apuntó que esa ciudad se convertirá en lo que tenga que convertirse (...) y tiene que seguir defendiendo su modelo de desarrollo".
Una victoria aplastante
Escrutado el 4,91% del total de votos, el 'sí' obtiene el 65,33 por ciento (234.113 votos), el 'no' al proyecto constitucional alcanza el 27,05% (96.922), los votos nulos suponen el 7,03% (25.198), y los votos en blanco el 0,59% (2.109).
Según Cedatos Gallup, el 'sí' se impone en los resultados con el 70% de los votos; el 'no' cosecha el 25%; nulos 6,2% y blancos 2,4%. La encuestadora Santiago Pérez Investigaciones habla del triunfo del 'sí' con un porcentaje del 66,4% y el mismo porcentaje de votos nulos y en blanco.
El presidente Correa en la página oficial de la Presidencia confirmó que el Sí obtuvo el 70 por ciento frente al no, que se ubicó en el 25 por ciento a nivel nacional; y el 50 por ciento de aprobación en Guayaquil.
En una jornada electoral tranquila y calificada de "democrática" por los observadores internacionales y con una abstención de alrededor del 10%, los ecuatorianos acudieron a las urnas desde primeras horas del domingo, para pronunciarse sobre el nuevo texto constitucional, el vigésimo desde el nacimiento de la República de Ecuador.
Un triunfo para Rafael Correa
Con el resultado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa se apuntó este domingo un nuevo triunfo político al recibir el respaldo de los ecuatorianos que le dieron el 'sí' a una nueva Constitución que será la 'hoja de ruta' para que el mandatario emprenda su proyecto político de 'Socialismo del Siglo XXI'.
Correa, un joven economista que se declara revolucionario, bolivariano y afín al eje regional que impulsa el presidente venezolano Hugo Chávez, llegó al poder en enero del 2007 con la promesa de llevar al Ecuador a un cambio profundo donde prevalezca la igualdad social y económica.
El presidente, que goza en estos momentos de una popularidad que se encuentra entre las más altas de los presidentes de Latinoamérica -actualmente bordea el 70%-, ha protagonizado una campaña con una importante difusión publicitaria, la entrega de bonos sociales, el ofrecimientos de créditos y la promesa de que la "Patria ya es de todos".
Correa ha logrado convencer al país de que la nueva Constitución llevará al 'sumak kawsay', palabra quechua que representa el 'buen vivir', "una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía", ha dicho en muchas ocasiones.
Hacia la integración latinoamericana
La nueva Constitución ecuatoriana establece un eje prioritario "hacia la integración política, cultural y económica de la región andina, América del Sur y Latinoamérica".
El texto protege y promueve la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.
Además, propicia la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la creación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.
El texto, según defienden sus partidarios, pretende impulsar un nuevo concepto de economía social, reemplazando a la economía de mercado en la que se ha desarrollado Ecuador, la mejor distribución de la riqueza y un mayor control estatal para garantizar el acceso equitativo a la educación, salud, empleo, vivienda y otros servicios sociales.
Así, el país se enmarca en el eje del 'Socialismo del Siglo XXI', que lidera el presidente venezolano Hugo Chávez y con el que el mandatario ecuatoriano tiene una estrecha relación.
La nueva Constitución será publicada el próximo martes en el registro Oficial y en 45 días se convocarán elecciones generales. En estos comicios, el presidente podría ganar unas nuevas elecciones para una legislatura de cuatro años, con opción a la reelección inmediata una sola vez más.
El pueblo ecuatoriano logró tres victorias en un día
Karen Méndez - Rebelión.- El domingo 28 de septiembre de 2008 quedará en la historia ecuatoriana como el día en que el pueblo unido enterró, a través del voto popular, el modelo neoliberal que les hizo vivir las más agudas crisis económicas, políticas y sociales durante la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI.
De los 9, 7 millones de ecuatorianos convocados para votar, un 70% aprobó el proyecto de Constitución que se elaboró en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, durante noviembre de 2007 y julio de este año. La oposición, con todas las grandes empresas de comunicación a su servicio, apenas logró 25% de apoyo nacional.
La determinación del pueblo ecuatoriano superó las expectativas del mundo entero.
En una sola jornada electoral lograron derrotar a sus tres principales enemigos: a los empresarios neoliberales que habían saqueado el país, a las grandes empresas de comunicación que les declararon una guerra mediática por apostar por el cambio y a la oligarquía guayaquileña en su propio territorio. La propuesta del SI ganó con más del 50% en la ciudad de Guayaquil, bastión de la oposición.
A partir de ahora, los ecuatorianos tienen en sus manos una Constitución que coloca al ser humano por encima del mercado, reivindica las lenguas y las culturas indígenas, reconoce el agua como un derecho humano y por lo tanto prohíbe su privatización y que más nunca permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio. Entre otras conquistas constitucionales está la democratización del espacio radioeléctrico, la definición del sistema económico como social y solidario, la extensión de la educación pública y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, la inclusión en el seguro social de todos aquellos ecuatorianos que no tengan trabajo remunerado o que estén en situación de desempleo; y el compromiso por lograr la integración latinoamericana.
Los 444 artículos que componen este nuevo texto constitucional fueron debatidos y escritos en una Asamblea Constituyente integrada por 130 asambleístas, elegidos por los propios ecuatorianos el pasado 30 de septiembre a través de un referéndum consultivo. En la mayor parte de sus sesiones participaron diversos sectores sociales del país, en especial los más excluidos, como los indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, etc.
La nueva derrota electoral debe hacer reflexionar a la oposición, hacerles entender que de nada valen los ataques mediáticos, las mentiras y la confusión, que ya no sirve que la Iglesia Católica, también al servicio de las oligarquías, utilice sus misas para que sus fieles acepten las injusticias, la exclusión y el maltrato de unos cuantos poderosos. Es hora de que estos actores entiendan que ninguna de estas estrategias funciona cuando un pueblo tomó las riendas de su país y decidió ser protagonista de su nueva historia.
Este nuevo triunfo electoral, como lo dijo el Presidente Correa, no es el punto de llegada para los ecuatorianos, sino el punto de partida. “Con esta victoria empezamos un nuevo rumbo, dejamos atrás el neoliberalismo y empezamos la construcción de la patria nueva: más justa, más equitativa y más digna”, sostuvo Correa.
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Nace una nueva República en Ecuador: Soberana y latinoamericanista
ABN.- El pasado 25 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el proyecto de la nueva Constitución de Ecuador, luego de más de ocho meses de deliberaciones. El 28 de septiembre, en una nueva jornada histórica para los pueblos latinoamericanos, la inmensa mayoría de la población respaldado la propuesta de refundar la República, para constituir un Estado de derecho y de justicia, plurinacional y soberano.
La Constitución establece un modelo de desarrollo solidario centrado en el concepto kichwa del vivir bien – uno de los ejes del preámbulo, que recoge la herencia libertaria del pueblo ecuatoriano; y se suma decididamente a la apuesta por la participación ciudadana, mediante un sistema de democracia representativa, comunitaria y directa que incluye amplios mecanismos, entre otros el revocatorio de mandato y los cabildos.
Un nuevo avance en el constitucionalismo latinoamericano radical
La nueva Constitución, que consta de 444 artículos, contiene novedosos aportes al nuevo constitucionalismo latinoamericano inaugurado con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y que continúa con la nueva Constitución Política de Bolivia, que deberá ser próximamente sometida a referendo.
Las tres cartas comparten una clara orientación de defensa de la soberanía y de promoción de la integración latinoamericana; un modelo de desarrollo de orientación social, centrado en el papel regulador del Estado y el fortalecimiento de las formas de economía social, y la profundización de nuevas formas de democracia participativa. Las tres comparten también la redacción con perspectiva de género, cuya centralidad es profundizada con mayor rigor en el nuevo texto.
Un Estado de justicia plurinacional y soberano
Ecuador queda constituido como “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Entre sus principios fundamentales, destaca la propiedad “inalienable, irrenunciable e imprescriptible” de los recursos naturales y la condición del país como “territorio de paz” – lo que deriva en la prohibición de bases militares extranjeras, una prohibición que también incluye la propuesta de Bolivia.
Los Poderes Públicos son reconceptualizados en “Funciones públicas”, y en un modelo análogo al de la República Bolivariana de Venezuela, se suman a los tradicionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial las nuevas Funciones de Transparencia y Control y Electoral. No obstante, la nueva Función de control está centrada en el papel del pueblo como “mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”, y lo conforman la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, las superintendencias o entes reguladores de servicios, y el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – al que le corresponde promover e incentivar la participación ciudadana y el control social en los asuntos públicos.
Democracia ciudadana y participativa
El régimen participativo se orienta a la construcción del “poder ciudadano” y la democracia comunitaria y directa, por medio del ejercicio “protagónico” de la participación “en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes”, incluyendo las entidades públicas y privadas de servicios públicos.
Se establece la obligación de conformar instancias de participación para elaborar políticas, presupuestos participativos y otras funciones, mediante “asambleas, cabildos populares, consejos consultivos” y otras instancias que promueva la ciudadanía. Se reconoce así mismo el derecho a la resistencia “frente a acciones u omisiones” del poder público y entes no estatales, que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales.
La iniciativa popular puede proponer la creación o la reforma de normas jurídicas a todos los niveles, que deberán ser tratadas por el órgano correspondiente en un plazo de 180 días, y en caso contrario, “la propuesta entrará en vigencia”; en el caso de las propuestas de reforma constitucional, se podrá solicitar su sometimiento a consulta popular. La ciudadanía podrá adicionalmente solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto, y disfrutará también del derecho a la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular.
Desarrollo para el buen vivir
El régimen de desarrollo es concebido como el “conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. Esta exigencia de equilibrio sustentable centra de manera determinante todo el sistema económico “social y solidario”, cuyo objetivo es “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”, con el ser humano como sujeto y fin. Para ello, deberá propender a una (difícil) relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, “en armonía con la naturaleza”.
Entre los objetivos de las políticas económicas, se encuentran “asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”, el consumo social y ambientalmente responsable, la soberanía alimentaria y energética y proteger los “límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas”.
El derecho al ambiente incluye el deber estatal de promover “el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes”; y la prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares”, contaminantes tóxicos y organismos genéticamente modificados perjudiciales. A su vez, un aporte inédito al derecho constitucional universal es el reconocimiento de la condición de sujeto de derechos de la naturaleza.
Derechos individuales y colectivos
La Constitución reconoce el ejercicio individual o colectivo de los derechos humanos, y establece la obligación estatal de adoptar medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real de “quienes se encuentren en situación de desigualdad”. La extensa carta de derechos consagra el conjunto de derechos civiles y políticos clásicos, e incorpora avances notables en materia de derechos colectivos o sociales, que se reconceptualizan bajo el concepto de “derechos del buen vivir”.
Asimismo, prevé derechos especiales de personas y grupos de atención prioritaria, entre las cuales las adultas y adultos mayores, los jóvenes, los migrantes, las mujeres embarazadas, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades catastróficas.
Derechos del buen vivir
Entre otros aspectos, se constitucionalizan el derecho al agua y la prohibición de privatización del servicio, y se protegen las fuentes de agua; el derecho a la alimentación incluye la obligación de apoyar la producción agrícola, la prohibición de latifundios, la protección de la cadena de alimentos para garantizar precios justos, y la penalización de la especulación y el acaparamiento; el derecho a la salud y educación incluyen servicios gratuitos asociados; y el derecho a la vivienda programas de crédito y vivienda para los sectores populares y dotación de servicios públicos.
El derecho individual y colectivo a “una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa” incluye la constitucionalización del derecho a la tele-radiodifusión comunitaria, y al acceso “en igualdad de condiciones” al espectro radioeléctrico. Asimismo, se garantiza el trabajo y salarios dignos, el apoyo a las cooperativas de producción, y la prohibición de la tercerización; y el seguro social solidario para todos, incluyendo amas de casa y sus familias.
Derechos de las comunidades y pueblos
Se reconocen extensamente los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo el derecho a su identidad y formas de organización social y el derecho a “la propiedad imprescriptible” de sus tierras comunitarias, incluyendo la administración y conservación de los recursos naturales renovables y el deber de consulta previa en los programas de explotación de los no renovables. También se reconocen los derechos de las comunidades afroecuatorianas y el pueblo montubio (campesinos de la cuenca interna del Ecuador).
Aunque se establece el castellano como idioma oficial de Ecuador, a última hora, la Asamblea aceptó finalmente la inclusión del kichwa y el shuar como idiomas oficiales “de relación intercultural”, lo que derivó en la decisión final de los movimientos indígenas mayoritarios de participar activamente en la campaña por el Sí.
