Zelaya dijo, en un comunicado, que ha decidido "invitar de manera inmediata a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin de aumentar las medidas comerciales y económicas que condenen al régimen de facto", que preside Roberto Micheletti.
Condenó "la burla y la bofetada que el señor Micheletti" ha propinado "al pueblo hondureño y a la comunidad internacional boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para mantenerse arbitrariamente en el poder".
Las comisiones de Zelaya y Micheletti culminaron anoche una nueva etapa del diálogo, que comenzó el pasado día 7, sin acuerdo sobre la restitución de Zelaya en el poder, el punto decisivo para la solución de la crisis, sobre el cual surgieron dos propuestas ayer.
Zelaya propuso que el Congreso Nacional decida sobre su regreso a la presidencia y Micheletti que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque el depuesto gobernante tiene procesos pendientes por delitos políticos y comunes.
Tras el desacuerdo, Micheletti presentó ayer mismo otro planteamiento, cuyo contenido no desvelaron las delegaciones, que acordaron hacer consultas este fin de semana y reunirse posiblemente el próximo lunes.
El ministro de la Presidencia de facto, Rafael Pineda, defendió que la CSJ falle sobre la restitución de Zelaya porque ventila los procesos contra éste por delitos políticos, relacionados con la Asamblea Constituyente que promovía mediante una consulta que iba a celebrar el 28 de junio y que había sido declarada ilegal.
Además, Zelaya enfrenta acusaciones por fraude y otros delitos por la emisión de un decreto para la contratación de publicidad, que fue ilegal, según el Ministerio Público.
"El Congreso Nacional no puede resolver los asuntos que competen a otro poder del Estado", aseveró Pineda.
Zelaya afirmó en su comunicado que "una insensatez jurídica no debe asumir un tema político".
El jefe de la comisión de Zelaya, Víctor Meza, sostiene que el Parlamento "es el espacio natural para resolver los problemas políticos, no los tribunales".
Según Meza, es "absurdo" proponer que la CSJ se pronuncie porque ya lo hizo -el 23 de agosto pasado y contra la restitución de Zelaya- durante las consultas sobre el Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en el cual se basa el diálogo.
Por otra parte, Zelaya llamó al movimiento popular de resistencia que le respalda "a mantenerse firme hasta lograr un triunfo en el menor tiempo posible para el pueblo y una derrota para la dictadura".
"No estamos dispuestos a perder los derechos del pueblo legitimando este golpe de Estado", subrayó en el comunicado el presidente, quien permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre pasado.
Rechazó "que se militarice la sociedad y que el presidente de Honduras sea nombrado en las cúpulas de las Fuerzas Armadas".
Denunció que "las violaciones permanentes de los derechos humanos, la cancelación de las libertades públicas y la confiscación de medios de comunicación, tales como canal 36 y Radio Globo, nos alertan" sobre "la preparación de un gran fraude" en las elecciones del 29 de noviembre próximo.
Las comisiones de Zelaya y Micheletti culminaron anoche una nueva etapa del diálogo, que comenzó el pasado día 7, sin acuerdo sobre la restitución de Zelaya en el poder, el punto decisivo para la solución de la crisis, sobre el cual surgieron dos propuestas ayer.
Zelaya propuso que el Congreso Nacional decida sobre su regreso a la presidencia y Micheletti que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque el depuesto gobernante tiene procesos pendientes por delitos políticos y comunes.
Tras el desacuerdo, Micheletti presentó ayer mismo otro planteamiento, cuyo contenido no desvelaron las delegaciones, que acordaron hacer consultas este fin de semana y reunirse posiblemente el próximo lunes.
El ministro de la Presidencia de facto, Rafael Pineda, defendió que la CSJ falle sobre la restitución de Zelaya porque ventila los procesos contra éste por delitos políticos, relacionados con la Asamblea Constituyente que promovía mediante una consulta que iba a celebrar el 28 de junio y que había sido declarada ilegal.
Además, Zelaya enfrenta acusaciones por fraude y otros delitos por la emisión de un decreto para la contratación de publicidad, que fue ilegal, según el Ministerio Público.
"El Congreso Nacional no puede resolver los asuntos que competen a otro poder del Estado", aseveró Pineda.
Zelaya afirmó en su comunicado que "una insensatez jurídica no debe asumir un tema político".
El jefe de la comisión de Zelaya, Víctor Meza, sostiene que el Parlamento "es el espacio natural para resolver los problemas políticos, no los tribunales".
Según Meza, es "absurdo" proponer que la CSJ se pronuncie porque ya lo hizo -el 23 de agosto pasado y contra la restitución de Zelaya- durante las consultas sobre el Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en el cual se basa el diálogo.
Por otra parte, Zelaya llamó al movimiento popular de resistencia que le respalda "a mantenerse firme hasta lograr un triunfo en el menor tiempo posible para el pueblo y una derrota para la dictadura".
"No estamos dispuestos a perder los derechos del pueblo legitimando este golpe de Estado", subrayó en el comunicado el presidente, quien permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre pasado.
Rechazó "que se militarice la sociedad y que el presidente de Honduras sea nombrado en las cúpulas de las Fuerzas Armadas".
Denunció que "las violaciones permanentes de los derechos humanos, la cancelación de las libertades públicas y la confiscación de medios de comunicación, tales como canal 36 y Radio Globo, nos alertan" sobre "la preparación de un gran fraude" en las elecciones del 29 de noviembre próximo.
