Haroldo Romero Pérez - Trabajadores.cu.- Verdades sobre el alcance y las consecuencias del bloqueo que imponen los Estados Unidos de América a Cuba han sido siempre encubiertas o tergiversadas por Washington.
Las mentiras comenzaron con el pretexto mismo que esgrimieron ante la opinión pública estadounidense y mundial para iniciar la aplicación de tan arbitraria medida, y han modificado el subterfugio según les ha parecido conveniente, a fin de evadir las denuncias a este cerco económico prolongado durante medio siglo.
Tanto es así, que primero alegaron la supuesta pertenencia de Cuba al eje chino-soviético; le siguió entre los principales pretextos la llamada exportación de la Revolución a la América Latina y luego la presencia de tropas cubanas en África, que ayudaron a preservar la independencia de Angola, conquistar la de Namibia, y derrotar al oprobioso sistema del apartheid imperante en Sudáfrica.
Desde hace dos décadas, al perder fundamento estas “razones”, esgrimen una presunta e hipócrita preocupación por los derechos humanos en nuestro país. Pero el cerco a la isla es precisamente la más brutal y generalizada violación de los derechos humanos de todo el pueblo cubano, motivo por el cual califica como un delito de genocidio, según lo preceptuado en la Convención adoptada por la Organización de Naciones Unidas en 1948 en Ginebra.
Para argumentar lo anterior basta remitirse al memorando gubernamental estadounidense del 6 de abril de 1960, ya desclasificado, en el que se fundamenta el bloqueo con el declarado propósito de destruir a la Revolución mediante el hambre, la desesperación y el desaliento que, según calcularon sus promotores, tal política habría de provocar en el pueblo cubano.
Otra mentira clave de los gobernantes de Estados Unidos es la afirmación de que el asedio económico, comercial y financiero constituye un asunto bilateral entre ese país y Cuba, tesis que esgrimen con el pretendido fin de no conceder legitimidad al debate del tema en las Naciones Unidas u otros foros internacionales. Pero el engaño se advierte en su carácter extraterritorial, atentatorio de la soberanía de todos los Estados del orbe, además de violar numerosos principios y normas del Derecho Internacional, incluida la propia Carta de la ONU.
Las disposiciones jurídicas promulgadas por Estados Unidos para instrumentar el bloqueo imponen restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas de cualquier país del mundo a establecer vínculos con Cuba.
Esa ilegal práctica política ha sido reforzada a partir de la última década del pasado siglo, sobre todo con la promulgación de la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, en 1992, y de la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, en 1996.
Washington incrementó significativamente las regulaciones en asuntos que competen a otros Estados a partir de que, con la desintegración en 1991 de la antigua Unión Soviética desapareció el mundo bipolar que ponía freno a sus apetencias.
El Gobierno del presidente Barack Obama, en poco más de dos años ha impuesto no menos de mil 100 millones de dólares en multas a individuos, empresas y bancos por realizar operaciones con Cuba prohibidas por el bloqueo, lo que supera con creces el monto de las sanciones que otras administraciones estadounidenses han aplicado por esa causa.
El cerco anticubano evidencia así que las pretensiones imperiales de dominación mundial no solo se mantienen, sino que se intensifican.
