Ernesto Limia Díaz - El Economista de Cuba.- Cuando triunfó la Revolución cubana el país tenía una economía abierta, en la que a cada peso de producción bruta correspondían entre 25 y 28 centavos de importaciones inevitables.

La deformación estructural trajo como consecuencia que la incorporación de tecnología se produjera solo cuando resultaba de interés al capital norteamericano; por tanto, el proceso de industrialización de la década de 1950 acentuó aún más la dependencia de materias primas y portadores energéticos importados, sin un esfuerzo científico y tecnológico para establecer una base propia, endógena, capaz de apoyar el desarrollo del sector manufacturero.

Desde el principio la dirección del país concentró la inversión estatal bruta en los sectores productivos, en primer lugar en la industria. Se avanzó en sectores clave, como el azúcar y sus derivados; las ramas siderúrgica, electrónica, pesquera y materiales de la construcción; se edificaron nuevas plantas en la metalmecánica y se creó una importante infraestructura energética. Mas, no se logró remontar el desbalance comercial.

El intercambio con la URSS y el CAME permitió que el país emprendiera un camino propio, a pesar del injusto bloqueo y de las acciones de guerra económica desarrolladas por Estados Unidos. No obstante, esta relación acarreó problemas complejos de solucionar en materia organizacional, de actualización tecnológica y de esquemas técnico-productivos avanzados. Importar tecnología sin una base propia nos condujo a mantener una dependencia indefinida; pero tras 450 años de colonialismo y neocolonialismo, a Cuba no le era posible generar por sí misma los recursos que demandaba su desarrollo; solo mediante la obtención de recursos financieros externos, en condiciones adecuadas, podía avanzar.

Sin embargo, los cubanos arrastramos errores que agudizaron la deformación estructural heredada. La imperiosa necesidad de producir para satisfacer la demanda interna provocó, con frecuencia, que se relajara la disciplina tecnológica y a nivel empresarial se impusieran criterios de dirección para los que el cumplimiento del plan se convirtió en lo prioritario, sin considerar los aspectos cualitativos. Proliferó una cultura donde el indicador calidad se rezagó, lo que tuvo un impacto destructivo; además, se subutilizaron recursos, se duplicaron esfuerzos y faltó integración.

También fueron inadecuados los mecanismos de planificación, control y evaluación de la actividad científica, se dilataron los plazos de la conclusión de las investigaciones y hubo lentitud en generalizar sus resultados; fue pobre el cubrimiento del ciclo «investigación – desarrollo – producción – comercialización – consumo», por la no integralidad de su concepción; fueron débiles las capacidades de gestión tecnológica en las empresas e insuficientes los vínculos empresa-universidad; además de la aversión al riesgo y la incapacidad de trabajar en condiciones de incertidumbre.

Bajo estas circunstancias en 1986 se emprendió el proceso de rectificación de errores; pero el derrumbe del campo socialista impidió continuar. En apenas tres décadas, en dos ocasiones Cuba fue privada de sus principales mercados de exportación y suministro, a los que le unían lazos tecnológicos de dependencia. Resistir se convirtió en la palabra de orden.

El 26 de julio de 1993 Fidel brindó cifras alarmantes: de 8 139 millones de dólares en importaciones en 1989, tres años después apenas se habían recibido 2 236 millones (27.47%). Cuba adquiría en el exterior el 85% de los envases y casi el 90% de las materias primas para elaborar piensos, fertilizantes, herbicidas, fibras textiles, calzado, productos de aseo y perfumería. En consecuencia, la producción industrial cayó en un 50% y la formación bruta de capital se redujo en 68%, lo cual rompió el equilibrio productivo - financiero. Además, la industria regresó a los niveles de consumo energético que exhibía 20 años atrás.

En tan complejo escenario la Tormenta del Siglo barrió más de la mitad del país y provocó pérdidas por encima de los mil millones de dólares; mientras que en el mercado mundial declinaba el valor del níquel, el camarón y la langosta. El azúcar se cotizó tan bajo que por cada tonelada solo se podían adquirir 1,5 toneladas de petróleo.

Para tratar de asestar el golpe final, Estados Unidos aprobó la Ley Torricelli, que interrumpió un intercambio de casi ochocientos millones de dólares con firmas subsidiarias de 106 compañías estadounidenses.

A pesar de la gravísima escasez de divisas, nadie resultó abandonado, pero preservar las políticas sociales tuvo un alto costo económico: se generó un desbalance entre dinero circulante y bienes de consumo, que aumentó la liquidez monetaria de manera desproporcionada y cayó el valor del peso cubano. Para enfrentar la crisis el 13 de agosto de 1993 se despenalizó la tenencia de divisas para las personas naturales y se autorizaron cuentas bancarias en dólares estadounidenses, una de las medidas más polémicas del programa de transformación de la economía.

Su aplicación estuvo dada principalmente por la imperiosa necesidad de ingresar divisas de forma rápida. Además, el peso cubano no ofrecía la posibilidad de satisfacer la demanda de bienes y servicios en la economía interna; se incrementaron los flujos de dólares vía remesas del exterior y turismo, y como parte del proceso de transformaciones se añadieron los sistemas de estímulos asociados a las actividades vinculadas a la exportación de bienes y la sustitución de importaciones, la apertura del trabajo por cuenta propia y la autorización del alquiler de habitaciones. A su vez, apremiaba atraer capital extranjero y en aquellas circunstancias se hacía muy difícil asegurar la confianza en la moneda nacional.

Con un fenómeno de dolarización parcial en la economía y una crisis que implicó reorientar el comercio interno y externo, el país decidió implantar, con carácter provisional, un régimen monetario dual. En esa dirección legalizó la circulación del dólar, creó un mercado estatal interno en divisas y se estructuró un circuito empresarial vinculado al turismo y al capital extranjero, en el cual todas las transacciones se realizarían en dólares. Fue una decisión que no podía postergarse ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista político.

La medida provocó un cambio en las relaciones económicas con el exterior, al adoptar un carácter eminentemente mercantil basado en el uso directo del dólar, lo que implicó reorientar el intercambio internacional y generó transformaciones internas, entre ellas las de carácter financiero.

Presiones externas sobre el uso del dólar incidieron en la necesidad de retirarlo de circulación y adoptar estrategias que potenciaran la soberanía monetaria, como parte de las cuales se sustituyó por el Peso Convertible Cubano (CUC). Un ejemplo de estas presiones lo constituyó la prohibición por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos del uso del dólar en las transacciones cubanas y, en consecuencia, bajo el fundamento de violar el contrato, fue multada la Unión de Bancos Suizos por aceptar el cambio de billetes de dólares viejos provenientes de Cuba.

Durante un tiempo, la medida generó más beneficios que contradicciones, los ingresos obtenidos por las ventas en divisas permitieron financiar la distribución racionada a la población; se reanimó una parte del sector manufacturero y las personas con acceso a este mercado mejoraron la calidad de su canasta de bienes de consumo. Sin embargo, hoy tiene más efectos negativos que beneficios, incluyendo en el plano político y su impacto en la estimulación del fenómeno de la corrupción.

La existencia de una tasa oficial que no expresa el verdadero valor de cambio –para las personas jurídicas 1 peso equivale a 1 CUC–, se ha convertido en un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas y al crecimiento económico. En los balances de las empresas, del sistema financiero y del propio presupuesto existen flujos en pesos y dólares que distorsionan los precios relativos, dificultan medir la rentabilidad empresarial e impiden analizar correctamente las finanzas públicas, lo que incide en el cálculo del PIB cubano y su credibilidad internacional.

Este fenómeno genera dualidad contable, siembra confusión e impide conocer los costos e ingresos reales de cualquier inversión, proyecto o transacción económica. La sobrevaloración del peso cubano mantiene artificialmente rentable a un grupo de empresas e injustamente irrentable a otras, sin que exista una auténtica relación entre rentabilidad y eficiencia. Así, algunas con alta proporción de insumos importados aparentan ser eficaces, cuando en realidad esconden subsidios implícitos a través del tipo de cambio sobrevaluado; mientras a otras, exportadoras, se les subvaloran sus ingresos y deben acudir por subsidios, debido a que por cada dólar de exportación ingresado reciben menos de un peso cubano.

Tampoco eliminó los desequilibrios monetarios en el sector pesos, ni la sobreliquidez en forma de pasivos inmovilizados en el sector bancario; debilitó el rol del sistema financiero en la intermediación de los recursos y generó inestabilidad macroeconómica (precios y tipo de cambio); además, obstaculiza la creación de un mercado cambiario empresarial y reduce la eficiencia de los mecanismos de regulación y supervisión bancaria.

Además del costo económico que significan los altos subsidios que esta problemática estaría demandando, la sobrevaluación del CUP ha traído consigo que la ineficiencia y el descontrol financiero se hayan extendido a casi todas las ramas del país, incluso en empresas importantes.

En este contexto, resulta preocupante el desinterés de los sectores productivos y de servicios por interactuar con la ciencia para buscar en las universidades y centros investigativos cubanos, la constante innovación que se necesita para satisfacer el consumo de nuestra población, sustituir importaciones y contribuir al dinámico desarrollo de las fuerzas productivas que exige la actual coyuntura económica. El impacto perjudicial de esta problemática en sectores priorizados dentro de la estrategia de sustitución de importaciones del país es significativo.

Hay quienes afirman que el mayor beneficio de eliminar la dualidad monetaria se encuentra en el sector empresarial, bajo el argumento de que aquellos que sobredimensionan sus efectos negativos en la población, magnifican su supresión y no tienen en cuenta que la razón de la desigual distribución de los ingresos no parece ser un fenómeno monetario, sino fruto de las diferencias entre quienes viven del salario estatal y las pensiones, y los que acceden a otros tipos de ingresos dentro y fuera del país. Alegan que derogar la medida en los mercados de la población no acabaría con las desigualdades.

No dejan de tener razón; pero el problema es mucho más complejo y por sus implicaciones políticas, económicas y sociales se ha convertido en un tema de gran trascendencia.

La tasa de cambio en CADECA y la política de recaudación de divisas en las TRD, impactan en la capacidad de compra del salario; en tanto, los elevados recargos comerciales constituyen un impuesto indirecto a la adquisición de productos de primera necesidad para los que no existe opción alternativa o no se aseguran por la vía del racionamiento en las cantidades necesarias.

Dado el nivel de los precios, los ingresos por concepto de salario son rápidamente absorbidos en los espacios formales en los que se puede completar el consumo y difícilmente pueden convertirse en ahorro. Además, los espacios alternativos (mercado agropecuario de oferta y demanda e industrial; trabajadores por cuenta propia que ofertan alimentos, servicios de reparación de viviendas, arreglos de plomería, electricidad, carpintería, herrería y cerrajería, entre otros) funcionan con una estructura de precios que toma como referente los importes vigentes en CADECA, lo cual incrementa la afectación de esta problemática.

Para la mayor parte de los cubanos se hace imprescindible que el país salga adelante y se incremente su poder adquisitivo. El impacto entre profesionales y científicos, que han visto durante casi 20 años que su aporte social no se corresponde con sus ingresos, ha sido particularmente severo; al mismo tiempo, los bajos salarios existentes en el sector empresarial no constituyen un estímulo a la eficiencia.

Pero las dificultades que sitúan a algunos sectores en condiciones de relativa desventaja, no solo han incrementado las desigualdades sociales. Un estudio realizado en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) del CITMA concluyó: «La cuestión de la relación entre moralidad e ilegalidad en condiciones concretas, en que lo que se exige no siempre coincide con lo que la sociedad es capaz de dar, constituye uno de los problemas presentes. La extensión del mercado negro, legitimado por amplios sectores de la población, es una muestra de ello».

Así, el hecho de no poder cubrir necesidades básicas con el salario porque no está en correspondencia con el costo de la vida, la débil capacidad de los mecanismos de control estatal y la pérdida de valores que se constata propician el empleo de vías para satisfacer las aspiraciones individuales que violan normas jurídicas, muchas veces a partir de los recursos del Estado o de los bienes sustraídos a otros ciudadanos, lo cual genera un deterioro moral progresivo. Se ha hecho frecuente escuchar una frase que resulta lesiva a la moral socialista: «hay que luchar».

En tal sentido, la magnitud de las expresiones de resquebrajamiento de la disciplina y la ética que favorecen la comisión de delitos en entidades del sector económico, fundamentalmente en centros productivos y de servicios, constituyen un desafío para la Revolución.

Expertos cubanos y extranjeros han abordado el tema de diversas maneras en aras de aportar su propia variante de solución. Todos coinciden en que este fenómeno genera efectos negativos para la economía y la contabilidad. Muchos plantean la necesidad de que se elimine como parte de un proceso gradual y de ajuste paulatino, en un período que podría durar entre tres y cinco años. La moneda que sugieren resulta más factible para su permanencia en la circulación es el CUP.

No obstante, hay quienes alegan que aun no están dadas las condiciones para eliminar la dualidad monetaria, porque la escasez de divisas y las restricciones de financiamiento externo constituyen la principal limitación para el crecimiento y, en particular, para la reanimación de un importante sector de la economía. Sin embargo, en las condiciones de desarrollo en las que tiene que despegar Cuba se impone preguntar: ¿cuándo estarían creadas las condiciones propicias?

No hay duda, el país ya las está generando, y como puede apreciarse, las medidas rebasan el marco monetario financiero porque la solución del problema también pasa por el sector empresarial y la esfera de la Seguridad Social; se requiere incrementar la producción por todas las vías posibles, para que la moneda nacional tenga un adecuado respaldo en bienes y servicios.

Y en esta dirección, un paso inicial que se impone antes de emprender el complejo camino que progresivamente nos llevaría hasta la unificación monetaria, es la devaluación del CUP con relación al dólar y, en correspondencia, con el resto de las divisas internacionales, lo cual permitiría reflejar con fidelidad los hechos económicos; aunque como consecuencia de esta medida es probable que aumente el costo total de los productos y servicios, y su precio de venta mayorista.

La decisión propiciaría que el costo de bienes y servicios nacionales con menos insumos importados sea más competitivo que el de aquellos donde los insumos importados son elevados o han sido adquiridos totalmente en divisas. Los precios mayoristas resultantes reflejarían con mayor precisión el costo de la producción nacional y permitirían evaluar objetivamente la competitividad de nuestros productos y las empresas.

En este nuevo escenario los artículos nacionales deberán ser más baratos que los importados y que los producidos con mayor contenido de insumos extranjeros, lo que disminuiría la propensión a importar y contribuiría a incrementar la disponibilidad de divisas del Estado y al imprescindible fortalecimiento de la empresa nacional.

Establecer una tasa oficial que exprese un tipo de cambio más coherente con la realidad del mercado, es clave para crear condiciones que propicien los niveles de productividad y eficiencia que garantizarían mayor volumen en la oferta de bienes y servicios, y una reducción de los precios. La nueva tasa impondría el reto de alcanzar mayor organización en el sistema económico, mejor planificación de los recursos, una dirección institucional más eficiente y un sistema de formación de precios más flexible.

Sin embargo, muchas empresas podrían ir a la quiebra, incluso algunas que en las actuales circunstancias aparentan ser «eficientes», con los efectos negativos que esto traería para sus trabajadores. También es necesario trazar estrategias adecuadas de comunicación que propicien eliminar falsas expectativas en torno a los resultados del proceso de unificación monetaria, ya que existe la opinión en una parte de la población de que este cambio es sinónimo de mejora directa en los salarios y, por ende, de su nivel adquisitivo, lo cual es falso.

En realidad, el incremento del tipo de cambio para las personas jurídicas deberá impactar en el nivel general de precios en la economía y, por consiguiente, es probable que la población sufra un alza en el valor de los bienes de consumo, lo cual implicará garantizar la protección de los sectores sociales más vulnerables. Pero a enfrentar este momento y a eliminar progresivamente las desigualdades, contribuirá la apreciación del CUP en las relaciones con la población.

El cese de la dualidad monetaria está indiscutiblemente vinculado al crecimiento económico, al incremento del financiamiento del déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos y al aumento de las reservas internacionales. Por tanto, para comenzar el proceso gradual de unificación es necesario que los economistas cubanos continúen contribuyendo, con creatividad, al diseño e implementación de una estrategia que garantice una sustitución real de importaciones, fortalezca la producción de bienes y servicios, proteja la industria nacional y potencie el mercado interno.

Los contadores deberán desempeñar un rol fundamental. Un desafío permanente lo constituyen los cálculos econométricos que se requieren en las condiciones específicas del desarrollo de Cuba, para implantar una nueva tasa oficial que exprese un tipo de cambio más coherente con la realidad que impone el mercado, que a la vez evite el incremento del poder adquisitivo de la población sin que la producción de bienes o la oferta de servicios sean capaces de respaldar la demanda. Otro tema a resolver sería cómo controlar el probable exceso de liquidez en CUP de algunas empresas que podrían convertirse en potenciales derrochadoras y afectar la balanza comercial, al adquirir capacidad financiera para obtener en Cuba bienes o servicios importados, o con elevado componente de insumos importados, cuya demanda tienen restringida hoy por la escasez de CUC.

A diferencia de lo que muchos piensan, eliminar la dualidad monetaria es una tarea de todos los cubanos. Asumir el reto de construir el socialismo en este complejo y decisivo periodo, que implica realizar cambios imprescindibles que producirán beneficios económicos junto a costos sociales, requiere de mucha madurez, integridad y compromiso con la larga historia de lucha revolucionaria que nos han legado nuestros padres.

Fuente: el economista de cuba