Sara Más - Red Semlac.- Si bien concuerdan en que la prostitución es una de las formas más agravadas de la violencia de género y conlleva múltiples revictimizaciones para quienes la ejercen, especialistas reunidos en la capital cubana abogaron por no criminalizar a las mujeres que la ejercen.

"No debemos criminalizar esas conductas ni asociarlas a la justicia penal", apuntó Rosa Campoalegre, al frente del Grupo de Estudios de Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y quien coordinó un panel sobre el tema durante el Segundo simposio internacional sobre violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas "Berta Cáceres in memoriam", realizado del 23 al 25 de enero en La Habana.
En opinión de Campoalegre, corresponde tomar una postura frente al fenómeno desde las políticas públicas para poder proteger y acompañar a las personas que viven en situación de prostitución.
Convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el encuentro busca promover el debate científico sobre las causas, implicaciones y alternativas de soluciones y compromiso de cambio respecto a la prostitución, el turismo sexual, la violencia de género y la trata de personas.
Estos posicionamientos tienen lugar en medio de debates dentro y fuera de Cuba en torno a la prostitución y varias interrogantes que suelen manejarse al respecto: ¿se trata de compra y venta de placer o de personas?, ¿es trabajo sexual o esclavitud oficial?, ¿es un delito?, se cuestionó la experta.
Estudios citados por Campoalegre dan cuenta de que la prostitución en Cuba se distingue por su carácter eventual y el rejuvenecimiento de la iniciación, aunque cada vez más se mueve a la adultez, con lo cual aparecen nuevas formas de prostitución y de asociación con delitos conexos.
"Debemos asumirla lo más alejado posible del sistema de justicia penal", reiteró la especialista y apuntó que uno de los aportes del feminismo en este tema es el de visibilizar las múltiples victimizaciones que viven las mujeres en situación de prostitución.
En Cuba, donde esta práctica sexual no está legalizada ni tipificada como delito, sí se sanciona penalmente la figura del proxeneta, entendido como toda persona que saca provecho de la explotación sexual y se beneficia económicamente de ello.
Sin embargo, en la práctica, las mujeres que ejercen la prostitución son retenidas en centros de rehabilitación bajo el precepto de que practican una "conducta de peligrosidad" y así son también limitadas de libertad.
"Esta doble victimización es aún más seria cuando las propias autoridades son permisivas con la práctica de la prostitución masculina", reaccionó desde su blog personal el médico Alberto Roque, activista por los derechos humanos y la diversidad sexual.
Según explicó el también integrante de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes), a los hombres que ejercen la prostitución no los retienen, sino que los regresan a sus casas, incluidas otras provincias cuando es el caso.
Para Mariela Castro Espín, directora del Cenesex y presidenta del simposio, hay que partir de que "convertirse en mercancía sexual y someterse a la ley de la oferta y la demanda quita derecho a las personas, que pierden más sometiéndose a un dueño explotador que buscando otras alternativas de vida.
"Hay quienes creen que legalizando la prostitución disminuirá el crimen organizado alrededor de este fenómeno; sin embargo, algunas experiencias de ese tipo han llevado a que muchos proxenetas se conviertan en ricos empresarios", expuso como ejemplo.
Partidaria de trabajar para que esas personas sean sujetos de derecho y por crear mecanismos legales y de funcionamiento social que les permitan encontrar salidas y ayudas, Castro Espín se refirió a legislaciones que empiezan a abrirse paso en el mundo y desvían la atención hacia el cliente que consume los servicios sexuales y no a castigar a las personas que la ejercen.
Entre las más novedosas destacó la del Reino de Suecia, pionero en la penalización del cliente que demanda un servicio sexual remunerado e ilegal.
Suecia aprobó en 1999 una ley que penaliza al cliente de la prostitución como un paso para eliminar la demanda. "La ley prohíbe comprar sexo", explicó Per-Anders Sunesson, Embajador para la lucha contra el Tráfico de Personas en Suecia, durante una intervención especial en el simposio.
La ley se complementa con otras medidas y estrategias sociales que brindan a las mujeres apoyo, acompañamiento y formación para la búsqueda de empleo.
Como resultado, la prostitución en las calles se redujo a la mitad y cambió la forma de pensar y la actitud de los hombres acerca de comprar sexo.
"Las investigaciones científicas recomiendan no penalizar a quienes ejercen la prostitución, pues estas personas son en mayoría mujeres que quedan aún más vulnerables ante la violencia", acotó.
Con ello concordó Roque, para quien la práctica de la prostitución "cercena la libertad, la equidad y la autonomía de quien ofrece el servicio".
Tampoco apoya el acuñado término de "trabajo sexual", por "pactar sospechosamente con las bases ideológicas del patriarcado, implementadas en un mundo crecientemente desigual y neoliberal", suscribió en su blog.
Desde ese espacio el activista se hizo eco de la polémica, tras abordarse el tema en un programa informativo de la televisión nacional, y apoyó la propuesta del Cenesex de penalizar al cliente y ampliar el debate sobre las causas e impactos de la prostitución.
Cuba mantiene una política de cero tolerancia ante fenómenos como la trata de personas asociadas a la explotación sexual, laboral y de otra índole, incluida la explotación sexual de menores, dijo por su parte Yoandrys González García, jefe Cooperación Operacional Internacional de la Dirección General de la Policía.
No obstante, se necesita dar a conocer más estos problemas para ayudar a la prevención y la denuncia, pues no siempre se reconoce, agregó.
También se necesita de mayor experticia por parte de las personas que tiene que trabajar con estos casos, puntualizó.
De ahí que se insistiera en la necesidad de incrementar los conocimientos sobre estos tema en la población, por la baja percepción de riesgo que existe al respecto.