Prensa Latina.- Mientras reflectores mediáticos seguían al expresidente Donald Trump en una corte del Distrito de Columbia, en otro tribunal, pero en Misisipi, quedó demostrado cuánto de discriminación y violencia persiste hoy en la policía de Estados Unidos.
Hasta el cansancio la prensa habla del exmandatario (2017-2021); sin embargo, hay hechos que merecen las mayores condenas por abusos de derechos humanos y reciben aquí menos atención.
El mismo día en que Trump compareció en sala judicial en esta capital y dijo ser inocente, seis expolicías de Misisipi de un autodenominado «Escuadrón de matones» (suena a Ku Kux Klan) admitieron sus cargos.
Los exagentes se declararon culpables de someter el pasado 24 de enero a dos hombres negros a tortura por su condición racial y disparar en la boca a una de las víctimas.
Ambos sujetos fueron agredidos violentamente después que un vecino presentara una queja al ver que ellos se alojaban en la casa de una mujer blanca.
Sobre los exagentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Rankin Brett Morris McAlpin, Jeffrey Arwood Middleton, Christian Lee Dedmon, Hunter Thomas Elward, Daniel Ready Opdyke y Joshua Allen Hartfield recaen cargos federales en relación con la tortura a Michael Corey Jenkins, de 32 años, y Eddie Terrell Parker, de 35.
Los entonces policías, sin previa orden judicial, echaron abajo una puerta; además, esposaron y aplicaron repetidamente pistolas Taser (eléctricas) a Jenkins y Parker, los agredieron sexualmente y contra los dos utilizaron improperios racistas.
A Jenkins le dispararon en la boca, le rompieron la mandíbula y le provocaron lesiones permanentes en la lengua y el cuello, destacó el artículo.
«Estas declaraciones de culpabilidad son históricas para la justicia contra la tortura policial deshonesta en el condado de Rankin y en todo Estados Unidos», advirtió el abogado Malik Shabazz, quien representa a las víctimas.
La audiencia de sentencia fue programada para noviembre y los acusados enfrentan posibles penas de prisión que van de 80 a 120 años.
El alguacil del condado de Rankin, Bryan Bailey, calificó el caso como «el incidente más horrible de brutalidad policial” del que aprendió en toda su carrera.
Por su parte, Kristen Clarke, quien dirige la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, afirmó que los acusados «causaron daño a toda la comunidad que siente que no puede confiar en los oficiales de policía que se supone deben servirles».
Algunos expertos consideran que la brutalidad policial es una de las violaciones de los derechos humanos más grave y perdurable en Estados Unidos.
En ciudades de todo el país, es frecuente que agentes de policía participen en tiroteos injustificados, palizas graves, ahogamientos fatales y tratamientos físicos innecesariamente duros, señalan organismos de derechos humanos.
