Jean Guy Allard - Granma.- La Corte de Apelación de Nueva Orleans ha convocado a las partes en la causa migratoria del terrorista Luis Posada Carriles a presentar sus respectivas argumentaciones este miércoles a partir de las 9 de la mañana.

Según la convocatoria, cada parte dispondrá de 20 minutos para convencer a los jueces Carolyn D. King, Patrick E. Higginbotham y Leslie H. Southwick de la validez de sus alegaciones.


En el instante de la comparecencia, habrá pasado exactamente un año desde que los ejecutantes de este verdadero complot para salvar a un terrorista, el fiscal tejano Michael Mullaney y los fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, presentaron su solicitud de apelación, el 5 de junio de 2007, después de la liberación de Posada por la jueza Kathleen Cardone.

Cómplices de las maniobras dilatorias de la Administración Bush, los abogados de la Sección antiterrorista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Washington, habían presentado sus argumentos al último minuto del último plazo otorgado por la Corte de Apelación de la Nueva Orleans, 150 días después de manifestar esta intención.

Como resultado de esta estrategia criminal, Posada y su pandilla de Miami han tenido meses para montar eventos en los cuales el connotado torturador, asesino y terrorista ha intentado rehacerse una imagen.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleáns (Louisiana) precisa en su convocatoria que la audiencia tendrá lugar en la Sala 223 de su sede, el Edificio John Minor Wisdom United, 600 Camp Street. Otras dos causas serán objeto de audiencias en este mismo día.

Mientras el ministerio publico consagra una página de su documento de apelación a resumir la carrera terrorista de Posada Carriles, citando la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana con la muerte de 73 personas en 1976, los atentados de La Habana de 1997 y el complot de Panamá para asesinar al Presidente de Cuba, en el 2000, el Gobierno de los Estados Unidos se niega a reconocer a Posada como terrorista, y a aplicarle las leyes vigentes o a extraditarlo a Venezuela, que lo reclama de manera sostenida desde su arresto en el 2004.

La audiencia ocurre mientras circulan en Miami rumores según los cuales la Casa Blanca estaría a punto de ordenar un indulto en el caso del terrorista internacional.

De manera escandalosa, Posada es defendido en este caso por los abogados mafiosos Arturo Hernández, Felipe Millán y Rhonda Anderson, pagados por fondos ocultos, reunidos por el terrorista Santiago Álvarez Fernández-Magriñá con el total apoyo de los capos del Cuban Liberty Council, así como de los congresistas cubanoamericanos, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen.

Encarcelado en un lugar indeterminado de la Florida, Santiago Álvarez se beneficia de una reducción de sentencia obtenida gracias a la cooperación servil del jefe de la Sección de Intereses norteamericana en La Habana, Michael Parmly, quien consintió prestarse como “mula” para trasmitir al juez del caso una carta firmada por vendepatrias afiliados a sus servicios.
 

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