Orlando Ruiz Ruiz - Cuba Trabajadores.- El presidente Obama, tal como acaba de ratificar en sus más recientes declaraciones, ha mantenido intacta la posición de sus antecesores al respecto, aun cuando esta viola también los derechos constitucionales del pueblo norteamericano.

Algunas medidas relacionadas con la eliminación de restricciones para las visitas familiares de los cubanos residentes en los Estados Unidos, el envío de remesas y paquetes, así como el anuncio de otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones en Cuba han sido difundidas profusamente por los medios noticiosos internacionales durante los últimos días. La espectacularidad de estos anuncios, respaldados con los ingredientes de una ofensiva diplomática al respecto, pueden inducir a algunos que no conocen suficientemente esta realidad, a pensar que el bloqueo ha comenzado a ser desmontado.

Una de las medidas más publicitadas, el eventual otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba, no es nueva. La Ley Torricelli estableció en 1992 el marco legal que permite ofrecer servicios de este tipo a la Isla; sin embargo, desde esa misma época las diferentes administraciones limitaron esa posibilidad en el ámbito de la telefonía y restringieron, incluso, el tipo de servicios que las compañías norteamericanas pueden proveer.

La expectativa creada en el entorno comercial por las sucesivas ventas que tras el paso del huracán Michelle, en el año 2002, se han extendido hasta hoy, bajo la condición de pago al “cash”, tampoco representan una ruptura de las férreas mordazas con que se ha tratado de asfixiar durante casi medio siglo la voluntad de desarrollo del pueblo cubano. Se nos vende bajo condicionamientos que no se imponen a ningún otro comprador.

Ni esta ni ninguna otra de las decisiones recientemente anunciadas en relación con la potencial suspensión de aspectos del bloqueo asegura que este vaya a ser modificado en su esencia. Hasta el momento, la naturaleza de las nuevas medidas es esencialmente mediática. No se ha dado ningún paso sobre las regulaciones que deben acompañarlas y, además,

no han sido derogados los incontables instrumentos legales que imposibilitan ponerlas en práctica.

Hace exactamente una semana, el 14 de septiembre, y apenas tres días antes de darse a conocer el informe que presentará Cuba a la próxima Asamblea General de la ONU, sobre la necesidad del levantamiento del bloqueo, un amplio titular de prensa encabezaba los principales espacios noticiosos internacionales: “El presidente Barak Obama decretó hoy la continuación por un año más del embargo comercial y financiero impuesto a Cuba”.

Sorprende tal decisión, en momentos en que hay en apariencia menos tensiones en los vínculos entre nuestros dos países y cuando numerosos especialistas, entre ellos varios premios Nobel, han calificado al bloqueo como un acto de guerra y han solicitado al mandatario estadounidense su inmediata eliminación.

Súmese a ello que el andamiaje legal de esta agresión económica representa una flagrante violación no solo del ejercicio de los derechos humanos del pueblo de Cuba, sino además de los de ciudadanos de terceros países y de los propios norteamericanos.

La conducta del Gobierno de los Estados Unidos desde octubre de 2008 —cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 63/7—, hasta mayo de 2009, confirma que no se ha dado ningún paso para cambiar la política de bloqueo hacia Cuba. Por el contrario, se ha incumplido flagrantemente lo dispuesto por la Asamblea General de Naciones Unidas al reportarse numerosas acciones que la mantienen intacta.

El daño económico directo sufrido por la Isla hasta diciembre de 2008, aun calculado de modo muy conservador, alcanza los 96 mil millones de dólares, cifra que ascendería a 236 mil 221 millones, a los precios actuales del dólar norteamericano.

No obstante la reiterada y unánime condena de la comunidad internacional a la agresión económica, comercial y financiera contra Cuba, el presidente Obama, tal como acaba de ratificar en sus más recientes declaraciones, ha mantenido intacta la posición de sus antecesores al respecto, aun cuando esta viola también los derechos constitucionales del pueblo norteamericano.