"Si Biden realmente quiere apoyar al pueblo cubano, si el gobierno de Estados Unidos realmente se preocupara por el pueblo cubano, pondría fin inmediatamente a este bloqueo", dijo el director ejecutivo del Foro del Pueblo, Manolo De Los Santos. "De hecho, de un plumazo, podrían sacar inmediatamente a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, lo que impide que Cuba acceda a los servicios financieros en todo el mundo y pueda comerciar libremente".

Inmediatamente después de enterarse de la protesta de Santiago, la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en X: "Instamos al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de los manifestantes y abordar las necesidades legítimas del pueblo cubano".

De hecho, el gobierno cubano respondió de inmediato a las protestas. Beatriz Jhonson Urrutia, máxima autoridad de Santiago, junto a otras autoridades provinciales, salieron a las calles a dialogar con quienes habían participado en la protesta y escucharon sus inquietudes.

La respuesta contrasta marcadamente con el "respeto a los derechos humanos de... manifestantes"  visto en Estados Unidos. Durante los últimos seis meses, cientos de miles de personas se han movilizado en ciudades y pueblos de todo el país para exigir un alto el fuego en Gaza, y los líderes nacionales y locales han reprimido, ignorado y ridiculizado a los manifestantes y sus demandas.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, escribió en X: "El gobierno cubano no podrá satisfacer las necesidades de su pueblo hasta que adopte la democracia y el estado de derecho y respete los derechos de los ciudadanos cubanos".

María Elvira Salazar, congresista de extrema derecha, que en marzo de 2023 intentó codificar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, escribió sobre la protesta de Santiago: "Son 65 años de socialismo; de la represión, la cárcel, la muerte y el exilio; de apagones, enfermedades y hambre. ¡Cuba quiere libertad!".

Guerra mediática

Mientras tanto, los medios corporativos internacionales también se han apresurado a capitalizar la protesta de Santiago para impulsar su propia narrativa de larga data sobre Cuba. Por ejemplo, en su informe sobre las protestas, el medio regional de derecha Infobae, con sede en Argentina, se refirió a Miguel Díaz-Canel como un "dictador" y calificó al gobierno de "régimen" y "dictadura castrista". También cita en gran medida una declaración del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), una fundación financiada por el gobierno de Estados Unidos. Si bien el artículo se centra principalmente en acusaciones infundadas de acciones represivas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad cubanas, reserva una línea al final del artículo para mencionar las verdaderas razones por las que los cubanos están lidiando con condiciones materiales desafiantes: "La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores endógenos en la política económica y monetaria han intensificado los problemas estructurales del sistema cubano en los últimos tres años".

Esta narrativa general se repite en otros medios de comunicación de la región, como Telemundo, propiedad de NBC, que también se refirió a la revolución cubana como cuando "los hermanos Castro tomaron el poder en 1959". El artículo de Telemundo decía: "Las protestas, que son una rareza en una Cuba donde el poder suele sofocar rápidamente cualquier protesta pública, son las más grandes desde el 11 de julio de 2021 cuando miles de cubanos de la isla salieron a las calles al grito de '¡Queremos libertad!'".

Cuba y América Latina rechazan intentos de injerencia de EE.UU.

Para muchos, tanto en la isla como fuera de ella, la respuesta de los funcionarios estadounidenses y los medios corporativos a la protesta del 17 de marzo representa un claro intento de convertir en arma los verdaderos desafíos materiales que enfrentan los cubanos debido al endurecimiento del bloqueo para impulsar un cambio de régimen. De hecho, como muchos señalan, este es precisamente uno de los objetivos del bloqueo.

El ALBA-TCP, una plataforma regional latinoamericana y caribeña de cooperación económica y política, emitió una declaración el 18 de marzo en respuesta a las declaraciones de funcionarios estadounidenses, para "ratificar nuestra firme solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano". "Los países miembros del ALBA-TCP... apoyamos sus legítimas campañas de denuncia contra el enemigo, y reconocemos sus incansables esfuerzos por superar todas las dificultades, consecuencia del brutal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que desde el Memorándum Lester Mallory ha venido causando privaciones al pueblo cubano para justificar la intervención externa". La plataforma regional declaró que "rechaza categóricamente la hostilidad permanente, la incitación a la subversión y la injerencia de Estados Unidos contra [Cuba]".

La Cancillería de Cuba emitió un comunicado el 18 de marzo informando que el viceministro Carlos Fernández de Cossío había convocado al encargado de negocios de Estados Unidos, Benjamín Ziff, para transmitirle el "firme rechazo a la injerencia y mensajes calumniosos del gobierno de Estados Unidos y su embajada en Cuba respecto de los asuntos internos de la realidad cubana".

En el comunicado el ministerio declaró: "Si el gobierno de Estados Unidos tuviera una mínima y honesta preocupación por el bienestar de la población cubana, sacaría a Cuba de la arbitraria lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo; pondría fin a la persecución de los suministros de combustible que el país necesita importar; dejaría de perseguir todas las transacciones financieras de Cuba en el mundo; pondría fin a la grosera persecución contra los programas de cooperación médica de Cuba en el mundo; dejaría de intimidar a empresarios, visitantes, artistas y cualquier persona que sienta el interés y el derecho de interactuar con el pueblo cubano".