Paco Azanza Telletxiki - Rebelión.- Con la Ley de Seguridad Social vigente, en Cuba las mujeres se jubilan a los 55 años y los hombres a los 60. Así ha sido durante muchos años, desde que el primero de mayo de 1963 entró en vigor el primer sistema de Seguridad Social en Cuba, incluyéndose nuevos beneficios cuando se promulgó la actual Ley 24, el primero de enero de 1980. Pero en los tiempos actuales, la Revolución enfrenta un serio y delicado problema que también afecta a prácticamente todos los países del mundo: el progresivo envejecimiento de su población y de la notable disminución de la natalidad y fecundidad, lo que dificulta enormemente las progresivas e importantes mejoras ya emprendidas por el Gobierno revolucionario en materia de Seguridad y Asistencia Social.

Hoy el 16,6% de la población cubana tiene 60 o más años de edad y, de no adaptar la citada ley a la nueva realidad socioeconómica, en 2025 habrá unas 770.000 personas menos en edad laboral, de producir bienes y servicios, en definitiva. De modo que, en un solo año, podrían jubilarse más personas de las que se incorporarían a la actividad laboral. El desequilibrio, pues, sería más que evidente, y la necesidad de evitar tan preocupante desfase es impostergable.

Entre 2004 y 2008, las pensiones mínimas de la Seguridad y la Asistencia Social aumentaron 3,6 y 2,4 veces, respectivamente. Fue grande el esfuerzo realizado para materializar los aumentos –sólo en 2007, originaron distribuciones equivalentes al 10,56% del PIB-, pero éstos se consideran insuficientes todavía.

Para asegurar y mejorar lo hasta ahora alcanzado se ha elaborado una nueva Ley de Seguridad Social, actualmente en fase de Anteproyecto ya aprobado el pasado mes de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular y de discusión o debate con los trabajadores.

Uno de los puntos claves del citado proyecto –y quizá también el más controvertido- es el del incremento de edad para obtener la jubilación y los años de servicios prestados para acceder a ella. Con la nueva ley, las mujeres se jubilarían a los 60 años y los hombres a los 65; habiendo pasado de un mínimo de 25 años de servicios prestados a 30.

Este incremento de la edad laboral se aplicaría de manera gradual durante los siete primeros años, luego de la entrada en vigor de la ley, para afectar lo menos posible a los trabajadores próximos a las edades actuales de jubilación; y permitiría contrarrestar a la ya mencionada merma de fuerza de trabajo, aumentando las posibilidades de seguir mejorando los sueldos de los trabajadores y las pensiones de los jubilados.

Una vez más, Cuba socialista está impartiendo una lección de democracia participativa al mundo entero. Y es que, desde el primero de septiembre hasta el 31 de octubre, se viene realizando en todos los centros de trabajo del territorio nacional un proceso de consulta popular con los trabajadores sobre el Anteproyecto de Ley ya mencionado.

En el transcurso de esos dos meses se celebrarán más de 80.000 asambleas, en las que más de 3.400.000 obreros serán informados del contenido del texto legislativo y las razones por las que se trata de modificar el todavía vigente. Posteriormente se escucharán los planteamientos de los participantes en las asambleas, se aclararán las dudas que pudieran existir o surgir durante los análisis, y por supuesto que serán recogidas las sugerencias de modificaciones expresadas por los principales protagonistas de todo el proceso: los trabajadores.

Nada se ha dejado en manos del azar. Obedeciendo a la fase preparatoria del proceso que les ocupa, miles de dirigentes sindicales han estudiado con anterioridad el Anteproyecto y otros documentos mediante seminarios provinciales y municipales, en los que han participado también un numeroso grupo de cuadros, especialistas y técnicos del Instituto Nacional de Seguridad Social –INASS- y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –MTSS-, así como diputados, representantes del Partido y del Gobierno.

Finalmente, el texto definitivo será sometido a votación parlamentaria el próximo mes de diciembre, para que la nueva ley entre en vigor el primero de enero de 2009.

Y éste no es un caso aislado, sino uno más del buen quehacer democrático a que nos tiene acostumbrado la Revolución cubana. Un ejemplo muy claro es lo que se hizo con la Constitución de 1976, en cuyo proceso de elaboración pudo participar todo el pueblo, para ser aprobada después mediante referendo por el 97,7% de la población con derecho a voto. Los cambios realizados en diferentes momentos y por diversos motivos también contaron con la participación de la inmensa mayoría.

En los temas esenciales, la ciudadanía en general y especialmente los trabajadores, siempre ha sido consultada por la Dirección del país, pudiendo expresar sus criterios que, por supuesto, son tenidos en cuenta a la hora de cerrar definitivamente textos y acuerdos.

Así de participativa es la democracia en Cuba. Este comportamiento no evitará, sin embargo –más bien todo lo contrario-, que los “demócratas occidentales” sigan demandando la “democratización” del sistema al Gobierno cubano.

¡Qué necios! Como si la población revolucionaria fuese boba y no supiera que tan hipócrita exigencia significa única y exclusivamente la entrega incondicional de todos sus recursos, incluidos los humanos, que son ingentes en Cuba.