Ronald Suárez Rivas - Granma.- En la actualización del modelo económico primará la planificación... La planificación centralizada de la economía y el control sistemático que el Estado, el Gobierno y sus instituciones deben ejercer, serán la garantía del funcionamiento eficiente de los sistemas.

Son conceptos fijados en la Introducción de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el Sexto Congreso.

Pero lo visto en varios municipios pinareños dista mucho de ese decisivo documento para el desarrollo y futuro de nuestro país.

Orlando Mena, el presidente de la CCS 26 de julio, enumera: "cinco motores de diésel y dos turbinas eléctricas, cinco operadores, dos encargados de manipular las llaves, 1 550 personas a abastecer de agua", para resumir en una frase, "somos como un acueducto".

Sin embargo, no es ese su objeto social. Tampoco una actividad que genere utilidades. Incluso, más allá del incuestionable beneficio para cientos de viviendas y varias dependencias estatales (incluyendo la delegación municipal de la Agricultura de San Juan y Martínez, una panadería, una posta médica, una TRD, una sucursal bancaria, dos escogidas), a esta cooperativa el gesto de asumir el suministro de agua potable para la comunidad donde está enclavada le reporta pérdidas.

Cuentan que con los años la carga se ha vuelto tan pesada, que se han quedado sin tener con qué pagar los 3 600 litros de combustible que demanda mensualmente el bombeo del vital líquido, únicamente para satisfacer necesidades hogareñas.

Como si fuera poco, refieren afectaciones en la cosecha de tabaco, su razón de ser desde el punto de vista productivo. "En la última campaña se perdieron alrededor de 500 quintales por falta de riego, a causa de las roturas presentadas en los motores y el deber de priorizar, por encima de cualquier tarea, el suministro a la población", asegura Orlando.

También los cooperativistas de la CCS Francisco Blanco, de San Juan y Martínez, lamentan el estancamiento de su economía, ante la imposibilidad de utilizar sus medios de transporte y de carga, o respaldar con sus motores de riego más áreas de cultivos intercosecha.

"Tenemos que reservar las tres cuartas partes del combustible que recibimos, unos 1 300 litros, para el abasto a las viviendas", argumenta Jorge Dennys Duque, el presidente.

872 toneladas de diésel al año

En mayor o menor medida, el problema está presente en varios municipios de Vueltabajo. En áreas rurales (y algunas no tan rurales) de San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, Consolación del Sur, Minas de Matahambre, las entidades tabacaleras asumen desde hace años, con su infraestructura, el abasto de agua de la mayor parte de la población (asociada o no a esas entidades).

En total serían 79 CCS, 26 CPA, seis UBPC y cuatro UEB, cuyos medios, además de enfrentar los rigores de la campaña del principal cultivo de la provincia, realizan la función de acueductos.

Hasta este punto, la historia es hasta plausible desde la perspectiva social; sin embargo, para cubrir este importante servicio (en el que se utilizan alrededor de 72 toneladas de diésel mensuales, 872 al año), no existe una asignación de combustible, de modo que todo el gasto corre a cargo de la cuota prevista para asegurar la actividad tabacalera.

En otras palabras, combustible previsto y entregado para la producción que cada semana toma otro destino, en un claro ejemplo de cómo se traslada la ineficiencia económica de un sector a otro (en este caso de la entidad encargada de suministrar agua potable a la Agricultura), evidentemente a partir de una mala planificación.

Así lo indican los números: de los 64 534 litros asignados en julio al municipio de San Juan y Martínez para la compra y el acopio de tabaco, el mejoramiento de suelos, la preparación de tierras de semilleros, el tiro de madera y cujes, 32 000 litros (el 49 %) deberán preservarse para garantizar el agua de la población.

En el vecino San Luis, la proporción es similar: 59 477 litros a recibir, pero de ellos 26 000 (el 44 %), comprometidos con la misma actividad ajena al objeto social de la empresa.

"Como es lógico, esto se siente en la base productiva", admite Enrique Cruz, director provincial de tabaco.

"Hay acciones planificadas que no se ejecutan para poder entregarles el agua a las distintas comunidades, ya que en nuestro plan ese servicio no está comprendido, pues no se trata de una actividad empresarial.

"En estos momentos, nuestras diferentes estructuras se hallan enfrascadas en el acopio de las hojas cosechadas, y paralelamente en el aseguramiento de la próxima campaña.

"Todas estas actividades se ven limitadas", afirma Enrique. "Es un problema que se ha tratado en distintos niveles de dirección, y la situación se mantiene".

Pero, ¿cuál es el costo de esta práctica para la economía de la provincia?

Aunque hablar de una cifra exacta sería prácticamente imposible, no cabe duda de que cada una de las acciones culturales demandadas por el cultivo que se dejan de hacer, se revierte en menores rendimientos agrícolas, inferior calidad de las hojas y, por tanto, en una afectación en el renglón de captar divisas que tanto necesita el país.

Primero el agua, después la producción

José Luis Prado, energético de la Empresa de Tabaco de San Juan y Martínez, coincide en que, "evidentemente, todo esto conspira contra las plantaciones".

"Primero tenemos que separar el combustible para el abasto de agua, y luego se llevan a cabo las demás acciones previstas", dice.

Aunque el problema es viejo, José Luis explica que en los últimos años se ha agudizado, porque la población crece, aumentan las viviendas y por tanto, se precisan más horas de bombeo; pero las áreas tabacaleras disminuyen y también, por consiguiente, la asignación de portadores energéticos.

"Ello hace que trabajemos con datos distorsionados. El índice de consumo por caballería no es real. El mes pasado, por ejemplo, recibimos 63 000 litros de diésel, pero de ellos hay que descontar 32 000.

"¿Cuántas acciones, como la siembra de cultivos de rotación, que generan alimentos, pudieron hacerse con ese combustible? Solo de relleno, para el mejoramiento de suelos, nos habría permitido tirar entre 8 000 y 9 000 metros cúbicos."

El informe presentado recientemente a la Asamblea Provincial del Partido, insiste en la necesidad de incrementar los rendimientos por área y disminuir los costos de producción en la actividad tabacalera, y para ello indica, entre otras acciones, brindar una atención priorizada al programa de conservación y mejoramiento de suelos.

A renglón seguido, el documento señala que el tabaco constituye un objetivo estratégico para Pinar del Río, dada su potencialidad para generar exportaciones. ¿Y entonces, cómo explicar esta situación?

Las cuentas claras...

Si desde el punto de vista social, el hecho de darle otro rumbo (sin respaldo productivo) a una porción significativa del combustible destinado a la rama tabacalera representa un beneficio para una parte de la población, en el plano económico ello implica que la provincia entera no pueda contar con los frutos de la actividad para la cual se destinaron los recursos.

De persistir esta práctica, el aseguramiento de la actividad tabacalera seguirá manejando cifras distorsionadas, sin concordancia con lo que sucede en torno a las vegas, y en las distintas estructuras productivas continuará el deterioro de las finanzas que hoy implica adquirir miles de litros de diésel para enfrentar una actividad que les reporta pérdidas.

La industria tabacalera no es suministradora de agua, eso le toca al acueducto. Si cada sector no hace lo que le corresponde, jamás podremos organizar nuestra economía, como lo demandan los lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido.