Livia Rodríguez Delis - Granma.- El subsidio que se otorgará a familias sin solvencia económica para la adquisición de materiales de la construcción y pago de mano de obra, es otra alternativa con la que el Gobierno provee, de manera sustentable, igualdad de oportunidades y protección a quienes más lo requieren en nuestra sociedad.

En conferencia de prensa, realizada ayer en el Ministerio de la Construcción, directivos de los ministerios de Finanzas y Precios, de Trabajo y Seguridad Social, de Comercio Interior, del Instituto Nacional de la Vivienda y del Banco Central de Cuba, aclararon especificidades sobre las nuevas normas, que entrarán en vigor el próximo 15 de enero.

La medida permite avanzar en el Lineamiento No. 173 que expresa: "Eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera general", e implementar el Lineamiento No. 299: "Los materiales de la construcción con destino a la conservación, rehabilitación, y construcción de viviendas se venderán a precios no subsidiados. En los casos que se requiera, se aplicará el subsidio a las personas, parcial o totalmente, dentro de los límites planificados", comentó Raquel Rodríguez Gato, jefa del Grupo de Política Social de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Miguel Limia, miembro de dicha comisión, explicó que esta es la primera medida que se toma para, una vez eliminado el subsidio a los productos en general, comenzar a subsidiar puntualmente a las personas que verdaderamente lo necesiten.

Puntualizó que esta estrategia es de carácter universal para todo el país y que se aplica de manera democrática en todos los territorios. "Habla del carácter socialista del Estado cubano y manifiesta que nuestro Gobierno, en el proceso de perfeccionamiento económico y social en que está inmerso el país, mantiene el principio de que nadie quedará desamparado".

Aclaró que es un financiamiento que se otorga para acciones constructivas de un objeto de obra específico y que implica un alto nivel de responsabilidad. El mismo se regula a través de una relación contractual, donde hay obligaciones para el Estado y para el ciudadano beneficiado; por tanto, la persona que se acoja al subsidio tiene la obligación de cumplir con lo pactado y participar de manera activa como individuo o grupo familiar en la solución de los problemas de su vivienda.

En consecuencia —dijo— supone la disposición de la persona necesitada para emprender la acción constructiva que ha pactado con el Estado.

La entrega de subsidios es, aclaró, un paso más para contribuir a la solución del déficit habitacional en el país, apoyando a las personas de menos ingresos a enfrentar la ejecución, rehabilitación y mantenimiento de sus viviendas.

"Ese es el sentido del subsidio: una ayuda a personas que tienen la disposición y que no poseen los medios económicos para emprender la acción constructiva", ratificó.

No es una medida aislada, argumentó Limia. "Forma parte de una estrategia, que comenzó con la venta liberada de los materiales de construcción sin subsidios, la puesta en vigor de una política de créditos bancarios y la reducción del precio en más de 122 artículos de materiales para la construcción".

¿Quiénes serán los beneficiados?

Yusimí Campos Suárez, directora de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, afirmó que en este primer momento habrá dos prioridades básicas: los núcleos familiares afectados por catástrofes —entiéndase ciclones, inundaciones, entre otros eventos—, que ya han sido identificados en cada territorio, y los casos sociales críticos. Pero "siempre que haya voluntad de la familia y las personas para contribuir por esfuerzo propio a solucionar su problema habitacional", enfatizó.

Los casos sociales, señaló, son aquellas personas que no pueden garantizar las acciones necesarias para erradicar sus dificultades habitacionales y que requieren del apoyo del Estado. Nos referimos —argumentó— a personas que por razones justificadas no tienen los recursos y las posibilidades para construir o rehabilitar su vivienda.

A partir de que los interesados realizan la solicitud en la Dirección Municipal de la Vivienda, las instancias territoriales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social efectúan un análisis previo del caso, el cual consiste en la evaluación integral de la situación socioeconómica que tiene la familia; por ejemplo: si están vinculados a algún tipo de empleo, la situación de cada miembro del núcleo familiar, los gastos, los ingresos y el origen de estos, indicó la funcionaria.

"También se recogen otros elementos importantes como la situación de salud, envejecimiento, discapacidad y la posibilidad que tenga la familia de poder asumir esas acciones constructivas."

La decisión es tomada por los consejos de la Administración Municipal a partir del estudio colegiado de cada caso, que incluye los análisis de las dependencias territoriales de la Vivienda a que pertenece la solicitud y las del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Es bueno recordar que los montos del subsidio son en dependencia de lo que se vaya a realizar. Si se requiere la construcción de una vivienda el subsidio será de un máximo de 80 000 pesos cubanos, si son acciones menores de conservación hasta 5 000 pesos y si estas son de mayor complejidad se otorgará al beneficiado un límite de 10 000 pesos. Las operaciones se realizarán mediante cheques bancarios de gerencia.

Dentro del monto total del subsidio se podrá asignar hasta un 30 % del valor de los materiales de la construcción, para la contratación de trabajadores por cuenta propia autorizados a ejercer actividades constructivas.

Insistió en la responsabilidad que tiene la familia de utilizar esos recursos para el destino aprobado y no con otro objetivo, y la obligatoriedad de los consejos de la Administración Municipal de fiscalizar y auditar para que se cumpla lo establecido.

Los Consejos de la Administración en el centro del control

Sobre la base de la venta real de los materiales que se realizó el año pasado, y del cálculo del 40 % que corresponde distribuir a los gobiernos territoriales en función de la recaudación y venta que se produjo en cada lugar, existe hoy una capacidad de 160 millones de pesos para otorgar a los Consejos de la Administración Provincial (CAP), añadió Adalberto Carbonell, director general de presupuesto del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

Para garantizar la continuidad de esta estrategia, el MFP adoptó la decisión de que cada CAP reciba como financiamiento de manera mensual el 40% del importe recaudado por la provincia en la venta de materiales de la construcción.

Posteriormente, el Consejo de la Administración Provincial distribuirá a sus consejos municipales de la Administración un importe en correspondencia con las necesidades valoradas en cada uno de ellos, independientemente del monto recaudado en los municipios en la comercialización de los materiales de construcción.

Como el subsidio a las personas y su monto, total o parcial, se decidirá por los consejos de la Administración Municipal (lo cual refuerza el papel de los gobiernos locales), estos en uso de sus nuevas facultades, decidirán, oído el parecer de las direcciones municipales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y las dependencias de la Vivienda, a quién otorgar el beneficio.

"El Consejo de la Administración Municipal debe rendir cuenta dos veces al año ante la Asamblea Municipal del Poder Popular, sobre la marcha del proceso y del uso de los recursos."

Sobre la agilización de los trámites en las dependencias de la vivienda, encargadas por el momento de la recepción de las solicitudes, Loida Obregón, directora económica del Instituto Nacional de la Vivienda, afirmó que estas se encuentran en condiciones de asumirlas, pues ya existe en ellas un volumen considerable de información sobre los casos sociales del territorio al cual pertenecen.

Aclaró que en el caso de necesidades constructivas solo se autorizará la ejecución de la célula habitacional básica, la cual no excede los 25 metros cuadrados de superficie útil, con el objetivo de que el subsidio abarque la mayor cantidad de casos posibles.

Sin producción no hay subsidios

La viceministra del Ministerio del Comercio Interior, Bárbara Acosta, precisó que juega un papel fundamental el cumplimiento del contrato entre el productor y el comercializador, para que se garanticen los volúmenes de venta que se requieren, teniendo en cuenta que este financiamiento a los más necesitados se nutre del dinero recaudado por la venta de materiales.

Asimismo, el impulso al desarrollo de la industria local es fundamental para el buen funcionamiento de la iniciativa, pues posibilitará una mayor oferta de insumos, más baratos y cercanos a la población.