Con la reciente aprobación de un conjunto de medidas que otorgan mayor autonomía a la empresa estatal socialista, unida a otras derivadas de la instrumentación de los Lineamientos del Partido y la Revolución, se va despejando el camino hacia el desenvolvimiento empresarial.

Yudy Castro Morales - Granma.- Las nuevas modificaciones permitirán a la empresa estatal buscar nuevos caminos para la eficiencia y una mejor compensación a los trabajadores por sus esfuerzos. Para el sector empresarial la palabra autonomía significa hoy actualización y ganas de hacer. También supone una altísima responsabilidad en la realización eficiente del ejercicio económico, en un escenario menos burocratizado y sin tantas amarras en su desempeño.

La sujeción a un objeto social inamovible, las limitaciones para disponer de las utilidades y de que estas fueran reflejo, en el bolsillo de los trabajadores, de los destinos de la empresa, entre otras problemáticas, conformaban un panorama que, lejos de incentivar la eficiencia y la productividad, torpedeaba el quehacer de muchas entidades. Al mismo tiempo constituían refugio para la inoperancia y la inercia, consabidos responsables de reiterados incumplimientos.

El pago por resultados debe incrementar la productividad y el aprovechamiento de la jornada laboral, aseguran las trabajadoras de TECNOLAB. Foto: Ismael Batista

Con la aprobación de un conjunto de medidas que otorgan mayor facultad a la empresa estatal, publicadas el 28 de abril del 2014 en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 21, unido a otras divulgadas con anterioridad, surgidas de la propia instrumentación de los Linea­mientos del Partido y la Revolución, se va despejando el camino hacia el desenvolvimiento empresarial.

Normativas que, al decir de Grisel Tristá Arbesú, jefa de Área de la Comisión Per­ma­nente para la Implementación y Desarrollo, no pueden verse de manera aislada. “Cons­ti­tu­yen un paquete de medidas muy interrelacionado, con una visión sistémica e integradora, desde la Ley Tributaria, la resolución referida a los objetos sociales, hasta las más recientes que vinculan el salario a los resultados y establecen nuevas relaciones financieras para las entidades.

“En todas, el objetivo supremo estriba en consolidar a la empresa estatal socialista como la forma fundamental de gestión de la economía. Pretenden flexibilizar su desempeño en aras de incrementar los niveles de eficiencia y competitividad, premisas para la construcción de una sociedad próspera y sostenible”, acota. Además, sitúan el protagonismo en el empresariado, urgido a ser más previsor, responsable, agudo e incluso osado.

Precisamente los encargados de su aplicación andan imbuidos en el estudio, tarea a la cual deberán dedicarle tiempo suficiente para no cometer errores, sin que por eso los sorprenda el inmovilismo. La preparación, im­prescindible en estos momentos, debe superar a la empresa, y llegar hasta los Organismos de la Administración Central del Estado, junto a otras instituciones nacionales que corresponda.

Cabría señalar, además, que las normas no resolverán en un abrir y cerrar de ojos, cual varita mágica, los problemas acuciantes de la economía. Tengamos en cuenta que su aplicación ocurrirá de manera gradual en un contexto de limitaciones financieras. Por tanto los resultados no serán inmediatos, ni podrán obtenerse de igual forma en todas las entidades a la vez.

DECIDIR EL QUÉ HACER EN LA EMPRESA

Separar las funciones estatales de las em­presariales, crear condiciones para desatar las fuerzas productivas, así como elevar las facultades del sistema empresarial del país, constituyen directrices explícitas en los Linea­mien­tos aprobados en el Sexto Congreso del Partido.

De ahí que, según Tristá Arbesú, las políticas aprobadas para la actualización del modelo económico cubano incidan principalmente en el desempeño de la empresa estatal.

Entre los cambios más importantes, destacó la flexibilización de los objetos sociales. Aunque la tarea fundamental de cada entidad la continúa aprobando el Ministerio de Economía y Planificación, estas pueden decidir ahora la realización de actividades secundarias, emanadas de su objeto social, eventuales y de apoyo. Ello garantiza un mejor aprovechamiento de todas sus potencialidades.

Otra cuestión de impacto positivo en las empresas es la posibilidad de, cumplido su encargo estatal (cantidad y tipo de productos y servicios que le fija el Estado por ser de su interés), poder comercializar sus excedentes o inejecuciones al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda, según acuerden productores y clientes, ventas que estarán dirigidas, en primer lugar, a las entidades comercializadoras mayoristas y posteriormente a las demás personas jurídicas.

Varios directivos interrogados por Granma reconocen los beneficios derivados de este particular. Hoy es posible encontrar destino rápido a determinadas producciones que, en circunstancias anteriores, venían a engrosar abultados inventarios ociosos y, por consiguiente, inmovilizaban grandes montos de recursos.

Significativa también es, en el camino de la descentralización de facultades, la aprobación del plan de las empresas, responsabilidad que ahora recaerá, en la mayoría de los casos, en el presidente de la Organización Su­perior de Di­rección Empresarial (OSDE), algo que hasta el momento hacía el ministro del ramo o el presidente del Consejo de la Administración Provincial, si la entidad era de subordinación local.

Para José Gaspar Álvarez, vicepresidente primero de la OSDE de la Electrónica, esto agiliza mucho la gestión empresarial y debe re­dundar en mejoras de los ciclos productivos.

En ello coincide Arturo Ernesto Foyo, director económico de la empresa de Tecnología de Laboratorio (TECNOLAB), subordinada a di­cha OSDE. Los directores sabían, en muchas oportunidades, cómo resolver determinada pro­blemática; pero mientras subía la solicitud y bajaba la aprobación, lo que a tiempo pudo ser solución se convertía en apenas un parche.

También forma parte de las modificaciones la definición de un sistema conformado por menos indicadores directivos, más concentrado para evaluar el desempeño de la entidad. A partir de la implantación de las nuevas normativas, integrarán el sistema las ventas netas totales, las utilidades del periodo, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo y el aporte en divisas, este último, mientras exista dualidad monetaria.

Antes nos perdíamos en el análisis de una diversidad mayor de indicadores, afirma Car­los Alberto Valido, director general de la Em­presa Cubana del Pan. Ahora se propone un examen más enfocado hacia los aspectos que son determinantes en la eficiencia.

RELACIONES ECONÓMICO- FINANCIERAS MENOS DEPENDIENTES

Si algo resulta ventajoso, en opinión de cuanto directivo interpelamos, es el establecimiento de un nuevo sistema de relaciones económico-financieras de la organización empresarial con el Presupuesto del Estado y al interior de esta.

Para beneplácito de las empresas ya no tendrán que aportar la depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles, ni las reservas no utilizadas en años anteriores. Asimismo, podrán retener hasta el 50 % de las utilidades después de impuesto al cierre del año.

Las reservas se emplearán para incrementar el capital de trabajo, financiar inversiones, de­sarrollo e investigaciones y capacitación, así co­mo para amortizar créditos bancarios, financiar pérdidas contables de años anteriores y pagar por la eficiencia a los trabajadores. También se podrá crear, a nivel de OSDE, un Fondo de Compensación para cubrir desbalances financieros temporales.

A juicio de Julio René Valdés, director general del Complejo Lácteo de La Habana, poder emplear parte de las utilidades después de impuesto para financiar sus propias inversiones dinamiza su quehacer. Mientras, Arturo Ernesto Foyo confía en que esta medida incida en el saneamiento de las “insolubles” cadenas de impago. Además debe contribuir, comenta José Gaspar Álvarez, a reanimar la industria electrónica, por ejemplo, víctima de la obsolescencia tecnológica y la descapitalización.

Igualmente se extiende para todas las entidades la posibilidad de distribuir las ganancias entre los trabajadores, como estímulo a la eficiencia económica, siempre y cuando cumplan los indicadores directivos y no deterioren la correlación ingreso medio productividad, con relación al año anterior.

De esta forma, asegura el director económico de TECNOLAB, le propinamos un buen golpe a la desmotivación y debe incrementarse la cultura laboral en la mayoría de los centros. Similar criterio comparte Julio René Valdés: “Muchos trabajadores desean conducir a su empresa por los caminos de la eficiencia. Si unido a ello pueden disfrutar de las ganancias y ver reflejado en sus bolsillos lo bueno o lo malo que hicieron, entonces la productividad tiene que, obligatoriamente, desatarse”, concluye.

A CADA CUAL SEGÚN SU TRABAJO…

La Resolución No. 17 del 2014 del Minis­te­rio de Trabajo y Seguridad Social, que establece las formas de pago por rendimiento y a tiempo, también despeja el escenario para la gestión empresarial. Con ella se eliminaron las restricciones administrativas para la formación del salario y solo permanecen regulaciones de carácter económico y financiero, en función de los resultados de las empresas.

Tal como indica la Resolución, el salario a recibir no tiene límites administrativos, mientras no deteriore el gasto de salario por peso de valor agregado bruto planificado para el periodo y se cumplan los indicadores directivos. De ese modo se pretende incrementar la productividad, reducir los gastos y costos, elevar los niveles de producción o servicios con la calidad requerida, así como el aprovechamiento de la jornada laboral.

Justo por su impacto en el accionar de las empresas, la mayoría de los directivos con quienes conversamos ya había iniciado la capacitación propia y de su equipo, la cual debe hacerse extensiva a todo el personal.

Una de las ventajas principales, señala el vicepresidente primero de la OSDE de la Elec­trónica, es que permite llevar con más rigor el diseño de los sistemas de pago en cada empresa y atemperarlo a las características propias de cada lugar.

“No existen empresas iguales, ni siquiera en una misma entidad hay total similitud entre dos talleres, porque fabrican productos diferentes, pueden tener fuentes financieras distintas, asumir desigual compromiso con el encargo estatal y todo eso debe generar salarios disímiles. ¿Acaso alguien podría llevar ese cúmulo de especificidades mejor que el director de la empresa?”.

Situar esta facultad en aquellos que llevan las riendas administrativas también entraña una responsabilidad mayor para estos y todo su colectivo de dirección, pues las decisiones deben estar debidamente colegiadas, en aras de minimizar el margen de error.

EL PERFECCIONAMIENTO, UNA EXPERIENCIA IMPORTANTE

Si hablamos del antecedente de estas normas que le otorgan mayor autonomía a la empresa estatal socialista, nos referimos al perfeccionamiento empresarial, cuya génesis data de finales de los años ochenta y ha aportado importantes experiencias para el establecimiento de las nuevas regulaciones, apunta Grisel Tristá.

“No en vano el Lineamiento No. 15 plantea que el perfeccionamiento empresarial se integra a las políticas de actualización del modelo económico cubano, pero reconoce, tal como ha sucedido, que este proceso genera formas superiores para la empresa no previstas inicialmente”.

Hoy —añade— el perfeccionamiento continúa en aras de crear condiciones para la instauración de un sistema único de gestión y dirección empresarial, que tenga como salida la aprobación de una Ley de Empresas.

Además, las entidades que lo aplican tienen mejores condiciones para asumir e implementar las normativas recién aprobadas, pues han demostrado ser más organizadas y eficientes, afirma.

Con ella coincide Julio René Valdés, cuya empresa forma parte del 40 % de las entidades que en el país implementan el perfeccionamiento. “Es preciso beber de las buenas expe­riencias porque estos tiempos exigen mu­cha preparación y destreza de los directivos”.

Un aspecto en el cual puso énfasis Tristá Arbesú fue la necesidad de lograr entidades más sólidas y compactas. Pero sería un error —dijo—, que todo este proceso de actualización y descentralización quedara a nivel de empresa. “Es justo que los cambios lleguen a la base y que el volumen mayor de decisiones sea tomado en el sitio donde se produce”.

En cuanto a las Unidades Empresariales de Base, la especialista explicó que se continuará estudiando el tema, con el propósito de otorgarle las facultades que cada lugar requiera.

Ello, unido a todas las experiencias que de esta flexibilización emanen, demandará un seguimiento constante para evaluar su de­sarrollo, y corregirlo si fuese necesario. Así la empresa estatal podrá izar sus velas a favor de los nuevos vientos.