Yosvani Muñoz era el nombre de la víctima, a quien sus amistades llamaban La Eterna, dicen que por su recuperación en varias ocasiones de graves enfermedades oportunistas como consecuencia del sida.
Este muy lamentable suceso aconteció a finales de abril, aunque trascendió en mayo a partir de las versiones amarillistas en algunas páginas digitales que entre alusiones morbosas, imprecisiones y valoraciones tendenciosas, poco o nada proponían hacer al respecto.
El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) también confirmó que recibió un primer informe de la Policía sobre este hecho, y que están a la espera de una ampliación de esa información, con los resultados del proceso investigativo.
Según narran personas conocedoras del lugar, los acontecimientos ocurrieron en una zona poco iluminada que homosexuales y transexuales frecuentan por las noches, y donde a donde a veces ocurren incidentes violentos.
En un principio la responsabilidad del homocidio fue atribuida a dos jóvenes que habrían lanzado las piedras por un supuesto odio homofóbico.
Sin embargo, una alta autoridad de la occidental provincia refirió a un colega de mi entera confianza que vive en la ciudad de Pinar del Río que quien agredió mortalmente a Yosvani no era una persona ajena a ese entorno.
No obstante, mientras llega el tan necesario esclarecimiento de este caso, considero oportuno e imprescindible volver a insistir sobre lo vulnerable que somos gays, bisexuales y trans en estos sitios de cruising o encuentro.
Este es un problema que no es posible resolver con multas ilegalmente impuestas, redadas policiales ni represión generalizada en esos lugares.
La solución tiene que partir de actuaciones más profesionales de las fuerzas del orden público, para proteger a quienes no cometemos ningún delito o contravención por estar allí y sí podemos ser víctimas de asaltantes, ladrones y perpetradores, por homofobia o simplemente, para cometer otros delitos comunes.
Por último quiero hacer una propuesta concreta.
En Chile en el año 2012, el brutal asesinato del joven Daniel Zamudio a manos de una pandilla homofóbica generó una fuerte reacción social y motivó la aprobación de una ley antidiscriminatoria en el país austral que quedó al mismo tiempo como legado y homenaje a su memoria.
Como anunció el secretario del Consejo de Estado en septiembre pasado, Cuba prepara una actualización de su Código Penal, junto con otras leyes que guardan relación con la aplicación de justicia.
Desde el activismo por los derechos LGBTI sabemos que existen con ese propósito desde hace ya algún tiempo numerosos debates entre expertos e investigadores sobre el tema de la garantía de los derechos sexuales en el ámbito jurídico penal.
A raíz de este caso, Manuel Vázquez Seijido, asesor jurídico del Cenesex, me confirmó que “incluso tenemos ideas concretas para posibles modificaciones”, como resultado de varios ejercicios académicos.
Sin ser yo abogado ni especialista en derecho, considero que sería imprescindible que el nuevo Código Penal cubano contemplara la lesbofobia, la homofobia y la transfobia como uno de los agravantes a la hora de imponerle una sanción a cualquier individuo que cometa un delito contra la integridad física de las personas, desde amenazas y agresión, hasta el homicidio.
Dicho de otro modo, quien cometa una acción violenta o discriminatoria de cualquier índole como consecuencia de sus prejuicios u odio por razón de la orientación sexual o la identidad de género de su víctima, debe tener una pena mayor que si no concurren esas circunstancias.
La fundamentación jurídica y el planteamiento técnicamente viable de esta propuesta de modificación al Código Penal, debería estar, entonces, entre las prioridades del Cenesex, y en particular de su directora, la diputada Mariela Castro Espín, a partir del estudio y presentación de aquellos casos con estas características que ocurrieron en los últimos años.
Es lo menos que podríamos hacer para que la absurda muerte de Yosvani, La Eterna —cualquiera que fuera el móvil de su atacante— no nos parezca completamente en vano.
